Los conflictos provocados por la pesca industrial o artesanal,  los paros petroleros,  las movilizaciones indígenas en Esmeraldas o los cierres de carreteras al sur del país, son conflictos que parecen disgregados pero tienen algo en común: un importante contenido ambiental. Todos estos conflictos sociales que han sobresalido en el escenario político ecuatoriano, unas veces más y otras veces menos tolerados por el gobierno  unas veces más y otras menos son utilizados por la oposición.

Han sobresalido cinco conflictos: por minería, represas, petróleo, deforestación y los tiburones.  Los tres primeros tienen que ver con actividades que afectarían a las comunidades en sus formas tradicionales de existencia, que promueven una competencia del espacio, tanto de la tierra como del agua y que se justifican por considerarse proyectos importantes para el desarrollo nacional; y, los dos últimos son conflictos que resultan de actividades que afectan a la conservación, que están caracterizadas por la corrupción, en el caso de las madereras también por la violencia, y que pretenden ser ignorados o acaso controlados por los mismos actores de la destrucción. 

Las comunidades demandan sus derechos utilizando el único recurso que tienen: la movilización. Los empresarios reclaman sus ventajas y utilizan la presión y el chantaje; la prensa explota los conflictos, dependiendo de los intereses en juego, puede ser absolutamente conservacionista o brutalmente despiadada con las comunidades, cómplice en el silencio con las empresas, o desmedidamente crítica con el gobierno. El escenario se ha vuelto confuso.

El telón de fondo de los conflictos

El Ecuador históricamente se ha dedicado a explotar sus recursos naturales perjudicando su propia biodiversidad.  Primero por el cacao, luego por el banano, posteriormente por el petróleo y el camarón, las posibilidades de una vida sustentable en el campo ecuatoriano se fueron perdiendo paulatinamente. Esta depredación de la naturaleza fue de la mano del despojo y la sobreexplotación de miles de campesinos e indígenas que fueron  subordinados y sobreexplotados al servicio de empresas, muchas veces trasnacionales y otras  administradas por un pequeño grupo de oligarcas que aumentó sus riquezas a costa del bienestar de la nación.

Esta dinámica fue aun más brutal con la llegada del neoliberalismo, pues al tiempo que aumentaron los negocios que contaminan y degradan los ecosistemas y aumentó  la injusticia social a niveles nunca antes vistos, se desbarató al Estado.

Recuperar un Estado erosionado y empobrecido, pagar la deuda social, sostener el aparato del Estado, cubrir los gastos sociales,  impone urgencias en materia económica, pero si esas políticas o proyectos descuidan el ambiente, continuará el despojo y la injusticia de lo importante; particularmente para aquellas comunidades cuyas formas de producción y consumo están estrechamente ligadas a la naturaleza.

El problema es que más allá de las decisiones e intenciones casa adentro, hay una estrategia global, diseñada desde los países industrializados para explotar nuestras riquezas naturales velozmente, empobrecer a la gente para contar con mano de obra que al ser “ilegal” es más barata, y por aniquilar nuestra condición de autosuficiencia de alimentos. Se trata de perpetuar un modelo de exportación de energía y materias primas e importación de todo, sobre todo alimentos. Ecuador es un país que posee varios recursos estratégicos para sostener este modelo: posee agua, biodiversidad y  energía.

El presidente de los Estados Unidos en el 2001 afirmó “¿Pueden ustedes imaginar un país que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar a su población? Sería una nación expuesta a presiones internacionales. Sería una nación vulnerable. Y por eso, cuando hablamos de la agricultura americana, en realidad hablamos de una cuestión de seguridad nacional”[1].

La fórmula de exportación de energía e importación de alimentos para países como los nuestros es un destino diseñado y conspirado desde el norte.  Es parte de la estrategia central de Estados Unidos, país que basa su economía en la producción y exportación de alimentos. Un ejemplo de ello son los programas de ayuda alimentaria en los que introdujo alimentos transgénicos en toda América Latina

De un posicionamiento claro del Ecuador en contra de los intereses transnacionales en temas energéticos y alimentarios dependerá la soberanía, tanto en su expresión comunitaria como nacional.

Sin embargo, el anunciado Plan Nacional Agropecuario y Forestal, en lugar de la necesaria revolución agraria,  promueve los monocultivos, entre otras cosas para biocombustibles, promueve la dependencia de los pequeños agricultores con relación a los grandes a base de la entrega de tecnología, créditos y control de mercados, y dedica las tierras que deberían destinarse a la producción de alimentos a productos de exportación, todo esto perpetuando y agravando algunos de los problemas que ya hay en el campo en las zonas de monocultivo, como es el uso de agroquímicos y el consumo excesivo de agua.

Si la prioridad nacional no es el campo, el abastecimiento de alimentos para el sustento nacional y el bienestar de campesinos e indígenas, históricamente marginalizados, se justificará cualquier proyecto, aun cuando haya oposición, aún cuando se presuma daño inminente, aún cuando se destruyan riquezas indispensables para la vida. Tal es el caso de las represas que afectan el acceso al agua de las comunidades y los proyectos mineros o petroleros en territorios indígenas.

Si estas agendas no superan una visión desarrollista, si se continúa tratando a la naturaleza como materia muerta,   surgirán nuevos conflictos  que se manifestarán primero como contradicciones con el ambiente, pero que finalmente son y serán nuevos conflictos sociales, y habremos perdido la oportunidad de diseñar un nuevo momento, post-neoliberal, que reconcilie al ejercicio de la política con el ambiente.

