En los últimos años se ha desarrollado en el país una fuerte inversión económica en el sector seguridad, además de un basta gama de estrategias que, bajo el rotulo de combate a la delincuencia, ha ido justificando y arreciando el control de los movimientos sociales y la criminalización de los luchadores sociales.

La construcción de una política de seguridad nacional ha dominado los últimos años el accionar estatal, en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos, hecho que no se ha modificado aún con el gobierno del Presidente Fernando Lugo, sino que ha sido profundizado por el mismo.

El presidente Fernando Lugo, antes que ir desmantelando la estructura corrupta del Poder Judicial, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, la ha ido fortaleciendo,  continuando con planes que nos acercan más a una segunda Honduras, antes que a la Justicia Social.

La firma del Plan Umbral[1] en segunda etapa, representa la continuación de la construcción de la misma política de Seguridad Democrática que es llevada adelante por el Presidente Alvaro Uribe en Colombia, además de consolidar toda una estructura de juristas de derecha, que legitiman las violaciones a los derechos humanos cometidas por oficiales policiales en tremendos y violentos desalojos.

La firma y aprobación por el Congreso Nacional hace unos días, de la donación de 30,3 millones de dólares para el fortalecimiento de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial -en sentido restringido-, no hace sino fortalecer la alianza de estos sectores con el sistema de Justicia Económica y Comercial de los Estados Unidos, que excluye aún más al sector pobre del país.

La cooperación dentro de la Cuenta del Milenio, que lleva adelante los Estados Unidos con el Paraguay desde el año 2006, no es otra cosa que el intento de supeditación de los organismos de seguridad y jurisdiccionales a los dictados económicos, poniendo en primer lugar las inversiones extranjeras y el capital, antes que al ser humano.

Para ello se lleva adelante este proyecto con la cooperación técnica de la Agencia Internacional de Cooperación de los Estados Unidos – USAID- que desde hace 3 años se encuentra impulsando el “cambio” en el modelo judicial nacional, que se debe reconocer que ha tenido importantes logros en la esfera de la reforma penal, pero se observan serias amenazas con este tipo de cooperaciones.

El denominado Plan “pone énfasis en la actualización / validación y en las estructuras de seguridad, conectividad y recursos humanos; creando una RED que integre dichas bases de datos, posibilitará la interconexión con todas las demás instituciones del Estado[2]”

Esta conectividad de sus recursos humanos puede observarse de manera clara a la hora de establecer los mecanismos de violación de derechos e impunidad para sus perpetradores.

Según la Coordinadora de Derechos Humanos en Paraguay -CODEHUPY-, desde la asunción del nuevo gobierno se han dado 6 ejecuciones extrajudiciales en menos de 10 meses, más de 10 represiones extremadamente violentas de campesinos y campesinas que se encontraban manifestando o realizando ocupaciones pacíficas[3].

Mediante la coordinación establecida en el Plan Umbral, “se han dado sobreseimientos libres a comisarios policiales acusados de hechos de torturas, la no investigación de decenas de denuncias respaldadas con documentos, testimonios, fotos y videos, intervenciones violentas donde se cometen todo tipo de abusos[4]”
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La relación represión – impunidad, se encuentra en la base de la articulación de fiscalía y policía, y para reforzarla se cuenta con el apoyo de magistrados que ven como necesaria la protección de la propiedad y los bienes, antes que la vida y la dignidad humana de las personas.

Es así que la lógica de criminalización de la protesta social, se viene construyendo de manera coordinada con la Fiscalía Colombiana y su par paraguaya, desde el 2002, en que fuera firmado el Convenio de “Cooperación judicial recíproca entre el Ministerio Público de la República del Paraguay y la Fiscalía General de la Nación de la República de Colombia” firmada en el 2002.

Este acuerdo entre fiscalías se vio fortalecido con la firma del Plan de Acción en Materia de Seguridad, firmada entre ambos gobiernos, el 19 de abril de 2005, el cual fue realizado luego de la cooperación colombiana en la investigación del caso Cecilia Cubas, y de la construcción de todo el escenario que identificaba el secuestro con los sectores sociales.

