Colombia

Conferencia oficial de derechos humanos, para que todo siga igual

Luis Jairo Ramírez H.

24/03/2011

Opinión

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El gobierno del presidente Santos, su mediático cambio de estilo y sus anuncios demagógicos sobre las llamadas cinco locomotoras, la restitución de tierras y la llave de la paz, vienen señalando síntomas de embriaguez no solo en las élites dominantes, sino en ciertos sectores políticos y sociales del país, hasta hace poco estigmatizados, que denotan signos de ilusión sobre las bondades del régimen.

Después de los cuatro años de Andrés Pastrana que permitió la irrigación paramilitar por todo el país e instaló el Plan Colombia; siguieron ocho años del que será catalogado como el peor gobierno en la historia del país, con su “seguridad democrática” y la putrefacción de la institucionalidad; sus falsas desmovilizaciones paramilitares, el fiasco de la ley 975 del 2005, su para-política, las 3 mil ejecuciones extra-judiciales del ejército, más conocidas como “falsos positivos”, las chuzadas y seguimientos del DAS a la oposición, la corrupción llevada a límites inéditos y toda una sucesión de hechos criminales. Todo este balance de la miseria Uribista pareciera que ha llevado a algunos resignados a conformarse con el mero cambio de estilo, así Santos repita hasta la saciedad que su gobierno busca dar continuidad a la seguridad democrática, ahora llamada falazmente “prosperidad democrática”.

El cambio de estilo del nuevo gobierno incluye la cooptación, una estrategia dirigida a ganar, neutralizar o dividir a sectores críticos del establecimiento y esa tarea ha sido asignada al señor Angelino Garzón, Vicepresidente, encargado a la vez de las directrices oficiales de los derechos humanos, para ello cuenta con jugosos proyectos y ofertas de nuevas clientelas y dádivas.

Uno de los primeros anuncios del Vicepresidente ha sido la convocatoria a una Conferencia Nacional de Derechos Humanos; sin embargo de entrada este evento ha suscitado todo tipo de interrogantes y debates sobre sus verdaderas intenciones.

Se nos viene a la cabeza una convocatoria similar a finales del año 2007 que hiciera el señor Pacho Santos, anterior vicepresidente, para concertar un “Plan Nacional de Derechos Humanos”, objetivo en el cual coincidíamos, sin embargo este propósito tenía distintos intereses, el gobierno reducía ese proceso de negociación a una simple formalidad: el afán de aparentar ante la comunidad internacional que se avanzaba en la superación de la crisis de derechos humanos y, de paso, obtener luz verde para la firma de unos Tratados de Libre Comercio (TLC). Las organizaciones de derechos humanos tenemos otro interés: lograr del establecimiento de pasos ciertos y verificables para la superación de la crisis de derechos humanos y DIH en el país, lograr compromisos para la verdad, la justicia y la reparación y avanzar en el restablecimiento del dialogo para la solución política del conflicto.

Estos dos propósitos chocaron en la realidad, el gobierno pretendía tener un acuerdo firmado en el papel, pero manteniendo intacta la política de “seguridad democrática”, que equivale a perpetuar las vulneraciones de los derechos de la población. El tiempo nos dio la razón, no había tal voluntad por los derechos humanos, lo que vino luego fueron los “falsos positivos”, salieron a flote los escándalos de las chuzadas y los seguimientos contra defensores, sindicalistas y líderes de la oposición, varios familiares de víctimas que luchaban por recuperar sus tierras fueron asesinados. El paramilitarismo permaneció campante en su alianza con brigadas y batallones militares, etc.

Ahora se repite la historia, al mismo tiempo que se saca de la manga una conferencia oficial de derechos humanos, las tropas bombardean y ametrallan a la población civil en las áreas del plan Colombia, el Tolima, Arauca y otras regiones; mantienen a 7200 campesinos, indígenas, profesores y hasta defensores de derechos humanos presos, en condiciones infrahumanas, acusados de rebelión y terrorismo; el Estado prolonga la angustia de los familiares de mas de 50 mil desaparecidos, sin que se investigue su paradero. De nuevo, no hay una correspondencia entre las declaraciones oficiales y los hechos.

Entre tanto la permanencia del paramilitarismo se hace funcional al proyecto del gobierno; al mismo tiempo que hace tramite en el Senado una ley de victimas y restitución de tierras reviven las masacres y los asesinatos en Córdoba, Sucre y Arauca y centenares de amenazas de las águilas negras, los urabeños y los rastrojos llegan a organizaciones y líderes sociales en todas partes sin que la fuerza pública haga nada para desvertebrar el paramilitarismo. El gran aporte del gobierno ante semejante problema es el encubrimiento, ahora al paramilitarismo le llaman “Bacrim”

Mientras las victimas reclaman verdad, justicia y reparación, el ministerio de Agricultura, el Incoder y la coalición de gobierno en el parlamento hacen todo tipo de piruetas para que no haya ni restitución de tierras, ni reforma agraria; el objetivo macro del gobierno es entregarle 12 millones de hectáreas a las multinacionales de la minería para su explotación con funestas consecuencias en el ámbito social, económico y de medio ambiente tal como se evidenció en el caso del páramo de Santurban en Santander. Otro tanto del territorio esta siendo entregado para la explotación de hidrocarburos y los agros combustibles.

Las intenciones del gobierno están lejos de una verdadera reforma agraria. Las actuales propuestas no afectan en manera alguna la concentración de la tierra en pocas manos, es una utopía pensar que el retorno de la propiedad a quienes fueron despojados es posible en las condiciones de un conflicto que se mantiene. A la sombra del nuevo estilo oficial y del discurso demagógico de los derechos humanos avanza una nueva forma del despojo de las tierras, ahora legalizado mediante la ley de victimas, el Plan Nacional de Desarrollo y el paquete de leyes que discute el congreso.

Entre algunos sectores sociales se reabre de nuevo el debate sobre los alcances de la interlocución con el gobierno, se hacen espejismos sobre la “mediación” de Angelino Garzón, como si éste fuera algo distinto del Gobierno; en realidad lo que se cocina es una terapia institucional de apaciguamiento, como ocurrió con el paro de los camioneros y un método para administrar la crisis de derechos humanos, sin resolverla.

Como se puede observar, la Conferencia oficial de diciembre no va acompañada de señales ciertas o medidas que permitan concluir que el gobierno marcha por la senda de la solución incruenta del conflicto, o del desmantelamiento del paramilitarismo, o del reconocimiento de los derechos de las victimas.

El reciente quinto Encuentro del Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado señaló que esta Conferencia busca generar división al interior de las víctimas, organizaciones sindicales, de derechos humanos y sociales. Así pues, lo que sigue al orden del día es salirle al paso a los intentos divisionistas, fortalecer la unidad de acción de los sectores populares para movilizarse por la conquista de la tierra, la paz y la democracia.

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