La primera semana de marzo se pudo ver en la televisión mexicana videos donde primero apareció un diputado joven del partido ecologista de dicho país negociando un pago de dos millones de dólares por una ley. Luego al gerente financiero de la Ciudad de México, que recordemos es una ciudad con 20 millones de habitantes y con un presupuesto del tamaño del presupuesto de la republica de muchos de nuestros países, jugando black jack en un casino de Las Vegas en los salones privados de apuestas altas; luego al secretario privado del alcalde de Ciudad de México recibiendo paquetes de dinero de manos de un empresario constructor de origen argentino, y finalmente al alcalde de la Ciudad de México y presunto candidato de la izquierda (PRD) a la presidencia en el 2006, preguntándose quién habría hecho público los videos. La semana tuvo un giro cuando se advirtió que el empresario le prestaba sus aviones privados a la ex presidenta del gobierno de la ciudad, Rosario Robles con quien tenía una relación sentimental. También se descubrió que muchas empresas contratadas por la ciudad eran de propiedad de este caballero y que encima no estaban en registros públicos. O sea muchas obras no se habían efectuado pero se le habría pagado centenares de millones de pesos. La última noticia fue que el empresario salió prófugo del país rumbo a Cuba y que Rosario Robles renunció al PRD, de la que era dirigente nacional y líder de una facción, para que se le investigue. Antes pudimos constatar en el Perú que Montesinos filmaba todo lo que se hacía dentro del servicio de inteligencia, luego que filmaba también en Palacio de gobierno y en algunos dormitorios de unas Suites donde diversos caballeros iban para alegrar y aligerar sus energías sexuales con diversos/sas acompañantes. Pudimos constatar en el Perú que los políticos, empresarios y otros se compran y venden por montos de dinero en efectivo mientras se graba la operación, presumiblemente para asegurar que si por una traición se incumple el contrato, o cae el pagante, caen igualmente todos los pagados. Esa es la lógica mafiosa de filmar y registrar en cintas las conversaciones y pagos. Hay países donde matan y otros donde no matan. Ese es un punto de inicio para comprender dónde se investiga la corrupción y hasta dónde y dónde es más complicado. En Colombia y México se mata aunque en Brasil, donde no hay muchos precedentes de muertos, P C Farías el hombre fuerte de la corrupción en el escándalo que derrocó a Collor de Melo, fue hallado con una bala en una carretera. Mientras López Obrador se desgañitó buscando al responsable de pasar estos videos a la prensa, en el Perú post Fujimori no matamos al mensajero por que era más importante lo que se mostraba que el quién lo había pasado. La pregunta sobre quién pasó el video que mostraba a Montesinos pagándole a Alberto Kouri decenas de miles de dólares por cambiarse de bando político en setiembre del 2000, el primero del más de un millar de videos existentes, es irrelevante. Lo sustancial fue que se puso en evidencia la calaña de la clase política que gobernó durante la década de la dictadura; y que precipitó el fin de la misma. Luego de la caída del régimen, en noviembre del 2000 se pudo enjuiciar a parte de la red político militar, así como ex ministros y dueños de medios de comunicación sobornados por el régimen, al mismo tiempo que al corruptor, Montesinos, se le ubicó en Venezuela, fue traído al país, y se le iniciaron sus centenas de juicios. Luego al inicio del siguiente gobierno de la transición de Alejandro Toledo que asumiera el poder el 28 de julio de dicho año, se aprobó el nombramiento en el Congreso de las República de cinco comisiones investigadoras con todas las facultades de la Corte Suprema:. A) la Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990- 2001, B) Investigadora de los delitos cometidos por Montesinos, C) Investigadora de los delitos cometidos por Fujiimori, D) Investigadora de las operaciones de deuda externa, E) Narcotráfico, cuyas conclusiones se presentaron ante el pleno del Congreso y pasaron al ministerio público... Luego en la siguiente legislatura se culminaron los trabajos incompletos en una Mega Comisión Investigadora de la Corrupción 1990-2000. Los juicios políticos para levantar la inmunidad de ex ministros y congresistas continúan y muchos ya fueron castigados por sus pares con penas de no hacer vida política ni ocupar cargos públicos hasta diez años. Hay conciencia en una porción de la clase política peruana y de la ciudadanía de que si no se mete a la cárcel a los poderosos corruptos y se cambia la forma de hacer política y negocios, se habrá enterrado la noción de futuro para siempre. Igualmente está claro que el sistema judicial completo, desde los grandes estudios de abogados, pasando por los jueces, y secretarios de las cortes, de todos los niveles son venales y que eso debe de cambiar. La razón ante la ley hoy la tiene el que más paga, o mejor, el que logra que su caso no avance y la pena prescriba. Finalmente, no todo lo visto en la TV en el Perú, y ahora en México, es delito. Sólo lo es lo que está en el código penal. Hay que reformar urgentemente los códigos penales de todos los países para que incluyan los nuevos crímenes financieros que son los más grandes y más importantes de la región. Mientras estos escándalos políticos ocupaban la atención pública, se leía en los periódicos que los documentos del FOBAPROA; el Fondo de rescate bancario que salvó a los accionistas de los bancos quebrados de México en 1994 de irse a la cárcel y que le costó al gobierno de México 120,000 millones de dólares, eran documentos calificados de "seguridad nacional" y por lo tanto secretos. Así mismo se leyó en esos días que las actas del Instituto que supervisa el Fondo, el IPAB, también eran secretos por la misma razón. Claramente el FOBAPROA esconde información sensible sobre corrupción mayor, financiera, pero lo que se vio fue la punta del iceberg de la corrupción