El lunes 11 de junio, empezó en Washington una nueva ronda de negociaciones comerciales entre Chile y Estados Unidos. Desde hace 5 meses equipos del gobierno chileno negocian con sus pares norteamericanos un acuerdo de comercio e inversiones, en base al modelo y los capítulos del NAFTA. El proceso de negociaciones avanza en un contexto de absoluto desconocimiento del público chileno, de desinformación parlamentaria y de marginación de organizaciones laborales y ambientales. Sólo una elite gubernamental y empresarial maneja la información sobre la posición chilena. Sectores económicos vinculados a la pequeña y mediana empresa, a la producción agrícola, al sector laboral y organismos no gubernamentales han expresado su preocupación por los impactos potenciales de una mayor apertura comercial y se han quejado por la imposibilidad de acceder a la información sobre las negociaciones. Hasta el momento, el análisis de las tendencias producidas por la liberalización de los mercados en Chile, la revisión de los efectos del modelo Nafta en México y Canadá y la información sobre las audiencias públicas y los grupos de interés en Estados Unidos, permiten desmontar los mitos más recurrentes sobre los beneficios que el Tratado de Libre Comercio (TLC) tendría para el desarrollo del país. Cuatro mitos El primero tiene relación con la estructura exportadora nacional y los recursos naturales: Las exportaciones chilenas a Estados Unidos corresponden en un 90% a recursos naturales. La competitividad de las materias primas chilenas actualmente está basada fuertemente en la externalización de los costos ambientales y sociales; esto es la mantención de bajos salarios y deficientes normas ambientales como modo de asegurar un producto final competitivo en los mercados y de bajo costo (razón de las acusaciones de dumping que diversos sectores de nuestra economía han recibido). La expansión de este tipo de exportaciones chilenas a Estados Unidos, sobre la base de las actuales ventajas competitivas, continuará intensificando la degradación de los recursos naturales del país y ayudará a engrosar las cifras negras del círculo de la pobreza. Es claro que los precios de los productos exportados por Chile no reflejan los costes implicados en su producción: costos del daño al ambiente y a la salud de la población, costos de regeneración de recursos naturales renovables, o de reposición de recursos no renovables como los minerales. Un acuerdo con Estados Unidos no significará un crecimiento sustantivo de la industria de manufactura de productos elaborados sobre la base de materias primas. Muy por el contrario, reforzará la actual estructura exportadora nacional de materias no elaboradas, perpetuando la presión sobre los recursos naturales, generando un pasivo ambiental por pérdida de capital natural y destrucción de la base de recursos de las economías locales y regionales. El segundo mito para fundamentar la conveniencia de un acuerdo bilateral con Estados Unidos es que aportará generación de empleos. Pero la estructura exportadora chilena y, en particular, las relaciones comerciales con Estados Unidos se basan en la exportación de recursos naturales no procesados y por tanto no genera un porcentaje sustantivo de empleos -con excepción del empleo temporal agrícola o la mano de obra no calificada o "barata". La generación de empleos en nuestro país está vinculada al valor agregado a las materias primas, a los servicios y al comercio interno, en definitiva al sector de las PyMe. De acuerdo a cifras del Programa de Economía del Trabajo (PET), los sectores mencionados como más dinámicos de la economía, orientados al mercado externo, demandan apenas el 1,6% de la ocupación total. Si Chile quiere generar mayor cantidad de empleos vinculado al sector exportador de materias primas, requiere reorientar su política económica hacia una segunda fase exportadora basada en materias primas manufacturadas. Este objetivo requiere la modificación de varios mecanismos económicos para incentivar el valor agregado y una industrialización liviana del sector recursos naturales. Pero un acuerdo con Estados Unidos dificultaría dicha transición, pues nos mantendría -como hasta ahora- atados a la exportación de materias primas. Además por la escala de producción y el nivel tecnológico norteamericano es casi ilusorio competir con su manufactura. El tercer mito para promover las negociaciones del TLC con Estados Unidos es que la mayor apertura comercial generará crecimiento económico y superación de la pobreza. Intensificar la actividad comercial sobre la base de las actuales ventajas competitivas en Chile dificulta el mejoramiento de las condiciones laborales, del salario y de los servicios sociales vinculados al sector productivo. El crecimiento económico que podría traer el aumento de exportaciones no asegura la solución de la pobreza, ni la