Honduras

FMI y el desbalance presupuestario

Javier Suazo

21/09/2014

Opinión

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Hace más de triente años que Vito Tanzi, una especie de “dios” en materia fiscal dentro e incluso fuera del FMI, destacó la importancia de establecerle funciones al gobierno cuando se trata de formular el presupuesto de ingresos y egresos. Estas funciones, siguiendo los aportes teóricos de otro “dios”, el profesor Richard Musgrave, eran tres: a) una función de asignación de recursos; b) una función de estabilización económica y, c) una función de redistribución del ingreso.

La primera tenía como soporte la asignación de recursos a la prestación de bienes públicos de la población por cuanto el sector privado no estaba interesado en proveer; la segunda orientada a lograr la estabilidad de precios y evitar presiones de demanda causado por un mayor gasto; la tercera a través de la promoción de una tributación progresiva (pague impuestos quien más tiene) y la orientación del gasto publico a los más necesitados.

Hoy día, las funciones del gobierno guardan relación con aquellos postulados, pero el propósito fundamental es justificar la vigencia del Estado mínimo. La separación entre bienes públicos y privados solo existe en los textos de macroeconomía, la estabilización de precios (inflación baja) es un tabú monetario que sacrifica el crecimiento y desarrollo, y la reorientación del gasto publico cumple objetivos y fines de tipo ideológico y político sin que haya evidencia de un impacto positivo.

Honduras, al igual que países como Chile, Colombia, Brasil, México, para citar unos cuantos, ha concesionado bienes públicos: léase recursos naturales, ambientales, carreteras, puertos y empresas publicas, como un medio de trasladar esta función constitucional al sector privado, bancos y capital transnacional Incluso, ha ido más allá: entregar los territorios con la aprobación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que a criterio de juristas independientes funcionaran con sus propias leyes; o sea un Estado dentro de otro Estado.

La estabilidad económica busca mantener baja la tasa de inflación, en el supuesto que es uno de los principales factores para estimular el crecimiento económico a través de más inversión extranjera. Siguiendo el argumento monetarista tradicional, la política monetaria debe cumplir un rol pasivo, evitando la presencia de elementos desestabilizadores y presiones inflacionarias como ejemplo un mayor déficit fiscal y aumentos de salarios.

La función distributiva no se cumple, ya que paga más el que menos tiene; la mayoría de los impuestos son indirectos y hay gastos fiscales y evasión sin control. El bono diez mil, principal instrumento de reorientación del gasto y compensación social, no ha funcionado ya que ha sido recibido por gente que no lo necesita (33% de los beneficiarios no son pobres) y fomenta el consumismo no el ahorro.

Los personeros del FMI que están evaluando la viabilidad técnica y financiera de firmar un nuevo convenio con Honduras, esperado como “agua de mayo” por los funcionarios del gobierno, se mostraron satisfechos con la propuesta del anteproyecto de presupuesto para 2015 donde por primera vez en muchos años se contempla un recorte de 10.4% comparado con el monto aprobado ¿modificado? en 2014, lo que representa unos 2,700 millones de lempiras.

Las Secretarias de Estado más afectadas son salud, educación y agricultura; y las menos defensa y seguridad y desarrollo social ¿compensación social?, casa presidencial y la nueva burocracia aditiva: gabinetes sectoriales. Todo ello para garantizar el pago de casi 31,500 millones del servicio de la deuda, la cual representa el 17% del presupuesto total. A ello se agrega los fondos de contraparte de proyectos en ejecución ¿hay que revisar el impacto, duplicidad de acciones y recursos de los programas y proyectos antes de aprobar más impuestos?, pago de salarios y deudas con proveedores locales; las transferencias a los gobiernos locales también sufrirán recortes.

Un desafío de la política fiscal es que la suma del monto de la masa salarial y del pago por concepto de servicio de la deuda se come los ingresos tributarios estimados en 66,500 millones para 2015, dejando pocos recursos para el gasto de inversión publica, o sea unos 13,000 millones de lempiras equivalente al 7% del presupuesto total; sin inversión publica no hay ahorro, ni crecimiento económico ni desarrollo. La inversión pública genera efectos multiplicadores en el sistema económico y apalanca recursos del sector privado.

