“Hay preocupación creciente por los problemas asociados a la producción, el tráfico y consumo de drogas en América Latina.  Ellos afectan la calidad de vida de la población, están ligados a formas de exclusión social y debilidad institucional, generan mayor inseguridad y violencia, y corroen la gobernabilidad en algunos países...”[1]

INTRODUCCIÓN:

Aunque el consumo de plantas naturales como la mariguana, la coca o la amapola, se remonta a ancestrales costumbres de diferentes civilizaciones en el mundo entero, como las de los aimaras y los quechuas en el Altiplano Sudamericano o los chinos en Asia, no es sino en el siglo XX que estas plantas se convierten en la materia prima de lo que actualmente constituyen por definición internacional, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Ni los milenarios chinos, ni los ancestrales pobladores del Altiplano Sudamericano, pudieron imaginar que esas plantas utilizadas por ellos con propósitos medicinales y otros usos domésticos, se convertirían muchos siglos después no sólo en una poderosa arma que destruiría millones de vidas, sino en el negocio más rentable y con una creciente clientela a lo largo y ancho del planeta.

Como todo lo que se consume es por definición una mercancía, con el consumo de estas sustancias nace y se desarrolla consecuentemente la industria y el comercio de las mismas.

Un sinnúmero de factores se aglutinan para facilitar y proteger el trasiego ilegal de las drogas, pero especialmente la débil institucionalidad y la fuerte tendencia a la corrupción de los Estados centroamericanos se han convertido en los mejores aliados de los traficantes.

La pobreza en que se encuentran sumidos los países centroamericanos, y especialmente la gran tasa de desempleo, son otros factores que han convertido a miles de personas en instrumentos del narcotráfico, que les ofrece ganar dinero fácil y rápidamente.

La comercialización de las drogas dejó de ser una simple transacción mercantil entre productores, intermediarios y consumidores.  El negocio prosperó y se ha diversificado ampliamente, abarcando un sinnúmero de actividades ilícitas que van desde las más sencillas como el tráfico de personas, trafico de ganado, robo de vehículos, compra de tierras para diversos fines (pistas de aterrizaje, bodegaje y otros), hasta otras más sofisticadas como el blanqueo/lavado de dinero, financiamiento electoral, financiamiento de grupos armados y crimen organizado (y por lo tanto compra de armamentos), compra de autoridades de todo tipo y de todo nivel, todo dentro del marco de gran impunidad y corrupción que caracteriza a los Estados centroamericanos.

Lo que existe actualmente y que se denomina narcotráfico es un sistema bien estructurado, que forma parte de una extensa red de negocios ilícitos, organizado de manera jerárquica, con recursos e ingresos similares o mayores a los presupuestos nacionales de cualquier Estado centroamericano, con infinitas redes comerciales y políticas, pero, más peligroso aún, con una creciente base social, que sumida en la extrema pobreza y el abandono estatal, no tiene más alternativa que cooperar con el narcotráfico.

Los carteles de la droga son verdaderas organizaciones que funcionan como una especie de transnacionales, con centrales, sucursales y miles de miembros en diferentes partes del mundo que trabajan para ellas.

Para analizar el fenómeno del narcotráfico es imperante abordar el tema de la institucionalidad en Centroamérica.  La debilidad de la última es la fortaleza de la primera.


EL NARCOTRÁFICO: CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE CENTROAMÉRICA

 “Al constituir la economía de la droga una actividad ilegal altamente rentable, los sobreprecios de sus productos incitan al riesgo y la corrupción, a transacciones fuera de la ley y “sistemas de justicia” por propia mano.  Esto se traduce en el incremento de la delincuencia y la violencia y conduce a cambios negativos en los comportamientos culturales: la valorización del éxito fácil y rápido y la consiguiente desvalorización de la educación y el trabajo como mecanismos tradicionales de ascenso social y la mayor socialización de formas violentas para someter a terceros y cobrar cuentas”[2].

En Centroamérica, el uso de las drogas se generaliza especialmente entre los jóvenes, durante los años sesenta y con más fuerza en los setenta.  Las más comunes de la época eran la famosa mariguana (cannabis sativa), y poco a poco se van introduciendo otro tipo de sustancias más dañinas, como el LSD y la heroína, y más recientemente la cocaína y sus derivados.

Los años sesenta y setenta son en todo el mundo una época de crisis, en la que los jóvenes expresan su rebeldía a diferentes eventos, como la guerra de Vietnam.  Aparecen en esta época los grandes grupos de rock, cuyos líderes son grandes consumidores de droga.  Muchos de ellos murieron por sobredosis (Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, etc.).  Aunque el contexto mundial de esa época tuvo influencia sobre los jóvenes de la región, el consumo no fue masivo y era generalmente de mariguana.

Como en todas las épocas de la historia, las grandes masas de jóvenes, generalmente con problemas familiares, sin empleo, expulsados de los diferentes sistemas sociales, son presas fáciles de los vicios y delitos.

Probablemente, los conflictos armados de los ochenta apartaron de Centroamérica a las redes de narcotraficantes, que utilizaban otras rutas caribeñas para su negocio.  Es a partir de los años noventa que el narcotráfico se instala en Centroamérica, no sólo con el objetivo de utilizar la región como una ruta de trasiego, sino que a partir de esa época el consumo se masifica y en consecuencia aparecen las primeras redes de expendedores de drogas sintéticas más dañinas, como la cocaína, el crack, el éxtasis y otros, y aparecen los carteles de la droga.

