El mundo, y particularmente América Latina, han elogiado la decisión del presidente Barak Obama de "desactivar" la cárcel clandestina montada por la CIA para presuntos terroristas dentro de la base naval de Guantánamo, enclavada en territorio de Cuba. Por sus celdas pasaron más de 800 detenidos procedentes de 44 países, en su mayoría islámicos, sometidos a torturas y vejámenes y sin las mínimas garantías del debido proceso judicial, del que siempre se preció el sistema democrático de los Estados Unidos de América.

No menos celebrada ha sido la orden ejecutiva impartida por Obama para que los militares y las fuerzas de seguridad de su país respeten las disposiciones de la Convención de Ginebra (Suiza) para prisioneros de guerra y dejen de utilizar la tortura como método de interrogatorio, práctica que recientemente mereció el elogio del ex icepresidente Dick Cheney, considerado el "ideólogo" del gobierno de George W. Bush.

Pero aun libre de presos ilegales y de tormentos, la base naval de Guantánamo fue y seguirá siendo un resabio de prácticas imperiales que la conciencia pública latinoamericana parece cada vez menos dispuesta a tolerar, si consideramos los procesos políticos de cambio que se desarrollan con pujanza en varias naciones del hemisferio.

Guantánamo significa sencillamente que un país pequeño -Cuba- se ve obligado a admitir dentro de su territorio, y en abierta violación a su soberanía, un enclave militar extranjero, con el agravante de que se trata de una potencia, los Estados Unidos, que desde hace varias décadas lo tiene sometido a un implacable bloqueo, condenado por las Naciones Unidas y que la presidenta argentina Cristina Fernández calificó recientemente en La Habana (Cuba)  de "cerco comercial como no se conoce históricamente en el mundo".

El gobierno cubano ha reclamado periódicamente por la situación de Guantánamo, aunque en los últimos tiempos parece haber relegado el tema para concentrarse en su permanente campaña a fin de que los Estados Unidos levanten un bloqueo muy gravoso para su economía y su sociedad.

Sorprende, en cambio, que la demanda por la restitución a Cuba de una porción de su territorio no haya sido recogida por otras naciones latinoamericanas, que le han demostrado solidaridad rompiendo el bloqueo -un proceso iniciado por la Argentina en 1973- incorporándola a organismos como el Grupo de Río y propugnando su regreso a la Organización de Estados Americanos (OEA), un foro en el que el gobierno de La Habana parece haber perdido todo interés.

La base estadounidense está instalada en la Bahía de Guantánamo, a 64 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba y a 920 kilómetros de La Habana.

Abarca una superficie de 117,6 kilómetros cuadrados, de los cuales unos 50 kilómetros son de tierra firme. El resto son pantanos y agua. La base cuenta con modernas instalaciones que albergan a un numeroso contingente de infantes de marina, tiene un aeropuerto de intenso tráfico con los Estados Unidos y un embarcadero.

El origen de la base se relaciona directamente con la lucha de Cuba por su independencia y con la guerra que libraron España -anterior metrópoli colonial- y los Estados Unidos, a fines del siglo XIX.

El conflicto resultó en un desastre militar y diplomático para España, que en el Congreso celebrado en París en 1898 debió reconocer la independencia de Cuba y ceder a los Estados Unidos los territorios de Puerto Rico, las Filipinas y Guam.

El gobierno de Washington impuso, a partir de ese momento y de manera explícita, su hegemonía política, militar y económica sobre Cuba, al punto de que el Congreso de paz de París reconoció su derecho a mantener una presencia militar en la isla.

El 23 de febrero de 1903, Tomás Estrada Palma, primer presidente de Cuba, firmó un tratado con Washington otorgando a los Estados Unidos la concesión perpetua de la base de Guantánamo.

El tratado de 1903 tenía como ominoso antecedente la ley que el Congreso  de los Estados Unidos había aprobado dos años antes, imponiendo la introducción de un apéndice a la Constitución cubana.

Esa ley, debida a un proyecto del senador Orville Platt, y desde entonces conocida como la "enmienda Platt", concedía a los Estados Unidos el derecho a intervenir militarmente en Cuba, en caso de que, a juicio del gobierno de Washington, peligraran en la isla la vida, el derecho de propiedad o las libertades individuales.

La enmienda también prohibía a Cuba concertar tratados o convenios con gobiernos extranjeros que "menoscabaran" su independencia o implicaran la cesión de parte de su territorio. Y establecía que el gobierno cubano no podría contraer deudas por encima de su capacidad para abonar los intereses y amortizaciones de esas obligaciones.

La famosa "enmienda" recién fue derogada a comienzos de la década de los años treinta, cuando el entonces presidente Franklin D. Roosevelt adoptó  una actitud  más "benévola" hacia América latina  con su política del "buen vecino".

- Oscar J. Serrat de la Redacción de MERCOSUR Noticias.