Aunque la alianza del partido de gobierno con el partido liberal en el Congreso de la Republica ya que tiene línea del Ejecutivo para votar a favor y aprobar tal como viene el presupuesto 2015, es casi imposible que el balance se sostenga, destacándose como factores explicativos los siguientes:.

El primero es que Honduras todavía no cuenta con un legislación anticorrupción que meta miedo a los “uñudos” y frene el asalto a los fondos públicos por los políticos de turno, como aquél caso de autorizar al oligopolio cementero pagar sus impuestos con bolsas de cemento repartidas entre candidatos a alcaldes y diputados por un monto de 1,000 millones de lempiras. Al parecer, el Instuto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) ha formulado una propuesta que está en el Congreso de la Republica, por lo que los diputados de oposición a la aplanadora nacional-liberal deben presentar para discusión y aprobación.

Lo segundo tiene que ver con los gastos fiscales. El presupuesto 2015 no detalla el sacrificio fiscal del gobierno por este concepto y, por tanto, no se sabe si este gasto se justifica o no. Para el caso, exoneraciones fiscales a las comidas rápidas no se tocaron, pero se aumentó el impuesto de ventas de 13% al 15% y eliminó el subsidio a la energía eléctrica para personas pobres viviendo en zonas marginales de la ciudad capital.

En tercer lugar no hay información sobre los proyectos de COALIANZA, al agrado que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) está solicitando la intervención de la Fiscalía de la Republica y del Instituto de Acceso a la Información (IAI) para que los Comisionados de COALIANZA rindan cuentas; incluso los personeros de FMI están preocupados por ello, ya que existen obligaciones financieras y fiscales del gobierno a corto, mediano y plazo lo que puede restar plata para honrar el pago del servicio de la deuda.

El cuarto es que no existe un “colchón” para enfrentar la creciente demanda de servicios de salud de la población, igual para cubrir el crecimiento vengativo de la demanda educativa, vivienda y agua potable. Las instituciones públicos que prestas estos servicios operan con déficit, por lo cual la presión no se hará esperar, sumado a las demandas por reinnvidicaciones salariales de los gremios.

Finalmente, crecen los rumores que la devaluación se acelerará ya que según el FMI la economía hondureña ha perdido competitividad y se necesita además un ajuste cambiario para reducir el gasto agregado, lo que afectará la capacidad de compra del presupuesto en términos reales e impactará en el monto de las obligaciones financieras en dólares.

Este eventual desbalance presupuestario, tradicionalmente estructural, ejercerá mayor presión sobre los fondos públicos y la necesidad de mayores ajustes económicos, o de más endeudamientos, aun cuando el gobierno ha manifestado que no habrá más impuestos ¿se cocina un ajuste en las tarifas de energía eléctrica?, ni más deudas por encima de la previsión existente para 2015. Este pronóstico de desbalance es más que evidente si se estima que la tasa de crecimiento de la economía hondureña para 2015 será menor de 3%, incluso bajo el supuesto explicito que el monto de la inversión pública aumentara y también su ejecución, lo que en la práctica no necesariamente es cierto.

El optimismo mostrado ´por la Misión del FMI acerca de la reducción del gasto en el presupuesto 2015 no debe distraer al gobierno de las medidas que deben ejecutarse para mejorar el control del gasto público, su calidad, focalización efectiva y mayor impacto. En tiempos de Vito Tanzi se contaba con herramientas como el presupuesto base cero (PBC) y el análisis costo beneficio, hoy se cuenta con las Trasferencias Monetarias Condicionadas (TMC), gasto ERP, presupuesto plurianual ¿ no sirve para nada ya que no incluye todos los proyectos de inversión? y la evaluación de resultados. Sin embargo, la crisis, los fuertes desequilibrios fiscales y monetarios, captura del Estado, clientelismo político y la corrupción los volvieron obsoletos.

A lo mejor ya es tiempo que el Pacto Fiscal deje de ser un rumor y se convierta en un instrumento de política pública con el concurso de todos los actores.

Tegucigalpa. DC, Septiembre de 2014.

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