Ecuador

Víctimas dicen que sin verdad no hay justicia:

Comisión de la Verdad entregó informe

Elsie Monge

07/06/2010

Opinión

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Luego de tres años de haberse creado, la Comisión de la Verdad entregó este 7 de mayo su informe al Presidente Rafael Correa en el que se incluyen 831 violaciones de derechos humanos que afectaron a 456 víctimas, hechos ocurridos entre 1984 y 2008.

El presidente Correo pidió perdón, a nombre del Estado, a todos quienes han sido afectados por las acciones de los aparatos de represión del Estado y señaló que los “actos violentos son imprescriptibles y no son susceptibles de indultos o amnistías, para construir una sociedad cuya bandera de lucha contra la impunidad permita que Ecuador sea “territorio de paz”.

El documento será remitido a la Fiscalía General del Estado para continuar con el respectivo proceso. La Comisión de la Verdad presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

La mayor parte de las violaciones (68%) corresponden al período del gobierno conservador de León Febres Cordero (1984-1988) en el que se aplicó una política de “terrorismo de Estado” para combatir no solo a los grupos subversivos (Alfaro Vive Carajo y Montoneras Patria Libre) sino a la izquierda legal y a los movimientos populares. De acuerdo al informe de la CV en este período hubo: 9 desapariciones forzadas, 32 ejecuciones extrajudicales, 275 casos de tortura, 214 privaciones del libertad, 72 casos de violencia sexual y 12 atentados contra el derecho a la vida.

Durante los gobiernos posteriores a 1988 la violación de los derechos humanos continuó al mantenerse las mismas estructuras represivas del Estado y vigente la ley y la doctrina de la Seguridad Nacional (concebida en Washington en la época de la “guerra fría” para combatir el comunismo) que ubicaba como enemigo interno no solo a los grupos armados (que fueron aniquilados en el régimen de León Febres Cordero) sino a los sindicatos, al movimiento indígena y a otras sectores de la oposición política.

A continuación la Intervención Hna. Elsie Monge, presidenta de la Comisión de la Verdad, en el acto de entrega del informe al Presidente Correa.

Señor Presidente de la República, Rafael Correa Delgado; señores ministros, asambleístas, autoridades e invitados especiales; personas víctimas de violaciones graves a los derechos humanos presentes y ausentes.

Amigas y amigos.

Desde el comienzo de esta experiencia inédita de lucha contra la impunidad pensamos y dijimos que sólo la verdad traerá la Justicia. Hoy, con la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad, por fin comenzará a escucharse esa parte de la verdad que pasó por tanto tiempo oculta.

Por más que durante años las víctimas intentaron decirla, denunciarla a la prensa, compartir su dolor e indignación, llamar la atención de las autoridades y demandar el amparo de la Justicia, la amenaza y el miedo, la indolencia y desinformación –en definitiva, los victimarios y su red invisible de complicidad y silencio- pudieron más. Pero afortunadamente, solo hasta hoy.

Cuando se ha preguntado a las víctimas qué esperan conseguir al compartir sus recuerdos, casi invariablemente responden que lo hacen para que nunca nadie más en el Ecuador sufra la misma barbarie. ¿Qué tenemos entonces que hacer nosotros, el resto de los ciudadanos, para replicar esa generosidad, ese sentido de la historia y de la posteridad?

Nos corresponde hacernos eco de su voz, ser su herramienta en la búsqueda de la justicia y, por ellos y por todos, construir un país de respeto auténtico a los derechos humanos.

De allí que la primera fuente de información acerca de los 25 años investigados fue la voz y palabra de las víctimas, es decir la parte proscrita y perseguida, la más débil y atemorizada de la verdad. Este informe es producto del valor, la firmeza y dignidad de las más de seiscientas víctimas, familiares de víctimas y testigos que rompieron la mordaza del miedo y decidieron dar sus testimonios.

Estructura del informe

El Informe que entregamos es un documento de más de 2 mil 400 páginas dividido en cinco tomos que describen primero la metodología de trabajo y el proceso de investigación de la Comisión de la Verdad, y el marco jurídico que ampara la defensa de los derechos humanos.

Luego, ofrece una síntesis de resultados de la investigación en un capítulo que analiza las finalidades y modus operandi de las prácticas de violaciones de derechos humanos, los tipos de delitos, los lugares en que se produjeron, las estructuras y agentes responsables. Capítulo especial merecieron los casos de violencia sexual.

El informe también trata: El impacto psicosocial de las violaciones de derechos humanos, para comprender la dimensión del sufrimiento de las víctimas y sus necesidades de reparación. Fue necesario distinguir dos períodos: el de 1984-1988, marcado por el miedo y la criminalización de numerosos ciudadanos, y el período 1989-2008, con menor número de violaciones pero alarmantes señales de que la impunidad, el aislamiento de las víctimas y la desconfianza en muchas autoridades imperan de manera casi estructural y permanente.

Estos delitos se producen en entornos políticos concretos de serias amenazas contra la democracia y manifiesta descomposición institucional. Por eso se analizó esos contextos, profundizando de manera especial en el período 84-88, a lo que se añade un estudio acerca de la violencia en el discurso de León Febres Cordero que explora cómo desde el poder se implantó la entelequia de la “guerra interna”, se forjó un clima de miedo y zozobra, y se activó mecanismos de violencia que precarizaron los derechos de las personas.

Otro capítulo extenso y minucioso es el titulado “Violaciones de derechos humanos que constituyen Crímenes de Lesa Humanidad”, en el que se puntualiza los fundamentos jurídicos que definen ese género de delitos y se describe los procedimientos represivos contra grupos y sectores de población civil entre 1984 y 1988.

