Mi familia me pegaba duro, sobre todo mi padre. Estas marcas de mi brazo son quemaduras que él me hizo”. “Dormía en la calle, pegamenteaba, fumaba mariguana, me pasé a la piedra.   Al final me metí en la M 18”. “La primera vez que robé tenía 8 años. Entré en una tienda yo solo y saqué casi 4 mil pesos entre el dinero y los dulces que me llevé”. Después empezaron a pedirme que hiciera cosas y, cuando no quería, me obligaban”. “Una vez regalé un sombrero de mi padre a un vecino. Cuando se enteró, me amarró los pies y las manos, y me pegó con un cable”. “Entramos varios pequeños al mismo tiempo. Había uno de 5 años. La mayoría ya ha muerto. Los mataron”.  “Después de la primera vez ya no me daba miedo, y robaba seguido. Normalmente entraba drogado en las casas”. “Me han mandado a matar. Tengo seis personas que fallecieron en mis manos”. La culpa de lo que me está pasando es de mi familia. Todo esto es culpa de ellos”. “Nada más llegar, me di cuenta de que de allí no podía salir. Tenía menos de 8 años”. “Al principio te tratan bien. Ellos me cuidaban, eran mi familia, mis hermanos”. “La última vez que maté fue en el 2003. Le di un tiro de gracia en la frente, aquí mismo”.[1]

En Centroamérica, más del 50% de la población es de personas de entre 0 y 24 años.  La mayoría de los jóvenes pertenecen a familias de escasos recursos económicos, con pocas posibilidades de acceder a servicios adecuados de educación y salud, sin perspectivas de obtener un empleo formal.  Una gran cantidad de ellos provienen de hogares desintegrados, donde han sufrido o sufren violencia intrafamiliar. Para ayudar económicamente a sus familias, miles de ellos se han visto obligados a dejar los estudios para trabajar en cualquier cosa, especialmente en las calles, donde también han sido objeto de abusos, vejámenes y otras formas de violencia.

Permanentemente, millares de personas, pero especialmente jóvenes centroamericanos emigran de sus países de origen, en busca de empleo para enviar dinero a sus familias.  Otros miles,  han elegido integrarse a las maras como una opción de sobrevivencia.

Las maras, nombre popular que en El Salvador se da a un círculo cercano de amigos, se empiezan a conocer en los años ‘70 en Los Ángeles, California, en un contexto de jóvenes pobres emigrados de América Latina, especialmente de México, que se aglutinan originalmente bajo el nombre de Mara de la calle 18 y que posteriormente se conoce como Mara 18.  Casi al mismo tiempo, otro grupo de jóvenes emigrados de El Salvador conforma lo que se conoce como la Mara Salvatrucha o MS.

Algunas investigaciones niegan que el origen de las maras se haya producido en el marco de las migraciones latinoamericanas a Estados Unidos. Por el contrario, afirman que para 1970 en El Salvador ya se habían conformado varias maras integradas con no más de 50 jóvenes, en barrios pobres de San Salvador.  Según estas investigaciones, ya para entonces se podía observar un crecimiento acelerado de las maras, así como el incremento del uso de la violencia[2].

En cualquiera de los casos, es durante el inicio de los años ‘90 y una vez finalizados los conflictos armados en Centroamérica, cuando se produce una deportación casi masiva a la región, de jóvenes que se encontraban en Estados Unidos en una situación ilegal, cuando sus países aún no se recuperaban de las heridas de las guerras y que iniciaban su lento y complicado proceso de reconstrucción y democratización.  

Es este el marco  político y socioeconómico en que las maras inician sus acciones en varios países de la región, especialmente en Guatemala, El Salvador y Honduras, y con mucha menos incidencia, en Nicaragua.

Muchos hechos están ligados a la conformación y accionar de las maras, no sólo la pobreza, con todas sus facetas, y la migración masiva del ámbito rural al urbano, sino también la carencia de alternativas sociales, como sistemas de prevención, la falta de control estatal sobre la tenencia de armas[3], el consumo de drogas, el débil sistema de justicia, la corrupción  y la cada vez más preocupante incidencia del narcotráfico y crimen organizado en la región.

Nadie sabe exactamente cuantos jóvenes están integrados a las maras.  Los cálculos varían desde 30 mil hasta 250 mil, debido fundamentalmente a la falta de información oficial, de estadísticas serias provenientes de las autoridades de seguridad, que hasta ahora no distinguen entre delitos comunes y otros delitos cometidos por el crimen organizado. Tampoco existe un desglose de delitos por sexo, edad, etnia, etc.  Todo esto dificulta un conocimiento real de las maras y por lo tanto la elaboración de políticas publicas que ayuden a combatir el fenómeno.

La aparición de las pandillas no es nueva, ni es una manifestación que tenga que ver sólo con los latinoamericanos.  Durante los últimos años del siglo XIX, en Estados Unidos, en el marco de la guerra civil, la inminente abolición de la esclavitud, la inmigración masiva de Europa y una recesión económica, aparecen las gangs (término en ingles que significa pandillas).  De un lado, las integradas fundamentalmente por inmigrantes, desempleados y minorías, que luchan por territorios,  por conseguir un lugar y un espacio en la “tierra prometida”, y por otro lado los “nativos”, nacidos en Estados Unidos, quienes se oponen al ingreso de esa masa de inmigrantes europeos y que también se oponen a la abolición de la esclavitud.  

En todos los casos, los pandilleros o mareros son personas pobres, jóvenes de barrios marginales, en su mayoría del ámbito urbano,  muchachos expulsados de las escuelas, desempleados, abusados, integrantes de minorías en busca de identidad social o colectiva; como se dice popularmente, gente de la calle.  En la mayoría de los casos,  los pandilleros son jóvenes al  margen de la ley, inexistentes para el Estado.

Aunque el fenómeno de las maras se ha generalizado en la región y han ocurrido una cantidad considerable de actos criminales que deben ser investigados y procesados por las autoridades de justicia, no se puede generalizar y estigmatizar a los diferentes grupos de jóvenes, maras o pandillas afirmando que están relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico. 

Cada grupo/mara o pandilla responde a las condiciones particulares que enfrenta su país, su comunidad y las familias de sus integrantes. De allí que las soluciones a los problemas que plantean no pueden ser generales y mucho menos arbitrarias.  Cada país debe analizar su propio entorno, sus políticas públicas, sus carencias, su sistema de seguridad y su sistema judicial, y enfrentar con objetividad y realismo la situación con un enfoque preventivo y no represivo.

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO: DE LOS NIÑOS DE LA CALLE A LAS MARAS

En las últimas décadas, Centroamérica ha sido una región desgarrada por los enfrentamientos armados, en los que los jóvenes fueron las principales víctimas.  En cada conflicto, millares de jóvenes combatieron en ambos lados, muchos murieron, otros quedaron discapacitados, otros tantos ingresaron las filas de los desplazados y refugiados, muchos emigraron a otros países, en busca de empleo y mejores oportunidades económicas, muchos niños quedaron huérfanos.

