El año 1970 y en el contexto del "proceso revolucionario de las fuerzas armadas", presidido por el Gral. Juan Velasco Alvarado, el entonces ministro del interior Gral. Armando Artola renuncia a raíz de la represión a los pobladores de Villa El Salvador y las muertes que ocasiona, y por el encarcelamiento del hoy Monseñor Luis Bambarén. En el segundo gobierno del Presidente Fernando Belaunde, su ministro del interior Ernesto de la Jara también renuncia con motivo de diferencias surgidas entre él y sectores del alto mando de la Policía Nacional. Hoy, en cambio, el ministro Aurelio Loret de Mola, autoproclamado responsable de la represión desatada en Puno y de la muerte del estudiante Jonhy Quilca, se aferra al cargo con el aval del Presidente Toledo. Seguramente no fue fácil para el Gral. Velasco y el arquitecto Belaunde admitir las renuncias de sus respectivos ministros. Ello no obstante, al menos como hipótesis, fueron promovidas o aceptadas por ambos. Por Velasco, para evitar la perdida de legitimidad social y política de un régimen que promovía reformas y solía decir "campesino el patrón no comerá mas de tu pobreza". Y por Belaunde, como parte de ese juego suyo de conceder y ceder a las pugnas internas del acciopopulismo de entonces, y de ese modo dotarse del mínimo de cohesión política y partidaria necesaria, para moderar a su manera la desnacionalización y privatización del Estado y las políticas públicas. Hoy, en cambio, el presidente Toledo sostiene como ministro a Loret de Mola, se resiste a cambiar su gabinete ministerial, y, también y sobre todo, mantiene en plenitud la denominada "economía neoliberal" impuesta por el fujimorismo, como en el caso del contrato que establece la "renta básica" a favor de la Telefónica. En consecuencia y en los límites de este breve y parcial recuento, es posible afirmar que las renuncias de los ministros, como secuela directa de los errores del gobierno, no son ninguna novedad en el Perú. Inclusive, la renuncia del ex ministro del interior Fernando Rospigliosi, a raíz de las protestas contra las privatizaciones en Arequipa, demuestra que tampoco lo es en la administración Toledo. Por lo mismo, entonces, cabe preguntarse ¿qué se esconde o qué se revela en la permanencia del gabinete ministerial y en particular del ministro Aurelio Loret de Mola? ¿es un capricho presidencial o una señal de las correlaciones de poder en el toledismo y para enfrentar las reivindicaciones y protestas sociales? ¿el "Estado de emergencia" es una señal de esas correlaciones de poder? ¿será suficiente un cambio de gabinete? ¿es necesario hacer cambios en la política económica? ¿qué dicen al respecto los sectores en conflicto? Y, por cierto, ¿qué dicen los firmantes del "acuerdo de gobernabilidad"? Tal vez sea útil en la búsqueda de respuestas, o para la formulación de otras preguntas y respuestas posibles, tomar en cuenta que la existencia de individuos desiguales en la sociedad civil y mercado y en la representación o acceso al Estado -como ocurre en el Perú-, propician un desigual ejercicio de los derechos civiles y modulan la democracia representativa como una igualdad formal de las personas ante el Estado y la Ley. No hay que ser muy sagas para darse cuenta que aquello también está en juego en las protestas sociales que hoy se abren camino a pesar y en contra del "estado de emergencia", y que también tienen mucho que ver con las negociaciones en curso. Santiago, 3 de junio del 2003