política. Aparentemente, se rumorea, los miembros del IPAB son los mismos accionistas responsables de la quiebra de sus bancos y serían los que estarían limpiando los documentos del FOBAPROA. Limpiar quiere decir, retirar las garantías de los documentos de préstamo para evitar que el liquidador (IPAB) ejecute las garantías para devolverle al Estado el dinero invertido en el rescate. En el Perú se vió esto claramente en el caso del banco Latino donde préstamos por 400 millones de dólares no tenían documentos y fueron por lo tanto pérdida neta al Estado que salvó a los accionistas mientras liquidó al banco que estaba quebrado al momento de la intervención del Estado.. Lo que el caso de México nos está mostrando es que la corrupción no tiene partido, que tanto un gobierno fascista como el de Fujimori, como uno progresista como el PRD, pueden tener los mismos vicios. Así mismo, que la corrupción política recibe más atención pública que la corrupción económica; pero sobre todo, que hay más disposición de sancionar públicamente la corrupción política mostrándola en los medios, que la económica, que se puede esconder detrás del secreto nacional o dentro de tecnicismos. Éticamente la publicidad de los videos castiga en el plano público a los actores políticos que han mostrado su disposición a vender su conciencia. En el Perú se hizo la batalla contra la corrupción política presidida por la dupla de oro Montesinos Fujimori, acompañados de generales y dueños de medios de comunicación así como congresistas. La corrupción económica investigada en el Congreso no ha sido sancionada aún, a cuatro años de la partida del dictador. La batalla no está ganada aunque haya centenares de militares, ex ministros y otros delincuentes en la cárcel. Los corruptos económicos más poderosos siguen libres, o prófugos, o con detención domiciliaria, y continúa articulada una mafia que incluye banqueros, constructores, medios de comunicación, abogados notables, asesores económicos de primer orden y ex ministros de economía que hoy reclaman que las investigaciones tienen motivación ideológica mientras sus casos se encuentran estancados y corren los plazos hacia la prescripción. No hay corrupción económica sin bancos internacionales donde se depositan los centenares de millones de dólares mal habidos, con su ayuda en paraísos financieros para que no sean tocados. En México se acuñó la expresión "para mis amigos, todo. Para mis enemigos la ley" que según dice el mito pertenece a Don Porfirio Díaz, el gobernante que estuvo 30 años en el poder a fines del siglo XIX e inicios del XX. También la expresión "nadie aguanta un cañonazo de 50,000 pesos" que según el mito la dijo el General Obregón en los años 20 y finalmente la reconocida y popular expresión "un político pobre es un pobre político" que dicen pertenece a Hank Gonzales, ex presidente del gobierno de la ciudad de México en la década del 80, y prominente líder del PRI, multimillonario, que en algún momento estuvo listado como uno de los hombres más ricos del mundo por la revista Forbes de Nueva York. El helipuerto en su casa a una cuadra de la Avenida Insurgentes es la envidia de muchos. A inicios del siglo XXI es urgente que aquello que caracteriza a los gobiernos de América Latina desde el inicio de la república pase a ser castigado y que se instale una cultura de servicio público, castigándose tanto la corrupción política como la corrupción económica y la administrativa (la de los sobornos a los funcionarios públicos para que cumplan más rápido con las funciones que deben de cumplir de todos modos) con la severidad del que sabe que el que toma dinero del Estado, le está quitando recursos a los más pobres, un doble crimen. La corrupción no solo desangra las arcas públicas, sino que desnaturaliza el rol de los funcionarios en su relación con el sector privado. No hay corrupción sin ganadores mayores afuera del Estado, como lo vimos en las investigaciones de corrupción económica en el Perú, y en los casos secretos de Fobaproa y el IPAB en México. Inclusive en la corrupción política y administrativa, el gran beneficiado está fuera del Estado pero la penalidad hasta ahora se orienta únicamente al funcionario público. Finalmente, los índices de corrupción construidos por Transparencia Internacional están orientados únicamente a la corrupción administrativa, que es la menor y que actúa como un impuesto. La gran corrupción política, sin embargo, como lo demostraron los casos de Italia con su primer ministro que murió en el exilio, España con funcionarios del PSOE y Francia los escándalos relacionados a Miterrand y su entorno, y el Perú, está vinculada a partidos políticos en el poder, y a ex presidentes. La gran corrupción económica, se ubica dónde está el gran dinero, como Enron, MCI, Adelphia, Parmalat, donde se maquillaron los balances con ayuda de auditores internacionales para beneficio del Presidente del Directorio y del Gerente de Finanzas que usaron la información privilegiada para vender su posición accionaría en la empresa antes de que ésta quebrara.. La otra gran corrupción económica es la de los empresarios que rescatan su dinero a costa del Estado demostrando que el desarrollo del capitalismo en América latina no depende del manejo del riesgo sino de la relación con el poder de turno. Esto se vio también en Ecuador a fines de la década de lo 90 cuando quebró la banca. Se está viendo con los contratos del gobierno norteamericano con Haliburton y Bechtel donde ambos son remunerados por dichas empresas mientras contratan con ellas para brindar servicios para el Irak de post guerra. México-Lima, 10 de marzo, 2004 * Oscar Ugarteche, economista peruano, ex asesor principal de la Cuarta Vice Presidencia del Congreso de la República del Perú, legislatura 2001 - 2002. Ex coordinador de la Comisión Investigadora de los Delitos Económicos y Financieros 1990-2001. Ex asesor de la Comisión Investigadora de la Corrupción 1990-2000, legislatura 2002 – 2003..