La historia prueba que la articulación de los países de América Latina ha sido útil: afectados por la crisis financiera de 1929, 14 de nuestros países suspendieron el pago de la deuda externa desde 1931 hasta 1935, promovieron auditorías y realizaron una moratoria coordinada.

En Brasil, el entonces presidente Getúlio Vargas dispuso, en 1931, la realización de la auditoría de la deuda externa, habiendo constatado que solamente 40% de los préstamos se encontraban documentados; no había contabilidad regular de la deuda y tampoco control sobre las voluminosas remesas.

El profesor Reinaldo Gonçalves (1) cuenta que Arthur de Souza Costa, ministro de Hacienda, en 1935 afirmó: “la historia de nuestros préstamos contiene operaciones en un número exagerado, onerosas, ruinosas incluso, hechas sin finalidad económica, con repercusión en el desarrollo del país.  En su mayor parte, ellas fueron contraídas por la necesidad de cubrir déficits presupuestarios”.

El resultado de la auditoría fue una significativa reducción del monto de la deuda y del volumen de pagos.

Un Continente saqueado por la deuda

La historia se repite y el momento actual exige una nueva articulación del Continente.  Predestinados para la abundancia, nuestros países conviven con inaceptables índices de miseria, hambre, analfabetismo, desempleo y violencia.  La principal política responsable de tales problemas es el sobre-endeudamiento público externo e interno.  Alternando ciclos de oferta y escasez de capitales externos, y de reciclaje de deuda vieja por nueva y externa por interna, el proceso de endeudamiento es el telón de fondo de los principales problemas de América Latina, históricamente saqueada de sus recursos naturales y sacrificada por el comercio internacional injusto, que desvaloriza nuestras mercancías y sobrevalora los productos industrializados producidos en los países más adelantados.

Pero hay una “coincidencia” en nuestro hemisferio: cuando la supuesta “amenaza comunista” ganaba terreno en el mundo, sobre todo tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, las dictaduras militares tomaron el poder, eliminaron o deportaron a los mas importante líderes nacionalistas e iniciaron un nuevo ciclo de endeudamiento, en especial en la década de los 70, cuando la oferta de petrodólares era abundante en el mercado financiero internacional y las tasas de interés eran bajísimas, pero flotantes.

Justo después del endeudamiento facilitado e incentivado por los acreedores en la década de los 70, todos fuimos golpeados por la elevación unilateral, a partir de 1979, de las tasas de interés por parte de Estados Unidos, país responsable por las crisis del endeudamiento que tuvimos que enfrentar en la década de los 80.  Esta crisis se agravó aún más en virtud del desigual comercio internacional.

Las privatizaciones en Brasil y en la mayoría de los países del Tercer Mundo fueron implementadas bajo el dogal de la deuda pública, a través de un proyecto concebido por las Instituciones Financieras Multilaterales, al servicio de los gobiernos de los países ricos, y ejecutado por gobiernos serviciales en beneficio de las grandes empresas y bancos transnacionales.  Las Cartas de Intención firmadas por el gobierno brasileño y el FMI demuestran cómo se impusieron las privatizaciones a Brasil, que -como muchos otros países– se embarcó en la trampa del endeudamiento “fácil” en los años 70 y enfrentó una grave crisis de la deuda en los años 80.  En ese momento, el FMI ofrecía “ayuda” a cambio de la imposición de una agenda económica basada en las “reglas de buen comportamiento para el crecimiento económico”, enmarcadas en lo que se dio en llamar el “Consenso de Washington”, en el que se destacan la apertura comercial, las privatizaciones, las altas tasas de interés internas, que profundizaron la dependencia financiera y comercial y dieron inicio a un nuevo ciclo de endeudamiento a partir de 1990, haciendo explosionar también la deuda interna en nuestros países.

El actual modelo económico da una prioridad máxima al pago de intereses de la deuda, vía aumento de la carga tributaria y recortes de los gastos e inversiones públicas, sacrificando a la sociedad.  Ante cualquier intento de cambio, el “mercado” chantajea, a través de instrumentos como el “riesgo-país” y la fuga de capitales.  Así, la deuda es el telón de fondo de los principales problemas socioeconómicos nacionales.  El volumen del endeudamiento es aterrador y el ritmo de crecimiento de la deuda es cada vez más acelerado.  Se registran records en la recaudación, basada en una tributación injusta, y no hay recursos para inversiones sociales efectivas.  La injusticia social y ambiental, la concentración de la renta y el desempleo se profundizan, como subproductos de las reformas de cuño neoliberal: la atrofia del papel social del Estado, las privatizaciones y la liberalización comercial y financiera.  El modelo agro-minero-exportador, diseñado para obtener las divisas necesarias para el pago de la deuda externa, impide la necesaria reforma agraria, mientras se desnacionaliza el aparato productivo, el Estado se debilita y la soberanía es cada vez más
amenazada.