distribución de la riqueza. Al contrario, pueden degradarse aún más las condiciones de trabajo para mejorar la competitividad, ampliando la brecha entre los sectores más pobres y más ricos de la nación. El caso de Chile es claro, al respecto mantiene desde inicios de la transición un 20% de chilenos pobres y la desigualdad en la distribución del ingreso -1,5% del PIB los más pobres y 45% del PIB los más ricos- se ha mantenido sin cambio alguno desde la década de los 80`. Así el crecimiento económico generado por una expansión comercial con ventajas competitivas externalizadoras no asegura el logro de objetivos de generación de empleo o de equidad social, los cuales son requisitos fundamentales para el bienestar de la población nacional. El cuarto mito de las negociaciones del TLC con Estados Unidos es que este es un acuerdo comercial. Si bien es cierto que el TLC cubre aspectos tradicionalmente vinculados al comercio, como acuerdo establece un marco amplio de complementación económica bajo el fundamento del "trato nacional", que incluye el acceso a los servicios, a las compras del Estado y a todo el régimen de inversiones. En el modelo Nafta, que es el marco de las negociaciones del TLC, se incluyen bajo un lenguaje de trato equitativo y nacional, mecanismos expropiatorios y desregulatorios que pueden amenazar las leyes nacionales y la capacidad del Estado chileno de proteger los derechos de su población. Particularmente el capítulo 11 sobre inversiones, da derecho a las empresas norteamericanas para desafiar las regulaciones nacionales a través de la solicitud de compensaciones por ganancias no obtenidas. La resolución de aquellas solicitudes es de carácter secreto y, por ende, completamente improcedente en un Estado democrático moderno. La liberalización total de servicios y de sectores claves para la soberanía nacional como las compras del Estado, las áreas silvestres protegidas o los derechos de propiedad intelectual, pueden significar la expropiación total al Estado chileno de su capacidad para incentivar, limitar o regular la política económica basándose en las necesidades de la población y con relación a las prioridades del desarrollo nacional. Al menos el gobierno del presidente Lagos debiera dar a la población información clara sobre estos 4 mitos sobre el potencial incremento de nuestras exportaciones a Estados Unidos, y también sobre un olvido: ¿cómo pretende enfrentar el gobierno el incremento de las importaciones de productos forestales manufacturados, de productos farmacéuticos y de productos agrícolas entre otros? Porque ciertamente constituyen una amenaza para la débil industria y agricultura nacional. El 30 de mayo, varias asociaciones empresariales testificaron ante la Comisión de Comercio Internacional (ITC), en relación con el TLC con Chile. No pudieron ser más elocuentes, en cuanto a qué esperan ganar: "Esperamos cuadruplicar las exportaciones agrícolas hacia Chile, desde US$ 50 millones a US$ 200 millones, en los próximos 5 años, bajo el acuerdo comercial bilateral que hoy se está negociando"; declaró Anita R.Brown, representante de la Agricultural Coalition on Trade (ACT), organización de exportadores agrícolas californianos de fruta, verduras y nueces que monitorean el comercio agrícola. Las cifras señaladas por Brown provienen de una investigación solicitada por la Oficina de Comercio de Estados Unidos (USTR, en inglés) sobre posibles impactos del TLC en el sector agrícola norteamericano. En la misma audiencia, la representante de la American Forest & Paper Asociation, Maureen Smith, señaló que la industria norteamericana desea que Chile elimine en forma inmediata las tarifas reguladoras sobre productos de madera y papeles para poder ingresar masivamente con los productos forestales al mercado chileno. Timothy Richards y Peg Willingham, representantes de la industria de artículos electrónicos y de la industria farmacéutica, respectivamente, pidieron la eliminación de tarifas para artículos eléctricos y productos farmacéuticos y la apertura de las licitaciones de las compras del Estado y un cambio profundo del sistema chileno de propiedad intelectual. A pesar de la suma y resta entre las importaciones y exportaciones, las autoridades chilenas creen que "se las saben todas". Invocan cifras en dólares, anuncian grandes inversiones e insisten con curioso optimismo en los beneficios del TLC. A primera vista efectivamente puede parecer así, pero detrás de los millones virtuales que el Acuerdo ofrece, existe una cifra negra de efectos para el país en el corto y mediano plazo. Y es éste el punto que al gobierno de Ricardo Lagos se le olvida: el saldo social y ambiental que el acuerdo provocará para el país, que recibirán las próximas dos generaciones de chilenos, será más que negativo. En definitiva, "Tu ves lo que quieres ver". Sara Larraín, Directora Programa Chile Sustentable.