Honduras

FMI y la corrupción

Javier Suazo

10/09/2014

Opinión

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Hace ya más de una década que el FMI se dio cuenta que sus programas tradicionales de ajuste o estabilización económica tenían una falla de fondo, en especial cuando se trata aplicar dichas recetas (pensadas para economías desarrolladas), a países subdesarrollados. Esta falla es no considerar los altos niveles de corrupción e impunidad que carcoma los fondos de presupuesto, la economía y la sociedad de estos países.

A igual que la falla del reconocimiento tardío que la estabilización económica recesiva tiene efectos negativos en el empleo e ingresos de las personas, lo que contribuye al aumento de la pobreza e indigencia, la creciente corrupción e impunidad afecta no solo el cumplimiento del objetivo de estabilización económica, sino también el ritmo de crecimiento del producto y ejecución de los programas de reducción de la pobreza.

En este orden, muy poco le ha servido al FMI recomendar políticas de reducción de gasto publico, endeudamiento interno y externo moderado, control de los medios de pago, ajuste de tarifas, eliminación de subsidios, focalización del gasto y ajuste cambiario, ya que en la práctica, en muchos de estos países, las instituciones de gobierno y los funcionarios públicos han sido capturados por grupos y poderes fácticos carcomidos con el cáncer de la corrupción. Estos grupos y poderes operan como mafias que capturan la función pública de asignación y destino de los recursos, ya que son los mayores beneficiarios de las compras y venta de servicios al Estado, y la ejecución de proyectos financiados con recaudaciones de impuestos y préstamos.

Honduras no ha sido la excepción. Los escándalos de corrupción de funcionarios públicos han estado presentes siempre, y después de la vuelta a la democracia electorera en 1982 mucho más. Destacan los actos de corrupción denunciados en los gobiernos de Suazo Córdova y Callejas Romero, ¿el presidente del ajuste económico y el cambio estructural?, el “Carretillazo” del gobierno de Mel Zelaya para financiar la Cuarta Urna, y el “Segurazo” en el gobierno de Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández.

Este último acto ha implicado el atraco de cerca de 6,500 millones de lempiras a los fondos de aseguramiento social del IHSS, cuyo Director Ejecutivo reciente fue capturado y se espera delate a sus mentores y socios mayores, caso de los bancos, proveedores de servicios, diputados y políticos en el poder; hay dos Viceministros en la cárcel y la Fiscalía contra la Corrupción estima que son más de 300 las personas involucradas pero los llamados tiburones ¿ladrones intelectuales? no aparecen.

Los personeros del FMI se encuentran en Honduras desde el lunes 1 de Septiembre de 2014 evaluando el comportamiento de la economía en el primer semestre del año, ya que habían evaluado las cifras del gobierno del Pepe Lobo; pero también conociendo del avance que se ha tenido en la aprobación de nuevas leyes, y la disposición del gobierno para cumplir con compromisos pendientes. Uno de estos compromisos, en el lenguaje de FMI, es la urgente necesidad que tiene el gobierno de la Republica por disminuir la deuda que tiene con los Institutos de Previsión Social que afecta los recursos de presupuesto, pero que no permite utilizarlos en forma expedita para fines de inversiones productivas y financieras.

Los personeros del FMI están reuniéndose con organizaciones de la sociedad civil para conocer su percepción de la situación que enfrenta el país, y las posibles alternativas de solución a corto y mediano plazo. Sin embargo, el FMI está obligado a conocer los informes del Tribunal de Cuentas y de Comisiones Interventoras sobre los actos de corrupción en las instituciones y empresas públicas, la magnitud de estos actos y los implicados. En el caso de empresas como la ENEE, HONDUTEL, SANAA, ENP, este análisis y evaluación no solo debe limitarse a la situación de quiebra financiera, sino a los actos de corrupción que fueron denunciados pero que todavía permanecen en la impunidad.

Si esto lo realizan, se van enterar que el problema de las empresas publicas es un problema de captura de dichas empresas, donde el clientelismo político ha sido la estrategia utilizada para copar las decisiones gerenciales. A ello se debió que en uno de los estudios de soporte al Informe de la Comisión de la Verdad después del golpe de Estado, se recomendará la contratación de un Ente Gerenciador Externo (EGE) para dichas empresas si contaminación de la política e intereses de los grupos y poderes facticos.

El FMI puede proponer una administración independiente para dichas empresas, ya que es una de las principales causales para que germine el cáncer de la corrupción.

La falta de acceso a la información es otro factor contribuyente, ya que las empresas no publican la información financiera detallada ni permiten tener acceso por la población; el Instituto de Acceso a la Información (IAF) ha venido quejándose de ello, pero el gobierno ha respondido con una nueva legislación que más viene esconde la información y mucha de ella es declarada como secreto del Estado, tal como sucedió en el Chile de Pinochet.

Hay que exigir que la información este disponible, y garantizar mayor transparencia en los proceso de trabajo de estas empresas. Es más, esta exigencia de más trasparencia aplica a otras instituciones de gobierno e incluso al Congreso de la Republica y Corte Suprema de Justicia.

En caso de la Secretaria de Finanzas (SEFIN) y el Banco Central de Honduras, la transparencia debe reflejarse en la presentación detallada e integrada de las cifras del presupuesto de ingresos y egresos de la Republica, y la entrega con el tiempo prudencial a los diputados del Congreso Nacional y ONGs solicitantes; lo importante es que las cifras sean avaladas por el FMI y otras instituciones como el Consejo Monetario Centroamericano (CMC) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en especial lo relacionado con el monto e indicadores de deuda, y el déficit externo.

Ya es tiempo que metas e indicadores de reducción de corrupción e impunidad, transparencia de la gestión publica y acceso a la información, sean parte integrante de los convenios con el FMI y otros Organismos Multilaterales; ojalá que los organizaciones de sociedad civil de uno de los países más corruptos del mundo, lo exijan.

Tegucigalpa, DC, Septiembre de 2014.

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