Pese a la cantidad de dilemas que pronto tendremos que enfrentar, como uruguayos y como gente de izquierda, no son muchos los debates que se han ido desarrollando y a menudo cuesta establecer desde dónde ordenamos nuestros puntos de vista. En general procuro opinar sobre aquellas cuestiones que, desde la acción política, se pueden abordar. En la orden del día, entre otras, están las elecciones internas. Imposible pensarlas separadas de las elecciones generales de octubre pues las internas se desarrollan bajo la interrogante que hará el Frente Amplio y sus aliados en caso de ganar, como aplicará su programa, qué puntos tendrán prioridad. Ahora bien, ¿cómo es vista la elección de octubre? ¿En que terreno intenta ponerla la derecha? De acuerdo a ciertas miradas, parecería que la primera vuelta de la elección presidencial es algo así como un " examen de admisión". Una prueba para acceder al derecho a ser examinado por distintos tribunales. ¿Cuáles serían esos tribunales? Las instituciones internas e internacionales que tienen un poder propio, sea económico o político, no porque sus autoridades hayan sido elegidas democráticamente sino por el lugar que ocupan de facto en la sociedad globalizada. Son, por ejemplo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, las consultoras internacionales, los posibles inversores. En el plano interno, las cúpulas de la burocracia estatal, los mandos militares, los encargados de determinar el contenido de los informativos en la televisión. Ahora bien esos seudo tribunales, esas "mesas de examen" no nos son desconocidas. De acuerdo a lo que sabemos, esas instituciones, aunque tienen una importancia que no se puede desconocer, si miramos el papel que pretenden jugar, concluimos que carecen de la legitimidad que se arrogan. No están facultadas para cumplir ningún rol con relación a las decisiones que quiera adoptar el pueblo uruguayo a través de un gobierno elegido democráticamente. Sobre eso no debemos tener la menor vacilación, por mucho que la derecha, y los vacilantes, intenten convencernos que es de "sentido común" someterse a esos "poderes fácticos" existentes. En realidad, todo lo que en Latinoamérica se ha hecho a favor del pueblo se hizo, seamos concientes, desobedeciendo esas recetas, enfrentando la lógica de adaptación a lo que pide y exige el gran capital y sus socios. Lo que ha hecho Chávez en Venezuela y Kirchner en Argentina ha sido así. Lo que ha hecho -y hace Fidel. Y al hacerlo han tenido una conducta no solo defensa de los intereses nacionales de sus pueblos sino una práctica auténticamente democrática, a favor de los intereses y de la voluntad de las grandes mayorías. De lo contrario, si los factores de poder externo pudieran bloquear o torcer la voluntad expresada en las elecciones, si eso ocurriera, estaríamos asistiendo a un despojo, nos estarían estafando nuestro destino. ¿Por qué decimos que esos pretendidos arbitrantes carecen de legitimidad? Por que no son neutrales. Son los tribunales amigos del caballo del comisario. Son los que en Argentina apostaron por Menem, en Brasil por Collor de Melo y en Venezuela quisieron y quieren desplazar a Hugo Chávez mediante un golpe de estado. Son los amigos del gobierno de Jorge Batlle. Los que lo respaldan y lo usan. El pasado jueves, una avanzadilla del FMI vino a Montevideo a entrevistarse con economistas del Frente Amplio. No deja de ser un reconocimiento. Se hizo bien en recibirlos y hacer que ellos, que habían pedido la entrevista, concurrieran a nuestro local partidario en la calle Colonia. Y se hizo bien, de acuerdo a la crónica de La República, cuando los economistas del FA no adelantaron ningún criterio acerca de cómo hará un gobierno progresista para enfrentar la herencia insondable que dejan los neoliberales. Pero si los frentistas estuvieron parcos, los del FMI no tanto. Explicaron a la prensa algunas cosas que vienen a cuento con lo que decíamos más arriba: los funcionarios del Fondo están locos de contento con la política seguida por el este gobierno. A ellos no se les mueve un pelo que la producción industrial haya caído un 40% en los últimos cinco años. Que en Uruguay haya 100 mil empleos menos. Y que el ingreso en los hogares trabajadores haya descendido un 30%. No les preocupa que la deuda pública haya alcanzado un volumen que supera la producción de todo el año y que los intereses de esa deuda se coman el 20% del Presupuesto General de Gastos e Inversiones del país. Nada eso es asunto de ellos. Como tampoco fue preocupación de los últimos gobiernos colorados y blancos. Las cuentas del Estado cierran, la miseria popular arrecia. Por razones obvias, ese paradigma no será el de un gobierno progresista. Y esa opción supone asumir, desde ahora, una línea que incluya entre las previsiones todas las consecuencias de no aceptar la "obediencia debida" a los que detentan el privilegio, a la diplomacia norteamericana, a los organismos internacionales mencionados. A los trasnochados pero aun poderosos jerarcas militares que todavía en los actos patrióticos defienden la Doctrina de la Seguridad Nacional, que defienden el golpe de Estado. Batlle ha dicho que seguirá "gobernando" hasta el 1º de marzo del 2005, que para eso fue elegido. A partir de ahí se siente que puede desconocer, entregando nuevas bandas de telefonía celular, el plebiscito contra las privatizaciones del 13 de diciembre de 1992 y las más de 700 mil firmas contra los artículos 612 y 613 del Presupuesto nacional que abrían paso a nuevas privatizaciones en Antel. Tampoco se da por enterado que algo quiso decir el pueblo uruguayo el 7 de diciembre cuando rechazó la ley de Ancap. Formalmente su gobierno tiene legitimidad constitucional hasta el 1 de marzo de año próximo. Por un mínimo de responsabilidad y honestidad política, Batlle y su gobierno debieran abstenerse de adoptar resoluciones que pesarán, sobre todo, en la gestión de la nueva administración. No debieran seguir engordando la herencia maldita con más nombramientos de altos sueldos gerenciales o diplomáticos. Ni con más privatizaciones. En sentido contrario, el ejercicio constitucional de la soberanía hace que debamos rechazar desde ya cualquier intento por recortar, con imposiciones de la índole que sea, el ejercicio del gobierno por las fuerzas políticas del cambio. El nuevo gobierno, nacido del pronunciamiento democrático del pueblo uruguayo, no aceptará otra obediencia que a la que se comprometa con la ciudadanía. ¿Qué otra cosa sino eso es la democracia? No estamos diciendo nada nuevo. Simplemente algo que, actualmente, no se dice demasiado. Como gente de izquierda tenemos una larga historia de lucha contra las fuerzas que se oponen a los cambios y a las mejoras sociales. Este debate está presente en los contenidos y los estilos que exhiben las distintas fuerzas de izquierda que participan en las elecciones internas de los partidos. Cortar amarras con el pasado de sumisión va a requerir energías. Energías que solo pueden crearse y madurar a partir de la movilización democrática. La marcha del próximo jueves por Verdad y Justicia, será una de ellas. Pero en el firmamento social y político del país están planteadas otras confrontaciones con el inmovilismo y la resignación, esos enemigos solapados y silenciosos. Ese inmovilismo y esa resignación que a veces se disfrazan con los trajes de calle del "realismo" o la "madurez política". * Hugo Cores es dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo-Unión Frenteamplista. Uruguay