El Estado uruguayo de hoy es el fruto histórico de la acción de los partidos, de la presión de los lobies de dentro y de fuera del país, de la fuerza de los sindicatos y, muy excepcionalmente, de las demandas de los usuarios. Estos antecedentes hacen que contenga elementos de distinto signo. En su hora más gloriosa, impregnado de las ideas socializantes del primer batllismo y de ciertas corrientes del nacionalismo progresista, tuvo algo de “compromiso”, una suerte de empate entre intereses diversos. Una larga lucha contra el Estado “benefactor” Por una serie de razones que sería largo enumerar aquí, no resultó fácil liquidar aquel Estado bastante exitoso pese a estar hecho de retazos de batllismo, chirolas de nacionalismo, reclamos obreros, festoneado todo por unas buenas dosis de corporativismo y sostenido con el engrudo del clientelismo del que muchos políticos oficialistas resultaban beneficiarios. El hecho es que ese Estado, “condenado a muerte” por la derecha liberal, el FMI y los organismo internacionales, subsistió y aún en decadencia hasta se engulló a buena parte de sus amenazantes verdugos internos. Las resistencias de distintos signo Bajo la dictadura, los déspotas que estaban al frente del aparato estatal y de las empresas públicas no precisaban votos. Ellos gobernaban con la verticalidad y el miedo. Apoyados por políticos liberales, como el quincista Vegh Villegas, retomaron la iniciativa contra el Estado de los viejos empates. Pero en el país había resistencias democráticas que crecían. La “reforma reaccionaria del Estado” empezó a enlentecerse y cuando a partir del 80 se inició el “proceso político de transición”, el desmantelamiento estaba lejos de estar terminado. Lo vio con lucidez Búsqueda, que, con la filantropía y la bondad natural de los banqueros, de inmediato advirtió que era una imprudencia iniciar un proceso de apertura política sin haber terminado de degollar los restos del nacionalismo paternalista y corporativo que subsistía en el Estado. Para llevar adelante el plan de apertura total, sostenía, había que seguir dando leña, de lo contrario los partidarios del viejo Estado, retomarían aliento. Y así fue. Desde entonces han transcurrido nuevos lances en esta larga pulseada. El lacallismo, retomando ideas liberales y privatistas que ya eran viejas en 1903, pulsó el acelerador a fondo, pero las organizaciones populares con el FA a la cabeza, en 1992 frenaron la Ley de Empresas Públicas que daba vía libre a la privatización ilimitada. Con Sanguinetti y sobre todo con Jorge Batlle el proyecto pro-norteamericano y privatizador retomó impulso. Enfrentó resistencias tan intensas y extendidas que fueron la base de una acumulación de fuerzas políticas que después de vencer a los dos partidos tradicionales aliados al astorismo, en el referéndum de diciembre del 2003 dejó el camino abierto para la victoria electoral de la izquierda el 31 de octubre. Invertir la tendencia Después de casi 50 años de erosiones y saboteos, el Estado que recibe la izquierda sigue siendo un “Estado en transición”. El lento y corrosivo resultado de un desplazamiento hacia el achique, el “no-estar” o estar al servicio de algunas camarillas y grupos económicos. Ese es el Estado en el que están actuando y tratando de aplicar el programa de cambios nuestros compañeros. Siempre se vio la tarea histórica del FA como una resistencia y una inversión de la tendencia a la desnacionalización, a la privatización, al retiro del Estado de funciones esenciales para el cumplimiento de una estrategia de desarrollo nacional soberano y con justicia social. El gobierno del FA y el compromiso de la participación Si en 2003 algo resultaba difícil de imaginar era que un gobierno del FA y sus aliados progresistas alcanzaran, sin una instancia de negociación intensa y conocida, acuerdos para desarrollar una política económica tan bien vista por parte de las (muy descalificadas) autoridades del FMI. El factor sorpresa tiene eso. Costó despabilarse de la “novedad” que nos aguardaba atrás del árbol y que dejaba atrás