No es casualidad que el narcotráfico se haya establecido en Centroamérica, precisamente al inicio de los noventa, ya que en esa época se inauguran en la región una serie de eventos políticos, sociales y económicos que propiciaron su enraizamiento.

Aunque ese periodo marcó la finalización del conflicto armado y el inicio de una era de “paz y desarrollo”, pareciera que tal afirmación sólo quedó escrita en los Acuerdos de Paz firmados entre las partes en conflicto.  En los últimos 15 años, la región cambió su apariencia de conflicto armado a conflicto socioeconómico.  La implantación del modelo neoliberal impuesto por los organismos financieros internacionales, que tenían el objetivo de “democratizar” con sus políticas económicas los países posconflictos de Centroamérica, fracasaron, creyendo que el crecimiento económico resolvería todos los problemas.

Crecimiento macroeconómico sí, reducción de la pobreza y la desigualdad no.  Apertura comercial sí, incentivos al mundo rural, no.  Incentivos fiscales a la agroexportación sí, evasión fiscal sí, recaudación eficiente, proporcional y para todos, no.  Establecimiento de maquilas sí, empleo decente no.  Privatización de servicios públicos, sí, acceso universal a la educación y a la salud, no.  Esta es la tónica general de las políticas neoliberales en Centroamérica.

Miles de personas perdieron su empleo formal durante los procesos de reducción del Estado y de privatización de las empresas estatales de servicios básicos, pasando a engrosar las ya grandes listas de los subempleados, es decir, de los que trabajan en cualquier cosa: limpiando carros en los semáforos, vendiendo cualquier cosa en las calles o simplemente esperando un milagro en sus casas. 

Los jóvenes y las mujeres son los principales afectados por estas políticas.  Miles de jóvenes ingresan en las maras, el narcotráfico y el crimen organizado, buscando familia y empleo.  Las mujeres, que en casi todos los países de Centroamérica constituyen la mayoría de la población y además son también en un buen porcentaje jefas de familia, no tienen empleos formales y sobreviven de cualquier manera.

“Dada la rentabilidad de la economía de las drogas ilícitas en todos los niveles, los actores involucrados en el tráfico incluyen desde grandes carteles hasta microtraficantes que abastecen directamente al consumidor local.  En el nivel local la microventa se ha convertido en práctica difundida, con creciente participación de mujeres de bajos ingresos”.[3]

La otrora clase media de los setenta, empobrecida por la falta de empleos y prestaciones sociales, se convirtió en pocos años en una clase pobre sin ingresos suficientes para sostener decentemente a sus familias.  Muchos de ellos se han visto obligados a emigrar hacia Estados Unidos para poder enviar algo de dinero a sus familias.

Los Índices de Desarrollo Humano de Centroamérica se ubicaron en la lista elaborada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sólo por encima del más pobre de América: Haití.  La lucha por la sobrevivencia se convirtió en el nuevo paradigma de las familias centroamericanas.  Con el ingreso que los centroamericanos perciben es imposible pagar la renta de la vivienda, comprar la canasta básica, pagar las facturas de agua, electricidad, teléfono, y además pagar las cuentas por enfermedades -generalmente previsibles- o pagar un colegio decente para los hijos.  En esa situación, la búsqueda de un empleo que genere dinero fácil y rápido es una opción altamente tentadora.

El mundo rural se ve afectado en mayor medida, dado que las políticas neoliberales no sólo han diezmado la clásica agricultura de autoconsumo de los campesinos pobres, sino que los ha obligado a convertirse en obreros agrícolas de los grandes terratenientes o han tenido que emigrar a las ciudades para emplearse en cualquier cosa.

El sector agrícola en Centroamérica continúa siendo uno de los principales integrantes del PIB y una fuente importante de empleo y divisas en la mayoría de sus países.  Pese a su importancia, el sector actual ofrece pocas opciones a los pobres rurales para salir del círculo vicioso de pobreza y degradación de los recursos naturales.  Como consecuencia, Centroamérica sigue siendo un bolsón grande de pobreza rural en América Latina, con indicadores de pobreza cercanos a los que registran las regiones más subdesarrolladas del mundo[4].

El Estado se redujo y disminuyo sus funciones y obligaciones constitucionales “en países donde sólo el 30 % de los adolescentes están en la escuela (El Salvador) y en otros donde sólo están menos del 15 %, como en Guatemala y Honduras (contra el 64% y el 70 % en Costa Rica y Panamá, respectivamente)[6]. 

CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS Y BÁSICA VITAL[7]
Canasta Básica: alimentos y bebidas
Canasta Básica Vital: vestuario, vivienda, educación, salud, transporte, etc.

Según la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), “un obrero nicaragüense que gane salario mínimo tiene que trabajar 14 horas para comprar un kilogramo de carne, mientras que un panameño debe laborar 2.5 horas para adquirir este producto; en Guatemala, un operario industrial debe laborar 40 horas para comprar un uniforme escolar de primaria y en Panamá 6 horas; un trabajador de este status en Nicaragua tiene que trabajar 25 años para comprar un auto japonés nuevo, en Honduras 22 años, en Costa Rica, 8 años, y en Panamá 4 años”.  [8]

Aunque los economistas neoliberales pregonan el crecimiento de las economías regionales, la realidad es que actualmente, la economía centroamericana se sostiene en un gran porcentaje por las remesas que envían las miles de personas que han emigrado, fundamentalmente a Estados Unidos, en busca de trabajo para sostener las necesidades básicas de sus familias.  Sin embargo, la emigración, aunque ha resuelto en cierta manera el problema económico familiar, ha roto las estructuras sociales no sólo de las familias afectadas sino de las comunidades y de los países.

