Posibilidades y riegos de la facilitación para el acuerdo humanitario y el diálogo de paz
22/09/2007
- Opinión
En la prolongada batalla política en la que se encuentran trenzados el gobierno nacional y las FARC desde cuando se estableció la fallida Mesa del Canje en el marco de las negociaciones que se adelantaron en San Vicente del Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana no han estado ausentes las paradojas. Pero tal vez nunca habían sido tan ostensibles como ahora: en primer lugar, una de las más duras opositoras y críticas del Presidente, la senadora Piedad Córdoba, y el gobierno latinoamericano más distante ideológica y políticamente del gobierno colombiano, el del presidente Hugo Chávez, asumen funciones de facilitación con el consentimiento del presidente Uribe. En segundo lugar, cuando más aisladas políticamente –nacional e internacionalmente- se encuentran las FARC tras la muerte en cautiverio de los once diputados del Valle del Cauca, surge un escenario en el que logran una notoria visibilidad política.
La facilitación de la senadora Córdoba y del presidente Chávez ha generado fundadas expectativas y revivido en los familiares de los secuestrados en poder de las FARC y en amplios sectores de la comunidad nacional e internacional, las esperanzas sobre la viabilidad del acuerdo de intercambio humanitario. El Presidente Lula ha ofrecido el territorio del Brasil para el encuentro entre el mandatario venezolano y delegados de las FARC. El presidente Sarkozy ha manifestado su disposición para participar en el eventual encuentro del presidente Chávez con el comandante de las FARC, Manuel Marulanda Vélez. El grupo de Países no Alineados ha respaldado las gestiones en curso. El Presidente Correa se ha ofrecido como otro posible mediador. El nuevo embajador de los Estados Unidos, discretamente, ha manifestado que no se oponen a la gestión venezolana. Sin duda nos encontramos en un escenario excepcionalmente favorable, pero el camino por andar no es fácil y los riesgos son igualmente excepcionales.
La importancia del “canje” para las FARC
Conviene recordar la importancia que para las FARC tiene un eventual acuerdo de intercambio. Cuando se iniciaron las negociaciones entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC en 1999, a instancias de éstas se creó “la Mesa del Canje” y directamente Marulanda Vélez asumió la responsabilidad por parte de su organización. Entonces propuso al Congreso que adoptara una “ley del canje” que posibilitara, de manera permanente, el intercambio de “prisioneros de guerra”. Posición que no fue aceptada por el Congreso. Como alternativa las FARC propusieron “intercambio de prisioneros de guerra” por una sola vez o la concentración de los soldados, policías y guerrilleros detenidos en un país amigo hasta tanto se lograra el acuerdo de paz. La fórmula transitoria acordada por propuesta del gobierno fue el acuerdo especial de intercambio de soldados y policías enfermos por guerrilleros presos igualmente aquejados por quebrantos de salud, intercambio que se realizó en junio de 2001. Sin embargo quedaron en su poder los llamados “canjeables”: oficiales y suboficiales de la Policía y de las Fuerzas Militares y los dirigentes políticos secuestrados.
Tras esta estrategia está la manifiesta voluntad de las FARC de crear un escenario de simetría política entre la guerrilla y el Estado, de allí su insistencia en que la liberación debe darse como “intercambio de prisioneros de guerra” y el persistente planteamiento de que se les reconozca como fuerza beligerante.
Se cierran las puertas del intercambio
La ruptura del proceso de paz y el triunfo del candidato Uribe Vélez varió fundamentalmente las posibilidades para el acuerdo de intercambio. Para el gobierno de la Seguridad Democrática el intercambio solo sería posible en el marco de un proceso de paz y la gestión internacional debería limitarse a conseguir que la guerrilla renunciara a la práctica del secuestro. Posteriormente el gobierno plantea que la eventual liberación de guerrilleros estará condicionada a que éstos renuncien a volver a las filas insurgentes o acepten concentrarse en algún país amigo. Por su parte las FARC plantean que cualquier posible intercambio de los canjeables está condicionado a un encuentro en una zona desmilitarizada del territorio nacional entre voceros oficiales de las partes para una liberación simultánea de los “canjeables” y la totalidad de guerrilleros presos.
