El revés de los Derechos Humanos
11/05/2003
- Opinión
En Irak, Afganistán y Colombia, entre otros países víctimas,
asistimos a un fenómeno de instrumentalización moralista de los
derechos humanos
El 59º periodo de sesiones de la Comisión de DDHH de la ONU de
Ginebra se desarrolló este año en el contexto de uno de los
momentos más críticos de la historia de la humanidad. Mientras de
la Comisión se sacaba bajo presión el tema de la agresión
imperialista a Irak, los Estados Unidos descargaban miles de bombas
sobre el territorio iraquí, destruyendo barrios residenciales,
plazas de mercado, escuelas y hospitales, asesinando a centenares
de niños, mujeres y ancianos.
En Irak, Afganistán y Colombia, entre otros países víctimas,
asistimos a un fenómeno de instrumentalización moralista de los
derechos humanos. Las razones para victimizar que esgrime el
agresor común y sus clientes locales son varias: la posesión ilegal
de armas de destrucción masiva, la lucha contra el terrorismo y la
lucha contra el narcotráfico. Paradójicamente los EEUU
justificaban la violación de los derechos humanos y del derecho
internacional en Irak, proclamando la guerra preventiva como una
defensa de los derechos humanos y la democracia.
El proyecto ideológico del capitalismo, renovado en el discurso de
la lucha contra el terrorismo, ha servido para que se violen los
derechos humanos en todos los conflictos regionales, donde se
reposicionan los intereses geoestratégicos y geopolíticos del
capitalismo. Los Estados victimarios de EEUU, Gran Bretaña y
España han introducido legislaciones, métodos y prácticas
contrarias al derecho internacional de los derechos humanos,
vulnerando los principios del Estado de Derecho burgués, de la
separación de poderes y de la legalidad.
El Estado español, por ejemplo, bajo la orientación neofranquista
de Aznar, se ha ensañado contra el pueblo vasco, cercenando la
libertad de expresión al cerrar medios de comunicación, violando el
derecho a asociarse y a participar en la vida pública y política al
ilegalizar partidos políticos y organizaciones sociales legalmente
constituidas. En Colombia se intenta introducir este mismo modelo
bajo la consigna de la "seguridad democrática", estamos ad-portas
de padecer, ya sea por vía legislativa o ejecutiva, una ley
antiterrorista copiada de nuestra antigua metrópoli colonial. Se
busca meter bajo la denominación de terroristas a todo aquel
disidente que milite en partidos políticos de oposición o en
organizaciones sociales del movimiento popular.
El 59º periodo de sesiones de la Comisión de DDHH de la ONU sirvió
para confirmar tristemente el poderío dominante de los Estados
Unidos y de la Unión Europea, que al colocarse como paradigma de la
defensa de los derechos humanos intimidan, amenazan y coersionan a
los países sumisos y clientes para que voten en resoluciones
amañadas contra los Estados insumisos. Esto explica las
resoluciones de la Comisión contra países como Cuba, entre otros
castigados, quien ha asumido una posición digna frente a su pueblo
y quien ha alcanzado significativos logros en el cumplimiento de
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,
desde la perspectiva de la autonomía, la soberanía y la
autodeterminación.
En el caso de la situación de DDHH en Colombia, se repitió la misma
dinámica de los años anteriores en la Comisión. La defensa de la
política gubernamental, violatoria de los DDHH, este año a cargo
del vicepresidente Francisco Santos, durante la apertura de las
sesiones; posteriormente, el día 4 de Abril, la lectura del informe
de la oficina del alto comisionado y de las recomendaciones, la
réplica del gobierno y finalmente la lectura de la declaración
conjunta de la Coordinación Colombia – Europa - Estados Unidos de
organizaciones defensoras de DDHH. De la declaración final de la
Comisión, realizada antes de finalizadas las sesiones, queda claro
que no se ha avanzado más allá de las acostumbradas
"preocupaciones", que aparte de la retórica diplomática, en lo
concreto, no se mejorará en nada la situación de las víctimas en
Colombia.
Está todavía lejos el momento en que bajo el actual ordenamiento
hegemónico internacional se llegue a lograr un relator especial, un
informe a la asamblea general o, lo que sería un logro político,
una resolución condenatoria del Estado colombiano como violador de
los DDHH. Con el actual ordenamiento internacional no se dará la
condicionalidad ética y política que allane los anteriores
objetivos. Mientras las recomendaciones de una desacreditada
organización internacional como la ONU no se traduzcan en sanciones
tangibles para nuestra oligarquía, no habrá avances en la situación
actual.
El desgaste y el descrédito de la institucionalidad internacional,
manipulada por los intereses geoestratégicos y geopolíticos del
imperio; así como el auge de movimientos sociales
antiglobalizantes, antiguerra, antiimperialistas y alternativos en
todo el mundo, nos obliga a repensar el trabajo político nacional e
internacional de la defensa de los DDHH, abordando correctamente, y
más allá, las nuevas coyunturas, pensando en el mediano y largo
plazo, no soslayando la conformación de nuevos bloques regionales
emergentes y el surgimiento de nuevas propuestas de organización
política, económica y social, garantes de la plena vigencia de los
derechos humanos. Si olvidar, claro está, que el revés actual de
los derechos humanos consiste en condenar a la víctima, dejando
bajo el amparo de la impunidad al victimario.
https://www.alainet.org/es/articulo/107552
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