El Convenio con el FMI ¿A fuego lento?
15/09/2014
- Opinión
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La Misión del FMI que visitó Honduras para evaluar las cifras del desempeño económico y las medidas de política ejecutadas por el gobierno, como paso previo para acceder a un nuevo convenio de cooperación financiera, concluyó su trabajo el 12 septiembre de 2014. De la declaración brindada por el jefe de la misión, Lisandro Abrego, se deduce que todavía no hay condiciones para la firma de dicho acuerdo ya que se necesita resolver la crisis financiera de la Empresa de Energía Eléctrica (ENEE) y reducir el gasto corriente de la administración central, en especial la masa salarial.
En complemento a ello, el gobierno de la Republica debe hacer un esfuerzo serio por mejorar la composición del gasto en el presupuesto de 2015, asignado más recursos al gasto de inversión social como un mecanismo para reducir la pobreza. Este cambio en la composición de gasto, al menos en teoría, incluye recortes al gasto corriente, eliminación de aquellos programas y proyectos que duplican esfuerzos y recursos, recortes en la entrega de trasferencias sectoriales y municipales con bajo impacto directo en la inversión social, eliminación de exoneraciones fiscales, subsidios y readecuaciones de la deuda interna, principalmente con los institutos de previsión social.
En el caso de la ENEE, el gobierno de la Republica avanzó con la renegociación del contrato con las empresas generadoras de energía térmica que significó un ahorro de casi 800 millones de lempiras para todo el periodo de gobierno, pero se adeudan cerca de 9 mil millones de lempiras y no ha podido aun cambiar la matriz energética en la utilización de más energía renovable; las empresas, una especie de monopolio familiar, han ejercido presión amenazando con dejar sin energía eléctrica a la mitad del país si no se les paga ¿los empresarios térmicos son los mismos empresarios renovables?, autorizando el Congreso de la Republica más endeudamiento de la ENEE para disipar dicha amenaza.
También se aprobó una nueva legislación general de la Industria Energética que profundiza la liberalización del sector y permite una participación de los agentes privados y financieros, sobre todo de la banca, en el manejo de fideicomisos para operar en forma privada una parte importante de los servicios de la empresa como ejemplo la generación y la trasmisión. Igual, desaparece la Comisión Nacional de Energía (CNE) y crea la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, cuestionada por el Sindicato de la Empresa ya que los técnicos propuestos responden a intereses políticos y económicos de los poderes fácticos que han ejercido un control directo en la empresa. El gobierno piensa con estas acciones, disminuir las pérdidas de operación y mejorar la capacidad técnica de la empresa en la entrega del servicio a la población, incluyendo el aumento de las inversiones.
Pero, lo más importante, es que el posible Acuerdo con el FMI también implica a futuro (¿después de estabilizar las finanzas de la empresa?) ajustar las tarifas y focalizar aun más los subsidios ya disminuidos con el paquetazo fiscal de diciembre de 2013, donde este beneficio se otorgará a los que consumen menos de 75 kilovatios, o sea a los indigentes de las zonas rurales y periurbanas de las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
El nuevo aumento de las tarifas que se avecina, ha puesto en alerta a los empresarios como el caso de Julieth Handal, excandidata a la Vicepresidencia de la República por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) en las elección de 2013, que considera una injusticia por cuanto afecta al sector productor que ha sido golpeado con varias cargas impositivas, y pone a la economía del país en un situación difícil en materia de competitividad. Pero, al parecer, el más afectado será el sector residencial, que ha sufrido los impactos del desastre administrativo y financiero de la ENEE y lo errático de la política económica del gobierno al trasladar sin más a los usuarios el ajuste por combustible con un servicio de energía deficiente.
En el caso de la reducción del gasto de la Administración Central, el gobierno de la República enfrenta una limitante estructural: No hay suficientes recursos financieros para cubrir la demanda de los empleados por reintegro y pago de prestaciones laborales, o sea que no hay plata para cubrir el pasivo laboral. Se supone que, una vez firmado el acuerdo, el FMI podría adelantar estos recursos para cubrir este gasto, pero no hay aun plan serio de disminución programada del gasto corriente, en especial de la masa salarial. El esfuerzo de reingeniería del sector publico realizado por SEPLAN a finales del gobierno anterior se descontinuó, ya que no existía claridad acerca de las instituciones que deberían ser cerradas, absorbidas o reducidas en personal; en la práctica, parte de estas instituciones se fusionaron o fueron absorbidas por otras nuevas, pero el personal sigue laborando y, por tanto, no ha habido impacto en la reducción del gasto corriente.
El Jefe de la Misión del FMI también informó que las negociaciones se trasladan a Washington, a efecto de poder concretar un acuerdo de tres años lo más pronto posible que, a nuestro criterio, ya no seria este año como lo supuso el gobierno de la República. El punto clave es cómo convencer al FMI que las pérdidas de la ENEE estimadas en más de 8,300 (2013) millones de lempiras se reducirán con las medidas propuestas de los Fideicomisos ¿ todavía no se han estructurado como se debe? y los nuevos Comisionados, ajustar las tarifas sin que el Sindicato de la empresa, diputados, empresarios y pueblo general se opongan ya que han sido crucificados con diez (10) trancazos fiscales después del golpe de Estado, mantener el monto del presupuesto 2015 recomendado por el FMI sin que el Congreso de la República “murmure” y disminuir la planilla de empleados públicos sin plata para prestaciones laborales garantizadas.
A criterio del gobierno, el presupuesto de ingresos y egresos de la República para 2015 y presentado al Congreso contempla una reducción ¿marginal de menos del 1.5%? en comparación con 2014, pero un análisis más de fondo de economistas independientes demuestra que existen gastos adicionales que deberán ser previstos, como ejemplo el gasto tributario y costos financieros ascendentes de los proyectos de COALIANZA, los mayores costos de operación, como ejemplo el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) y contrataciones de nuevos endeudamientos. La práctica de la indisciplina fiscal institucional y ausencia de controles efectivos a las asignaciones y ejecuciones presupuestarias es de vieja data, pero puede incluso ser un elemento que retrase la firma del convenio después de la aprobación definitiva del presupuesto por el Congreso Nacional en diciembre de 2014.
Tegucigalpa, DC, Septiembre de 2014.
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