Este convenio bilateraliza el Plan Colombia y la política de Seguridad Democrática, teniendo como una de sus herramientas principales el “intercambio de funcionarios, a fin de que estos puedan participar de programas de entrenamiento en servicio, facilitando el intercambio de experiencias en disciplinas afines con las funciones institucionales[5]”

En setiembre del 2008, en visita oficial del Presidente Lugo a su par colombiano Álvaro Uribe, el mismo señala la necesidad de profundizar el acuerdo del 2005, poniendo hincapié en la lucha anti-secuestro y de seguridad ciudadana[6].

En esta oportunidad,  el Presidente manifestó estar de acuerdo con la política de Seguridad democrática, denunciada como de terrorismo de Estado por organizaciones y movimientos sociales.

“Señor Presidente Uribe, compartimos, tal como usted bien lo expresara, la visión de una confianza sustentada en la seguridad democrática, seguridad a la inversión con responsabilidad social y la construcción de cohesión social[7]”

De hecho, luego de  pocos días, las declaraciones presidenciales dieron como resultado los más de 100 desalojos violentos a campesinos sin tierras de propiedades consideradas como latifundios o bienes malhabidos por las organizaciones.

La ILEA y la Policía Paraguaya

Coincidentemente con la firma de cooperación Colombia – Paraguay, en el 2005 comienza a funcionar el 24 de julio de 2005, la Academia para el Cumplimiento de la Ley, ILEA por sus siglas en inglés, en El Salvador. Durante este año, para la realización de 3 cursos de formación en distintas áreas de seguridad y lucha antidrogas, fueron enviados 12 efectivos policiales.

La ILEA es la nueva Escuela de las Américas que se encuentra impulsando el gobierno de los Estados Unidos, para la supuesta formación de oficiales de seguridad interna de los Estados americanos, que permitan una supuesta lucha frontal contra la delincuencia.

A partir del 2006, la nueva Academia de represores abre una sucursal o nuevo local en Lima, Perú, que será la encargada de trabajar en todo el Sur del Continente Americano, donde desde el 23 de junio de ese año hasta junio del 2009 se han formado más de 639 policías del Cono Sur, siendo 74 oficiales provenientes del Paraguay.

La inauguración de la ILEA en Lima, Perú se dio con un interesante programa que contempló un “Curso sobre Terrorismo Nacional e Internacional”. Con relación a los terroristas nacionales, no hay mucho que agregar, en cuanto a que el accionar represivo de las Fuerzas de Seguridad interna en el país, se han enfocado al sector campesino y organizado, y esto no ha sido modificado, sino como lo señala la abogada Durán de la Codehupy, se han incrementado en cuanto a la violencia con que actúan las fuerzas de represión.

Agentes de la CIA y la Reforma Judicial

El Plan Umbral, además de contar con la administración y dirección de la Agencia Internacional de Cooperación de los Estados Unidos –USAID-, el monitoreo de la embajada del mismo país, y de tener como jefa de la legación diplomática a una experta en Cooperación Internacional y creación de grupos reaccionarios a proyectos sociales, como Liliana  Ayalde, cuenta con otro elemento importante.

Para la consecución de los fines del Plan Umbral desde el 2006, se viene contando con la asesoría y trabajo directo de una organización anti-castrista, radicada en Miami, y que fuera expulsada de Bolivia.

Al igual que en Bolivia, la USAID contrató a la Consultora Estadounidense Casals & Associates INC, para manejar los fondos del Plan Umbral, y así llevar adelante la “modernización del sistema judicial” en el Paraguay.

Esta firma desde el 2006 hasta la culminación del Plan Umbral en su primera etapa ha administrado la nada despreciable suma  de 21,6 millones de dólares, además de contactar a varias organizaciones nacionales.

La mencionada Consultora fue denunciada en febrero pasado por el Presidente Evo Morales[8], de formar parte del plan de la CIA para derrocar a su gobierno, debido a que ha financiado a varias organizaciones y a los Comités Cívicos que buscan la fractura del vecino país y el despojo de sus bienes naturales.