 “….El tercero, y sin duda el más importante, de los procesos que habían contribuido al mejoramiento económico del barrio era el tráfico de drogas.  …Un bodeguero podía esperar recibir entre 200 y 1,000 córdobas (15-70 dólares) por el servicio de esconder la droga en su casa, dependiendo de la cantidad y del tiempo en que la mantenía oculta.  Los muleros tenían altos márgenes de beneficio.  De cada piedra comprada en 500 córdobas sacaban 160-190 tuquitos, dependiendo de la habilidad del mulero para cortarla y de cuántas guardaba para su propio consumo.  Con estos pedacitos hacían 80-95 paquetes.  Vendiéndolos a 10 córdobas cada uno el beneficio neto por cada inversión de 500 córdobas era de unos 300-450 córdobas (22-32 dólares), teniendo que descontar 12 córdobas por el papel de aluminio y 5 más por bolsitas plásticas para envasar.  En la base de la pirámide un mulero podía ganar entre 5,000-8,500 córdobas (350-600 dólares) por mes, dependiendo del volumen de ventas y de las otras actividades relacionadas con el negocio que realizara”.[9]

Otros fenómenos económicos, como Tratados de Libre Comercio y el Plan Puebla Panamá, entran más recientemente en el panorama socioeconómico de la región, y aunque sus defensores proclaman que el libre comercio será la solución a todos los problemas económicos y sociales de Centroamérica, muchos expertos consideran que aunque algunos se verán beneficiados, los pobres, que son la mayoría, serán más pobres.

“Actualmente, el nueve por ciento de las familias de Nicaragua, un 16 por ciento de las de Guatemala y un cinco por ciento de las de El Salvador viven de la producción de alimentos como el maíz, arroz, frijol y la carne de pollo y res.  Cuando caigan los aranceles de estos productos, estas familias experimentarán una reducción de sus ingresos y nivel de vida si no son protegidas, según un estudio del Banco Mundial.  El documento muestra que muchos campesinos se verán perjudicados por la supresión de aranceles, puesto que la entrada de alimentos norteamericana hará caer los precios”.[10]

“Juan no entiende qué es la globalización, pero de tiempo atrás a la fecha, se ha dado cuenta que le resulta más caro producir su maíz que comprar el importado de Estados Unidos.  Éste sería un escenario futuro, en el que un 53.3 por ciento de los hogares del área rural, necesitarán de apoyo estatal para diversificar su producción a productos más rentables, o de lo contrario, podrían ocurrir masivas migraciones a los centros urbanos, propiciadas por el impacto que causaría la vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con EE.UU.  (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés).  Lo anterior es una de las conclusiones del estudio “Los posibles efectos de la liberalización comercial en los hogares rurales centroamericanos a partir de un modelo desagregado para la economía rural: caso Guatemala”, patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  Marco Antonio Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IDIES) de la Universidad Rafael Landívar (URL), señala que 659 mil 922 hogares rurales, que aún cultivan granos básicos para su autoconsumo, necesitarán de algún tipo de subsidio o transferencia para enfrentar los cambios que traería el DR-CAFTA.  La mayoría de estos hogares se ubican en el suroccidente y noroccidente del país, y registran los mayores niveles de pobreza”.[11]

Así las cosas, el narcotráfico entro fácilmente en el territorio y en los hogares centroamericanos, se apoderó de funcionarios de todo nivel, de políticos inescrupulosos y por supuesto del negocio más lucrativo de todos los tiempos.

CENTROAMÉRICA Y EL NARCOTRÁFICO: UNA ALIANZA PERFECTA

“…América Central, México y el Caribe occidental se han convertido en el principal corredor por donde los grupos transnacionales que trafican con drogas ilícitas transportan casi el 92 por ciento de los envíos de cocaína sudamericana que entra en Estados Unidos… en la década transcurrida los grupos colombianos y otros, junto con "grupos locales aspirantes" han consolidado su dominio del comercio de las drogas ilícitas en América Central, provocando un aumento general del crimen, la violencia y la corrupción, que están erosionando las "frágiles" instituciones democráticas de la región….Debido a su limitada capacidad para aplicar la ley y sus fronteras porosas, los traficantes encuentran en América Central un ambiente para operar con bajo riesgo y una base de operaciones conveniente para preparar los embarques a México"[12]

Desde inicios del siglo XIX, Centroamérica sostiene una lucha para fortalecer las frágiles instituciones de sus Estados y enfrentar con más recursos las continuas amenazas que surgen constantemente.  Los procesos han sido desiguales, diferentes y complejos según las características propias de cada país.

Pocos son los avances y muchos los estancamientos y retrocesos.  Dictaduras, golpes de Estado, conflictos armados, disputas territoriales, desastres naturales, economías pobres y eternamente dependientes, sociedades civiles débiles, organizaciones sociales intimidadas, poderes económicos y clases políticas que no acaban de asumir su papel histórico, son entre otros, algunos de los problemas con los que se ha enfrentado la región en los últimos años.