A la firma de la paz, miles retornaron con la esperanza de reincorporarse a la escuela, de encontrar un empleo, de reconstruir sus vidas, las de sus comunidades y las de sus países.  Sin embargo, el fin del conflicto armado no necesariamente significó un mejoramiento de las condiciones de vida de los centroamericanos. Al contrario, se desarrollaron las políticas neoliberales y privatizadoras que debilitaron aún más el papel del Estado en el desarrollo de las democracias emergentes.

“…..Los indicadores muestran que todos los países de la región son mas desiguales que el promedio mundial.  En 15 de los 18 países estudiados, más del 25% de la población vive bajo la línea de la pobreza y en 7 de ellos más de la mitad de la población vive en esas condiciones... Un tema central es el desempleo, pues el trabajo es un mecanismo clave de inclusión social y del mismo ejercicio de la ciudadanía que tiene un componente económico.  El alza en los índices de desocupación durante la década de 1990 es, por ende, una de las más grandes carencias de las democracias latinoamericanas”[4].

Desintegración y violencia familiar, poco o ningún acceso a educación, desempleo, discriminación, drogas y violencia   interactúan en el desempeño de las maras.   Sin embargo, no debe hacerse un análisis simplista de la desintegración familiar, no se trata de hogares liderados por un adulto (madre, padre, abuela, tío, etc.), se trata de tiempo sin calidad, de abuso sexual, verbal y laboral, poca o ninguna comunicación, irrespeto a sus propias decisiones u opciones, falta de tolerancia, entre otros factores.

El consumo de drogas y alcohol no es una actividad exclusiva de las maras.  Cada vez más en Centroamérica, miles de jóvenes de diversos estratos sociales consumen enormes cantidades de alcohol y una diversidad de drogas, desde las menos dañinas hasta el crack.  Según varias entrevistas realizadas por diversas organizaciones sociales, ni las escuelas, ni las universidades, ni la familia, llenan las expectativas de estos jóvenes, que no encuentran cauce a sus múltiples inquietudes.

“El consumo de drogas, antiguamente considerado un problema de los países desarrollados, es ahora un problema endémico de la región y la delincuencia violenta, asociada con el narcotráfico, se intensifica en la misma medida.  El tejido social esta hecho trizas, especialmente en las zonas urbanas de escasos recursos, en donde generalmente se registran los más altos niveles de consumo de drogas y de violencia relacionada con las drogas”[5].

Existe una multiplicidad de hechos que conducen a la marginalidad y que impactan en adolescentes y jóvenes pobres, entre los que se destacan:

      Debilitamiento  progresivo de las familias, que reduce su aptitud para proveer por un tiempo prolongado los activos materiales, emocionales, de conocimiento, culturales, hábitos de disciplina etc., que capacitarían a los niños  y jóvenes para extender  y profundizar su formación, utilizando los canales existentes.

      Cambios en la estructura social, las tendencias al aislamiento social de los pobres, la segregación residencial y la segmentación de los servicios, en particular la educación, contribuyen a consolidar patrones subculturales de marginalidad.

La violencia juvenil, por otro lado, está asociada a múltiples factores, como[6]:

      Cambios sociales y demográficos rápidos: migración, las crisis  económicas y los ajustes estructurales en países latinoamericanos, que han traído como consecuencia desempleo y frustraciones sociales entre los jóvenes.

      Bajos niveles educativos y el consumo de drogas. Se considera que un factor importante en el origen de los hechos de violencia es la incapacidad de los sistemas educativos de brindar un soporte social, cultural y de oportunidades.

      La violencia de los medios de comunicación es un detonante para el comportamiento violento. 

      Fácil  disponibilidad de armas.  Este es uno  de  los  mayores  factores de riesgo en la violencia social, ya que incitan a la violencia y agravan los episodios violentos.

En las primeras maras salvadoreñas se juntan no sólo jóvenes de los barrios. También, ex-guerrilleros y soldados desmovilizados, muy decepcionados con respecto a las esperanzas que tenían de obtener una vida mejor y un reconocimiento social. Se suman también a las maras jóvenes que durante la guerra emigraron con sus familias a los Estados Unidos o ya nacieron allí. Las biografías y experiencias de todos estos jóvenes añaden a muchas maras salvadoreñas corrientes, especialmente violentas[7].

Aunque las maras tienen una integración diversa, decir que son producto de los conflictos armados es hacer un análisis simplista.  El desarrollo de las maras en Nicaragua, país que sufrió un largo conflicto armado, y en Honduras, que no lo ha tenido,  son buenos ejemplos a analizar.

Una encuesta a excombatientes en Sierra Leona mostró que la abrumadora mayoría de quienes se unieron a las rebeliones brutales eran jóvenes que vivían en condiciones precarias antes del estallido de la guerra. Tras entrevistar a mil ex combatientes, la encuesta arrojo que la mitad había desertado de la escuela porque no podían solventar los gastos de escolaridad o bien porque la escuela había cerrado sus puertas[8].

Centroamérica es una región caracterizada por la falta de políticas públicas, que  cambien la estructura de pobreza que prevalece.   Por el contrario, a partir de los ‘90, la implementación de políticas neoliberales, con preferencia a la privatización de los servicios básicos, como la educación y la salud, ha profundizado las condiciones de  marginación y exclusión.

Cada vez más, el Estado disminuye sus funciones y  se desliga de sus obligaciones constitucionales “en países donde sólo el 30 % de los adolescentes están en la escuela (El Salvador) y en otros donde solo están menos del 15%, como en Guatemala y Honduras (contra el 64% y el 70% en Costa Rica y Panamá respectivamente)”[9].

Una encuesta realizada por la Universidad Centroamericana de El Salvador, entre diversos grupos pandilleros, reveló que el 84.8% de ellos estaban dispuestos a dejar la violencia a cambio de oportunidades de empleo y educación.  Por otra parte, diversas organizaciones realizan esfuerzos para conseguir que jóvenes pandilleros se reincorporen a la sociedad, entre las que se puede mencionar a “Homies Unidos”[10].

Un asunto que debe atenderse con urgencia son los hijos de los mareros.  La Asociación para la Prevención del Delito (APREDE) de Guatemala registra que la mayoría de los mareros tienen hijos (aproximadamente 165 mil niños) y que algunos de esos menores han quedado huérfanos por la cantidad de mareros asesinados en los últimos tiempos.

Muchos de los niños están en la edad de acudir a la escuela y de ser sacados del entorno de la violencia. De no controlar esta situación, estaríamos ante una nueva generación de mareros que mucho antes que sus padres estarían envueltos en la violencia y el crimen.

“No quiero que mi hijo siga mi ejemplo. Deseo que estudie y se supere, para que en el futuro no sea marginado como yo”, señaló Jorge (nombre ficticio), de la Mara Salvatrucha.  Él tiene un niño de 2 años y seis meses de edad, por quien daría su vida si fuera necesario”[11].