En nuestro país, la misma lleva a cabo un trabajo muy peligroso para el gobierno de Lugo, que es la reforma y transparencia del poder judicial. En este punto debemos ser muy cautelosos, teniendo en cuenta la inauguración de los Golpes Seudos – Constitucionales, como el ocurrido en Honduras.

La construcción de un aparato jurídico que responda a lógicas de desestabilización de gobiernos identificados con la gente  como Paraguay -aunque sus políticas de seguridad digan otra cosa- es una posibilidad real, además de crear alianzas entre el Poder Judicial y un Parlamento cada vez más alejado del Presidente Lugo.

A este panorama tan poco alentador, se debe agregar que los organismos de nombramiento y destitución de jueces se encuentran prácticamente controlados por el sector del militar golpista, liderados por Lino Oviedo, cuyos senadores se manifestaron peligrosamente a favor del “golpe de estado aleccionador en Honduras[9], como una forma de llamada de atención al gobierno actual”.

La plataforma para el trabajo desestabilizador de la Consultora Casals en el país, se encuentra facilitada por el ambiente poco prolijo creado por el Presidente Lugo, que a casi un año de su gobierno aún no se define que camiseta se pondrá para el partido que ya  ha comenzado, y donde solo en la defensa cuenta con gente, pero no en la ofensiva.

La Construcción de toda una red represiva por parte de sectores de derecha, de sectores de poder, se viene dando incluso con el visto bueno del Presidente, quien como se ha visto ha continuado la implementación en el país del Plan Colombia.

Con una Fiscalía, jueces, policías y fuerzas armadas, formados dentro de la lógica de la represión y destrucción del sector popular, que es financiada de manera directa por el Plan Umbral, que cuenta con la asesoría de una Consultora conocida desestabilizadora social, como la Casals, el presidente no puede quedarse dormido y ocultarse detrás de sus asesores.

O Fernando Lugo toma una posición clara de terminar con la implementación de la política de Seguridad Democrática de Uribe, y deja de enviar a los miembros de los organismos de seguridad y de investigación a Colombia y Perú para ser formados, o bien se define de manera clara y categórica, en que rompe la alianza con los sectores populares, y que su gobierno será la continuación de los gobiernos anteriores.

De hecho, en materia económica el presidente ha demostrado que no existen cambios, que no existen alternativas al modelo económico que llevó adelante el ex presidente Nicanor Duarte, y que más que la reivindicación de Soberanía Energética, no existe ninguna otra propuesta que modifique estructuralmente las condiciones de pobreza de más de 3 millones de personas.

Si el presidente Lugo continúa con la política económica actual y con el proceso de fortalecimiento del aparato represivo, no se avizora un cambio en la política de criminalización de la lucha y los luchadores sociales, y se ciñe sobre el futuro nacional, el aumento de los números de campesinos muertes y desalojos violentos, que hoy la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay maneja.

Sin cambios en la actual política de seguridad en el país, más que el Gobierno del Cambio de Lugo, la misma se convertirá en el Gobierno del Continuismo, donde unos pocos siguen rigiendo la vida y la muerte de millones.

La manifestación que preparan organizaciones sociales y de Derechos Humanos del país para el próximo viernes 17 de julio contra la politica represora del Ministerio del Interior, debe ser tomada muy en cuenta por el gobierno, porque sus aliados principales, se están cansando de ser reprimidos y encarcelados por una policía que se ve justificada por su Ministro del Interior, Rafael Filizola.

La seguridad no puede ni debe seguir siendo entendida como la lógica del control y del disciplinamiento, sino que debe ser construida y defendida desde una lógica de respeto y reivindicación de la vida, de dignificación del ser humano, desde una lógica de derechos.

La lucha del sector campesino por un pedazo de tierra, por la existencia de políticas agrarias, debe ser la principal bandera que enarbole este gobierno, y no el principal enemigo como lo viene siendo ahora, y a la cual se intenta controlar por medio del reforzamiento de las fuerzas represivas en el interior del país.

- Orlando Castillo Caballero es Abogado de Derechos Humanos, objetor de conciencia, antimilitarista, y miembro a titulo personal de la CADA.