Bajo la doctrina oficial de la “seguridad nacional” y el “enemigo interno” direccionada por la Escuela de las Américas, academia militar dirigida por el ejército estadounidense, que ve en los movimientos sociales, estudiantiles y de trabajadores un potencial enemigo que hay que eliminar, durante décadas ha puesto en práctica “manuales de entrenamiento” con perversas y sanguinarias estrategias de terrorismo de Estado para debilitar o destruir la organización y lucha de los pueblos por la libertad.

Esta escuela ha entrenado a miles de soldados y oficiales de ejércitos latinoamericanos en «técnicas de combate», «inteligencia militar», «chantajes, extorsión y pago de recompensas por enemigos muertos», y «técnicas de tortura, asesinatos de opositores y desapariciones forzadas». También ha sido vinculada con la formación de los temibles escuadrones de la muerte, los torturadores y los dictadores militares del continente.

Muchos de quienes «desfilan» hoy por los tribunales de justicia en Colombia, requeridos por su participación en violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, son precisamente «graduados» de la Escuela de las Américas.

Vandalismo propiciado por el Estado

Pero simultáneamente, desde el Departamento de Estado de los EE.UU. y de la misma Escuela de las Américas, se han seguido sofisticando formas de contener y golpear no solo la protesta social sino posibles gobiernos alternativos, en los países que siguen considerando “sus patios traseros”.

Hemos venido conociendo que en Colombia operan “convenios de cooperación” con organismos de inteligencia como la Agencia Central de Inteligencia -CIA- de los EE.UU., que recopila información sobre gobiernos extranjeros, corporaciones e individuos; la analiza y proporciona inteligencia para “la seguridad nacional”; el "Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales -Mosad-“ de Israel, especialistas en acciones encubiertas, espionaje, terrorismo y contraterrorismo; y otras agencias de inteligencia.

Los actos de “vandalismo y violencia” son propiciados por agentes del Estado contra quienes ejercen su libre derecho a la protesta, para desarticular sus luchas. La orden a la policía del expresidente Uribe de disparar contra la movilización social, reedita la vieja consigna conservadora de a “sangre y fuego” en la época de la violencia, que dejó cientos de muertos.

Desde hace muchos años infiltrados del Estado son llevados a generar desorden, destrozos y provocaciones con el fin de desorientar y sabotear las movilizaciones. Cientos de videos, fotos y testigos han mostrado cómo estos infiltrados se preparan para sus fechorías y son transportados hacia zonas cercanas a las movilizaciones, acompañados por miembros de la policía; llegan, se infiltran, provocan el caos y siempre logran salir ilesos y anónimos. Esta práctica ha venido siendo cada vez más “perfeccionada”. Obviamente los “vándalos” nunca son atrapados ni judicializados por parte de las autoridades.

No bastando con esas deplorables y violentas prácticas, ahora los vándalos encubiertos arremeten contra los bienes públicos, van dañando las pequeñas tiendas y comercios aledaños, golpeando a los vendedores ambulantes, destruyendo pequeños vehículos con los cuales la gente sobrevive, para ensombrecer la protesta pacífica y permitir que así la policía justifique la represión salvaje contra la población civil.

Lo que sigue es la policía disparando indiscriminadamente contra la población civil inerme. Asesinan a menores de edad, a adolescentes y jóvenes: son cientos las mujeres y hombre heridos, contusos y lesionados, varios de ellos quedando incapacitados de por vida por lesiones dirigidas a su integridad.

En ocasiones y provechando su ímpetu juvenil, pequeños grupos anarquistas, son arrastrados ingenuamente a estas acciones de los vándalos policiales, que le hacen el juego a estas prácticas, creyendo equivocadamente que son “métodos revolucionarios”.

En medio de esa violencia institucional muchas mujeres jóvenes han sido detenidas, conducidas a estaciones de policía y sufrido abusos sexuales, dentro de los propios vehículos policiales; violencias psicológicas y físicas por el hecho de ser mujeres. Arrastradas por el cabello, apretados sus senos, amenazadas de violación, llamadas perras y putas por una institución policial que pagamos con nuestros impuestos para defender la vida. Particularmente en las ciudades se está masacrando a la población civil, con especial ensañamiento los cuerpos de las jóvenes.