ALGUNOS INDICADORES CENTROAMERICANOS[12]

País	No. IDH[13]	Valor del IDH	Total de Habitantes (millones)	Esperanza de vida (años)	Menores de 15 años al 2003	Gasto público en educación 2000-2002		PIB pér capita (PPA EN US$)
						% del PIB	% del gasto público total
El Salvador	104	07.22	6.6	70.9	34.7%	2.9%	20%	4,781
Guatemala	117	0.663	12	67.3	43.6%	Datos no disponibles	21.4%	4,148
Honduras	116	0.667	6.9	67.8	40.3%	Datos no disponibles	21.4%	2,665
Nicaragua	112	0.690	5.3	69.7	40.2%	3.1%	15%	3,262

AMENAZAS A LA SEGURIDAD

“…En su testimonio ante el Congreso estadounidense, en abril de 2004, el entonces jefe del Comando Sur, el General James Hill, planteó que las principales nuevas amenazas que confronta la región son problemáticas de distinta naturaleza, como el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, las pandillas y las actividades de los movimientos sociales populistas”[14].

Centroamérica es una región de gran importancia geopolítica. Su posición geográfica, sus recursos naturales y otros elementos la hacen privilegiada y codiciada. Aunque formalmente se declaro independiente de España en 1821, la región  siempre ha sido dependiente en muchos sentidos.  Una variada gama de colores políticos y de intereses económicos tanto locales como foráneos han gobernado sin tener en cuenta las aspiraciones y necesidades básicas de sus habitantes. 

Incontables guerras civiles por inaceptables disputas territoriales o por inventadas amenazas a la seguridad nacional  han entorpecido permanentemente el desarrollo de una región que durante el siglo XX sufrió sangrientas dictaduras militares y arribó al siglo XXI con vergonzosos indicadores de pobreza y con una clase política que aunque recientemente contiende cívicamente en elecciones democráticas, mantiene una mentalidad feudal, que considera la región como su señorío y a sus habitantes como su servidumbre.  Ésta es Centroamérica.

Se habla de terrorismo en una región que ha sido aterrorizada durante siglos por regimenes autocráticos, por la pobreza y el subdesarrollo, se habla de amenazas en una región cuyos habitantes han sido permanentemente amenazados por enfermedades prevenibles  o por desastres naturales,  se dice que los jóvenes a los que nunca se incluyó en las agendas políticas, económicas o sociales, se han convertido en una amenaza a la seguridad.

Generalmente, cuando se habla de seguridad se piensa inmediatamente en asuntos militares.  El concepto de seguridad ha cambiado radicalmente en los tiempos modernos.  La seguridad ya no se concibe solamente desde el punto de vista  de agresión militar externa.  Una noción real de la seguridad debe visualizarse desde el ámbito interno, desde la perspectiva de la gobernabilidad y por lo tanto de un sinnúmero de factores sociales que podrían poner en peligro dicha gobernabilidad.

Son frecuentes las reuniones de presidentes, funcionarios de alto nivel, expertos y técnicos para discutir las amenazas a la seguridad y el tema se vuelve recurrente en la región.  No se habla de seguridad alimentaria, no se dice que  millones de centroamericanos no tienen asegurado los tres tiempos de comida.  No se habla de  seguridad laboral para la masa de jóvenes que deambulan en las calles llenas de basura, miseria y violencia. No se habla de seguridad jurídica para miles de campesinos sin tierra. No se dice en ninguna parte que las verdaderas amenazas son la pobreza, la exclusión, la desigualdad, la discriminación.

Definir la seguridad solo como la amenaza del terrorismo estimula respuestas militares que no logran seguridad colectiva.  Lo que se necesita es un marco de seguridad que reconozca que la pobreza, la crisis social y el conflicto civil constituyen los elementos fundamentales de la amenaza a la seguridad mundial y que el mundo debe obrar en consecuencia[15].

Aunque la migración hacia Estados Unidos es variada, incluyendo elites intelectuales, científicas, técnicos con habilidades extraordinarias y hasta jugadores de béisbol, es inaceptable calificar como amenaza a la gente pobre que se ve obligada a salir de su país en busca de un trabajo que le permita sostener a su familia.  Se debería apoyar con más recursos para el desarrollo a estos países, a los que ya no les queda más que exportar que su propia  mano de obra.

Es inmoral condenar a los jóvenes como criminales, cuando  jamás se les dio la oportunidad de estudiar y conseguir un trabajo digno.  Este abandono estatal es responsable de que la masa juvenil haya crecido en la calle y actualmente haya sido atraída por el crimen organizado y el narcotráfico.

Definitivamente, un país donde la mayoría de su población vive debajo de la línea de pobreza, donde sus instituciones no se afianzan,  donde campea la indiferencia, la impunidad  y la corrupción estatal, donde la intolerancia, la discriminación y la exclusión son los colores de la bandera nacional, es un país que se está autoamenazando.

Un ensayo sobre Estados fallidos plantea que “...para la elaboración de los informes sobre las supuestas amenazas a la comunidad internacional se ha tomado en consideración una serie de indicadores sociales, económicos y políticos, entre los que figuran: la expansión demográfica, las crisis generadas por las migraciones internas, la presencia de refugiados y/o personas desplazadas, los conflictos étnicos, las desigualdades económicas, el deterioro de los servicios públicos, la criminalidad, la violación de los derechos humanos, la impunidad de los servicios de seguridad y... la injerencia de terceros países en los asuntos internos de dichos Estados”[16].

La cantidad de jóvenes agrupados en las maras supera ampliamente el número de las fuerzas de seguridad de los estados centroamericanos y muchas de las pandillas han sido reclutadas por el crimen organizado y el narcotráfico,  todo al amparo de la impunidad, la complicidad y la corrupción estatal. 

Las autoridades estiman que en El Salvador, Guatemala y Honduras operan unos 60 mil pandilleros  y muchos de ellos están vinculados con homicidios y robos[17]. En Centroamérica se ha estimado que en los países con fuerte presencia de maras existen en promedio 30 mil jóvenes pertenecientes a ellas, y hay más de 50 mil “simpatizantes” en riesgo, ya que, aunque aún no pertenecen a estos grupos, presentan una alta probabilidad de ingresar...”.[18]

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta el año 2002, se estimaba que a nivel mundial existía una tasa de 9.2 por cada 100,000 habitantes de jóvenes criminales. Las tasas de homicidio  varían  según  los  continentes, pero las tasas más altas corresponden a América Latina, lo que ilustra la gravedad de la relación entre violencia y juventud en los países de la región.

Continente	Tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes
América Latina	36.4
África	17.6
Europa	0.9

La inseguridad se ha convertido en un tema central en Centroamérica.  Sin embargo, no se puede atribuir toda la responsabilidad a las maras y mucho menos tratar de vincular a las maras con el terrorismo.  Algunas declaraciones de funcionarios que vinculan a las maras con células terroristas no son más que excusas para incrementar el militarismo y la presencia de fuerzas extranjeras en la región. 

