Montevideo.- Por si alguna duda quedaba acerca de la nula intención del presidente Sanguinetti de investigar las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar, alguien a quien podríamos llamar "el Astiz uruguayo", fue designado integrante del Estado Mayor personal del flamante comandante en jefe del Ejército, teniente general Fernán Amado. Se trata del coronel Jorge Silveira, quien no solo fuera denunciado como torturador y secuestrador por sus víctimas, sino que también fue requerido en su oportunidad por la justicia argentina, y lo es actualmente por el juez español Baltasar Garzón. "Oscar 7" Junto con sus colegas de armas José Gavazzo y Manuel Cordero, Silveira fue uno de los "jerarcas" del OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas), institución militar creada en 1972, durante el gobierno del Partido Colorado, encabezado por (el al año siguiente ya dictador), Juan María Bordaberry, y que era el encargado de "coordinar" las torturas y las desapariciones. En tal carácter, Silveira tuvo una importantísima participación en las operaciones realizadas contra uruguayos exilados en Argentina, siendo reconocido en el centro de torturas de Automotores Orletti. En julio de 1986, uno de los detenidos en dicho centro denunció ante la justicia argentina, que "algunos militares uruguayos pertenecían a un grupo llamado OCOA, integrado por militares y policías uruguayos, que se distinguían en el trato entre ellos con el nombre de "Oscar" seguido de un número ordinal". El (entonces) Capitán Jorge Silveira era "Oscar 7". Fue así que el juez argentino Nestor Blondi atendiendo la solicitud del abogado Jorge Baños, pidió al gobierno uruguayo la extradición de Silveira (junto con la de los coroneles Gavazzo y Cordero y la del comisario Campos Hermida), acusándolos de privación ilegítima de libertad de 23 personas en Automotores Orletti. Para evitar tal circunstancia, el parlamento uruguayo votó la llamada Ley de Impunidad, a la que prontamente se amparan los requeridos. Mientras tanto, en Argentina se votaba la ley de Punto Final, con los mismos efectos suspensorios de este tipo de investigaciones. Sin embargo, hay al menos un delito cometido por Silveira que no está amparado por ninguna de estas leyes: el secuestro extorsivo de los militantes de la anarquista Resistencia Obrero Estudiantil, León Duarte y Gerardo Gatti. Ambos dirigentes sindicales fueron secuestrados en el ciudad de Buenos Aires para ser posteriormente "ofrecidos" a su organización política tras el pago de dos millones de dólares. Como la transacción nunca se efectuó, Duarte y Gatti fueron asesinados. La Ley de Impunidad no ampara a los militares que cometieron delitos comunes, por lo que Silveira y sus cómplices pueden perfectamente ser juzgados por este delito. En lugar de ello, el presidente Sanguinetti lo ascendió a coronel y ahora lo admite como mano de derecha del comandante en jefe de su ejército. "soy torturador" Pero además, el coronel Silveira estuvo también implicado en las desapariciones del niño Simón Riquelo y la maestra Elena Quinteros. Esta última fue secuestrada en los jardines de la Embajada de Venezuela en Uruguay, lo que provocó la ruptura de relaciones entre ambos países hasta el retorno de la democracia a Uruguay. Prisioneros de Silveira supervivientes, afirman que éste fue uno de los responsables de los interrogatorios a los que posteriormente fue sometida la maestra desaparecida, y que le propinó brutales torturas. El hoy integrante del Estado Mayor personal del comandante en jefe del ejército uruguayo, se desempeñó también como capitán de inteligencia en la cárcel para presas políticas de Punta Rieles. Merced a la "experiencia" adquirida allí, se jacta hasta el día de hoy de que durante la dictadura su "especialización" era toturar mujeres. En tal sentido, la ex-presa política Paula Laborde declaró al diario La República de Montevideo que en 1977 fue torturada por el coronel Silveira, "el mismo que ahora dicen que no tiene nada que ver. Se juntaban con otros y me torturaban e interrogaban mientras tomaban whisky". El alcohol también aparece en el testimonio de la también ex-presa política Sonia Mosquera (semanario Brecha de Montevideo), quien además tuvo el dudoso honor de haber sido compañera de liceo del torturador. Tras su llegada a la cárcel de Punta Rieles, un día fue llevada a las oficinas, donde se encontró con Jirge Silveira "sentado con los pies subidos a una mesa y con un vaso de whisky en la mano". Con su cinismo habitual le invitó con un whisky o un refresco y le dijo "tenía ganas de verte". Acto seguido su ex-compañero de bachillerato le preguntó: "?qué opinas de la