Aportes al proyecto de Código Orgánico Integral Penal en la lucha contra la delincuencia organizada
16/06/2013
- Opinión
El debate actual sobre el proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP) ofrece varias oportunidades a la sociedad para plantear otras respuestas y asumir las alternativas necesarias sobre temas de gran importancia como el combate a la delincuencia organizada.
No es posible pensar que este propósito se agota con reformas o con un nuevo código sustantivo. Se debe considerar que es necesario diseñar una arquitectura de políticas públicas contra la delincuencia organizada, acompañadas de dos aspectos cruciales, que sin su realización el esfuerzo queda incompleto, y son los siguientes:
a) Fortalecer el sistema penal para definir un modelo de gestión en el que sus operadores y actores cuenten con herramientas procesales simples para efectivizar sus esfuerzos en atender eficazmente todos los delitos relacionados para enfrentar la delincuencia organizada; y,
b) Aprobar, en el corto plazo, una ley contra la delincuencia organizada, en el que se puedan establecer aspectos relevantes como las atribuciones institucionales, sistemas, instrumentos de política pública y metodologías para la investigación y procesamiento de los delitos cometidos por este tipo de delincuencia –por ejemplo, 1) Las articulaciones institucionales de una unidad especializada en investigar el manejo de recursos financieros de grupos delincuenciales organizados; 2) Los procedimientos para prevenir el uso ilícito de esos recursos; 3) La definición de modalidades operativas que respondan a estos tiempos para facilitar las investigaciones. Así como las coordinaciones necesarias con la legislación penal para robustecer las formas de sanción y ejecución de las penas. Esta ley deberá tener la debida precaución de no caer en afectaciones a derechos de eventuales víctimas y procesados que puedan pertenecer al citado orden criminal, o en facultades discrecionales que desnaturalicen el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, como ha sido el caso de la experiencia mexicana. El desafío está en avanzar hacia una ley especial, que no vaya a crear la sensación de amenaza constante en la sociedad, sino de generar los instrumentos institucionales y sustantivos necesarios para encontrar y demostrar la peligrosidad criminal de todos quienes son investigados.
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