Presencia militar norteamericana después del 2.000
03/02/1999
- Opinión
Desde inicios de julio de 1998, representantes de alta dirección del gobierno
norteamericano como del panameño estuvieron comunicando de manera bilateral a la
opinión pública el fracaso de las negociaciones sobre el Centro Multilateral
Antidrogas, que se pretendía establecer en la base de Howard en el año 2,000.
Un comunicado del Consejo de Seguridad Nacional de Washington inició las
declaraciones públicas al informar que su decisión fue adoptada "en vista de las
progresivas alteraciones que había sufrido la posición panameña"... Decía
también la comunicación que "dada la importancia que Estados Unidos y otros
gobierno de la región otorgan a la cooperación antidrogas, los altos
funcionarios (del Consejo de Seguridad Nacional) acordaron que Estados Unidos
debe iniciar la búsqueda de alternativas en consulta con otros gobiernos
interesados".
La propuesta de constituir el CMA fue lanzada en 1995 por el presidente de
Panamá Ernesto Pérez Balladares al Grupo del Río y al gobierno de los Estados
Unidos, con la condición de que se tratara de una entidad multilateral de tipo
civil y regida por los civiles.
Brasil, Colombia y México sostuvieron conversaciones con Panamá para sumarse a
la iniciativa, pero condicionaron su participación a que el CMA fuera gobernado
por civiles, que se compartiera toda la información recabada y se respetase la
soberanía de cada Estado.
Estados Unidos pretendía asignar por lo menos 2,500 militares al CMA, y que
estos respondieran exclusivamente a los mandos del ejército estadounidense y no
al comando civil que dirigiría el centro y que rigiera la extraterritorialidad
jurídica para ellos.
Washington pedía que sus militares pudieran realizar desde el CMA "operaciones
humanitarias de salvamento" en otros países de América Latina, y reclamaba que
el acuerdo rigiera por 15 años, en lugar de los tres que sugería Panamá.
En este sentido el gobierno panameño anunció en esta coyuntura, que Panamá no
puede crear un CMA para cumplir misiones diferentes a la detección de vuelos de
aviones o tránsito de barcos con drogas en la región. "Estas son las reglas que
nosotros hemos establecido", sostuvo el Presidente de la República al ser
abordado al respecto. La Embajada de Estados Unidos en Panamá sin embargo en su
declaración, nunca declaró oficialmente su renuncia al proyecto. Los sitios
alternativos señalados por Estados Unidos para instalar un CMA fueron Puerto
Rico, Honduras y el Estado de Florida en su propio territorio.
Finalmente, el 24 de septiembre de 1998 los gobierno de Panamá y Estados Unidos
anunciaron en un comunicado conjunto leído simultáneamente en Washington y
Panamá que "no pudo lograrse un acuerdo para establecer el CMA en Panamá", pese
a coincidir sobre la necesidad de luchar unidos contra el narcotráfico. Mas sin
embargo, el Canciller de Panamá, Jorge Ritter, afirmó luego de este
pronunciamiento que aún es posible que las negociaciones sean reabiertas por el
próximo presidente, que asumirá el poder el 1 de septiembre de 1999.
¿Hasta el 2015?
En esta misma dirección, en la tercera semana de octubre de 1998, el Presidente
del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados
Unidos, Benjamín Gilmar, presentó un proyecto para que su país negocie con
Panamá la permanencia de cuatro de sus actuales seis bases militares en el área
del canal.
A cambio de la permanencia hasta el 2015 de las bases de Howard, Koobe y Rodman,
sobre el litoral Pacífico y del Fuerte Sherman en el Caribe, la propuesta
plantea que Washington construiría un nuevo puente sobre el canal interoceánico,
otorgaría becas y un trato preferencial para el ingreso de productos panameños a
su mercado. La propuesta de Gilmar es respaldada por el líder de la minoría
parlamentaria del gobernante partido demócrata de los Estados Unidos, Bob
Menéndez y otros importantes legisladores.