La instauración de un verdadero Estado de Derecho con instituciones fuertes, es todavía un deber pendiente, que no parece estar en las agendas nacionales de Centroamérica.

La firma de los Acuerdos de Paz, después de los cruentos conflictos armados en varios países de la región, durante los años ochentas, encendió de nuevo la esperanza de fortalecer la institucionalidad.  Se creyó que finalmente se avanzaría con paso firme y con rumbo cierto hacia el tan ansiado estado de Derecho.  Esto sigue pendiente.

Mientras en algunos países, como Nicaragua, las instituciones fueron prácticamente refundadas, como en los casos del ejército, la policía nacional y/o el organismo judicial, en otros países sólo se dio un “reciclaje”, es decir una fusión de las antiguas instituciones con un maquillaje nuevo, con otro nombre, pero manteniendo en el fondo las mismas estructuras, el mismo personal y, peor aún, los mismos vicios estructurales.

“...  El segundo tema considerado es la amenaza del narcotráfico.  Como es natural, la importancia que los líderes latinoamericanos asignan a este factor está directamente ligada al grado de desarrollo que tiene el fenómeno en sus respectivos países.  Sin embargo, casi todas las opiniones recogidas confluyen al señalar que el narcotráfico implica un doble desafío.  Es un desafío directo porque intenta controlar parte del aparato estatal y partes significativas del territorio, al tiempo que crea fuertes incentivos para el pasaje de la economía formal a la informal.  El narcotráfico crea asimismo desafíos indirectos, entre los que los consultados destacan dos.  El primero es que, al atraer la atención del gobierno de Estados Unidos, genera nuevas formas de presión externa que limitan aún más la esfera de acción de los gobiernos nacionales.  El segundo tiene que ver con la corrupción: el 'dinero sucio' tiene efectos devastadores sobre el comportamiento de una parte de los dirigentes políticos y sobre el funcionamiento de las instituciones.”[13]

A finales del Siglo XX, el narcotráfico en Centroamérica era una referencia cinematográfica, filmada en Colombia y cuyo actor principal era un joven nacido en una villa miseria de Cali, llamado Pablo Escobar, que de pobre había pasado a ser rápidamente uno de los hombres más ricos y poderosos del continente.

En esa época, finales de los ochentas, ya se sabía que la droga circulaba en el Atlántico centroamericano, empobrecido y abandonado por los gobiernos de turno.  Se sabía que en algunos departamentos fronterizos de Guatemala, como Petén, Chiquimula, Zacapa, Izabal o San Marcos, el asunto era tan fuerte que en algunas de esas regiones se habían establecido carteles de la droga, como el de Zacapa, en el departamento del mismo nombre, y el de Sayaxché, municipio de Peten.

Centroamérica en general es una región que posee una posición geográfica que ha servido como puente natural entre América del Norte y América del Sur para infinidad de propósitos.  Muchos de los eventos que han afectado negativamente a la región han tenido que ver directamente con la falta de clases políticas que defiendan los intereses nacionales y antepongan a sus intereses particulares el interés común.

“Documentos de organismos ligados al combate del narcotráfico evidencian la existencia de una estructura y un poder operativo casi intacto de los carteles de la droga, cuyos líderes supieron aprovechar la larga inacción del gobierno en su contra para consolidarse y extender sus dominios[14].

A partir de los años noventa, el narcotráfico decide cambiar sus rutas originales (El Caribe) por la ruta centroamericana. 

El negocio del narcotráfico esta íntimamente ligado al crimen organizado, es decir, todo constituye una variedad y unidad de negocios: tráfico de armas, robo de automóviles, tráfico de migrantes, tráfico de ganado, compra de tierras, tráfico de menores, prostitución, más recientemente, el tráfico de influencias y, por supuesto el lavado de dinero en grandes escalas.

Es clarísimo que sin la tolerancia estatal las redes del narcotráfico no podrían operar y mucho menos consolidar espacios delictivos en los territorios nacionales, porque el narcotráfico no es una amenaza externa a los Estados centroamericanos, sino un peligro interno, que opera y se consolida a la sombra de la frágil institucionalidad, de la corrupción y de la falta de transparencia de los mismos.

Crimen organizado, narcotráfico y demás ramificaciones son poderes ilegales, mal llamados ocultos porque son ampliamente conocidos los nombres, lugares y negocios que manejan.

El aumento de los índices de criminalidad, de violencia en todos los niveles y de corrupción estatal, y la aparición de grupos fuertemente armados, no deben considerarse como casuales; por el contrario, forman parte de la combinación perfecta para que el narcotráfico pueda operar y consolidar su dominio en el territorio centroamericano.

Los efectos de esos fenómenos vinculados al narcotráfico han sido catastróficos para la región en todos los sentidos.  No sólo se vive un clima de inseguridad inédito, en el que miles de personas se han visto afectadas de alguna manera, sino que las instituciones encargadas de velar por la seguridad no sólo de los ciudadanos sino de la Nación en general, se han visto involucradas con el narcotráfico, en detrimento del estado de Derecho y favoreciendo a los grandes intereses del crimen organizado.

