Análisis de Coyuntura por actores sociales
28/02/2003
- Opinión
GOBIERNO
El balance de tres años del gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG),
encabezado por Alfonso Portillo y Efraín Ríos Montt, es negativo, debido a la
crisis económica, política, moral y social del país, la corrupción
gubernamental, la confrontación entre gobierno y el Comité Coordinador de
Asociaciones Comerciales, Agrícolas, Industriales y Financieras (CACIF), el
incumplimiento de los Acuerdos de Paz, el estímulo gubernamental a la
reorganización de estructuras contrainsurgentes como las Patrullas de
Autodefensa Civil (PAC) y el resurgimiento de la violencia política provocada
por grupos clandestinos.
Existe un clima de polarización, confrontación, violencia y desesperanza en la
mayoría de los sectores de la población, golpeada por el hambre y por un sistema
injusto, caracterizado por privilegios de una minoría oligárquica que se resiste
al cambio.
A esta situación hay que sumar el incremento escandaloso del narcotráfico,
mientras la cantidad de droga decomisada ha disminuido y la propia policía
antinarcóticos robó las dos terceras partes de la cocaína incautada.
Todo lo anterior ha acelerado procesos de descomposición y aumento de la
violencia, y ha puesto al descubierto a los grupos del poder oculto paralelo,
que actúan al amparo del gobierno y están vinculados con el narcotráfico, el
lavado de dinero y el tráfico de personas.
Las presiones estadounidenses han llevado al gobierno a realizar destituciones
de varios altos funcionarios del Ministerio de Gobernación. El gobierno cerró el
Departamento Operaciones Antinarcóticas (DOAN) y creó una pequeña unidad de
inteligencia denominada Servicio de Análisis e Información Antinarcóticos
(SAIA), se envío a disponibilidad a varios altos oficiales del ejército por sus
presuntos vínculos con el narcotráfico y se destituyó a varios altos
funcionarios con responsabilidades en zonas de tráfico de drogas, como en los
puertos.
La apuesta financiera del gobierno radica en la venta de deuda pública por 700
millones de dólares, por medio de los llamados "eurobonos". La oposición de la
sociedad civil, el CACIF y la comunidad internacional a la colocación de esos
títulos ha radicado en el destino de lo que se recaudará, y en el incremento en
un 20% de la deuda externa. Con esos recursos se financiará la campaña electoral
del FRG y se "compensará" a ex miembros de PAC. Sin embargo, la posibilidad de
éxito en la venta de los títulos disminuye día a día, entre otras razones, por
la descertificación de Estados Unidos, que fue un golpe a la credibilidad del
gobierno.
Otro elemento preocupante es la situación de inseguridad y los motines
carcelarios que se han desarrollado; el caos y la debilidad del Estado para
enfrentar ciertas circunstancias son evidentes. Sin embargo, también existe una
política deliberada y planificada del gobierno del FRG desde sus inicios, que ha
pretendido militarizar la seguridad pública y agotar a las instituciones civiles
de seguridad.
En medio de esta situación deteriorada y en crisis, el proyecto político del FRG
se encuentra en medio de una condición de desgaste total, en la que la
popularidad de sus líderes no va más allá del 8%, según varios estudios de
opinión. Además, se encuentra en procesos de confrontación permanentes, ahora
con sectores sociales, como los médicos, los campesinos, y más recientemente,
con maestros, que van configurando un escenario para la debacle política del FRG
en las próximas elecciones.
Sin embargo, lo más preocupante de la situación de conflictividad en aumento,
provocada por un pésimo manejo político, es que en última instancia puede llevar
al país a una indeseable condición de ingobernabilidad, por lo que es importante
que la sociedad civil se mantenga alerta y dispuesta a reaccionar ante
eventuales intentos del rompimiento de la institucionalidad.
EL EJÉRCITO
El ejército ha padecido el manoseo político de los nombramientos que realiza el
Presidente por la presión de grupos del poder oculto y por las reacciones de
Estados Unidos ante otras designaciones muy cuestionables, especialmente las de
funcionarios que tienen que ver con el combate del narcotráfico. Esas
designaciones han producido nombramientos y destituciones de jefes militares.
