Bolivia

La minería nos pasará la factura

Alicia Tejada Soruco

07/08/2012

Opinión

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Durante la década de los 70, el Estado boliviano formalmente se ocupó de la zona del precámbrico para explotar los minerales que contiene. Sucesivos gobiernos decidieron levantar o mantener el estatus de reserva fiscal de estos reservorios mineros y redujeron la franja de protección circundante, de 10 km a solo 2 km, favoreciendo, de esta manera, a empresarios privados que tuvieron acceso a los estudios. Por aquel entonces se creó Siderurgia Santa Cruz (Sidersa), en tardía respuesta al célebre Memorándum de 1904.

La mina San Simón (Beni) soporta aún la estampida de los ajustes estructurales y de la privatización minera de 1985 que indemnizó millonariamente a las empresas que se fueron del país y, de otro lado, expulsó a 28.000 mineros, que luego se trasladaron a zonas auríferas aluvionales, a tierras agrícolas de los llanos y también a áreas cocaleras.

En los 90, con el Código minero de Gonzalo Sánchez de Lozada, se inició otra etapa que buscaría consolidar los ajustes estructurales mencionados: Los mejores y mayores reservorios de oro quedaron en manos de este mandatario, a través de sus empresas y de asociaciones con otras transnacionales, tal como la Orvana Mineral Corps, el proyecto Don Mario, Paitití, Emipa, etc.

Ahora, en 2012, la situación no ha cambiado. Piedras preciosas, oro, hierro y otros minerales, como calizas y áridos, están en manos de unos cuantos privilegiados, que se sitúan como suprapoderes del Estado boliviano en sus tres niveles. Fencomin, por ejemplo, aglutina a cooperativas mineras del país (que de cooperativas no tienen nada). Esta mediana empresa minera es en realidad gigantesca y apuesta a una explotación con la menor inversión y en el menor tiempo posible, ahora teniendo como ‘socios’ a las comunidades rurales, tendencia regional que algunos han calificado como neoextractivismo.

El rol del Estado continúa en su carácter rentista, y en el momento en que bajen los precios de minerales todos pagaremos la cuenta nuevamente. La minería, en cumplimiento de la CPE, migró del régimen de concesiones a un régimen ‘transitorio’ (que ya lleva dos años) de autorizaciones o contratos temporales sin que medie evaluación alguna. Como resultado, existen más de 8.000 operaciones mineras, cuyos operadores hacen lo que les da la gana (no lo correcto), amparados en una legislación que crea ‘territorios mineros’ con el derecho a disponer de todo cuanto puedan requerir en el área de su concesión y circundantes.

En las tierras bajas de Bolivia (valles, llanos y amazonia) hay una fiebre minera; se están organizando por doquier las cooperativas mineras. En Santa Cruz ya se ha formado la Fedecomin.

Estamos en condiciones de asegurar de que se están destruyendo miles de hectáreas de bosques y contaminado otros miles de cuerpos de agua sin que nadie reclame una ‘consulta informada’ o exija transparencia. La cuenta la vamos a pagar todos.

Alicia Tejada Soruco es ambientalista

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