“Ellos, los narcotraficantes, para poder operar con mayor efectividad necesitan información de los aparatos del Estado que luchan en contra de la narcoactividad”…los narcotraficantes buscan cómo obtener información que consideran vital, a través de amistades, ya sea directa o indirectamente...  Hay que estar claros de que una de las principales características del crimen organizado es buscar información que les permita proteger sus actividades...  Los narcos necesitan tener influencia en el Poder Judicial para obtener fallos favorables; en Aduanas para no ser perseguidos; en Migración para obtener documentación falsa, y en el Ejército y en la Policía para conocer los planes operativos en contra de la narcoactividad...”[15]

Para combatir el flagelo del narcotráfico y sus efectos colaterales mencionados anteriormente, los gobernantes de la región han tomado medidas claramente equivocadas y sin resultados positivos.  Todas las informaciones de analistas y expertos en la materia coinciden que en general no hay resultados, en tanto el flujo de la droga sigue su cauce normal y el consumo en Estados Unidos continúa en niveles normales y cada vez en aumento.

Ni las fumigaciones en cultivos de amapola (caso Guatemala), las quemas de plantaciones de mariguana, ni las capturas de involucrados de muy bajo nivel en la pirámide jerárquica del narcotráfico (caso de muleros o expendedores de poco monto), son proporcionales a los recursos invertidos en este tema, en detrimento de la inversión social que cualquiera de los países centroamericanos necesita.

“Hasta la fecha, los Estados Unidos ha gastado más de 25 mil millones de dólares en programas antinarcóticos a nivel internacional, sin lograr alcanzar su objetivo de disminuir la cantidad de cocaína y heroína que entran a este país.  Sin embargo, el incremento de la guerra antidroga ha tenido repercusiones que han sido a menudo dañinas para la región.  Tales repercusiones han creado nuevas tensiones en los ya frágiles sistemas democráticos, dejando pasar por alto las tendencias abusivas de las fuerzas militares y policiales de la región”.[16]

Todos los días, en los medios de comunicación de la región, se pueden leer informaciones que muestran que el narcotráfico gana terreno y que las instituciones nacionales son incapaces de detenerlo, y menos aún de eliminarlo.  Policías corruptos, jueces que liberan a involucrados, cargas de cocaína que desaparecen de las bodegas, avionetas que aterrizan sin controles y que posteriormente son encontradas destruidas y sin la respectiva mercancía en territorios selváticos, y una sociedad violenta y pobre es el panorama permanente y favorable al narcotráfico.

“Los capitostes de la droga arrestados son reemplazados inmediatamente por otros que van ascendiendo en la jerarquía; los carteles desmantelados son reemplazados por organizaciones más pequeñas y compactas que son más difíciles de detectar y disolver.  Cuando se logra desorganizar las rutas de narcotráfico mediante intensivas campañas de interdicción, otras rutas son utilizadas”.[17]

Entre las medidas más publicitadas por los gobiernos de la región está el involucramiento de los ejércitos en la lucha contra el narcotráfico y la coordinación de acciones regionales destinadas al mismo fin.  Si bien es cierto que la coordinación es esencial en este tipo de casos, especialmente en el tema de la información, las acciones que se han dado han sido aisladas, sin coordinación y de escasos resultados, lo que confirma la tesis de que muchos oficiales de esta institución estarían involucrados con el narcotráfico.

Sin resultados sustantivos pero con nuevos recursos, entrenamientos y una renovada autoridad -de la mano del Departamento de Defensa y del Pentágono estadounidenses-, algunos ejércitos de la región han recuperado sus antiguos espacios de dominación, marcando así un retroceso en el proceso democrático de subordinación al poder civil, tan parafraseado en los Acuerdos de Paz y tan apoyado por la comunidad internacional. 

Contrario sensu, en Estados Unidos, existe el principio del Posse Commitatus (locución latina que significa poder del pueblo), acta aprobada en 1878, por la cual los militares no pueden intervenir en asuntos internos o policiales.  Dicha acta, conocida también como Ley Centinela, consiste en el control civil sobre lo militar.

“El Acta Posse Commitatus sirve, hoy en día, más bien como una “ley centinela” que sirve como una primera línea de defensa en contra de la anulación de un importante derecho constitucional.  A pesar de que el significado del Acta puede ser en gran parte simbólico, ese derecho importantísimo norteamericano que protege, el cual consiste en el control civil de lo militar, es resguardado tan arduamente por la ciudadanía civil estadounidense que sería poco sabio por parte de cualquiera de los presidentes ejerciendo el oficio de tal de amenazar por sobremanera su ley centinela”.[18]

Lo que se ha producido en Centroamérica es una militarización de áreas que el marco de los Estados democráticos correspondería a instituciones de seguridad civiles.  La creación de agencias o secciones especializadas antinarcóticas, que cuenten con el apoyo de una institución de inteligencia civil, es una de las soluciones propuestas por organizaciones de la sociedad civil que observan con preocupación el nuevo ascenso de las fuerzas armadas, que en algunos casos, como en el guatemalteco, cometieron crímenes de lesa humanidad al masacrar poblaciones civiles indefensas.

Por otro lado, el combate contra el narcotráfico, incluido recientemente en la agenda antiterrorista de Estados Unidos, se ha convertido en otro tema de alarma general, debido a las múltiples violaciones a los derechos humanos que en nombre de la lucha contra el crimen organizado se cometen, provocando una crisis adicional a la ya caótica situación de inseguridad e ingobernabilidad que vive la región. 