Estas posiciones distantes han variado desde entonces en medio del pulso político entre las partes. Las FARC propusieron la desmilitarización de dos municipios para el encuentro sobre el intercambio: Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán en Caquetá, propuesta sustituida después por la desmilitarización de Pradera y Florida en el Valle del Cauca. El gobierno por su parte renunció de hecho al condicionamiento de que la liberación de secuestrados se produzca en el marco de un proceso de paz, recurre a lo buenos oficios de la iglesia y propone liberaciones unilaterales de guerrilleros procesados por rebelión a cambio de la liberación de secuestrados, manteniendo el condicionamiento de que los guerrilleros liberados se comprometan a no volver a las armas. En medio de estas propuestas el gobierno procedió a liberaciones unilaterales de guerrilleros que, lejos de acercar a las partes, ahondaron las diferencias.
Se abren las puertas a la comunidad internacional
Entre las terquedades recíprocas sobre despeje o no despeje, los familiares de los secuestrados propusieron diversas alternativas: nuevo sitio de encuentro, fórmulas para garantizar la seguridad en la zona, etc. Estas propuestas ganaron el apoyo de sectores de la sociedad que no entienden este forcejeo político con la vida de los secuestrados y que contempla con dolor la muerte de secuestrados por enfermedades y rescates militares fallidos. La creciente presión de los familiares, que logra sensibilizar a sectores de la comunidad internacional, favorecieron cambio de posiciones tanto en las FARC como en el gobierno. Aquellas aclararon que lo del despeje es circunscrito a garantizar condiciones de seguridad para sus voceros durante el encuentro para negociar el intercambio; éste autorizó una “misión técnica exploratoria” de Francia, España y Suiza en los municipios de Pradera y Florida con el objeto de estudiar las condiciones que permitan acercar a las partes. La Misión formula en diciembre de 2005 una propuesta consistente en garantizar con comisionados internacionales la seguridad de los delegados del gobierno y de la guerrilla, que entrarían desarmados, en un área de 180 Kms2, con el objeto de que se encuentren para definir el intercambio humanitario. Recibida la propuesta, el presidente Uribe hizo pública la aceptación de la misma y, semanas más tarde, las FARC, sin rechazarla, criticaron la aceptación unilateral por parte del gobierno como parte de su estrategia electoral para la reelección, con lo que, temporalmente, se cerró este capítulo. Pero la puerta quedaba discretamente abierta para la participación de la comunidad internacional.
En todo este tiempo de forcejeo político el gobierno persiste en intentar el rescate militar de los secuestrados, posición que se fortalece con las fugas exitosas del ex ministro y hoy Canciller Fernando Araujo y del subintendente de la Policía Jhon Frank Pinchao.
La presión de los familiares y el cambio de gobierno en Francia serán las dos variables que moverán de nuevo el tema del acuerdo de intercambio. El nuevo presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, considerado cercano a la política norteamericana y fuertemente comprometido con la obtención de la libertad de Ingrid Betancur, abre de nuevo la participación de la comunidad internacional. A instancias suyas el gobierno accede a la liberación de Rodrigo Granda, uno de los responsables de la política internacional de las FARC y quien había sido irregularmente capturado en territorio venezolano por agentes de seguridad colombianos. Esta liberación es un nuevo mensaje gubernamental a las FARC para propiciar el encuentro sobre el intercambio, frente al cual las FARC reiteran que desde hace varios años ellos designaron sus voceros al respecto y que cualquier gestión debe adelantarse con éstos en los municipios de Pradera y Florida, previo despeje de los mismos y que Granda podría ser un verificador de este despeje.
La muerte de los 11 diputados del Valle del Cauca, comunicada el 18 de junio de 2007 por el Bloque Occidental de las FARC, coincide con un comunicado del Secretariado en el que reitera sus exigencias sobre el despeje y la solicitud del reconocimiento del estatus de beligerancia.