Un tema importante es la situación del Alto Mando del Ejército, ya que el actual
Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, General de División Enrique Ríos
Sosa, hijo del secretario general del partido de gobierno, está en un punto de
su carrera en el que debe ser retirado, para evitar más desgaste político dentro
del ejército, que es lo más probable. Pero también existe la posibilidad que sea
designado Ministro de la Defensa, lo que en un año electoral sería otro
desacierto más del gobierno, que incrementaría el sentimiento anti-FRG entre las
fuerzas armadas.
Por otro lado, el gobierno continúa haciendo transferencias y asignando fondos
especiales para el Ministerio de la Defensa Nacional (MDN), en detrimento de
rubros sociales importantes. También se le siguen asignando funciones que no le
corresponden, como el transporte de fertilizantes y la seguridad interior.
Otro tema ha sido la pretensión del MDN de tener el control de la Autoridad
Marítima Nacional, como está manifiesto en la propuesta de ley que presentó el
diputado eferregista Baudilio Hichos ante el pleno del Congreso, por la que se
pretende dar al ejército facultades y prerrogativas que tienden a la
militarización del Estado, como el control de actividades fiscales, sanitarias,
migratorias y otras.
LAS FUERZAS POLÍTICAS
Existe una profundización en la crisis general en el sistema de partidos
políticos, con una deficiente ley electoral y sin financiamiento adecuado a los
partidos para su funcionamiento. Las organizaciones partidarias no han logrado
una verdadera relación de intermediación entre la sociedad y el Estado. Es
necesario fortalecer el sistema político partidario.
Los partidos políticos inscritos son:
El Partido de Avanzada Nacional (PAN). Es una de las expresiones políticas del
Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Agrícolas, Industriales y
Financieras (CACIF). Se encuentra en el primer lugar en las encuestas. Trata de
captar el descontento existente contra el FRG. Para la población en general es
una fuerza política de derecha dividida, con una actuación en el pasado de
privatizaciones de pésimos resultados para la población y con serios
señalamientos de corrupción.
El PAN ha definido a su candidato presidencial a través de elecciones primarias,
con lo que solucionó una disputa interna. Óscar Berger ganó con el apoyo del
poder económico. El Secretario General, diputado Leonel López Rodas, sigue
disputando puestos y espacios de poder, pero todo indica que perderá el control
del partido, por presiones del poder económico y del grupo de Álvaro Arzú, que
ha reaparecido en la escena, arrebatando el Partido Unionista a Gustavo Porras y
entregándolo a Fritz García-Gallont, con la mira puesta en la fusión de ambos
partidos.
El Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Se encuentra debilitado, dividido y
desgastado por gobernar en medio de una permanente confrontación con el CACIF.
Está pagando un gran costo político y social por haber aprobado en el Congreso
el aumento de la cuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y por el incremento
de la violencia, la corrupción y la desesperación social.
Los dirigentes del FRG se han planteado promover la candidatura presidencial de
Efraín Ríos Montt, con el objetivo de cohesionar al partido, que se encuentra en
franco deterioro. En mayo, tendrán que tomar decisiones electorales reales.
Entonces, el propio general postulará a un candidato presidencial externo o de
los llamados "portillistas", como el canciller Édgar Gutiérrez; el académico
Eduardo Suger Cofiño; el Fiscal General, Carlos David de León Argueta; el
presidente del Banco de Guatemala (BANGUAT), Lizardo Sosa; o el ex presidente
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) José Rodil Peralta, mientras a nivel de
diputación se perfila Pedro Pablo Palma Lau, uno de los cooptados, que serán
utilizados para dar la cara en la campaña electoral y para que carguen con el
desgaste electoral, protegiendo un poco al FRG. El general, por su parte, se
mantendrá en una curul, que le garantiza la inmunidad.
El FRG actualmente no tiene ni el 8% de popularidad y esto sin haber iniciado la
campaña electoral, durante la cual su situación empeorará. Ya ha sido desplazado
como partido por la URNG y su candidato a la Presidencia por Álvaro Colom. Es de
prever una gran derrota electoral para el FRG.
La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Eligió a Rodrigo
Asturias y a Pablo Ceto como el binomio presidencial, a propuesta del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) y el Consejo Político, avalada por las bases
partidarias. Las candidaturas locales y diputaciones distritales se están
decidiendo mediante elecciones primarias. Actualmente es el segundo partido
político en el país, pero le hace falta posicionar a sus candidatos al mismo
nivel.