En noviembre de 1998, el propio presidente Balladares salió al paso de las
declaraciones de los legisladores norteamericanos al asegurar que "dentro de 14
meses habremos completado la plena integración de nuestro territorio... por
primera vez seremos dueños de nuestro propio destino, administraremos por sí
solos el canal y entraremos al nuevo siglo sin presencia militar extranjera",
acotó el presidente panameño.
Por otro lado, diversas fuerzas nacionales en Panamá no dudan que dentro de las
pretensiones de Washington todavía acaricien intenciones de prolongar su
presencia militar en territorio panameño. La idea del CMA en Panamá, o la
prolongación de militares norteamericanos después del 2,000 aún es un proyecto
fuertemente acariciado por sectores del Pentágono.
Y hay quienes no dudan en manifestar que el año 1999, puede estar lleno de
sorpresas por parte del gobierno norteamericano, las cuales pueden emprenderse
desde las presiones que se lleven a cabo al gobierno panameño, hasta la
presentación de nuevas propuestas económicas que ablande el espíritu de nación
de quien gobierne este país a finales de siglo.
Estados Unidos ha invadido en trece ocasiones el territorio panameño entre 1855
y 1989, para "proteger" a sus ciudadanos o las instalaciones civiles y militares
que estableció en las riberas del canal en 1903, cuando la naciente República de
Panamá, le otorgó una franja de tierra para construir la vía interoceánica.
Los bienes que recibirá Panamá de Estados Unidos, valorados por expertos
panameños en más de 30,000 millones de dólares, tienen potencial de generar
ingresos por unos 1,500 millones de dólares al año, lo que equivale a alrededor
de 15% del producto interno bruto del país, de 8,000 millones de dólares.
La descontaminación de las bases
Este es uno de los aspectos más álgidos, convenientes de definir con el gobierno
de los Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 1999.
Según los tratados canaleros, el gobierno de los Estados Unidos está
comprometido "a hacer esta limpieza de la mejor forma posible", en las áreas
contaminadas que fueron utilizadas por el Ejército Norteamericano en la Zona del
Canal.
Unas 7,000 de las 17,000 hectáreas de tierras ocupadas por los polígonos y las
bases militares se encuentran identificadas por el ejército de los Estados
Unidos como áreas de impacto de alto riesgo.
Según el expresidente de Panamá, Dr. Jorge Illueca, el costo de descontaminar
las bases y los polígonos de tiro localizados en las riberas del canal es de
alrededor de 10,000 millones de dólares.
Hasta ahora, las autoridades norteamericanas se han mostrado renuentes a limpiar
los sitios contaminados, tal como lo estipulan los tratados de 1977, aduciendo
que no existe un método apropiado para ello.
El Fellowship of Reconciliation, una organización no gubernamental
norteamericana, que ha analizado cuidadosamente el nivel de contaminación de las
bases militares norteamericanas en Panamá, en base a estudios realizados por
exfuncionarios del Pentágono, ha establecido que existen otros lugares, (3,000
hectáreas) además de las áreas de impacto de alto riesgo, que tienen alta
concentración de municiones sin detonar, agentes contaminantes y supuestos
restos de armas químicas, bacteriológicas y radioactivas usados para
experimentos y prácticas militares con municiones cargadas de uranio
empobrecido. Este es el caso del Centro Experimental de Piña, Nuevo Emperador,
Balboa Oeste y la Isla de San José situada en el Archipiélago de las Perlas,
cerca del litoral pacífico y los otros a pocos kilómetros de la capital
panameña.
De acuerdo con un informe presentado por ese grupo en agosto de 1998, desde la
década de 1920, Estados Unidos desarrolló "un programa activo de armas químicas,
entre ellas gas mostaza, en al menos siete bases militares de Panamá".