La muerte de los diputados como resultado del fuego cruzado con una fuerza “no identificada” según las FARC, asesinados por éstas, según el gobierno, colocó en el centro del debate nacional la suerte de los secuestrados que han sobrevivido a años de cautiverio y múltiples tentativas de rescate militar. La movilización ciudadana generada se inspiró en la demanda del acuerdo de intercambio humanitario y la condena del secuestro, así el gobierno intentara convertirla en Bogotá en una expresión de apoyo a la “mano firme” y al rescate militar. Lo cierto es que hay un sentimiento nacional cada vez más fuerte de repudio al secuestro y cada vez gana más espacio entre diversos sectores la búsqueda de un acuerdo de intercambio humanitario que ponga fin al drama de los secuestrados. Eso forma parte de las condiciones que han hecho posible la paradoja citada al comienzo de este artículo y el apoyo expectante que han recibido las gestiones de facilitación de la senadora Córdoba y de mediación del Presidente Chávez.
Las partes modifican sus posiciones
De nuevo asistimos a un cambio de posiciones que muestran una cierta tendencia hacia la flexibilización, en medio de señales contradictorias. El gobierno respondió positivamente a la iniciativa de la senadora Piedad Córdoba que, en Caracas, en el Programa Aló Presidente, le propuso al presidente Chávez servir de facilitador. El gobierno autorizó la facilitación al tiempo que impulsa, a través del Ministro de Agricultura, una campaña por el No al Despeje. Cuando el presidente Chávez propone públicamente un encuentro en territorio colombiano con la comandancia de las FARC, el gobierno colombiana rechaza esta iniciativa pero guarda silencio prudente ante este posible encuentro en territorio venezolano. Para el gobierno hay dos puntos por fuera de discusión: no habrá despeje y los guerrilleros liberados no podrán volver a empuñar las armas. Por su parte las FARC, aunque pusieron de presente que, según ellos, el intercambio se hará en Colombia, en los municipios de Pradera y Florida desmilitarizados, recibieron a Piedad Córdoba en su condición de facilitadora autorizada por el gobierno, apartándose la posición de que sólo dialogarían sobre el intercambio con los voceros oficiales del gobierno. En mensaje enviado al presidente Chávez con la senadora Córdoba le proponen al presidente venezolano un encuentro en Caracas, el 8 de octubre, día del “guerrillero heroico”.
A su vez la senadora Córdoba, con la conciencia de que un posible acuerdo de intercambio requiere del apoyo estadounidense, amplía su facilitación para buscar el compromiso de congresistas norteamericanos y, probablemente, colocar sobre el tapete la liberación de los americanos en poder de las FARC, además de proponerse realizar una gestión “humanitaria” al solicitar autorización para visitar a Trinidad y Sonia en sus cárceles en los Estados Unidos. Dos mensajes de la facilitación que, de hecho, podrían ayudar a crear condiciones de favorabilidad para un eventual futuro diálogo sobre la liberación de los estadounidenses y el replanteamiento de la situación jurídica de los dos dirigentes de las FARC.
Si bien la mayor atención de la opinión pública de ha concentrado sobre los eventuales logros hacia el acuerdo de intercambio, una dimensión importante de la facilitación y eventual mediación del presidente Chávez es la colaboración solicitada para que contribuya a que los diálogos entre el gobierno y el ELN, que se adelantan desde diciembre de 2005 y hoy atraviesan por un momento difícil, avancen hacia la concreción de un Acuerdo Base que allane el camino hacia las negociaciones paz.
Posibilidades y riesgos
No es exagerado afirmar que la facilitación de la senadora Córdoba y del Presidente Chávez han significado avances importantes en la búsqueda del acuerdo de intercambio. La presencia de estos dos facilitadores plantea condiciones de excepción para el desarrollo de estas difíciles gestiones.