tortura? Porqué a esta altura -agregó- sabrás que soy un torturador". "la sangre salpicaba las paredes" Otros testimonios mencionan a Silveira como partícipe en "procedimientos" donde no solo se secuestró a perseguidos políticos o guerrilleros, sino además se desvalijaron sus casas cual vulgares rateros. El semanario "Compañero" denunció hace más de diez años como las tropas al mando de Silveira masacraron a tres perseguidas políticas en abril de 1974. Cuando sus familiares ingresaron a lo que fuera su vivienda encontraron que "la sangre salpicaba las paredes, formando un gran charco en el comedor. Se encontraron balas incrustadas en el techo con trozos de cuero cabelludo. Los cuerpos de las tres muchachas -detalla Compañero- fueron llevados al Hospital Militar, desde donde sin ningún tipo de explicaciones se avisó a las familias que pasaran a retirarlos". Cuando en 1995 se solicitó su ascenso, el dirigente del Partido Comunista Uruguayo Carlos Tutzó (ex-víctima de Silveira) explicó que éste "se encargaba personalmente de la represión y tortura de la Unión de Juventudes Comunistas. Era un maestro en buscar la degradación del ser humano, en tratar de convertirlo en una piltrafa babeante, orinada y sin conciencia. Hizo su trabajo a fondo..." Muchos de los que pasaron por las manos de Silveira (y sobrevivieron) conservan aún las huellas de sus "tratamientos" en las forma de lesiones físicas permanentes en oídos, piernas, hombros, y otras partes del cuerpo. "el silencio de los inocentes" Planteadas así las cosas, parece ocioso seguir ocupándose de las distintas propuestas para esclarecer el destino de nuestros desaparecidos que periódicamente se presentan. El mensaje del presidente Sanguinetti ha sido claro: aquí no se ha de investigar nada, y para demostrarlo designo a un torturador asumido (y presunto asesino) como integrante del Estado Mayor del comandante en jefe del ejército. Resulta también descorazonador el poco impacto que tal designación tuvo en la sociedad uruguaya. Por comparación, si en Argentina Alfredo Astiz hubiera sido designado en un puesto similar, el escándalo habría sido mayúsculo. Aquí en cambio, no solo los grandes medios de prensa han obviado su designación, sino que ni siquiera la oposición ha tenido una actitud de firme rechazo, limitándose a burocráticos pedidos de informes al ministro del ramo. Nadie convocó a las masas, nadie se esforzó por difundir el tenebroso curriculum de Silveira para que todos sepan bajo el nombre de quién puso la firma el presidente Sanguinetti. Es precisamente ese silencio el que más asusta, porque es entendible el silencio de los culpables, pero no lo es el de los inocentes. Con permisividades de este tipo es que han medrado y medran los violadores de los derechos humanos aquí, allí, y en todas partes. Seguramente el próximo 20 de mayo se convocará a una nueva y multitudinaria "Marcha del silencio" para pedir el esclarecimiento de los delitos cometidos por los personeros de la dictadura cívico-militar de 1973-84. Seguramente la marcha será un éxito, como lo ha venido siendo en los últimos años. Pero seguramente también, no dejará simiente, como no lo han dejado hasta ahora. Porque a los desaparecidos no solo se los debe recordar un solo día en el año, sino todos los días, y más especialmente cuando la coyuntura (y no la cronología) así lo indica. "el silencio de los culpables" Poco antes de fallecer, el dirigente del Partido Demócrata Cristiano Juan Pablo Terra develó que en los prolegómenos de la dictadura, el entonces Ministro de Educación del entonces presidente y poco después dictador Juan María Bordaberry, le dio a entender que tenía amplio conocimiento acerca de la situación de los Escuadrones de la Muerte vernáculos. Dicho ministro no era otro que Julio María Sanguinetti. Los pormenores se los llevó discretamente a la tumba. Más allá de ello es sí evidente y comprobado que el único partido que no fue perseguido durante la dictadura uruguaya fue el Colorado. Pero además, muchos de los actuales prohombres fueron funcionarios y colaboradores dilectos del régimen al que no por capricho se define como proceso cívico-militar. Varios de ellos son o han sido diputados, senadores, intendentes o ministros. Lo mismo se puede decir del ala derecha del Partido Blanco. Esta circunstancia lleva a pensar que la acérrima negativa del gobierno de coalición blanqui- colorado que preside Julio María Sanguinetti a investigar las violaciones de los derechos humanos en dicho período tiene también un componente de salvaguardia propia. Alguna cosa comprometedora deben de tener para decir estos militares que esos políticos los protegen tanto...