El tomo tercero y el cuarto del informe contienen los relatos pormenorizados de todos los casos investigados, con extensos expedientes de respaldo.

El quinto tomo presenta la lista completa de las víctimas, y la lista de los presuntos responsables de esas violaciones de derechos humanos. Salvo contadas excepciones, esas personas fueron públicamente invitadas a ofrecer su versión acerca de los hechos investigados.

Se presenta además las conclusiones y recomendaciones de la comisión y el proyecto de Ley de Víctimas que entregaremos mañana a la Asamblea Nacional. Dada la extensión del informe se decidió condensarlo en un resumen de 435 páginas para facilitar su lectura y difusión.

Por último, fuera del informe se preparó un análisis legal para respaldar la judicialización de los casos, es decir el tránsito ineludible entre Verdad y Justicia en el que como sociedad pondremos a prueba la consecuencia y determinación de nuestras instituciones para sancionar las violaciones graves de los derechos humanos y asegurar que nunca más estos hechos se repitan.

En suma, en todo el período de su investigación, de 1984 a 2008, la Comisión de la Verdad estableció que 456 personas fueron víctimas directas de violaciones graves a sus derechos. Dado que se cometieron varios delitos contra una misma persona, la cifra de perpetraciones asciende a 831 violaciones de derechos humanos.

La mayor parte de las víctimas, 311, -el 68 por ciento- se produjo bajo el gobierno de León Febres Cordero, y las otras 145 víctimas corresponden al resto del período analizado. En ese lapso de casi dos décadas, el mayor número de víctimas que rindieron su testimonio corresponde a los años 1993, 97, 99 y 2003.

La defensa real de los derechos humanos toma distancia de cualquier juicio sobre las víctimas. No importan sus motivaciones o las opciones ideológicas que determinaron su conducta. Nada atenúa la gravedad de los delitos ni excusa las violaciones cometidas.

Y esas violaciones, aparte de mostrar el abuso de poder de las autoridades implicadas, dejaron al descubierto la peligrosa deformación de conceptos de los agentes de la fuerza pública respecto de sus obligaciones.

Además de la siniestra impunidad y e injustificable obediencia debida ¿qué oscuras ideas les hicieron presumir que era posible un orden sin legalidad? ¿Qué les hizo pensar que podían violentar los derechos humanos de centenares de personas incumpliendo la garantía constitucional de protegerlos, lo que correspondía precisamente a ellos como representantes del estado?

Los violadores de derechos atropellan el orden jurídico y optan por la más perversa violencia pretendiendo aplicar la ley por sus propias manos, en el equívoco inadmisible de que la violencia es recurso de la justicia.

En 94 de los 118 casos de violaciones graves de derechos humanos –es decir en el 80% del total- la Comisión de la Verdad identificó a presuntos responsables con distintos grados de implicación, entre ellos, superiores directos o máximas autoridades de las dependencias en que se produjeron los hechos.

De los 460 presuntos responsables:

- casi el 50 por ciento corresponde a oficiales y miembros activos y pasivos de la Policía Nacional,

- el 28 por ciento son miembros activos y pasivos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas,

- el 10 por ciento son ex autoridades de distintos gobiernos,

- el 6 por ciento son funcionarios o ex funcionarios judiciales,

- y el 6 por ciento restante corresponde a ex autoridades o agentes de estados extranjeros.

Al identificar y señalar presuntos perpetradores la Comisión de la Verdad cumple una de sus obligaciones: entregar a la Fiscalía General del Estado, así como a las víctimas y a sus defensores, todo indicio de responsabilidades civiles, penales o administrativas. Corresponderá a la justicia asegurar que se respeten los derechos de los posibles responsables sin menoscabar el principio de presunción de inocencia y las garantías del debido proceso.

Pero tan importante como hacer justicia es impedir que esta historia se repita. El “nunca más” es un acto colectivo y permanente de memoria y aprendizaje que comienza por el reconocimiento de los hechos por parte de todas las instituciones y dependencias estatales involucradas en esos actos. Sigue por la toma de responsabilidad por parte del estado; demanda la dignificación de las víctimas a través de un pedido formal de perdón a toda ellas; y continúa con el compromiso público de no repetición de los hechos.

El informe contiene 155 recomendaciones que incluyen reformas legales e institucionales, y medidas de satisfacción, restitución, rehabilitación, indemnización y garantías de no repetición. Con fundamento en el artículo 6 de su decreto de creación, la Comisión de la Verdad propone además un programa de víctimas y mecanismos para superar la impunidad en todos los casos de violaciones graves de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

El esclarecimiento de la verdad, la determinación, juzgamiento y sanción de los responsables, la reparación integral a las víctimas y las reformas legales para prevenir la repetición de los hechos son acciones complementarias que no se debe postergar.

A nombre de los miembros de la Comisión de la Verdad, Monseñor Luis Alberto Luna, y el ingeniero Pedro Restrepo –a quien saludamos y deseamos pronta recuperación-, del doctor Julio César Trujillo, y de quien les habla, entregamos estas páginas a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, a las presentes y las ausentes, a las reconocidas y las anónimas, a las que han sufrido torturas y violencia sexual, a sus familias, para que sobre la verdad construyamos la justicia, y sobre la justicia la paz.

Este informe, señor Presidente, no es el final de un camino. Aquí comienza una ruta de reconciliación cuya guía confiamos a usted y a todas las ecuatorianas y ecuatorianos. Y para que el día de hoy sea memoria del futuro tengamos siempre presentes las palabras de las víctimas.

Descargar informe en: http://www.coverdad.org.ec/

https://www.alainet.org/es/active/38775?language=en