Piedad Córdoba es una reconocida opositora del gobierno, de firmeza probada en sus posiciones y con la autonomía requerida frente al gobierno y a las FARC. Esta autonomía se convierte a la vez en un límite sobre las presiones que eventualmente las partes pretendieran ejercer en el desempeño de sus gestiones. La firmeza que el país admiró frente a los paramilitares, la valentía con que encaró su secuestro y la distancia política frente al gobierno sin duda son un capital importante frente a las FARC. Su compromiso con la paz, el rechazo a la violencia como instrumento de lucha y su compromiso humanitario, así como su entereza política, son parte de su capital ante el presidente Uribe. Estas condiciones le pueden permitir, de seguir haciendo bien las cosas, crear puentes de confianza con las partes, indispensables para una facilitación exitosa.
El presidente Chávez ha sabido mantener unas buenas relaciones con Colombia a pesar de la supervivencia del diferendo fronterizo y de la distancia ideológica y política con el gobierno de Uribe Vélez. Ambos presidentes han sabido llevar las relaciones de Colombia al punto en el que se encuentran, con pragmatismo y madurez. El mandatario venezolano no debe despertar resistencias en las FARC por la naturaleza del proyecto político que promueve en Venezuela. Y tampoco en el presidente Uribe. La colaboración del gobierno venezolano con la búsqueda de la paz en Colombia ha sido transparente, firme y eficaz. Venezuela ha contribuido positivamente a los diálogos actuales entre el gobierno y el ELN y, frente a eventuales diálogos con las FARC, siempre ha colocado a disposición su territorio. Venezuela es además el segundo socio comercial de Colombia y, en la actualidad se desarrollan significativos proyectos binacionales sobre todo en materia energética. El indudable liderazgo que ejerce el presidente Chávez en la región colocado al servicio de la paz de Colombia es un aporte fundamental si se avanza con la discreción que el proceso demanda.
Hasta el momento podemos decir que con estas facilitaciones tanto el gobierno como las FARC han ganado en el campo de la política, lo cual es una condición para que ambos persistan en la búsqueda de los acercamientos. El gobierno se muestra abierto a llamar a la oposición a cooperar, muestra ánimo positivo frente al posible acuerdo conservando dos de sus exigencias básicas. Las FARC rompen el aislamiento político y un posible encuentro con un presidente se convierte en su mejor escenario político después de las conversaciones del Caguán. Igualmente, gobierno y ELN ganan, al buscar fórmulas que contribuyan a la búsqueda del Acuerdo Base en un nuevo contexto en el que el aporte del presidente Chávez puede ser decisivo, tanto más por cuanto que los diálogos han permitido abonar un terreno fértil para una futura y no muy lejana negociación de paz.
Pero los riesgos son grandes, tan grandes como las posibilidades. Un fracaso de la mediación del presidente Chávez podría afectar las relaciones entre los dos países justamente por tratarse de un país con el que compartimos la frontera y arrastramos un diferendo fronterizo no resuelto. Eventuales tensiones políticas podrían generar además dificultades económicas con nuestro segundo destino exportador. De allí que resulte imperioso rodear esta facilitación y neutralizar las voces que equivocadamente consideran que Colombia está resignando su soberanía en esta materia. Y, por último, si con estas posibilidades no se logra el acuerdo o destrabar el proceso con el ELN, se fortalecerían las posiciones que tanto insisten en que la solución es la mano firme y no el diálogo político.
Una campaña oportuna
Estas facilitaciones y mediaciones coinciden con la campaña por el voto por la Libertad, la Paz y los Acuerdos Humanitarios que más de doscientas organizaciones sociales, de paz, de derechos humanos, la iglesia católica y otras iglesias adelantan. Se trata de promover un pronunciamiento ciudadano, con el pretexto de las elecciones del 28 de octubre, dirigido a guerrillas, paramilitares y gobierno nacional a favor del cese del secuestro, las desapariciones y el desplazamiento forzado, la violencia contra niñas y niños entre otras expresiones de violencia. Es un nuevo esfuerzo ciudadano por decirle a quienes equivocadamente creen que este conflicto se resolverá por la vía de la guerra que es necesario cesar hostilidades, retomar los caminos de la solución política y, entre tanto, avanzar en acuerdos humanitarios para que se renuncie al secuestro y los secuestrado recuperen la libertad, cesen las ejecuciones extrajudiciales, avancemos en el desminado del territorio y logremos crear las condiciones que garanticen la no repetición de las masacres, los descuartizamientos y tantas atrocidades que han acompañado el curso de este conflicto armado interno. Campaña pedagógica, necesaria en una sociedad golpeada por la guerra.
