Mejorar la seguridad y reducir la vulnerabilidad energética en Chile, para evitar apagones como el ocurrido en Estados Unidos y recientemente en Londres, son sólo algunas medidas que el gobierno debe considerar en una política energética -aún inexistente- que esté acorde a las deficiencias de nuestra matriz energética. Desgraciadamente, las indicaciones y las discusiones sobre la Ley Corta enviadas por el gobierno al parlamento, sólo centradas en resolver problemas de transmisión, han ocultado el problema estructural de vulnerabilidad que sufre nuestro país en el área energética. El problema que enfrentamos ciertamente es grave, como lo confirma el reciente viaje que realizó el Presidente Ricardo Lagos junto al Ministro de Economía, Jorge Rodríguez a Argentina para intentar enfrentar la crisis anunciada la semana pasada en la prensa argentina, en el sentido de que la nación trasandina no podría asegurar a Chile el suministro de gas natural en los próximos años, ni la transmisión de éste a la presión requerida por nuestro país. El viaje ratificó el interés de Chile por tratar el tema energético con Argentina, quien es hoy por hoy nuestro principal abastecedor de gas natural, tal como lo manifestaron el Ministro de Planificación Federal de Argentina, Julio De Vido y Rodríguez Grossi de Chile. Pero se ocultó la dimensión de la inseguridad energética, especialmente cuando en el Plan de Obras Eléctricas -a ser construidas en el futuro en Chile- considera casi exclusivamente plantas de gas natural. Estrechar los vínculos con las industrias de gas natural argentinas para asegurar la confiabilidad en el suministro para Chile demuestra, una vez más, que este gobierno opta por salvar la coyuntura con una visión cortoplacista, no respondiendo al problema con acciones para soluciones estratégicas tales como la diversificación de las fuentes energéticas, incluyendo recursos que nuestro país posee en abundancia tales como la energía geotérmica, eólica, biomasa, etc. La insistencia en centrar la matriz eléctrica en el gas natural argentino, ratifica que Chile adolece de una política energética proactiva y sustentable, ignorando el uso de las energías renovables no convencionales. Si el gobierno no considera las indicaciones y mecanismos para promover el uso de las Energías Renovables y avanzar así hacia la seguridad energética en las indicaciones a Ley Eléctrica, y sigue obsesionado con el gas trasandino, la política energética seguirá siendo errática y, por ende, todos los chilenos deberemos pagar las consecuencias. Tomar medidas concretas sobre el problema de fondo de nuestra inseguridad energética, está ahora en manos de nuestros parlamentarios, quienes ya han sufrido los rigores del lobby ejercido por el Ministerio de Economía para aprobar una ley corta eléctrica restringida a los problemas de transmisión, cuando el desafío de fondo es, a todas luces, diversificarse o morir. * Sara Larraín R-T es Directora Ejecutiva del Programa Chile Sustentable