El adalid de involucrar a las maras como terroristas es el presidente de El Salvador, Antonio Saca, quien basándose en el artículo 343 del Código Penal, que tipifica y sanciona el terrorismo con prisión de 5 a 20 años de cárcel, pretende incluir a los mareros en la categoría de terroristas por delitos de asesinato y otros delitos.  Sin embargo, varios jueces aseguran que estos delitos están debidamente tipificados en el Código Penal y no responden al de terrorismo. Si los delitos de que se acusa a los mareros no están tipificados en el Código Penal, claramente se observa un sesgo ideológico y político en la intención de Saca en tratar de sustituir delitos comunes por delitos políticos como es el terrorismo. “El delito de terrorismo es aquel en el que un grupo rebelde pretende crear con sus acciones una crisis y subvertir el orden constitucional”[19].

"En ninguno de los países centroamericanos, ni en México, ni en Estados Unidos, hay ningún indicador, ninguna evidencia, ningún indicio de vinculación de las maras con los grupos terroristas, no tenemos una articulación como de cártel que podamos decir hay un líder de toda la expresión de este fenómeno en toda la región centroamericana, México, Estados Unidos", declaró Eduardo Medina Mora, director del CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) de México.[20]

Muchos elementos interactúan sobre esta situación: débil institucionalidad, corrupción, impunidad, tráfico y acceso de armas, narcotráfico, etc.[21]  La adopción de leyes de “mano dura” en países como Honduras y El Salvador y la creación de una fuerza regional integrada por los ejércitos centroamericanos, para combatir las amenazas definidas por Estados Unidos para la región, en las cuales incluye a las maras, es absolutamente inviable, en tanto no se actúe sobre las principales causas de la inseguridad.

“…En varios países de la región, las fuerzas militares ya participan en patrullajes combinados con las fuerzas policiales, con casi ningún impacto perceptible en los niveles de la delincuencia.  La verdad es que la violencia producida por las pandillas juveniles es un serio problema que sólo puede ser resuelto con una respuesta multidimensional que incluya mejores servicios sociales, la creación de empleo, y políticas efectivas y no a través del despliegue de las fuerzas militares…”[22]

Los resultados de estas medidas no han disminuido de ningún modo ni la inseguridad, ni la violencia, ni la creciente incorporación de jóvenes a las maras.  Por el contrario, grupos paramilitares  para combatir a las maras florecen a la vista y tolerancia de las autoridades, convirtiéndose en verdaderas amenazas al Estado de Derecho, la democracia y la gobernabilidad.  Ninguno de estos grupos paramilitares, -no clandestinos, porque se han dado a conocer públicamente-  ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades del sistema de justicia. 

Absolutamente cierto es que la ciudadanía en general necesita seguridad publica y que es obligación del Estado brindársela. Igualmente es cierto que las pandillas han incrementado sus acciones, cometiendo delitos de todo tipo y que la gente en general percibe un ambiente de inseguridad. Pero fundamentalmente se siente desprotegida por las autoridades.

Tan criminales son los integrantes de pandillas que han cometido delitos como los jefes del crimen organizado, delincuentes de cuello blanco, narcotraficantes, funcionarios corruptos y autoridades cómplices de la inseguridad de la región.  Todos deben ser procesados y sentenciados conforme la ley, si se quiere resguardar el Estado de Derecho, la seguridad publica  y la democracia.

El ministro de Gobernación de Guatemala, Carlos Vielmann, expresó que  “la política de seguridad existe como prevención primaria. Es triste que sea a largo plazo, que es la pobreza, falta de oportunidad de empleo, vivienda falta de educación, desintegración y violencia familiar.  Luego viene la prevención secundaria, que son los patrullajes, persecución, prevención, información de inteligencia.  El tercer factor de las relaciones del funcionamiento coordinado como un engranaje del MP (Ministerio Publico), la justicia y la PNC que se miren para combatir el mal.  El último nivel es el Sistema Penitenciario.  Se debe facilitar un trabajo pero brindando seguridad.  En la inversión del Estado está dentro de las posibilidades.”[23] Desafortunadamente, estas declaraciones son contrarias a las políticas que ejecuta el Ministerio Gobernación.

DERECHOS HUMANOS Y MILITARIZACION

“…Un presunto grupo para eliminar pandilleros, denominado “Guardianes de la Ciudad”, surge en Coatepeque, Quetzaltenango, Guatemala, donde desconocidos lanzaron en la calle panfletos en los que se atribuyen la muerte de 6 mareros en los últimos 4 días. …” “…Venimos con la mentalidad de acabar con la rabia, matando al perro…” se lee en el anónimo”[24].

Todos los días los medios de comunicación de Centroamérica informan sobre jóvenes encontrados en calles, barrancos y barrios, con tiros de gracia, apuñalados, decapitados, quemados, mutilados y víctimas de todo tipo de atrocidades.  Las autoridades atribuyen los asesinatos a ajustes de cuenta entre maras, luchas de poder, ajusticiamientos o venganzas personales entre ellos mismos. 

Sin embargo, el rumor de que una limpieza social se lleva a cabo de forma sistemática se confirma con la aparición publica de grupos paramilitares que reivindican asesinatos de mareros.  Vecinos de los barrios confirman que hombres fuertemente armados circulan en las calles vociferando: “señoras, no sean tolerantes con estos mareros”.  Otros como en Coatepeque, Quetzaltenango, Guatemala, emitieron volantes públicos.  Hasta ahora no se conoce que dichos asesinatos hayan sido objeto de investigación por parte de las autoridades responsables y mucho menos que se haya llevado ante los tribunales a los responsables, para poner fin a la impunidad que reina en la región.

Según el Diario de Hoy, de El Salvador[25], de 100 personas que son asesinadas en el país, 55 son jóvenes.   De 3,043 asesinatos registrados desde enero hasta octubre del presente año, 1,663 personas tenían de 18 a 30 años.  Esta cifra representaría un incremento del 39% en victimas de población juvenil  respecto a 2004.  La organización humanitaria estadounidense Casa Alianza, en Tegucigalpa, señala que de  35 a 40 jóvenes son ejecutados cada mes en Honduras.

El director de la Asociación para la Prevención del Delito (APREDE) de Guatemala, Emilio Goubaud, declaró a la agencia de noticias AP que "Los ex pandilleros que tenemos en rehabilitación nos informan que son policías o agentes privados los que están matándolos".  Para justificar sus denuncias, citó un incidente ocurrido en febrero en el municipio San Miguel Petapa, a unos 15 kilómetros al sur de la capital. Ahí varios pandilleros aparecieron muertos después de haber sido capturados por la policía.

De la misma manera, diariamente los medios de comunicación informan sobre capturas masivas de jóvenes mareros.  En Guatemala, Honduras y el Salvador, las cárceles están atiborradas de mareros o pandilleros que son encarcelados sin mediar investigaciones ni procesos judiciales sobre los supuestos delitos que se les imputan. 

