Esta semana ha entrado en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un nuevo sistema de justicia, independiente y paralelo a la llamada justicia ordinaria, con nuevos jueces, con nuevas competencias para juzgar y condenar personas (penas alternativas - restaurativa) y uno de los más importantes componentes de los Acuerdos de la Habana.

Como ha recordado la FARC “El Acuerdo Final se logró sobre la premisa de que la justicia ordinaria había actuado durante el conflicto de forma parcial, convirtiéndose en ciertos momentos en otra herramienta más de guerra e impunidad”

Así pues la JEP busca "Satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, contribuir a la reparación de las víctimas, contribuir a luchar contra la impunidad, adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, respecto a hechos cometidos en el contexto y en razón de éste y contribuir al logro de una paz estable y duradera".

A pesar de los elogios que recibió este sistema de justicia transicional para la Paz, en un reciente balance de la implementación de los acuerdos, la FARC expreso que: “fue desfigurado en los debates del parlamento y su texto actual no es el consensuado entre las partes”.

No obstante la insurgencia manifestó su compromiso de renunciar a la confrontación bélica y hacer dejación de las armas para convertirse en un nuevo Partido y hacer actividad política pacífica en un contexto democrático, las elites han hecho todo lo posible para incumplir con este compromiso esencial.

La dimensión superior de la paz estimuló en el parlamento las más vulgares y repudiables conductas corruptas: ambiciones clientelares y el chantaje al gobierno para votar cada norma, terminaron distorsionando y renegociando el espíritu de la JEP.

Pero no todas las presiones parlamentarias referían al interés clientelar, el lobby incluía atenuar la responsabilidad de mando de la fuerza pública, hacer que la JEP no tuviera muchos dientes para procesar a los terceros financiadores del conflicto, como las empresas vinculadas con crímenes paramilitares; desafortunadamente la Corte avalo a los congresistas para meterle mano a los proyectos, afirmar la impunidad de los voluminosos crímenes de Estado, y eso sí, introducir un sesgo para enjuiciar exclusivamente a las FARC, desfigurando la esencia de la JEP.

Para agravar la situación, el Fiscal Néstor Humberto Martínez, atendiendo ordenes de su jefe natural Vargas Lleras y su mentor, el Banquero Sarmiento Angulo, ha presionado de todas las maneras las modificaciones a la JEP, para incumplir los acuerdos con las FARC; se ha negado a poner en funcionamiento la Unidad Espacial de Investigación de crímenes del paramilitarismo contemplada en el numeral 74 de la JEP y mantiene engavetadas 15 mil compulsas de copia existentes contra el paramilitarismo y empresarios amigos de Sarmiento Angulo.

Esperamos que el funcionamiento que los nuevos jueces se ajuste a la esencia jurídica de la JEP para que haya justicia, reconciliación y paz; que la justicia desentrañe los verdaderos determinadores de los asesinatos de líderes sociales y ex miembros de las FARC, que se garantice la seguridad jurídica de los miembros de FARC, que haya un efectivo desmantelamiento del paramilitarismo y la des-paramilitarización de la fuerza pública, el empresariado y el Estado.