Es la alternativa de la izquierda y de los Acuerdos de Paz. Durante el Foro de
Sao Paulo, realizado en diciembre, en Antigua Guatemala, se demostró el
prestigio interno e internacional que ha ido ganando. Está acompañando
movimientos antibelicistas contra Estados Unidos identificándose con el
movimiento social globalmente unificado.
En la actualidad URNG tiene más de 13 mil militantes, organización partidaria en
mas de 190 municipios y una dirección conjunta de más de 100 cuadros políticos.
La salida del grupo de Jorge Ismael Soto le ha reportado la renuncia de 160
militantes.
El Partido Patriota (PP). Dirigido por el general Otto Pérez Molina. Consiguió
su inscripción como partido político y postulará a la Presidencia al ex
eferregista y ahora enemigo del FRG Harris Whitbek. Se le vincula a políticos
serranistas y a un sector del ejército, y se dice que recibe financiamiento del
empresario Dionisio Gutiérrez, quien está promoviéndose para ser presidenciable.
Pérez Molina está desgastado como dirigente del "Movimiento Cívico por
Guatemala", financiado por Gutiérrez.
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Grupo político que encabeza Álvaro Colom,
su Secretario General y candidato presidencial. Consiguió su inscripción como
partido político. La candidatura a la Presidencia de la República de Colom en
1999 por la URNG lo dio a conocer al electorado. Se encuentra en segundo lugar
en las encuestas, pero hoy cada vez es más evidente su acercamiento a la
derecha, lo que le ha restado fuerza. Su organización no se define ni política
ni ideológicamente. Ha resultado afectada y dividida a partir del fracaso del
"Movimiento Cívico por Guatemala" y por el regreso de Óscar Berger al PAN,
hechos que han propiciado la salida de muchos de sus principales cuadros.
El Partido DIA. Tiene el inconveniente de ser conocido como un partido de
izquierda con un candidato a la Presidencia percibido como de derecha, con lo
cual se anula. Su candidato presidencial será el Rector de la Universidad
Galileo y coronel asimilado Eduardo Suger Cofiño. Un primer enfrentamiento con
su candidato a la vicepresidencia Ricardo Bueso provocó que el empresario se
retirara, para ser el candidato presidencial de la Democracia Cristiana
Guatemalteca.
Partido Unionista. Acaba de inscribirse como partido político. Es un grupo que
salió del PAN y encabezaba Gustavo Porras. En la reciente asamblea nacional,
Porras fue destituido y tomó el control el alcalde capitalino Fritz García-
Gallont, quien representa la tendencia del ex presidente Álvaro Arzú. Arrastra
todo el peso político del partido de derecha derrotado a partir de las
privatizaciones y los actos de corrupción durante la gestión panista. Todo
indica que los cambios lo llevarán a una alianza con el PAN.
Unión Democrática (UD). Grupo político con raíces de centro izquierda, tendencia
ambientalista en 1999 y actualmente con discurso de centro-derecha. Encabeza el
empresario Rodolfo Paiz Andrade, ministro de Finanzas en el gobierno de la DCG.
Paiz quedó como candidato presidencial después de unas costosas, cuestionadas y
no muy concurridas elecciones primarias. Es uno de los candidatos del
empresariado. Ya tiene alguna presencia en la prensa escrita y alguna
propaganda.
Democracia Cristiana Guatemalteca. (DCG). Su Secretario General es el ex
presidente Marco Vinicio Arévalo. Por sus problemas internos, el Tribunal
Supremo Electoral (TSE) le corrió audiencia por causal de suspensión. Es una
fuerza política en extinción, dividida. La más reciente confrontación se dio
entre Cerezo y José Fernando Lobo Dubón, quedándose el primero con control del
partido. (Lobo Dubón fue asesinado en enero de 2003.) La DCG postulará como
candidato presidencial al empresario Ricardo Bueso.
Partido Libertador Progresista (PLP). Su Secretario General es Asisclo
Valladares Molina. Es una ficha sin partido, además esta a punto de perder el
registro, el dueño de esta ficha es Valladares, en general aliado a fuerzas de
derecha, es el actual embajador en El Vaticano, aliado del FRG en las pasadas
elecciones. Entre sus cuadros está Guillermo Salazar Santizo, Presidente de la
Fundación para la Investigación Económica (FIE).