Muchos de los encarcelados son menores de edad y se han visto expuestos a todo tipo de abusos ante la vista, paciencia e indiferencia de las autoridades.  Muchos de los menores encarcelados han sido victimas inocentes de las redadas que las autoridades suelen hacer en los barrios donde operan las pandillas. Muchos de ellos han sido encarcelados por el simple hecho de  tener tatuajes.

En Guatemala, Honduras y El Salvador,  desde hace varios años, dentro de las cárceles, se han producido graves incidentes hasta ahora nunca aclarados, donde centenares de mareros han muerto calcinados (en Honduras) y/o asesinados atrozmente (Guatemala, Honduras y El Salvador). 

Las autoridades atribuyen los incidentes a  rencillas, venganzas y pasadas de cuentas entre las maras.  Los mareros por su parte, han afirmado que las autoridades quieren librarse de ellos y por ese motivo, dejan pasar armas a las maras rivales para que se aniquilen entre si.  También los mareros solicitan mejores condiciones carcelarias, traslados de pandillas rivales a otros centros de reclusión, entre otras peticiones. 

Según la información pública, en la Comisaría 31 de la Policía Nacional Civil de Escuintla, como en la Granja de Rehabilitación Pavón, en la Granja Canadá y en el Centro Preventivo de Mazatenango, se registraron enfrentamientos violentos entre grupos de “pandilleros”, conocidos como “maras”, que habrían dejado como saldo más de 30 muertos y de 80 heridos. Conforme la información de prensa, los pandilleros utilizaron granadas de fragmentación, armas de fuego y machetes durante los motines.  Desde el año 2000 la CIDH ha expresado que las condiciones inhumanas y la falta de personal idóneo y capacitado, junto a la falta de supervisión, conducen a actos de violencia interna, protestas, huelgas y reiteradas fugas que generan un sentimiento de inseguridad cada vez mayor entre la ciudadanía. En relación con la situación de los detenidos asociados con las “maras” o “pandillas”, en la visita a Guatemala realizada en noviembre de 2004 por el Relator Especial sobre derechos de las personas privadas de la libertad, observó que se les da un trato caracterizado por el abandono, el hacinamiento, la falta de infraestructura adecuada, de sanidad y de acceso a cuidados médicos y psicológicos, así como por la falta de supervisión judicial y de proyectos específicos dirigidos a su rehabilitación. En particular, llamó la atención del Relator la ausencia de una política penitenciaria para los jóvenes en conflicto con la ley.

Organizaciones de derechos humanos afirman que por las características de los incidentes (como la existencia de armas de alto calibre encontradas en el lugar de los hechos) pueden estar ligados a limpieza social. Hasta ahora no se conoce que haya mediado investigación criminal,  ni detenciones, ni procesos judiciales establecidos.

En los tres países mencionados y ante el aumento de la violencia, las autoridades han optado por aprobar una serie de medidas, a todas luces represivas, violatorias de los tratados internacionales sobre derechos humanos, sin ningún enfoque preventivo y de ninguna manera tomando en cuenta las causas estructurales que generan la violencia.

Muchos analistas centroamericanos coinciden que la imposición de leyes tuvo causas electorales, especialmente en El Salvador, donde el ex presidente Francisco Flores (2000-2004), gozaba de gran impopularidad y el partido ARENA podía enfrentar una derrota electoral.  De la misma manera, en Honduras, Ricardo Maduro llegó a la Presidencia con la promesa de acabar con las maras y fue el precursor de la pena de 20 a 30 años por asociación ilícita.   Su posible sucesor en las elecciones del 2005, Porfirio Lobos, del mismo Partido Nacional, impulsa su campaña electoral proclamando la legalización de la pena de muerte y asegurando que volverán los tiempos “seguros” del general Tiburcio Carias.

Leyes antimaras, planes de mano dura o súper mano dura,  reformas al Código Penal para aumentar las penas a menores de edad, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y campañas para dar popularidad a la pena de muerte, son parte de un esquema que viola flagrantemente los tratados internacionales sobre derechos humanos y las propias constituciones nacionales, donde se consagran derechos fundamentales como el derecho a la vida y al debido proceso.

Asumir que cometen delito (asociación ilícita) las agrupaciones de maras es criminalizar un problema social que debe tener una solución equilibrada y que es responsabilidad en su mayor parte de los Estados afectados. Las campañas para imponer la pena de muerte basadas en el miedo de la población y en la inseguridad que reina en la región, no son legitimas desde ningún punto de vista, por el contrario son un retorno a sistemas obsoletos antidemocráticos.

No se puede negar el hecho de que muchos jóvenes que se integran a las pandillas cuando son adolescentes pasan a formar bandas criminales años más tarde, si sobreviven a la dinámica pandilleril. Sin embargo, la perspectiva de quienes forman la pandilla no siempre parece ser la de desarrollar una carrera criminal, y la mayoría de las veces es producto de un progresivo e inexorable proceso de cierre y obstrucción de oportunidades.

Activistas de organizaciones que defienden los derechos humanos han sido amenazados por criticar las medidas represivas. “…El caso de Manuel se suma a los constantes ataques que la Iglesia Luterana ha venido recibiendo a lo largo del año, principalmente por sus críticas a las medidas del gobierno para combatir el delito, incluyendo el Plan Mano Dura y Plan Súper Mano Dura implantados en los últimos dos años. Estas iniciativas no han logrado disminuir los homicidios en el país los que, por el contrario, aumentaron en 2004.”[26]

El Estado Hondureño ha sido denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por sus políticas antimaras.  El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC) afirman que: “las autoridades hondureñas aprobaron reformas legislativas para atacar directamente a las pandillas y a sus jefes, y que entre ellas, cambiaron el delito de asociación ilícita para calificar el propósito permanente de ejecutar cualquier delito y aumentaron las penas. Además eliminaron la posibilidad de que los acusados por ese delito fueran juzgados en libertad, establecieron la posibilidad de practicar allanamientos sin orden judicial y se aumento plazo necesario para ser presentado ante un juez para determinar la legalidad de la detención. En este proceso de intentar reprimir a las maras se encarcela a los jóvenes, vinculados o no a estos grupos, lo que ha aumentado la población carcelaria. Esto vino a poner presión a un sistema ya colapsado. Según datos brindados a la CIDH por las organizaciones, resulta evidente que el sistema jurídico, penitenciario y el judicial no han sido capaces de controlar los efectos de las reformas legislativas mencionadas y sus consecuencias institucionales, presupuestarias y sociales. Incluso se expuso que el tema de las maras se utiliza en Honduras como caudal electoral de los políticos, quienes intentan ganar votos ofreciendo una mayor represión contra los pandilleros”[27].

El Artículo 40 de la Convención sobre Derechos del Niño[28] dispone que la administración de justicia promueva la integración del joven en la sociedad.   Habiendo ratificado la Convención, los Estados centroamericanos tienen obligación de cumplir sus disposiciones.

