El chantaje contra Ecuador y otros países que no accedieron a la petición de la administración estadounidense, no debe prevalecer sobre los avances hacia un sistema de justicia universal. El anuncio de sanciones a Ecuador y a otros 34 países, entre éstos 14 países americanos, por no haberse sometido a la gran presión de Estados Unidos para firmar acuerdos bilaterales por los que se comprometerían a no entregar a la Corte Penal Internacional a ciudadanos estadounidenses acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, resalta la necesidad de fortalecer el movimiento hacia la justicia universal en un mundo globalizado. La motivación esencial que inspiró la aprobación del Estatuto de Roma, en julio de 1998, que crea la Corte Penal Internacional, aceptada por la mayoría de las naciones del mundo y que se ajusta a los principios de la democracia y los derechos humanos, enfatiza el concepto de Jurisdicción Universal para los crímenes más graves de trascendencia para la Comunidad Internacional. El Estatuto de Roma, en su Preámbulo señala que es deseable que la "justicia internacional sea respetada y puesta en práctica en forma duradera". Sin embargo, la política de unilateralismo de la administración Bush que mediante la fuerza trata de imponer la firma de acuerdos de esa naturaleza, viola tanto la letra como el espíritu del Estatuto de Roma. El chantaje contra Ecuador y otros países que no accedieron a la petición de la administración estadounidense, no debe prevalecer sobre los avances hacia un sistema de justicia universal. Ecuador y la comunidad internacional repudian esta acción de presión que va contra la idea de instaurar una Justicia sin Fronteras y que recoge la necesidad de poner fin a la impunidad en los casos de los peores delitos que conoce la humanidad. Los pueblos del mundo se resisten a esta campaña negativa del gobierno norteamericano, a las actitudes y prácticas continuas que atentan contra la justicia internacional, y, además a la idea, escuchada ya, de que los países pobres deben ser los cortesanos del gobierno de los Estados Unidos, y que por tanto, deben asumir su débil posición en el concierto internacional de naciones. La CEDHU resalta su satisfacción por la contribución esencial de los países de América Latina para la creación de la Corte Penal Internacional, que representa un avance en la defensa de los derechos y una salvaguardia mundial contra la impunidad. Insta a los países latinoamericanos y a la Comunidad Internacional a mantener una posición común sólida para fortalecer la Corte Penal Internacional. Ecuador es parte y por tanto debe cumplir con la obligación general de cooperación internacional asumida ante la Corte Penal Internacional. Un acuerdo bilateral que pueda conducir a la concesión de inmunidad procesal a los militares estadounidenses ante la Corte Penal Internacional es ilegal por contravenir las obligaciones de todos los Estados de garantizar que las personas acusadas de crímenes contra la humanidad o genocidio sean juzgadas. Los pueblos del mundo, reitera la CEDHU, se resisten a esta campaña enormemente negativa que no sólo violenta el principio de igualdad que se quiere imponer, sino que, además, alienta la definición de dos clases de Estados en Derecho Internacional: aquellos que se someten a la Corte Penal Internacional y los que la pasan por alto, lo cual significaría un grave retroceso ético y jurídico para la humanidad y el reconocimiento de un sistema internacional regido por el autoritarismo y la fuerza. * Hna. Elsie Monge. Directora Ejecutiva de la CEDHU