Miles de personas son detenidas diariamente por las fuerzas militares y policiales que “luchan contra el narcotráfico”.  Las denuncias de que la policía y/o el ejército colocan bolsitas con marihuana en los bolsillos de detenidos para justificar los arrestos son incontables.  Las cárceles están repletas de jóvenes pobres que son arrestados y puestos en prisión -sin el debido proceso- por consumo o tenencia de pequeñas cantidades de drogas.  Hasta ahora, los grandes capos que operan en Centroamérica han evadido los enormes y ruidosos operativos que las fuerzas de seguridad, encabezadas por los ejércitos, despliegan en la región.

“…la cuarta parte de la población penal a nivel nacional está condenada por delitos vinculados a estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas”[19].

Otro problema a considerar es que las garantías individuales de los involucrados en ilícitos relacionados con la producción, distribución o consumo de drogas no tienen, en todos los países, trato igual.  Son comunes las sentencias condenatorias a campesinos sorprendidos como productores de unas cuantas matas de marihuana, en tanto que los traficantes asociados con los cárteles de la droga sobornan jueces o contratan abogados, para evadir ser sancionados.  Otro tanto ocurre en el ámbito del consumo: aquellos adictos de origen acomodado cuentan con todas las facilidades para recibir tratamiento y asistencia profesional de médicos, psicólogos y psiquiatras.

“Se presume que Otto Herrera (capo de narcotráfico) escapó hace varios días del Reclusorio Sur de la ciudad de México, pero no fue hasta el viernes recién pasado cuando se detectó su ausencia.  Según miembros de la agencia antinarcótica de Estados Unidos en México estiman que Otto Herrera, supuesto jefe del cártel del Golfo, en Guatemala, habría repartido unos $3 millones entre los miembros del Reclusorio Sur, en México, para darse a la fuga".[20]

Probablemente, otro elemento preocupante en este asunto es el lavado o blanqueo de dinero que día a día cobra una importancia mayor, no sólo porque protege negocios e inversiones ilegales del narcotráfico, sino que más recientemente es utilizado para financiar campañas electorales, de candidatos de todos los niveles (a alcaldes municipales, diputados, etc.), con el fin de garantizar la impunidad del negocio y de sus lideres.

Es realmente asombroso cómo, bajo la fachada del crecimiento económico y el desarrollo en Centroamérica y bajo la bandera del neoliberalismo, libre comercio y dispensas fiscales para todo negocio, desde la década de los noventa florecen comercios, enormes y múltiples edificaciones urbanas, lujosos centros comerciales, inmensos complejos turísticos, empresas de exportación e importación, casas de cambio de divisas, compras de enormes cantidades de tierra y una multiplicidad de negocios, que sencillamente aparecen y desaparecen sin control alguno.  En general, ninguno de estos negocios proviene de préstamos bancarios y por lo general cambian de propietarios rápidamente, con el fin de no dejar rastros o huellas del blanqueo.

En 1992, las autoridades colombianas denunciaron que empresas fantasmas domiciliadas en Costa Rica, participaban en el blanqueo de cien millones de dólares por año.  Dichas empresas efectúan exportaciones ficticias de productos inexistentes comprados por narcotraficantes.  …Las primeras repercusiones importantes del blanqueo (en Guatemala) se manifestaron en los sectores de la construcción y bienes inmuebles.  A comienzos de los años noventa, los precios de las casas y materiales de construcción se dispararon.  Si, para ciertas de estas inversiones se conoce el origen de los fondos, otras están siendo investigadas por las autoridades.  Otro fenómeno detectado: la aparición, desde hace dos o tres años, de los «bancos de segundo piso».  Se trata de filiales de bancos de las islas Caimán, que se ofrecían como intermediarios para depositar dinero en los bancos-madres, proporcionando intereses mucho más altos (20%) que los demás bancos (8%).  Estos bancos no estaban sometidos a ningún tipo de control por la Superintendencia de Bancos[21].


¿PLAN COLOMBIA PARA CENTROAMÉRICA?

El Plan Colombia, una versión moderna del famoso Plan Marshall[22], fue diseñado por los entonces presidentes Andrés Pastrana y Bill Clinton, en 1998.  Originalmente se conoció como Plan Colombia para la Paz, y supuestamente era un conjunto de proyectos de desarrollo para eliminar las causas de la violencia (partiendo de la exclusión, la desigualdad y la pobreza), implementar reformas institucionales, aumentar el crecimiento económico y eliminar la pobreza.  En ese plan original no se hablaba de ayuda militar ni de narcotráfico, sino de erradicación de los cultivos de coca.

Sin embargo la idea original fue cambiada radicalmente por un plan en el que se privilegio la ayuda militar, el combate contrainsurgente y contra el narcotráfico.  Del presupuesto original, que fue aproximadamente de 7.5 millones de dólares, en 2001, el presidente George Bush lo aumentó a 380 millones hasta alcanzar actualmente más de 500 millones.  El plan, por supuesto, incluye una enorme cantidad de asesores militares, bases militares estadounidenses y una amplia gama de contratistas civiles estadounidenses.  .

Se conoce ampliamente que Colombia posee grandes recursos naturales, entre los cuales destaca el petróleo (Colombia es el séptimo suministrador de petróleo a Estados Unidos), ubicados en zonas donde la guerrilla tiene amplio dominio territorial, particularmente en el sur del país, donde coincidentemente el plan contempla un apartado especial conocido como Avanzada dentro del Sur de Colombia.