Esa práctica que pareciera ser un instrumento inspirado en la teoría del pánico, no es casual, ha sido direccionada y acondicionada a las nuevas formas de operar de la inteligencia militar, como aconteció en el pasado paro nacional del 21 de noviembre de 2019, cuando zonas residenciales en varias ciudades fueron sorprendidas con falsas alarmas, simultáneos y múltiples remedos de ataques, a través de una estrategia de terror claramente organizada, protagonizada por vándalos que según mostraron decenas de videos, una vez más eran transportados en vehículos oficiales.

Esta estrategia incluye intentos de la fuerza pública o las autoridades civiles de “enseñarle” a un movimiento popular curtido en la lucha social “la manera de protestar” o convencerlo que no se deben tomar las calles, plazas y carreteras para expresarse, incluso autoridades judiciales han incurrido en la estupidez de decretar la prohibición de protestar (¡?) y taponar las vías para manifestarse.

La otra cara de este tipo de prácticas es la estigmatización. Generalmente estos hechos de “vandalismo policial” están calculados para realizarse en el último tramo de las movilizaciones, y cuando arriban a una plaza principal. El operativo está montado, los monumentos y agencias bancarias seleccionadas, todas las cámaras dispuestas para hacer el registro de los disturbios provocados por este tipo de sicarios policiales y previsto el tipo de información que los noticieros entregarán al público: “Durante las manifestaciones los vándalos ocasionaron disturbios, generaron caos, destruyeron ventanales y cajeros, hirieron personas, etc.”. De esta manera se omite informar a la opinión pública la dimensión real de la movilización, su importancia, sus objetivos y/o recoger las opiniones de los asistentes. Los directores de los medios saben lo que hacen, conocen el origen de los “vándalos”, no son ingenuos, sirven a los intereses de las corporaciones que los financian con pauta publicitaria, o que son sus dueños. El objetivo es estigmatizar y deslegitimar la movilización social.

Estas, que pueden ser catalogadas como operaciones que combinan todas las formas de acción militar, psicológica, social, represiva y mediática, cuentan con una multimillonaria financiación. Los “fondos reservados”, blindados del control fiscal por parte de los órganos de control, prevén recursos para que las Escuelas de formación en los batallones de policía y/o del ejército recluten, entrenen y paguen a jóvenes dispuestos a poner en práctica diversas técnicas de saboteo y caos, dirigidas hacia las luchas sociales; a lo anterior se agrega el bloqueo de las comunicaciones telefónicas y redes sociales para aislar a la gente e impedir que la información circule.

Simultáneamente el carácter desinformador de la prensa oculta la represión de la fuerza pública, los muertos y heridos, calificándolos de “presuntos”, para dejar la sensación de que tales hechos están en duda.

En la actual movilización, que tiene características de un estallido social de protesta contra la violencia institucional, el asesinato de líderes y los innumerables abusos del poder, nos encontramos con un poder neo-fascista que cada día pretende apagar el incendio lanzándole un tanque de gasolina. El país debe abrir el ojo, ensayan una nueva forma de operar, el incidente del furgón en Cali no es un hecho aislado; a los barrios están llegando camiones con “civiles”, escoltados por la policía, los descargan y abren fuego contra la muchedumbre, para generar terror y provocar asesinatos y heridos. Quieren encerrar a la gente en sus casas de nuevo a sangre y fuego. Por eso amenazan con la “conmoción interior”.

La urgencia de la hora es llegar a la gente que se está movilizando, acompañar, acercarla a las formas de organización social. Hay que exigir la desmilitarización y el desmantelamiento del paramilitarismo, el cese de los asesinatos de líderes sociales y firmantes de paz. El mundo comienza a mirar a Colombia, la solidaridad nos ayudará a avanzar.