Los beneficiarios

¿Y quien gana con esta política? Los banqueros.  Durante el gobierno Lula, éstos batieron récords en ganancias.  En el 2006, se embolsaron 42 mil millones de reales, una cifra que supera los recursos gastados por el Gobierno Federal, en el mismo periodo, en salud y reforma agraria.

El gobierno brasileño difunde que el pago anticipado de US$ 15,5 mil millones al FMI (realizado en diciembre de 2005) es un indicio de que la economía va bien y que la deuda ya no es problema.

Pero la verdad es otra:

1º) La deuda con el FMI era sólo una pequeña parte de nuestra deuda externa.

2º) El pago anticipado de la deuda no significó su reducción, pero sí el cambio de la deuda externa vieja por una nueva, más cara, o cambio de deuda externa por deuda interna, incluso más cara.  Para hacer esos pagos, el Banco Central compra dólares en el mercado.  ¿Y como consigue el gobierno los reales necesarios para comprar esos dólares? Aumentando la deuda interna, que en 2007 sobrepasó el 1,2 billón de reales.  Además, el gobierno pagó al FMI sin una auditoría de la deuda, lo que viola la Constitución.

En este sentido, la Deuda Federal Interna se ha constituido en un reciclaje de la Deuda Externa.  De octubre de 2005 a junio de 2006, se anticipó el pago de la deuda externa por un monto de 24 mil millones de dólares al FMI, Club de París y Bradies.  En el mismo periodo, el Banco Central compró 25,7 mil millones dólares estadounidenses, mediante emisión de más deuda interna.  Así, la deuda interna explosiona.  De junio de 2005 hasta febrero de 2007, la Deuda Interna creció de 938 mil millones de reales a 1,2 billón.

Este proceso se ha profundizado en los últimos meses.  Sólo de enero a abril de 2007, el BC compró US$ 34 mil millones, el equivalente a las compras de todo el año de 2006, acentuando el crecimiento de la deuda interna.  Como el dólar no deja de caer (una vez que los inversionistas extranjeros inundan el país con dólares en búsqueda de los más altos intereses del mundo), estas operaciones de compra de dólares generan un inmenso perjuicio al BC, beneficiando a los inversionistas y bancos privados, que están en la otra punta de la operación, vendiendo la moneda extranjera.  Como si esto no fuera suficiente, el año pasado el gobierno concedió la exención del Impuesto a la Renta a los inversionistas extranjeros, provocando más afluencia de dólares al país.  Es decir: de un lado, el gobierno estimula la entrada masiva de dólares al país, y de otro el BC mantiene altas las tasas de interés y no para de comprar dólares, ocasionando una gran perjuicio a las arcas públicas.  Mientras el BC presentó un perjuicio de R$ 10,45 mil millones en 2005 y R$ 13,167 mil millones en 2006, los bancos nacionales amasaron inmensas ganancias en el mismo periodo, pasando de R$ 33,8 mil millones en 2005 a R$ 42 mil millones en 2006, lo que configura un clara traspaso de recursos del sector público al sector financiero privado.

Y hay un agravante más: los títulos de la deuda externa emitidos a partir de 2003 incluyen las llamadas “Cláusulas de Acción Colectiva” (CACs).  Estas cláusulas, que forman parte de las exigencias del FMI, definen que los poseedores del 75% del valor de la deuda podrán definir los términos de la renegociación, cuyo tribunal estará en Nueva York, lo que significa un irrespeto a la soberanía.  Todavía más absurda que la propia CAC fue la reciente respuesta del Ministerio de Hacienda a la demanda de informaciones de la entonces senadora Heloísa Helena (Partido Socialismo y Libertad), que solicitaba el contenido de las CACs: “Con relación al contenido de las cláusulas vigentes sobre los bonos, las informaciones serán complementadas posteriormente, tan pronto sea concluido el proceso de traducción de los contratos”.  Es decir: además de no dar a conocer el contenido de las cláusulas, se reveló que los contratos fueron firmados en lengua extranjera.

La actual política económica, basada en las llamadas “metas de inflación”, promueve un gran incremento de las tarifas públicas, que son las principales responsables por la elevación de los precios.  De julio de 1994 a julio de 2006, la inflación (IPCA) referente a los “precios liberados” fue de 163,51%, mientras la inflación de los precios controlados por el gobierno fue más del doble: 373,06%.  De esta forma se establecen las tasas de interés más altas del mundo para que se pueda rebajar los precios liberados, afectando la meta de la inflación.