“Una cosa para destacar es que como parte del Plan Colombia dijeron que iban a construir tres bases antinarcóticos.  La primera está en el Sur de Bolívar, esta base supuestamente antinarcóticos protege un pozo petrolero de la familia Bush, la mina que están disputando los pequeños mineros con la Anglogold y la conquistador Gold Mines y el oleoducto Caño Limón Coveñas de la Oxy.  En el Norte de Santander y en Tolima pasa igual.”[23]

Muchos campesinos pobres, cultivadores tradicionales de la coca, han reclamado al gobierno de Colombia más inversión social, protección de sus cultivos, legalización de sus tierras (donde en muchas ocasiones hay recursos naturales importantes), y han denunciado que detrás del Plan Colombia se esconde una amplia cobertura para las grandes transnacionales que explotan recursos naturales de todo tipo.

Con el Plan Colombia, el país se convirtió en uno de los mayores receptores de ayuda militar del continente, con una variedad de fuerzas operando, que van desde el ejército, la policía y la guerrilla, hasta distintos grupos paramilitares de gran poderío militar.

Esta multiplicidad de fuerzas que operan sin controles en un amplio y diverso territorio como el de Colombia, ha provocado infinidad de violaciones a los derechos humanos en las poblaciones que se ven sometidas constantemente a las exigencias fundamentalmente de los paramilitares.

Crímenes de lesa humanidad al masacrar poblaciones civiles enteras, como el caso de la comunidad de pescadores ubicada en la Ciénaga Grande de Santa Martha, el 22 de noviembre de 2000, y masivos desplazamientos de poblaciones indefensas, son entre otras las violaciones de derechos humanos que se cometen con la mayor impunidad dentro del Plan Colombia.

Por otro lado, la técnica de la fumigación, mediante la cual el Plan se propone erradicar los cultivos de coca, no sólo no ha funcionado, en tanto las extensiones de cultivo se han trasladado hacia otros lugares, sino que ha dañado cultivos que nada tienen que ver con narcotráfico, perjudicando a campesinos pobres.

El último escándalo ha sido la comprobación de los vínculos de agentes de la DEA con los grupos de narcotraficantes y paramilitares, lo cual no es un asunto nuevo.  Ya desde la época de Pablo Escobar se comprobó que la CIA había trabajado ilegalmente con el grupo conocido como Los Pepes (los hermanos Castaño) para asesinar al capo colombiano, violando la ley estadounidense que establece que “cualquiera que sea la causa es ilegal aliarse con grupos criminales”.

El Plan Colombia, a pesar de la enorme inversión de recursos materiales, económicos y humanos, no ha dado los resultados esperados en tanto la producción, el tráfico y el consumo de droga se mantienen sin cambios.  Si hay un resultado claro es el fortalecimiento de las fuerzas armadas en detrimento de la inversión social y por lo tanto de las causas estructurales que originaron el conflicto armado y que cada día se agudiza más sin miras a un posible acuerdo de paz.

El 14 de junio de 2006, en la Casa Blanca, el presidente Álvaro Uribe, quien recientemente había sido reelegido para un segundo mandato que finalizará en 2010, expreso que “En los dos últimos años no hemos obtenido el resultado (inaudible) en la reducción de zonas con drogas ilegales.  Un punto que estudiamos esta mañana con el Presidente Bush es cómo acelerar la erradicación de drogas, porque es necesario que mostremos mejores resultados en este campo”[24].

Aun así, con todas las implicaciones que supone el Plan Colombia y la ineficacia evidente, estimulados por Estados Unidos, los gobernantes centroamericanos acarician la idea de repetirlo en Centroamérica.  No se sabe si lo que quieren es obtener recursos adicionales de todo tipo, mediante el involucramiento de fuerzas militares estadounidenses en territorios nacionales, que supuestamente luchan contra el narcotráfico, o proteger simultáneamente otros intereses, no sólo de las grandes transnacionales explotadoras de los recursos naturales nacionales, sino también de los poderes económicos locales. 

Centroamérica no sólo es un paso geográfico privilegiado; es una región con un potencial natural extraordinario que incluye grandes masas de agua dulce, ideal para explotación hidroeléctrica, una faja volcánica que posee un enorme potencial geotérmico, yacimientos minerales de todo tipo, reservas de bosques naturales con maderas preciosas, costas en los dos océanos principales y en algunos casos reservas petroleras sin explotar.

A inicios de 2006, el presidente Álvaro Uribe, visito por primera vez Centroamérica.  Guatemala y El Salvador fueron los países seleccionados por el reelecto presidente para lanzar sus mensajes de “integración, colaboración bilateral para el combate contra las drogas, el narcotráfico y la seguridad nacional y regional”.  Posteriormente asistió a una cumbre centroamericana en Costa Rica con el fin de negociar un tratado de libre comercio entre la región y Colombia.

