Para que no caduquen
Grietas para juzgar
29/05/2011
- Opinión
Uruguay se encuentra frente a una nueva oportunidad, tal vez la última, para que la justicia y la verdad se instalen en su sociedad. Pese a las trabas políticas y sociales, la decisión del presidente Mujica y el fallo de la Corte posibilitarían avanzar en el castigo a genocidas del Plan Cóndor.
El presidente de Uruguay, José Mujica (Frente Amplio) encabeza por estas horas un nuevo intento para lograr el juicio y castigo a los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar del periodo 1973-1985.
Tras 2 fracasos en consultas populares para establecer la nulidad de la Ley de Caducidad, el mecanismo legal instrumentado por la post-dictadura para evitar la condena de los criminales responsables del terrorismo de Estado, el primer mandatario solicitó a sus colaboradores analizar los mecanismos legales para eludir esa norma e iniciar la investigación de 88 casos por violaciones a los derechos humanos.
En declaraciones a la cadena latinoamericana TeleSUR, Mujica expresó que "la duda es si lo hago caso por caso o lo hago todo junto. Yo me inclinaba caso a caso, en primer término, pero estoy consultando con los abogados".
El mecanismo de reapertura de juicios ha sido visto por el gobierno uruguayo como una forma de dar un rodeo para avanzar en las investigaciones y condenas sin necesidad de dar tratamiento a la ley de Caducidad, que corre el riego de ser derogada en lugar de anulada, con lo cual, mas allá de lo simbólico, carecería de efectividad por no gozar de efectos retroactivos.
Asimismo, aparecieron algunos apoyos jurídicos que posibilitarían algunos otros caminos. De acuerdo al portal de noticias elmercuriodigital.net, “la iniciativa de derogar la ley no ha sido acompañada por el Frente Amplio, porque la derogación no tiene efectos retroactivos, y los 88 casos ya incluidos en la impunidad de esa ley no podrían ser presentados de nuevo ante la justicia. Sin embargo, ahora, ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay que declara inconstitucional la ley de Caducidad; y el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado uruguayo por el secuestro y desaparición de Claudia García de Gelman y recomienda eliminar los obstáculos de esa ley, existe la posibilidad de modificar esa situación”.
Cualquiera sea el camino que se elija para la búsqueda de justicia, el mismo deberá tomarse a la brevedad, considerando que, de acuerdo a lo suministrado por el portal de noticias uruguayo Tiempo, el 31 de octubre se produciría la prescripción de esos delitos por no estar calificados como de lesa humanidad.
Frente a esto, amplios sectores uruguayos continúan movilizándose para mantener viva la memoria. De acuerdo a la información del mencionado portal digital, más de 100 mil personas, en gran parte jóvenes, el viernes 20 de mayo “volvieron a marchar por verdad y justicia en la 16a Marcha del Silencio que, en esta ocasión, coincidió con el 35 aniversario del asesinato de los legisladores Zelmar Michelini, del Frente Amplio, y Héctor Gutiérrez Ruiz, del Partido Nacional, también de los militantes William Whitelaw y Rosario Barredo, en Buenos Aires”.
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