Jaime Zuluaga Nieto
Profesor emérito Universidad Nacional
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía.
semanariovirtual@viva.org.co
www.vivalaciudadania.org
La facilitación de la senadora Córdoba y del presidente Chávez ha generado fundadas expectativas y revivido en los familiares de los secuestrados en poder de las FARC y en amplios sectores de la comunidad nacional e internacional, las esperanzas sobre la viabilidad del acuerdo de intercambio humanitario. El Presidente Lula ha ofrecido el territorio del Brasil para el encuentro entre el mandatario venezolano y delegados de las FARC. El presidente Sarkozy ha manifestado su disposición para participar en el eventual encuentro del presidente Chávez con el comandante de las FARC, Manuel Marulanda Vélez. El grupo de Países no Alineados ha respaldado las gestiones en curso. El Presidente Correa se ha ofrecido como otro posible mediador. El nuevo embajador de los Estados Unidos, discretamente, ha manifestado que no se oponen a la gestión venezolana. Sin duda nos encontramos en un escenario excepcionalmente favorable, pero el camino por andar no es fácil y los riesgos son igualmente excepcionales.
La importancia del “canje” para las FARC
Conviene recordar la importancia que para las FARC tiene un eventual acuerdo de intercambio. Cuando se iniciaron las negociaciones entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC en 1999, a instancias de éstas se creó “la Mesa del Canje” y directamente Marulanda Vélez asumió la responsabilidad por parte de su organización. Entonces propuso al Congreso que adoptara una “ley del canje” que posibilitara, de manera permanente, el intercambio de “prisioneros de guerra”. Posición que no fue aceptada por el Congreso. Como alternativa las FARC propusieron “intercambio de prisioneros de guerra” por una sola vez o la concentración de los soldados, policías y guerrilleros detenidos en un país amigo hasta tanto se lograra el acuerdo de paz. La fórmula transitoria acordada por propuesta del gobierno fue el acuerdo especial de intercambio de soldados y policías enfermos por guerrilleros presos igualmente aquejados por quebrantos de salud, intercambio que se realizó en junio de 2001. Sin embargo quedaron en su poder los llamados “canjeables”: oficiales y suboficiales de la Policía y de las Fuerzas Militares y los dirigentes políticos secuestrados.
Tras esta estrategia está la manifiesta voluntad de las FARC de crear un escenario de simetría política entre la guerrilla y el Estado, de allí su insistencia en que la liberación debe darse como “intercambio de prisioneros de guerra” y el persistente planteamiento de que se les reconozca como fuerza beligerante.
Se cierran las puertas del intercambio
La ruptura del proceso de paz y el triunfo del candidato Uribe Vélez varió fundamentalmente las posibilidades para el acuerdo de intercambio. Para el gobierno de la Seguridad Democrática el intercambio solo sería posible en el marco de un proceso de paz y la gestión internacional debería limitarse a conseguir que la guerrilla renunciara a la práctica del secuestro. Posteriormente el gobierno plantea que la eventual liberación de guerrilleros estará condicionada a que éstos renuncien a volver a las filas insurgentes o acepten concentrarse en algún país amigo. Por su parte las FARC plantean que cualquier posible intercambio de los canjeables está condicionado a un encuentro en una zona desmilitarizada del territorio nacional entre voceros oficiales de las partes para una liberación simultánea de los “canjeables” y la totalidad de guerrilleros presos.