El gobierno Hondureño rechaza que haya  una “política de Estado” detrás de las muertes,  pero reconoce oficialmente el asesinato no esclarecido de744 jóvenes cuyas edades se ubican por debajo de los 18 años.[29]

“No se puede dar respuestas simples a problemas profundos”, manifestó Nils Kastberg, refiriéndose a las medidas tomadas por algunos gobiernos para aumentar las penas a aquellos menores de edad que cometan delitos. Kastberg hizo énfasis en la resocialización como medida efectiva para disminuir los niveles de violencia en la región.[30]

MEDIDAS EMPRENDIDAS EN NICARAGUA[31]

ACCIONES

RESULTADOS

Programa “No a la violencia”. Es un programa impulsado por la Policía Nacional  en el marco del Proyecto "Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar y sexual contra la Niñez y la Adolescencia y a la Violencia de Adolescentes Distritos # 2, 3 y 6 de Managua". Consiste en promover la reincersión de los jóvenes en situación de alto riesgo a la sociedad y se  realiza con el apoyo del gobierno, empresas, grupos religiosos, organismos internacionales y la sociedad civil organizada y la población en general. Sus ejes fundamentales, son: tregua intergrupal, familiar y social; Armisticio: Disposición voluntaria de los jóvenes de reconocer a las autoridades; Reinserción a la vida socialmente: Contempla el tratamiento de adicciones, estudios psico-sociales, educación no formal y técnica, actividades deportivas y recreativas, generación de fuentes de subempleo y reingreso a la familia y sociedad. Programa de Vigilancia Comunitaria y las Comisiones Sociales de Prevención del Delito impulsadas por la Policía Nacional. Creación de la Sección de Asuntos Juveniles en la Policía Nacional.

El 5 de diciembre de 2003, con el lema "Bríndanos una oportunidad para integrarnos a la sociedad", se llevo a efecto la desmovilización de jóvenes en situación de riesgo social del Distrito # 3, de Managua. 300 jóvenes se desmovilizaron, de los grupos: Los Tomateros del barrio Loma Linda, Los Sillones del barrio Camilo Ortega, Los del Puente del barrio San Judas, Los Dukes y Los Harris del barrio El Recreo, Los Caracas - Los Toros y Los Mongoleños del sector de los Pinolero, El grupo el Cañon, los del Parque y los del Ceibo. La Tregua se ha desarrollado en conjunto con la Policía Nacional y los Comités de Prevención Social del Delito, que ha permitido promover una baja incidencia de los 22 grupos juveniles que operan en el Distrito # 3, fortaleciendo de esta manera, la seguridad ciudadana. Suscripción de Acuerdos de Paz entre un total de 6 grupos de jóvenes que se desmovilizaron y se reinsertaron nuevamente a la sociedad para desarrollar actividades socioculturales, económicas y laborales. Varios jóvenes ex pandilleros se han integrado al Ejercito Nacional.

 

MEDIDAS EMPRENDIDAS EN HONDURAS

ACCIONES	OBSERVACIONES JURIDICAS[32]	RESULTADOS
Reforma al artículo 332 del código penal. Decreto Legislativo 117-2003. Aumento de las penas por asociación ilícita para delinquir. De 9 a 12 años de cárcel para los jefes de pandillas, y un tercio menor a los que solamente son miembros. Programa Comunidad Más Segura	Esta normativa contradice el derecho a la igualdad de las personas ante la ley, contenido en los artículos 60, 61 y 64 de la Constitución Hondureña, y violenta el Principio de lesividad y trascendencia jurídica contenido en el artículo 70 de la Constitución. Los planes de mano dura y las “leyes antimaras”, al perseguir y capturar discriminatoriamente a personas, sin necesidad de atribuirles delito alguno, violan normas establecidas en la Constitución, en la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales, como los principios de igualdad  ante la ley, culpabilidad y seguridad jurídica.	El Ministro de Seguridad de Honduras, en una entrevista, aseguró, que los secuestros han descendido, de 47 casos en 2000 a 9 en 2003. Los robos de automóviles han bajado en un 25% durante el mismo período. Hasta que se efectuaron las reformas al Código Penal, prosiguió, la dependencia realmente no había logrado hacer mella en asesinatos relacionados con pandillas. Se arrestó a miembros de estos grupos, indicó, pero usualmente eran liberados 24 horas después, debido a que las víctimas no se presentaban a entablar cargos. La nueva ley, explicó, le ha dado a la policía mayor influencia para combatir a las maras. Asimismo, él rechaza acusaciones de abusos sistemáticos. El presidente hondureño, Ricardo Maduro, estima que aproximadamente mil pandilleros han huido de Honduras desde que empezó la aplicación de las severas medidas de Mano Dura. Activistas por los derechos humanos afirman que esa cifra es mucho más elevada[33]. La masacre ocurrida en la Ceiba, el 5 de abril de 2003, dejo un saldo de 69 mareros muertos.  Las autoridades informaron que fue un motín y un enfrentamiento entre bandas.  La Fiscalía Especial de los Derechos Humanos acusó a 51 personas de la masacre.  Según esa institución los libros de novedades del penal fueron alterados y los registros de comunicaciones adulterados para obstruir las investigaciones[34]. Ninguno de los acusados fue capturado ni procesado. El incendio ocurrido en la Cárcel de San Pedro Sula, el 17 de mayo de 2004, en el área donde dormían integrantes de la MS, dejo un saldo de más de un centenar de muertos.  Según las autoridades el incendio fue provocado por un corto circuito.   Algunos sobrevivientes del incendio afirmaron que la policía acordonó el lugar para que nadie escapara y ordenó disparar al que intentara hacerlo. Son ineficaces, porque no se han  reducido los índices de violencia y criminalidad; por el contrario, generan más violencia al incrementar el odio e intolerancia hacia jóvenes de pandillas y dejan impunes los crímenes que efectivamente cometen algunos miembros de tales agrupaciones[35].