Fellowship of Reconciliation advirtió que en el fuerte Clayton, cerca de la
capital y en la Isla de San José, el ejército de Estados Unidos realizó más de
130 pruebas con gas mostaza, mostaza destilada, fosgeno, cloruro cianógeno y
cianuro hidrógeno entre 1944 y 1947.
Tras indicar que esos agentes químicos conservan varias décadas su poder letal,
Fellowship of Reconciliation señaló que los restos de esas armas fueron
almacenadas en un lugar secreto de la base militar de Río Hato, 130 kilómetros
al oeste de esta capital, hoy bajo jurisdicción de Panamá.
En el Centro de Pruebas Tropicales, localizado en la región de Chivo Chivo,
cerca de la capital, Estados Unidos habría realizado prácticas y almacenado
varios tipos de municiones cargadas con elementos químicos, entre ellas minas
M-23 que contenían 4,77 kilogramos del agente neurotóxico VX. Diez miligramos
Del agente VX constituye una dosis mortal para cualquier ser humano, denunció
Fellowship of Reconciliation. En ese mismo sitio, el ejército de Estados Unidos
realizó pruebas y luego almacenó municiones antitanques cargadas con uranio
agotado a partir de 1990.
Se puede correr el riesgo, y en ese sentido ya han hecho declaraciones tanto en
la parte estadounidense como del gobierno nacional, de que para la limpieza de
los polígonos de tiro, se requiera permanencia de personal militar
norteamericano después del 2,000. Esta dirección en la solución del problema de
la descontaminación ha sido negada por la Fellowship of Reconciliation, quien ha
manifestado que "en los Estados Unidos, el sector privado hace la mayoría de
descontaminación de polígonos inactivos".
Es necesario que la opinión pública nacional e internacional conozca de la
problemática de manera más diáfana y transparente, y que el pueblo panameño esté
debidamente informado sobre qué estrategia ha implementado el gobierno panameño
para lograr la limpieza por parte de los Estados Unidos de los suelos
contaminados en nuestro territorio.
Las municiones sin detonar en los polígonos de tiro usados por el ejército de
Estados Unidos en las riberas del canal han causado hasta ahora la muerte de 12
personas en los últimos 18 años.
El Pentágono solo informa que estas áreas se utilizan para hacer experimentos en
el trópico, pero no explican en qué se basan esos experimentos, ni si son
peligrosos para la salud, como es el caso del uso del uranio empobrecido en
Panamá.
El gobierno de los Estados Unidos tiene la obligación de informar debidamente a
Panamá sobre la condición ecológica de cada instalación revertida, para que los
panameños podamos tomar decisiones sensatas sobre el uso que debemos y podemos
darle a esas áreas.
En síntesis, el CCS considera que los militares norteamericanos se quieren ir
sin hacer la misma limpieza que harían si se tratara de bases en territorio
estadounidense y sin cumplir con sus obligaciones establecidas en los tratados
del Canal de 1977. Si el gobierno de Pérez Balladares no actúa con rapidez,
firmeza y astucia, basándose también en la Convención de Armas Químicas que ha
sido ratificada tanto por los Estados Unidos como por Panamá, otros gobiernos
tendrán que retomar esta tarea con más dignidad y firmeza de la que ha sido
manifestada por el gobierno de turno.
https://www.alainet.org/es/active/697?language=en
Del mismo autor
- Situación de los derechos humanos 21/05/2012
- 17 años de la invasión a Panamá 20/12/2006
- Las posiciones continúan enfrentadas 15/06/2005
- El presidente Torrijos sanciona ley 31/05/2005
- Gobierno desacelera debate 27/05/2005
- Huelga general en rechazo a las reformas de seguridad social 26/05/2005
- Las Reformas a la Seguridad Social 23/05/2005
- Un giro peligroso 14/05/2001
- El arte de seguir construyendo 14/05/2001
- Presencia militar norteamericana después del 2.000 03/02/1999