Estas posiciones distantes han variado desde entonces en medio del pulso político entre las partes. Las FARC propusieron la desmilitarización de dos municipios para el encuentro sobre el intercambio: Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán en Caquetá, propuesta sustituida después por la desmilitarización de Pradera y Florida en el Valle del Cauca. El gobierno por su parte renunció de hecho al condicionamiento de que la liberación de secuestrados se produzca en el marco de un proceso de paz, recurre a lo buenos oficios de la iglesia y propone liberaciones unilaterales de guerrilleros procesados por rebelión a cambio de la liberación de secuestrados, manteniendo el condicionamiento de que los guerrilleros liberados se comprometan a no volver a las armas. En medio de estas propuestas el gobierno procedió a liberaciones unilaterales de guerrilleros que, lejos de acercar a las partes, ahondaron las diferencias.
Se abren las puertas a la comunidad internacional
Entre las terquedades recíprocas sobre despeje o no despeje, los familiares de los secuestrados propusieron diversas alternativas: nuevo sitio de encuentro, fórmulas para garantizar la seguridad en la zona, etc. Estas propuestas ganaron el apoyo de sectores de la sociedad que no entienden este forcejeo político con la vida de los secuestrados y que contempla con dolor la muerte de secuestrados por enfermedades y rescates militares fallidos. La creciente presión de los familiares, que logra sensibilizar a sectores de la comunidad internacional, favorecieron cambio de posiciones tanto en las FARC como en el gobierno. Aquellas aclararon que lo del despeje es circunscrito a garantizar condiciones de seguridad para sus voceros durante el encuentro para negociar el intercambio; éste autorizó una “misión técnica exploratoria” de Francia, España y Suiza en los municipios de Pradera y Florida con el objeto de estudiar las condiciones que permitan acercar a las partes. La Misión formula en diciembre de 2005 una propuesta consistente en garantizar con comisionados internacionales la seguridad de los delegados del gobierno y de la guerrilla, que entrarían desarmados, en un área de 180 Kms2, con el objeto de que se encuentren para definir el intercambio humanitario. Recibida la propuesta, el presidente Uribe hizo pública la aceptación de la misma y, semanas más tarde, las FARC, sin rechazarla, criticaron la aceptación unilateral por parte del gobierno como parte de su estrategia electoral para la reelección, con lo que, temporalmente, se cerró este capítulo. Pero la puerta quedaba discretamente abierta para la participación de la comunidad internacional.
En todo este tiempo de forcejeo político el gobierno persiste en intentar el rescate militar de los secuestrados, posición que se fortalece con las fugas exitosas del ex ministro y hoy Canciller Fernando Araujo y del subintendente de la Policía Jhon Frank Pinchao.
La presión de los familiares y el cambio de gobierno en Francia serán las dos variables que moverán de nuevo el tema del acuerdo de intercambio. El nuevo presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, considerado cercano a la política norteamericana y fuertemente comprometido con la obtención de la libertad de Ingrid Betancur, abre de nuevo la participación de la comunidad internacional. A instancias suyas el gobierno accede a la liberación de Rodrigo Granda, uno de los responsables de la política internacional de las FARC y quien había sido irregularmente capturado en territorio venezolano por agentes de seguridad colombianos. Esta liberación es un nuevo mensaje gubernamental a las FARC para propiciar el encuentro sobre el intercambio, frente al cual las FARC reiteran que desde hace varios años ellos designaron sus voceros al respecto y que cualquier gestión debe adelantarse con éstos en los municipios de Pradera y Florida, previo despeje de los mismos y que Granda podría ser un verificador de este despeje.
La muerte de los 11 diputados del Valle del Cauca, comunicada el 18 de junio de 2007 por el Bloque Occidental de las FARC, coincide con un comunicado del Secretariado en el que reitera sus exigencias sobre el despeje y la solicitud del reconocimiento del estatus de beligerancia.