Los Verdes. Su Secretario General es Rodolfo Rosales García-Salas, quien es
también su candidato presidencial. Es un partido pequeño sin presencia nacional,
que impulsa la tendencia ecológica; hizo un buen papel en 1999 con el candidato
José Asturias Rudeke, pero él no continúa en esta fuerza política.
Unidad Nacionalista. Su Secretario General es Jorge Canale Nanne. Tiene
acercamientos con algunos miembros del gobierno como Rokael Cardona, y con gente
vinculada al Partido Convergencia Social-Democráta. Está en pláticas con los
unionistas y la Alianza Nueva Nación (ANN).
Movimiento Renovador. Se llamaba Partido Laborista Guatemalteco (PLG). Su
Secretario General es Hugo Enrique Argueta Figueroa y está en proceso de
suspensión. Sin embargo, la ficha la acaba de comprar Jorge Briz Abularach,
presidente de la Cámara de Comercio, que se postulará como candidato
presidencial.
Partido Solidaridad Nacional. Su Secretaria General es Bertha Olimpia Rivas
López. La figura que está detrás de este partido es el presidente de la junta
directiva del Instituto de Recreación de los Trabajadores (IRTRA), Ricardo
Castillo Sinibaldi, quien sería su candidato presidencial. Tiene acercamientos
con la DCG, para conformar una posible alianza.
Democracia Social Participativa (DSP). Su Secretario General es Federico Arnoldo
Zea Acuña. Logró inscribirse en enero del 2003 como partido político.
Unidad Nacional Auténtica (UNA). Su Secretario General es Gerardo Villeda
Guerra, el TSE recientemente lo registro como el partido político número 16.
CACIF
El poder económico tradicional ha encabezado la oposición al gobierno, porque ha
visto amenazados y afectados sus intereses. Un grupo de empresarios participa en
una campaña de desestabilización, que cuenta con medios impresos como
instrumento y se hace de manera sistemática. Ha llevado adelante una campaña de
desprestigio con fundamento en la corrupción gubernamental, causando al gobierno
un desgaste importante.
El CACIF ha escogido al PAN de Óscar Berger para retomar el poder político y
realizó un "esfuerzo" económico importante para que Berger ganara las elecciones
primarias del PAN. Sin embargo aún no tiene el control de las candidaturas y el
partido, por lo que se prevé mas "esfuerzos" para eliminar la influencia de
Leonel López Rodas y el ingreso de otro grupo económico: el de Álvaro Arzú, a
través de los unionistas, que acaban de depurar a Gustavo Porras para llevar a
las elecciones a una sola representación del poder económico.
ESTADOS UNIDOS
Ha habido un cambio de la política estadounidense frente a la actual
administración, traducida en acciones concretas, como el cambio de embajador,
fuertes señalamientos de los funcionarios Otto Reich, Paul Simons y Rogelio
Guevara, la descertificación de Guatemala como país no cooperante en la lucha
antinarcóticos y otras.
Estados Unidos sigue siendo el actor y el factor de poder estratégico
estructural de Guatemala. Ha aprovechado la coyuntura a partir del 11 de
septiembre de 2001, sobre la base de la priorización de su agenda de seguridad
por sobre todas las demás, desarrollando la nueva versión de la Doctrina de
Seguridad Nacional. Específicamente, ha impuesto su lucha antiterrorista y ha
aumentado el control de la migración.
Es clara la expansión económica estadounidense a través del impulso del Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA) y los proyectos regionales como el TLC de
Norteamérica y el Plan Puebla Panamá (PPP). Todas estas iniciativas pretenden
establecer una estrategia básica: consolidar el mercado, así como el poder
político-económico de Estados Unidos en América Latina, por encima de los
intereses de europeos y japoneses.
La gran dependencia del gobierno de Guatemala hacia el de Estados Unidos ha
llevado al gobierno de Portillo ha adoptar la posición más reaccionaria en
política exterior de las últimas décadas, copatrocinando una resolución en
contra de Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra de las Naciones
Unidas, votando en contra de la creación del Estado Palestino, votando en contra
de la presidencia de Libia en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, junto
a Estados Unidos. Recientemente ha exhibido una posición de acercamiento a Cuba,
motivada por la descertificación estadounidense y la próxima campaña electoral,
aunque a la hora de las decisiones es previsible que adoptará la misma posición
reaccionaria de los últimos años.
LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
A partir de las acciones llevadas adelante por la comunidad internacional con
base en los compromisos asumidos por el gobierno ante el Grupo Consultivo sobre
Guatemala, se ha avanzado en la agenda de la paz y se ha logrado instalar
algunas mesas intersectoriales de diálogo, que auspician la Organización de
Estados Americanos (OEA) y el Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala. Hace
falta un esfuerzo para lograr que las mesas intersectoariales de diálogo sean
apropiadas por la sociedad civil y se conviertan en espacios de incidencia y
diálogo permanente entre la sociedad y el Estado.
El Grupo de Diálogo, en el que participan representantes de los gobiernos de
Canadá, Estados Unidos, Suecia, España, Alemania, Holanda, Noruega y Japón, así
como del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Sistema de las Naciones Unidas en
Guatemala, ha incidido en apoyar las acciones del movimiento de derechos humanos
y ha respaldado a las agrupaciones que han sido amenazadas por los grupos
clandestinos que operan impunemente en el país.
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) ha
tenido un papel destacado en la actual coyuntura, posicionándose como
verificador real de los compromisos más importantes, logrando además una
interlocución permanente con la sociedad civil para lograr avances en los
Acuerdos de Paz y fortalecer a organizaciones, en función de su cierre, que
ocurrirá a finales de este año.
Siguen pendientes algunos compromisos importantes, particularmente los que
tienen que ver con Derechos Humanos, Justicia y Seguridad. Sería conveniente que
la mesa intersectorial de diálogo que abordará esta temática comience a
funcionar, para lograr sintetizar las experiencias y propuestas de la sociedad
civil y para que las organizaciones lleven posiciones unificadas a la próxima
reunión del Grupo Consultivo.
Hace falta concretar acciones de la comunidad internacional para evaluar los
compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz y ante el Grupo Consultivo.
SOCIEDAD CIVIL
La sociedad civil tiene ante sí un reto, así como una posibilidad, ya que se
abre una perspectiva de cambio, de poder retomar los Acuerdos de Paz con apoyo
de la cooperación internacional. Es importante participar, organizarse y
construir una alternativa política al actual proyecto de gobierno de militares
de derecha y al proyecto de la oligarquía tradicional.
Los conflictos de tierra ya son una constante y el movimiento campesino ha
mostrado una capacidad de organización y de movilización, con marchas y
ocupaciones de fincas en casi todo el país, exigiendo soluciones que resuelvan
una grave y compleja problemática. Pero la magnitud de los reclamos choca con la
actitud de finqueros y autoridades, que ven en la represión y el desalojo la
única forma de enfrentarlos. La agenda de la paz tiene las propuestas adecuadas
al respecto, que los gobiernos no han cumplido.
El movimiento magisterial es una muestra de organización y combatividad, es un
ejemplo de coordinación y unidad sectorial; se ha enfrentado con decisión la
actitud intransigente del gobierno y su lucha tendrá como resultado una mayor
fortaleza de la organización popular y una base para el crecimiento del
movimiento sindical.
CONCLUSIONES
La sociedad civil tiene importantes retos. El primero es aprovechar la coyuntura
actual de la presión de la comunidad internacional por la próxima realización,
en mayo, de la reunión del Grupo Consultivo sobre Guatemala, para lograr cambios
en el país, retomar puntos fundamentales de la agenda de la Paz y luchar por su
cumplimiento. Es decir, lograr por la presión popular y la participación de la
comunidad internacional un cambio en la agenda del gobierno de turno. Organizar
a la sociedad alrededor de sus demandas sectoriales con visiones de largo plazo
alrededor de la construcción de una nueva nación.
La organización y la participación son una obligación en este momento histórico,
ya que la crisis del país debe encontrar causes donde la mejor gente aporte lo
mejor de sí.
El otro reto es construir una alternativa política viable, aglutinada en la
bandera de los Acuerdos de Paz, que pueda ofrecer a los guatemaltecos una opción
diferente al continuismo de la derecha militar del FRG y al proyecto político de
la derecha empresarial organizada alrededor del CACIF. Este es el reto de los
guatemaltecos que creen en una Guatemala diferente sin exclusión, con una
democracia real, participativa, con justicia social.
* Centro de Estudios de Guatemala, CEG.
10ª Calle A 6-26, zona 2
Ciudad de Guatemala
Tel. (502) 254-0880
ceg@c.net.gt
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