tantos años de pensamiento y lucha contra un modelo económico. Por lo demás, el programa del FA no se limitaba a un compromiso de aumentar el gasto social y luchar por un modelo de país productivo, con redistribución de la renta y sin exclusión social. Incluía, como un aspecto central, lo que se denominó ‘la democratización de la sociedad y el Estado’, es decir el aumento de la transparencia y a la participación de la ciudadanía en la elaboración de las políticas públicas. Es decir, lo mismo que se impulsó durante años en el gobierno de la IMM, cuando el FA hizo suya la bandera de la participación y se impulsó la descentralización y tanto Tabaré como Arana salieron más de una vez a dialogar con los vecinos las cuestiones vinculadas al presupuesto. Constituyó una experiencia democrática única y algo debe haber tenido que ver esto con las victorias electorales que se sucedieron desde 1989. En el Presupuesto que se está discutiendo ahora en el Parlamento son muy pocos los que han participado en su elaboración. Ahora a medida que se conocen sus parámetros empiezan a aparecer, en el Poder Judicial, en FUCVAM y en distintos agrupamientos gremiales, zonas de malestar y de protesta. Para el regocijo de nuestros adversarios cumplimos con el FMI, pero ante amplios sectores de la sociedad el recorte del gasto público abrirá contenciosos especialmente agravados. Descontento reforzado por el tratamiento expeditivo y tecnocrático de decisiones que requieren de diálogo político y flexibilizaciones. Con el conjunto de la sociedad y para empezar con las propias fuerzas políticas que participan en el gobierno. ¿Las empresas públicas al derecho privado? Este anuncio parece inscribirse en una línea de acción que carece de continuidad con la línea de pensamiento histórico del FA. Una primera objeción de peso la ha realizado el Senador Korzeniak quien sostuvo que para llevar adelante los lineamientos propuestos se hace necesario modificar ¡unos 70 artículos de la Constitución! Como la propuesta se lanzó en un espacio público, sin ningún abordaje preliminar por parte de las estructuras democráticas del FA, ahora estamos discutiendo (¿al servicio de qué agenda y de qué intereses políticos?) una propuesta técnicamente descabellada. Son métodos que no ayudan. O al menos no ayudan al gobierno a mostrarse como un conjunto coherente dispuesto a conducir con energía y unidad un proceso de cambios reales. Despilfarro de fuerzas La saltearse la discusión en las estructuras democráticas del FA se está cometiendo un error que puede llegar a ser irreparable. Para llevar adelante los cambios que son nuestra razón de ser ¿el FA no tendrá que apelar al apoyo activo de la ciudadanía? Una reforma tributaria para favorecer a los trabajadores y a los más pobres a partir de gravar las grandes fortunas, al capital especulativo y a las altas rentas, ¿no hará necesario un proceso de debates nacionales, tal como ocurrió cuando se discutió (y se ganó) el referéndum en defensa de las empresas públicas o en contra de la ley de asociación para ANCAP? Sin información política y sin movilización, la tonicidad democrática de la ciudadanía languidece. El Estado desde el que se ejerce el gobierno está todavía y quizás lo siga estando por mucho tiempo, apolillado por las viejas prácticas que lo llevaron casi al colapso. El control y el saneamiento de los mandos intermedios no puede ser postergado indefinidamente. Si en zonas claves el aparato del Estado es hostil, teniendo mayoría absoluta en el Parlamento hay que sancionar las leyes capaces de remover los obstáculos. Hay resistencias a las transformaciones progresistas e igualitarias en la salud. Alguien duda que la mayoría de la población apoya los planes del gobierno en el sentido de establecer un seguro nacional de salud. ¿Qué papel puede cumplir el FA y su militancia en la difusión de estas propuestas, en la organización de los usuarios en defensa del derecho humano a la salud del que hoy están infamemente despojados? - Hugo Cores, Frente Amplio. La República, lunes 3 de octubre de 2005