El proyecto de ley “De fomento y Protección a las Inversiones realizadas por Inversores Nacionales y Extranjeros en el Territorio Nacional” que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, es un atentado a la constitución nacional, al derecho de manifestación, y otorga roles que no le competen a las Fuerzas Armadas.

La utilización de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna es un vicio que se sigue arrastrando de gobiernos colorados, como el de González Macchi y Nicanor Duarte, este último por decreto 167 autorizo Sine Die la salida de las Fuerzas Armadas a la calle para actuar como Policía Nacional y apeligrando la integridad de la población nacional.

La Constitución Nacional en su artículo 173 establece que el rol de las Fuerzas Armadas es el de “custodiar la integridad territorial y la de defender a las autoridades legítimamente constituidas”. Con este proyecto de Ley se eleva a la categoría de autoridades a los inversores extranjeros, a los sojeros, a los terratenientes, a los que han propiciado la pobreza nacional, y se criminaliza a los movimientos campesinos, a las organizaciones sociales, y a toda persona que revindique derechos y exija que el Estado cumpla con su rol, que es la de asegurar los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Con este proyecto de Ley nuevamente se intenta politizar a las Fuerzas Armadas de la Nación, además de contrariar lo establecido en la Ley de Defensa y Seguridad Nacional Ley 1337, que establece requisitos indispensables para la salida de las Fuerzas Armadas a las calles -que de por si ya es inconstitucional- y para su actuación en conflictos internos, que siempre debe estar supeditada a la orden del Comandante en Jefe y Presidente de la República.

Con este nuevo rol se intenta defender los intereses de pequeños sectores, que no pagan impuestos, que no contribuyen real y efectivamente a la renta nacional, y expone al país a ser considerado nuevamente una dictadura bajo botas militares y además de poner en riesgo la estructura democrática de un Estado Independiente del sector castrense, que durante 35 años estuvo en la calle, reprimió, encarceló, torturó, asesinó y desapreció a más de 20 mil luchadores y luchadoras.

Ahora el proyecto pasa a la Cámara de Senadores, donde deberá definirse la suerte de la democracia paraguaya, y donde siguen existiendo sectores retardatarios que hasta se niegan a pagar impuestos y que siguen exprimiendo al pueblo paraguayo, mientras disfrutan de sus privilegios, para lo cual nuevamente quieren utilizar las armas y la represión en contra de la población nacional.

Espero que desde el Ejecutivo salgan directrices claras con respecto a sus parlamentarios para que en el Senado de la Nación los mismos voten por el rechazo de este nefasto proyecto.

Orlando Castillo Caballero
Abogado de Derechos Humanos
Analista de temas militares