La muerte de los diputados como resultado del fuego cruzado con una fuerza “no identificada” según las FARC, asesinados por éstas, según el gobierno, colocó en el centro del debate nacional la suerte de los secuestrados que han sobrevivido a años de cautiverio y múltiples tentativas de rescate militar. La movilización ciudadana generada se inspiró en la demanda del acuerdo de intercambio humanitario y la condena del secuestro, así el gobierno intentara convertirla en Bogotá en una expresión de apoyo a la “mano firme” y al rescate militar. Lo cierto es que hay un sentimiento nacional cada vez más fuerte de repudio al secuestro y cada vez gana más espacio entre diversos sectores la búsqueda de un acuerdo de intercambio humanitario que ponga fin al drama de los secuestrados. Eso forma parte de las condiciones que han hecho posible la paradoja citada al comienzo de este artículo y el apoyo expectante que han recibido las gestiones de facilitación de la senadora Córdoba y de mediación del Presidente Chávez.
Las partes modifican sus posiciones
De nuevo asistimos a un cambio de posiciones que muestran una cierta tendencia hacia la flexibilización, en medio de señales contradictorias. El gobierno respondió positivamente a la iniciativa de la senadora Piedad Córdoba que, en Caracas, en el Programa Aló Presidente, le propuso al presidente Chávez servir de facilitador. El gobierno autorizó la facilitación al tiempo que impulsa, a través del Ministro de Agricultura, una campaña por el No al Despeje. Cuando el presidente Chávez propone públicamente un encuentro en territorio colombiano con la comandancia de las FARC, el gobierno colombiana rechaza esta iniciativa pero guarda silencio prudente ante este posible encuentro en territorio venezolano. Para el gobierno hay dos puntos por fuera de discusión: no habrá despeje y los guerrilleros liberados no podrán volver a empuñar las armas. Por su parte las FARC, aunque pusieron de presente que, según ellos, el intercambio se hará en Colombia, en los municipios de Pradera y Florida desmilitarizados, recibieron a Piedad Córdoba en su condición de facilitadora autorizada por el gobierno, apartándose la posición de que sólo dialogarían sobre el intercambio con los voceros oficiales del gobierno. En mensaje enviado al presidente Chávez con la senadora Córdoba le proponen al presidente venezolano un encuentro en Caracas, el 8 de octubre, día del “guerrillero heroico”.
A su vez la senadora Córdoba, con la conciencia de que un posible acuerdo de intercambio requiere del apoyo estadounidense, amplía su facilitación para buscar el compromiso de congresistas norteamericanos y, probablemente, colocar sobre el tapete la liberación de los americanos en poder de las FARC, además de proponerse realizar una gestión “humanitaria” al solicitar autorización para visitar a Trinidad y Sonia en sus cárceles en los Estados Unidos. Dos mensajes de la facilitación que, de hecho, podrían ayudar a crear condiciones de favorabilidad para un eventual futuro diálogo sobre la liberación de los estadounidenses y el replanteamiento de la situación jurídica de los dos dirigentes de las FARC.
Si bien la mayor atención de la opinión pública de ha concentrado sobre los eventuales logros hacia el acuerdo de intercambio, una dimensión importante de la facilitación y eventual mediación del presidente Chávez es la colaboración solicitada para que contribuya a que los diálogos entre el gobierno y el ELN, que se adelantan desde diciembre de 2005 y hoy atraviesan por un momento difícil, avancen hacia la concreción de un Acuerdo Base que allane el camino hacia las negociaciones paz.
Posibilidades y riesgos
No es exagerado afirmar que la facilitación de la senadora Córdoba y del Presidente Chávez han significado avances importantes en la búsqueda del acuerdo de intercambio. La presencia de estos dos facilitadores plantea condiciones de excepción para el desarrollo de estas difíciles gestiones.
Piedad Córdoba es una reconocida opositora del gobierno, de firmeza probada en sus posiciones y con la autonomía requerida frente al gobierno y a las FARC. Esta autonomía se convierte a la vez en un límite sobre las presiones que eventualmente las partes pretendieran ejercer en el desempeño de sus gestiones. La firmeza que el país admiró frente a los paramilitares, la valentía con que encaró su secuestro y la distancia política frente al gobierno sin duda son un capital importante frente a las FARC. Su compromiso con la paz, el rechazo a la violencia como instrumento de lucha y su compromiso humanitario, así como su entereza política, son parte de su capital ante el presidente Uribe. Estas condiciones le pueden permitir, de seguir haciendo bien las cosas, crear puentes de confianza con las partes, indispensables para una facilitación exitosa.