Un giro de las visiones económicas que las acerquen a las ecológicas, es la única manera de resolver los temas sociales en el largo plazo.  Trabajos como la agricultura de subsistencia y la artesanía, en las que hombres y mujeres participaban en condiciones de mayor igualdad, no pueden ser reemplazados por actividades que generan empleo asalariado. No solo el trabajo que genera dinero es  importante, aquel que reproduce la vida es realmente esencial. El país no depende de las divisas, depende de su naturaleza, ésta es el sustrato en donde se desarrolla la vida.

El dilema que se vive

La disyuntiva entre el acceso a recursos para sostener la economía, aunque sea el pago de la deuda social, y la conservación ecológica, coloca, con frecuencia,  al ambiente y las riquezas naturales de un lado y a los temas sociales de otro, así se ha planteado la disyuntiva de escoger entre el interés de los pescadores o los tiburones; escoger  a la  educación o sacrificar el  Yasuní; escoger el  crecimiento económico o la conservación.

Sin embargo, es necesario desmantelar el tratamiento simple de los problemas, ¿hay relación entre la exportación de aletas de tiburón y los pescadores artesanales?, ¿El petróleo del Yasuní permitirá realmente solucionar los problemas de la educación?, para que se requiere la energía de las represas?, ¿Y para qué la actividad minera, si ésta ni siquiera paga tributos al Estado. Por el contrario de lo que comúnmente se piensa, al afectar a la naturaleza, se afectan la capacidad de sustento de las poblaciones a quienes se pretende proteger, se afecta a la soberanía alimentaria de las comunidades y por lo tanto del país. En palabras en Manfred Max Neef:

“Si me dedico por ejemplo a depredar totalmente un recurso natural, mi economía crece mientras lo hago, pero a costa de terminar más pobre.  En realidad la gente no se percata de la aberración de la macroeconomía convencional que contabiliza la pérdida de patrimonio como aumento de ingresos. Detrás de toda cifra de crecimiento, hay una historia humana y una historia natural.  Si esas historias son positivas, bien venido sea el crecimiento porque es preferible crecer poco, pero crecer bien, que crecer mucho, pero mal”. (Manfred Max-Neef , 2001)  

Nos acercamos a un proceso de Asamblea Constituyente, y allí se definirá el tipo de crecimiento que queremos y podemos soportar, las prioridades nacionales, la forma de organización del Estado. En el debate está como propuesta el  "Socialismo del siglo XXI".  Evidentemente, hay un interés de diferenciarse del socialismo del Siglo XX e incluso del socialismo del Siglo XIX. Pero,  ¿cuáles son los temas que diferencian o caracterizan al socialismo?

¿Es la redistribución de la riqueza suficiente? O debemos complementarla con la reapropiación de las riquezas. Es la naturaleza una fuente de riquezas o es el sustrato donde se desarrolla la vida.  Es prioridad el crecimiento económico o lo es el bienestar colectivo?

Las luchas ecológicas que hoy en día defienden la tierra, el espacio y la vida, conforman una parte fundamental del escenario desde el cual debemos pensar esa construcción de este nuevo tipo de socialismo   que pretende dar un giro a los conflictos sociales, impedir que aparezcan nuevas formas de agresión a las comunidades, y avanzar con la redistribución de la riqueza.

Principios para la nueva Constitución

Introducir en la nueva Constitución una serie de principios ecológicos puede ser una garantía para evitar que las viejas prácticas depredadoras de la naturaleza, construyan nuevas inequidades y pobrezas.

El Principio de Precaución,  por ejemplo,  ha sido una herramienta fundamental para la defensa de las riquezas naturales, pero es necesario expandir su alcance y desarrollar su significado.  Solo así se puede garantizar que las poblaciones actúen con oportunidad, impidiendo que,  a pretexto de falta de evidencia, se cometan atropellos contra las comunidades y contra sus territorios.

Incorporar en la Constitución el Principio de Prevalencia que protege a las poblaciones vulnerables y a los ecosistemas frágiles, cuando hay dos intereses que se confrontan, resulta imprescindible.   Este principio propone que en casos de conflictos entre dos o más intereses, se deberá proteger el de los más vulnerables.  De esta manera, aquel antiguo argumento de priorizar los beneficios posibles para el conjunto de la población, en contra de intereses minoritarios, que ha justificado la mayoría de actividades desastrosas, pierde fuerza.

Frente al tema del desarrollo sustentable, que ya nadie sabe que es exactamente, es necesario desarrollar el principio de Perdurabilidad de las Sociedades Ancestrales.  No se trata de hacer sustentable al desarrollo, sino de permitir que sean las sociedades, en sus más diversas manifestaciones,  las que sean protegidas. Las sociedades ancestrales son un ejemplo de conservación de la naturaleza y poseen un inmenso patrimonio cultural que el país no puede sacrificar.

Finalmente resulta necesario y urgente el establecer protecciones para la biodiversidad, así un  principio de Primordialidad de la Biodiversidad permitirá evitar todo intento de privatización o mercantilización de la vida y será herramienta fundamental para la defensa del patrimonio cultural y natural.

Una ruptura con el capitalismo hasta ahora conocido que suponga relaciones menos hostiles hacia la naturaleza es indispensable.  No es posible proseguir dando fuerza al modo de producción que ha depredado la humanidad.  

Esperanza Martínez es integrante de Acción Ecológica