MEDIDAS EMPRENDIDAS EN EL SALVADOR

ACCIONES	OBSERVACIONES JURÍDICAS[36]	RESULTADOS[37]
Plan Mano Dura.  23 de julio de 2003. Súper Mano Dura.  30 de agosto 2004. Ley Anti maras.  Aprobada el 9 de octubre de 2003, con vigencia inicial de 6 meses.  Declarada inconstitucional  el 1 de abril de 2004.  “Ley para el Combate de las Actividades Delincuenciales de Grupos o Asociaciones Ilícitas Especiales”.  Decreto Legislativo 305, aprobado el 1 de abril de 2004.	El interés electoral tergiversa el contenido y los alcances del anteproyecto de ley contra las pandillas y lanza serias dudas sobre su efectividad. Aparte de estar muy mal redactado, cae en el ridículo. Por ejemplo, el legislador reconoce la existencia de un “grupo” integrado por una sola persona. Se plantea como una ley penal de carácter especial y temporal, lo cual está fuera de uso en el Derecho vigente. Define a los delincuentes con tal amplitud que las sanciones pueden aplicarse, en la práctica, a cualquiera, a discreción de la autoridad, lo cual tampoco se permite en el Derecho actual. Una mara, el objetivo del anteproyecto, es definida como un “grupo” de dos o más personas, que se reúne habitualmente, que reconoce un territorio como propio, que se identifica con determinadas señas o símbolos, en particular cicatrices o tatuajes, en el cuerpo. Cualquiera comprende que estos criterios se aplican a cualquier asociación u organización social, deportiva, cultural o religiosa -aparte que no es necesaria la concurrencia de todos los criterios, basta conque la autoridad identifique a uno-. El principio de responsabilidad del Código Penal no permite castigar a quien no ha cometido delito. Es decir, la prisión, el arresto y la multa no son aplicables a una pandilla, porque una persona jurídica no puede cometer un delito -excepto en el caso de las corporaciones y de delitos financieros-. La mara ni siquiera es persona jurídica. Si la ley castiga el ser miembro de una pandilla, también debiera castigar la pertenencia a ciertas sociedades anónimas. El gobierno acusa a las pandillas de alterar el orden público y atentar contra el decoro y las buenas costumbres. Pero esto último no es norma jurídica por ser meramente convencional. El legislador pretende sancionar los delitos y faltas cometidos en el territorio nacional, con lo cual se queda sin fundamento para castigar a los deportados. Incluye delitos ya contemplados en el Código Penal, como el robo y la extorsión, sólo que el legislador de ARENA la llama de otra manera, pero las sanciona con menos años de prisión de los establecidos en aquél, con lo cual su “dureza” queda en entredicho. El procedimiento a aplicar a los menores de edad es confuso. Los jueces, por su lado, tienen facultad para hacer valer la primacía del tratado internacional sobre la ley secundaria. El Ministerio Público tendrá serios problemas para presentar pruebas. Los fiscales y jueces se llenarán de procesos innecesarios y retrasarán los importantes. Al final, la inmensa mayoría de los capturados será puesta en libertad por los jueces, tal como ya ocurre. ARENA pretende sancionar la posesión de armas blancas, objetos cortopunzantes o contundentes, materiales inflamables o explosivos, piedras, garrotes, corvos, hondas, pero armas de fuego. Por lo tanto, se sanciona la posesión de un objeto corriente como un encendedor; de un elemento fundamental de la fiesta popular como la pólvora; del instrumento más corriente en el campo y uno de los juguetes de todos los jóvenes del mundo, pero no las armas de fuego con las cuales se cometen la mayor parte de los homicidios. Asimismo, el legislador de ARENA pretende sancionar a quien se desnude en público, lo cual incluye a los establecimientos nocturnos; a quien coloque figuras, símbolos o marcas en las paredes públicas y privadas, lo cual incluye a los partidos políticos; tocar a otra persona, en cualquier parte del cuerpo, en un sitio público, como hacen las parejas; a quien duerme en lugar deshabitado o en el cementerio; el consumo de drogas; el vendedor de cualquier objeto que pueda ser utilizado como arma en los espectáculos públicos; quien arroje líquido, material inflamado, objetos y sustancias que ocasionen daño en los espectáculos, quien los impida o perturbe. Si las detenciones que se llevan a cabo en la actualidad son legales, qué sentido tiene pedir una nueva ley y reformas a las existentes. Si se pide es porque esas detenciones no se justifican desde el Derecho. Estas fallas imperdonables en un legislador moderno se deben a la ignorancia y a la incompetencia de los legisladores del gobierno de ARENA; a no ser que se acepte que han sido cometidas a propósito, para suscitar la polémica, llamar la atención sobre la pretendida mano dura gubernamental y así cumplir con el objetivo principal: presentar a ARENA ante la opinión pública como el partido más duro contra la delincuencia, para ganar popularidad, que le permita llegar a las elecciones en una posición cómoda.	19,275 personas capturadas al 30 de agosto de 2003, de las cuales 17,540, equivalentes al 91%, fueron liberadas casi inmediatamente. Entre ellas 16,191, que representan el 84%, fueron absueltas de forma definitiva, por no existir motivo alguno para su detención; 1,349, fueron absueltas provisionalmente ya que, pese a que les atribuyeron algunos delitos, no existían pruebas suficientes.   Otras 771 personas (el 4%) estaban bajo detención administrativa, pendientes de audiencia judicial, y solamente el 5% de las personas capturadas (964 personas), fueron detenidas judicialmente de forma provisional mientras se desarrolla el proceso penal correspondiente Según la Policía Nacional Civil (PNC), hay más de 16,000 pandilleros a nivel nacional, de Los cuales 1,370 ya han sido capturados a través del Plan Súper Mano Dura. Desde la implementación del plan en julio de 2003, la PNC ha capturado a más de 11 mil pandilleros. De éstos, un 5% han sido procesados y condenados. La mayoría han sido puestos en libertad por falta de pruebas y otros continúan en el laberinto judicial.[38] Cuando la primera fase del plan antimaras se encontraba a mitad de su implementación -mediados de agosto-, habían sido ya detenidos casi 900 pandilleros. La cifra “soñada” por Francisco Flores -mil detenciones-, cerca ya de alcanzarse, debía transmitir a la población la imagen de la eficacia inmediata de la “mano dura”. Pero la complejidad del problema es mayor que lo que se quiere hacer creer. El único logro real hasta el momento -tras descomunales operativos que han movilizado a buena parte de los efectivos de la PNC, del Ejército y de la Fiscalía General de la República- es que algún municipio viviera al menos veinte días seguidos sin lamentar ningún homicidio. Por otro lado, cuando los capturados han pasado de las bartolinas a las manos de la justicia, los jueces no han tenido más opción que absolverlos por falta de pruebas y dejarlos libres. La mayoría de los arrestados han sido detenidos ilegalmente, sólo por el simple hecho de “parecer sospechosos” a los ojos de las fuerzas de seguridad. Hasta el momento las cifras resultan alarmantes: de cada diez mareros detenidos, siete han tenido que ser puestos en libertad, lo que es una muestra de la ineficiente labor policial, en la que abunda más el voluntarismo político de sus altos dirigentes que el deseo de realizar una verdadera labor profesional, exigente y respetuosa con la Constitución y las leyes.