El presidente Chávez ha sabido mantener unas buenas relaciones con Colombia a pesar de la supervivencia del diferendo fronterizo y de la distancia ideológica y política con el gobierno de Uribe Vélez. Ambos presidentes han sabido llevar las relaciones de Colombia al punto en el que se encuentran, con pragmatismo y madurez. El mandatario venezolano no debe despertar resistencias en las FARC por la naturaleza del proyecto político que promueve en Venezuela. Y tampoco en el presidente Uribe. La colaboración del gobierno venezolano con la búsqueda de la paz en Colombia ha sido transparente, firme y eficaz. Venezuela ha contribuido positivamente a los diálogos actuales entre el gobierno y el ELN y, frente a eventuales diálogos con las FARC, siempre ha colocado a disposición su territorio. Venezuela es además el segundo socio comercial de Colombia y, en la actualidad se desarrollan significativos proyectos binacionales sobre todo en materia energética. El indudable liderazgo que ejerce el presidente Chávez en la región colocado al servicio de la paz de Colombia es un aporte fundamental si se avanza con la discreción que el proceso demanda.
Hasta el momento podemos decir que con estas facilitaciones tanto el gobierno como las FARC han ganado en el campo de la política, lo cual es una condición para que ambos persistan en la búsqueda de los acercamientos. El gobierno se muestra abierto a llamar a la oposición a cooperar, muestra ánimo positivo frente al posible acuerdo conservando dos de sus exigencias básicas. Las FARC rompen el aislamiento político y un posible encuentro con un presidente se convierte en su mejor escenario político después de las conversaciones del Caguán. Igualmente, gobierno y ELN ganan, al buscar fórmulas que contribuyan a la búsqueda del Acuerdo Base en un nuevo contexto en el que el aporte del presidente Chávez puede ser decisivo, tanto más por cuanto que los diálogos han permitido abonar un terreno fértil para una futura y no muy lejana negociación de paz.
Pero los riesgos son grandes, tan grandes como las posibilidades. Un fracaso de la mediación del presidente Chávez podría afectar las relaciones entre los dos países justamente por tratarse de un país con el que compartimos la frontera y arrastramos un diferendo fronterizo no resuelto. Eventuales tensiones políticas podrían generar además dificultades económicas con nuestro segundo destino exportador. De allí que resulte imperioso rodear esta facilitación y neutralizar las voces que equivocadamente consideran que Colombia está resignando su soberanía en esta materia. Y, por último, si con estas posibilidades no se logra el acuerdo o destrabar el proceso con el ELN, se fortalecerían las posiciones que tanto insisten en que la solución es la mano firme y no el diálogo político.
Una campaña oportuna
Estas facilitaciones y mediaciones coinciden con la campaña por el voto por la Libertad, la Paz y los Acuerdos Humanitarios que más de doscientas organizaciones sociales, de paz, de derechos humanos, la iglesia católica y otras iglesias adelantan. Se trata de promover un pronunciamiento ciudadano, con el pretexto de las elecciones del 28 de octubre, dirigido a guerrillas, paramilitares y gobierno nacional a favor del cese del secuestro, las desapariciones y el desplazamiento forzado, la violencia contra niñas y niños entre otras expresiones de violencia. Es un nuevo esfuerzo ciudadano por decirle a quienes equivocadamente creen que este conflicto se resolverá por la vía de la guerra que es necesario cesar hostilidades, retomar los caminos de la solución política y, entre tanto, avanzar en acuerdos humanitarios para que se renuncie al secuestro y los secuestrado recuperen la libertad, cesen las ejecuciones extrajudiciales, avancemos en el desminado del territorio y logremos crear las condiciones que garanticen la no repetición de las masacres, los descuartizamientos y tantas atrocidades que han acompañado el curso de este conflicto armado interno. Campaña pedagógica, necesaria en una sociedad golpeada por la guerra.
Jaime Zuluaga Nieto
Profesor emérito Universidad Nacional
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía.
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