Propuestas

Para revertir este modelo insostenible de endeudamiento, la sociedad está haciendo algunas propuestas, desatendidas por el gobierno: Auditoría de la Deuda; Reforma Tributaria Justa; Control de los Flujos de Capitales y la revisión de las privatizaciones, que son medidas fundamentales para el cambio del modelo económico.

Algunas preguntas deben ser respondidas: ¿de donde proviene toda esta deuda pública? ¿Cuánto tomamos prestado y cuánto ya pagamos? ¿Cuánto realmente debemos? ¿Quién contrajo tantos préstamos? ¿Donde se invirtieron los recursos? ¿Quién se benefició de este endeudamiento? ¿Cuál es la responsabilidad de los acreedores y organismos internacionales en ese proceso? Solamente una auditoría podría responder a estas y otras preguntas.

Frente a esta situación, la Auditoría Ciudadana de la Deuda / Red Jubileo Sur Brasil realiza algunas tareas, como el rescate histórico de la deuda (estudios, rescate y análisis de los documentos), el acompañamiento de los hechos en la actual coyuntura (como los acuerdos con el FMI, el presupuesto de la Unión, el pago anticipado de deudas, el cambio de deuda externa por interna, etc.), la compilación de Argumentos Jurídicos que sustentan el no pago de la deuda (Deuda Odiosa, Fuerza Mayor, Rebus Sic Stantibus), además de la necesaria articulación internacional, para trabajar la auditoría como herramienta política para afrontar el conjunto de la problemática del endeudamiento.

En 2001, mediante la solicitud formulada por la “Auditoría Ciudadana”, la Consultoría del Senado elaboró una plantilla-archivo que contiene 815 resoluciones que versaban sobre el endeudamiento externo.  Suministró tal lista al grupo de estudios de la “Auditoría Ciudadana” que, tomando en cuenta el gran número de resoluciones, seleccionó los préstamos relacionados con los temas de pobreza/miseria y energía eléctrica, sector que también fue blanco de las privatizaciones.  Enviamos 59 oficios a los Gobiernos de los Estados, Tribunales de Cuentas Provinciales y de la Unión, además de empresas de energía eléctrica, solicitando informaciones sobre la efectividad del préstamo y el destino de los recursos.  Del total de los oficios, sólo se respondieron a 16, siendo que algunas respuestas demuestran la absoluta necesidad de realizar una auditoría de la deuda brasileña:

I.  El presidente del Tribunal de Cuentas de Rio Grande do Sul informó que “la operación de crédito está resguardada por el sigilo bancario, de acuerdo a la Ley 4.595/64”.

II.  La Compañía Estadual de Energía Eléctrica – CEEE – informó que “las operaciones financieras mencionadas en las Resoluciones del Senado Federal no fueron efectivizadas por esta Compañía”.

III.  El presidente del Tribunal de Cuentas de Mato Grosso do Sul nos informó que “nada se encontró en aquel Tribunal de Cuentas que tratase del asunto en cuestión”.

Otros trabajos se están realizando, destacándose el análisis de los 239 contratos de endeudamiento externo que conseguimos rescatar en el Senado Federal, en 2003.  La articulación internacional también es un punto fuerte de la campaña: estamos acompañando de cerca el desarrollo de la auditoría oficial de la deuda ecuatoriana, movimiento soberano emancipatorio que merece nuestra atención, respeto y apoyo.

La campaña por la Auditoría Ciudadana de la Deuda realiza un esfuerzo para popularizar el tema, a través de cartillas y otros materiales.  Resaltamos la enorme responsabilidad de las decisiones que toman los gobernantes y cuestionamos la adopción de medidas económicas impuestas por el FMI, contrarias a las adoptadas por los países que comandan el propio FMI.  Buscamos profundizar los estudios sobre el proceso de endeudamiento mediante documentos que comprueben la ilegitimidad de este proceso, alertando sobre su conexión con propuestas que apuntan a aumentar la dependencia, el colonialismo y los riesgos de anexión.

Es un movimiento siempre abierto, que invita a todos los ciudadanos a que participen en grupos de estudio, conforme se puede ver en la página www.divida-auditoriacidada.org.br

Marcos Arruda, economista y educador del Instituto de Políticas Alternativas para el Cono Sur ( PACS), Rio de Janeiro, y de la Auditoría Ciudadana de la Deuda / Red Jubileo Sur Brasil.

Maria Lucia Fattorelli Carneiro, auditora fiscal, Segunda Vicepresidente del Unafisco Sindical, Coordinadora de la Auditoría Ciudadana de la Deuda / Red Jubileo Sur Brasil

Rodrigo Vieira de Ávila, economista de la Auditoría Ciudadana de la Deuda / Red Jubileo Sur Brasil

Nota:

(1) En “Auditoria da dívida externa: questão de soberania”, 2003, p.  115.  Editora Contraponto