La publicación del libro de memorias del general O. Pereira ha irrumpido como una luz inesperada sobre varios temas de importancia nacional. Una luz, para la que el país oficial no estaba preparado, demasiado intensa y demasiado blanca, apuntada a una zona que la nación hipócrita prefiere mantener en el campo de la reuniones clandestinas y los rumores, en esa penumbra gris a la que acceden unos pocos elegidos, "que son los que la saben posta". Y minga de la mentada transparencia republicana. Esa irrupción echa luz sobre la transición y la primera gestión presidencial de Sanguinetti, sobre cómo se gestó e impuso la impunidad y sobre cómo las FFAA siguieron formando parte de la ecuación de poder conservadora que se ha pretendido erigir contra los cambios progresistas. Una presencia "virtual", legendaria, fantasmagórica, apenas capaz de colocar cobardemente unas bombitas contra algunos denunciadores intransigentes. Decíamos que el Uruguay oficial, el de los blancos y los colorados, no estaba preparado para este testimonio revelador, que da en el centro de la responsabilidad de los políticos en el mantenimiento de la impunidad y de todos los recortes que nos han venido imponiendo a la democracia uruguaya. El país oficial no estaba preparado. Todos los antecedentes de este tipo de revelaciones parecen indicar que pronto lo estará. Y es posible que aguarde a O. Pereira, sería deseable que no, el destino de todos los que, como él, iluminan lo impresentable, de todos los que alzan su voz para enfrentar al Uruguay conformista y cómplice. Como precisamente le pasó, contra Batlle y Sanguinetti, al ex director del BROU, Julio Herrera Vargas, en abril de 1968 por mostrar la estafa que fue la infidencia. Como le había pasado, diez años antes, al Dr. Carlos Viera, catedrático de la Facultad de Derecho, por evidenciar los escándalos y las corruptelas en el Banco Hipotecario. Como le pasó a José Germán Araujo, por ser indoblegable en las imputaciones a los violadores a los derechos humanos durante la dictadura. O, en parte, lo que ocurrió con Leonardo Niccolini, con sus denuncias contra algunos jerarcas de la administración presidida por Lacalle. Pero en esto hay algo más, pase lo que pase con Pereira. En su testimonio hay algo más revelador. De un saque, nos quita la venda de los ojos sobre veinte, ¡veinte años! de historia uruguaya. Los veinte años de la interminable transición. Años durante los cuales nos estuvieron mintiendo. Sanguinetti y Lacalle. Sus ministros y sus abogados. Sus aliados, como Gonzalo Aguirre, cuando amedrentaba "alertando" en el Parlamento que 40 mil fusiles apuntaban a los legisladores cuando éste pretendía actuar en ciertos temas militares,. Ahí estaba la fiera enjaulada, las Fuerzas Armadas que lucharon contra la subversión. Cuidado con ellas. No se podía alzar la voz ni levantar acusaciones en su contra. Se pondrían bravísimos. La situación institucional se volvería frágil y hasta existiría la amenaza de un golpe. Los representantes civiles tenemos que hacer conducta, no exasperar a la fiera. En eso consiste la transición en paz, crédulos compatriotas. Orientales, más que prudentes orientales, prudentísimos orientales, no hagamos olas. El tiempo borrará las heridas. No provoquemos ahora a la fiera. Hay que amansarse para vivir, como exigían en la dictadura de Terra. Los crímenes de uruguayos en Buenos Aires ya se olvidarán. Lo que importa ahora es la paz. Con injusticia sí, pero paz al fin. Con impunidad, pero durmiendo tranquilos. No, nos dice Pereira, la impunidad no era inevitable. Si el Presidente de la República, junto con el Ministro de defensa, Comandante en Jefe de las FFAA, hubiera hecho efectiva su autoridad, el general Medida no hubiera podido guardar en una caja fuerte las citaciones que el Poder Judicial remitía, en pleno uso de sus facultados constitucionales, al puñado de asesinos y secuestradores acusados de los crímenes más graves ocurridos durante la dictadura. Ni la impunidad hubiera sido inevitable ni el hecho vergonzoso de darle cobertura, siete años después de terminada la dictadura, a los verdugos del chileno Eugenio Berríos, asesinado en el marco del Plan Cóndor, perfectamente activo (y criminoso) mientras nosotros jugábamos a la democracia sin adjetivos. Cuando la derecha ponía el grito en el cielo ante las resoluciones de los congresos del FA que hablaban de luchar contra la tutela militar que se pretendía ejercer sobre la democracia. En esto días Raúl Olivera Alfaro ha escrito: "Por otra parte, de las manifestaciones del Gral. Pereira, surge claramente que a los distintos partidos que han gobernado el país, en el pasado les sirvieron los oficiales torturadores y hoy les sirven los oficiales y soldados impunes. Lo preocupante es que esa responsabilidad del sistema político no cuente en Uruguay con los resguardos de un sistema judicial que actúe con valentía y apego a los fundamentos jurídicos del derecho humanitario internacional. Oscar Pereira reconoce que las torturas, asesinatos y desapariciones de personas durante el proceso cívico militar constituyeron un "procedimiento bestial" aceptado de "buen grado" por las Fuerzas Armadas. "Todos aceptamos de buen grado el procedimiento bestial" de "...el deshonesto saqueo de viviendas, el ultraje de mujeres indefensas y la perversa desnaturalización materna de recién nacidos". Esas "injustificables aberraciones" existieron. A diferencia de buena parte de la literatura que existe sobre la dictadura , el libro de Pereira no es un relato de anécdotas entretenidas o de casos memorables. Aporta elementos críticos, revela situaciones desconocidas por el pueblo uruguayo y que ahora aparecen en el testimonio de un jerarca de primerísimo nivel en la carrera militar. Proponiéndoselo o no, Pereira levanta un acta de acusación. Por un lado, contra los jerarcas militares que alentaron e impusieron las órdenes que violaban gravemente los derechos humanos. Por otro, marca la responsabilidad y la complicidad de los jerarcas civiles, de los políticos blancos y colorados, que comandaron la transición y que aceptaron una salida sin examinar las responsabilidades de los jerarcas militares en los graves crímenes cometidos durante la dictadura. Pero hay algo más. Caída la recriminación sobre el campo de los civiles, sería erróneo considerar que la responsabilidad le cabe sólo a los dirigentes blancos y colorados que dieron su aprobación a la Ley de Impunidad. La "cultura" de la desmemoria, la permisividad ante el terrorismo de Estado y de la impunidad se construyó con la participación voluntaria de gente perteneciente a variadas disciplinas y mentalidades, desde abogados hasta cronistas e historiadores: todos aunados en amplificar "los peligros" que entrañaba reclamar verdad y justicia. A la luz del testimonio de Pereira habrá que releer muchos sabihondos y engolados llamados a la prudencia y al realismo por parte de aquellos políticos conservadores y situacionistas que hablaban "sabiéndolas todas". En ese sentido, agrega Raúl Olivera, "este nuevo testimonio puede ser simplistamente incorporado al imaginario popular bajo el comentario "ya lo sabíamos". Lamentablemente a nuestra sociedad en su conjunto mucho le falta saber sobre nuestro pasado. Y sólo valorando estos aportes, en su justo término y valor, se podrán articular, desde las fuerzas del cambio, políticas que desde la lógica de la radicalidad democrática liberen a nuestra formación social del flagelo de la impunidad en todos sus niveles y manifestaciones". * Hugo Cores es dirigente del PVP 567 -Frente Amplio- Uruguay. Publicado en La República, lunes 27 de setiembre 2004