“...  Debe ser importante también el desarrollo de las energías alternativas.  Hemos visto en Centroamérica experimentos promisorios, ilusionantes, tenemos las condiciones de suelo, de clima, de lluvia inmensamente propicias para producir combustibles biológicos.  …Ya hay experimentos en nuestros países de gran importancia para masificar la producción y consumo de alcohol carburante, para sustituir los combustibles fósiles, para generar alternativas de empleo, de desarrollo agropecuario, para cumplir con la variable ecológica.  Estamos dispuestos a avanzar conjuntamente en esas iniciativas, a recibir experiencias y aportar experiencias.  Vemos promisorio el futuro de nuestros pueblos en la producción de combustibles derivados de aceites vegetales, tenemos excelentes condiciones en Guatemala y en Colombia para una producción masiva de palma africana, para una oferta masiva de aceite de palma tanto, para el consumo humano como para la producción de biodiesel.  Es de gran trascendencia que podamos avanzar integrados en todos estos desarrollos”.[25]

MARCO INTERNACIONAL: CONVENCIONES Y TRATADOS

La aprobación en 1912 de la Convención Internacional del Opio fue consecuencia de la primera Conferencia Internacional de Estupefacientes, celebrada en Shangai en 1909 y conocida como la Comisión Internacional del Opio.  Se considera que dicha conferencia sentó las bases del actual Sistema Internacional de Fiscalización de Drogas.

Posteriormente, en 1925, se creó un sistema obligatorio de información y se estableció un órgano internacional independiente el Comité Central Permanente (primer antecesor de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes), cuyo objetivo era controlar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los tratados por parte de los gobiernos.  Ese enfoque sigue siendo la piedra angular del sistema internacional de fiscalización que existe en la actualidad.

Una vez creada Naciones Unidas y ante la creciente preocupación mundial por el aumento no sólo del consumo sino del tráfico ilícito de drogas, se aprueban una serie de regulaciones internacionales, tales como:

Convención Única sobre Estupefacientes, de 1961;
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, de 1971;
Protocolo de 1972 (modifica y amplia la Convención de 1961);
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.

En el ámbito interamericano, el control de estupefacientes es llevado a cabo por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), creada por la Asamblea General en 1986, la cual ejerce sus funciones en el marco del Programa de Acción de Río de Janeiro.  Como organismo superior del continente, la CICAD debe monitorear las políticas nacionales vinculadas a la lucha contra el tráfico de drogas y al lavado de dinero, teniendo como finalidad fortalecer la prevención y represión de estos delitos.

En el año 1996, se aprobó una nueva estrategia hemisférica como plataforma para un mayor esfuerzo en el control de las drogas de cara al siglo XXI. 

La misma consiste en:

Reducción de la demanda.
Fortalecimiento institucional de las Comisiones Nacionales de Control de Drogas.  Desarrollo jurídico, consistente en medidas para mejorar la capacidad de los gobiernos.
Establecimiento de una red de centros de información especializada en el tema de las drogas.
Reducción de la oferta, a través de la capacitación de los órganos de los Estados miembros, también mediante el desarrollo alternativo.
Medidas de control: intensificando los esfuerzos de intercambio de información. 

En la 2ª Cumbre de las Américas, que se celebró en Chile en 1998, se estableció un grupo de trabajo con el objetivo de crear un mecanismo para medir los esfuerzos y resultados nacionales y continentales para combatir el uso y el tráfico ilícito de drogas.

El 31 de agosto de 1999 se reunieron en Canadá (Ottawa), funcionarios de los 34 países miembros de la OEA, a fin de preparar el Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), que consta de indicadores divididos en cinco categorías principales: 1) planes y estrategias nacionales, 2) prevención y tratamiento, 3) reducción de la producción de drogas, 4) medidas de control e interdicción, 5) costo del problema de las drogas.  Los países a ser evaluados facilitarán información respondiendo a un cuestionario uniforme, así como con un documento elaborado por los respectivos gobiernos sobre la situación del problema de las drogas en su territorio, mencionando los logros, las dificultades y las áreas en las que la cooperación deberá ser fortalecida.  La CICAD adoptó formalmente este instrumento durante la reunión que se celebró entre el 4 al 7 de octubre de 1999, en Uruguay. 

Desde 1991, el Protocolo de Tegucigalpa, que instituyó el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), delineó un nuevo modelo de seguridad para la región, que señala, entre sus principales amenazas, al narcotráfico. 

Los países centroamericanos firmaron, el 29 de octubre de 1993, en la ciudad de Guatemala, el Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (CCP).  Dicho Convenio entró en vigencia el 7 de febrero de 1996 y ha sido ratificado por los seis países centroamericanos.

Por otro lado, el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, firmado por los presidentes centroamericanos el 15 de diciembre de 1995, en San Pedro Sula, concretó y desarrolló el modelo de seguridad regional de Centroamérica.  Este instrumento establece en su artículo 17: "las partes promoverán la cooperación para la erradicación de la narcoactividad, el comercio ilícito de precursores y delitos conexos, de conformidad (con) los acuerdos internacionales, regionales y subregionales de que sean parte o aquéllos que puedan suscribirse sobre esta materia, particularmente el Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana Permanente para la erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.  Con este propósito establecerán mecanismos ágiles y efectivos de comunicación y cooperación entre las autoridades encargadas de la materia".

UNA MUESTRA DE LA SITUACIÓN EN DOS PAÍSES
PAÍS: NICARAGUA

PAÍS: GUATEMALA

[12] Jonathan Farrar, Vicesecretario Adjunto de Estado, a cargo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL).  “Funcionario de Estados Unidos se refiere al narcotráfico en América Central”.  WF noticias, servicio noticioso desde Washington en español.  10 de noviembre de 2005.  wf-noticias@lists.state.gov