 

MEDIDAS EMPRENDIAS EN GUATEMALA

ACCIONES[39]	OBSERVACIONES JURIDICAS[40]	RESULTADOS[41]
El Partido de Avanzada Nacional (PAN) presentó la iniciativa de ley 2896,  que pretende reformar el decreto No. 1773 del Congreso,  Código Penal, adicionando un nuevo articulo (396bis), con el texto: "cometen delito de asociación para delinquir quienes, con fines de realizar delitos o faltas contra las personas o bienes de los mismos, mediante asociaciones o grupos de hecho, por medio de instigaciones, o conspiraciones de hechos violentos amenazaren o violaren los derechos de los habitantes de la República".   El PAN presento la iniciativa de ley  3154, Ley Antimaras El Partido Patriota, presento la iniciativa de ley 3189, Ley para prevenir, controlar y erradicar las pandillas juveniles, agrupaciones ilícitas y delincuencia organizada. La Alianza Nueva Nación (ANN) presentó la iniciativa de Ley 2912 para la erradicación de conductas transgresoras de la ley penal, mediante la asociación de niños y adolescentes en pandillas juveniles. El Ministerio de Gobernación, a través del a PNC, efectúa operaciones antimaras. Programa Prevención de la violencia, impulsado por el Consejo Nacional de Prevención del Delito (CONAPREVI).	Las iniciativas de ley de los partidos de Avanzada Nacional  y Patriota recibieron dictámenes desfavorables por la parte de las comisiones de Gobernación y del  Menor y la Familia del Congreso. Los dictámenes expresaron que dichas iniciativas contenían inconstitucionalidades, que los nuevos contenidos podrían ser incluidos como reformas en el Código Penal vigente sin necesidad de crear nuevas leyes, y que contenían preceptos que institucionalizarían conductas delictivas dentro de los cuerpos de seguridad[42]. El diputado Jorge Luis Ortega, presidente de la Comisión del Menor y la Familia del Congreso, indicó que es necesario conocer que la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia define “niño” a la persona de 0 a 12 años y 12 meses; mientras que de 13 a 18 son adolescentes y para el efecto ya están establecidos los juzgados. "La Constitución es clara de que los menores son inimputables, por supuesto que no comparto el hecho de que haya pandillas juveniles" dijo, e indicó que la magistrada de Menores, señaló que en la actualidad sólo hay arrestados 60 menores de edad. "En esos países se hicieron esas leyes y se llevaron muchos menores a las cárceles quienes sufrieron y en varios casos fallecieron a causa de la situación al interior de los penales" dijo el congresista. Recientemente fue presentada otra iniciativa de ley por el legislador, que pretende crear la Secretaría Nacional de la Juventud, para lograr establecer foros municipales y departamentales de juventud.	El Ministerio Público informó que inició procesos contra no menos de 500 pandilleros detenidos en las últimas semanas. Según la fiscalía, a la mayoría se les sindica de asesinato, asalto, robo y tráfico de armas y drogas. La fiscalía metropolitana trabaja intensamente en las consignaciones de los mareros mayores de edad, mientras que los menores han sido puestos a disposición de la magistratura correspondiente, toda vez que por su condición no se les reconoce como delincuentes sino como transgresores de la ley, se indicó. La Policía Nacional Civil ejecuta operativos masivos en los barrios donde operan las maras.  Algunas medidas han sido el cierre de barrios (como El Gallito y La Limonada), para evitar fugas. Se han producido masacres de mareros, hasta ahora no esclarecidas. Construcción del Polideportivo 4 de febrero, en México, Guatemala.

CONSIDERACIONES FINALES

Centroamérica es una región joven no sólo en su surgimiento histórico, sino en sus procesos políticos, sociales y económicos, pero especialmente es joven porque su población mayoritaria así lo es. En todos los periodos históricos del planeta, la juventud es, ha sido y será el motor del desarrollo, el relevo generacional político, científico, profesional y económico, la continuidad histórica. Los verdaderos estadistas, con visión de futuro y compromiso de nación,  priorizarían en sus programas de gobierno la educación, la salud, la generación de empleo y cualquier otro tema que beneficiara fundamentalmente a los jóvenes.

El desafío de construir y consolidar la democracia es infinitamente mayor a un cese al fuego.  Después de la firma de la paz, la región enfrenta desafíos sociales de mayores dimensiones que el anterior conflicto armado.  La historia reciente demuestra que la pobreza es el peor enemigo y la verdadera amenaza de la democracia. Para enfrentar esta amenaza se necesitan Estados fuertes con políticas sociales dirigidas a los jóvenes.

La inseguridad pública es uno de los mayores retos que enfrentan los gobiernos de la región.  Garantizar el orden público y la seguridad ciudadana es un asunto prioritario,  pero de ninguna manera a costa de violaciones de los derechos humanos y de respuestas represivas que afectan a la democracia y a los grupos más vulnerables de la población, especialmente a los jóvenes marginados y excluidos.

Si bien es cierto que las maras han incrementado sus acciones violentas, que han cometido delitos y que hay que procesar a los involucrados en crímenes y otros actos vandálicos, más cierto es que el Estado tiene la obligación de aplicar la ley por igual, sin privilegios ni diferencias de ningún tipo, en estricto cumplimiento de la Constitución Política y los tratados internacionales.  Es inaceptable que mientras los mareros son encarcelados masivamente, otros delincuentes, “de cuello blanco”, gocen de privilegios dentro de las cárceles o estén en libertad.

Se debe distinguir las amenazas a la seguridad nacional de los problemas sociales que enfrenta la región. Tratar de involucrar a las maras con el terrorismo es irresponsable, porque justifica la militarización para atender temas que deben ser atendidos por la correcta aplicación de la justicia y con las políticas sociales del Estado.

La situación actual impone la priorización de acciones preventivas y evitar el desgaste de inútiles soluciones  paliativas, como las políticas de mano dura o superdura, que han sido ineficaces en el combate a la delincuencia, la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico y otros peligros. Resolver eficazmente con realismo y responsabilidad es imperativo.

Los medios de comunicación deben jugar un papel más ético y objetivo en el tratamiento del tema.   Un joven con tatuajes no es necesariamente un delincuente o un criminal.   El enfoque objetivo, profesional y educativo del tema ayudará a una mejor interpretación del fenómeno de las maras por parte de la sociedad en general.

Utilizar el miedo de la población y la situación de inseguridad que vive la región para realizar campañas políticas electorales,  prometiendo medidas de mano dura o cero tolerancia para los mareros, no sólo es ilegitimo sino demagógico, en tanto el Estado no sea capaz de reconocer las causas estructurales de los problemas y articular soluciones sostenibles.  Por el contrario, con urgencia, deben elaborarse políticas  públicas destinadas a brindar a los jóvenes centroamericanos más oportunidades en el ámbito social, es decir, generar empleo, educación, salud y vivienda digna.

Detener inmediatamente un mayor derramamiento de sangre, aplicar la justicia enérgicamente y garantizar que la nueva generación de jóvenes no engrose las filas de la delincuencia, es obligación ineluctable de los gobernantes centroamericanos.

La seguridad de la población en general y la protección de los derechos humanos es compromiso prioritario e ineludible de los gobiernos y son condiciones sine qua non de cualquier estado democrático. La falta de cualquiera de estas condiciones provoca desequilibrio, perdida de legitimidad e ingobernabilidad, y nos coloca frente un nuevo conflicto de proporciones imprevisibles.

- Documento elaborado por  el Centro de Estudios de Guatemala, octubre de 2005

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