Montevideo.- Finalmente, el penúltimo día de 1997, el presidente Julio Sanguinetti contestó al petitorio efectuado en el mes de abril por los familiares de detenidos-desaparecidos para que se cumpla con el artículo 4 de la Ley de Caducidad de 1986, y se investigue el destino de sus seres queridos. Dicha Ley impide la condena y el castigo de quienes practicaron el terrorismo de Estado durante la dictadura cívico-militar de 1973 al 85, pero no solo permite sino que mediante el mencionado artículo ordena investigar la suerte corrida por los detenidos-desaparecidos durante el período. Dicho artículo lleva más de una década sin cumplirse, y la respuesta del presidente Sanguinetti confirma esa omisión: "El Poder Ejecutivo no está habilitado para investigar delitos que la ley impide pulir y está impedido de acceder a lo peticionado en estas actuaciones". El extenso documento de casi doce mil palabras reitera una y otra vez los argumentos que desde hace seis años se vienen presentando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, donde han sido sistemáticamente rechazados por improcedentes. Menciona incluso a la citada comisión en el sentido de que ésta admite las figuras del indulto y la amnistía, pero omite señalar que otros convenios internacionales (como el Pacto de San José de Costa Rica) ratificados por Uruguay consideran a la tortura y la desaparición como delitos -imprescriptibles- de lesa humanidad. Los familiares de detenidos-desaparecidos han dejado muy bien en claro que no aspiran a que se castigue a los culpables, simplemente quieren saber si sus parientes están muertos, y en tal caso que se les entreguen sus restos para poder darles digna sepultura y llóralos en paz. Por otro lado, se inquiere sobre la suerte de varios niños secuestrados por las Fuerzas Armadas, los que se presume (en algunos casos se sabe) están viviendo con padres adoptivos. El obispo católico de San José de Mayo, Pablo Galimberti, desde hace meses está ofreciendo sus servicios para que los militares responsables de las desapariciones le brinden en secreto los datos requeridos por los familiares, pero ni éstos ni el Presidente Sanguinetti han aceptado su mediación. Conocida la previsible respuesta, el dirigente del Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros), Eleuterio Fernández Huidobro, comentó a La República de Montevideo que "Sanguinetti ni siquiera tuvo la dignidad de decir que los desaparecidos están muertos. Dice que en conversaciones con los jefes militares durante 10 años tiene la convicción de que no hay documentos que arrojen luz sobre la situación de los desaparecidos. ?No tiene la misma convicción -se pregunta Huidobro- de que los compañeros están muertos? ?No puede transmitir ni siquiera esa mínima seguridad a los familiares...?" No. Aquí el problema parece ser que los militares no están dispuestos a reconocer nada. Una de cal y otra de arena Días antes de esta ignominiosa respuesta a los familiares, el mismo presidente Sanguinetti restituyó su condición de militares a 41 oficiales que habían sido expulsados de las Fuerzas Armadas por oponerse al golpe de Estado que éstas dieron en 1973. La medida provocó airados comunicados del Centro y el Círculo Militar y del Club de la Fuerza Aérea, además de la renuncia del Comandante en Jefe del Ejército, el Teniente General Raúl Mermot. Para estos militares retirados y en actividad, los restituidos son "traidores a la Patria" por no haberlos acompañado en sus violaciones a la Constitución, en sus torturas, en sus asesinatos y sus latrocinios. Y todavía tienen el descaro de decirlo y escribirlo en tinta sobre papel. La negativa del presidente Sanguinetti a investigar la suerte de los desaparecidos sirvió para calmar las aguas, y no en vano una vino después de la otra. Es que el "cejudo" mandatario ya tenía conocimiento de que los militares uruguayos eran intolerantes al respeto. Cuando en 1985 quiso hacer lo mismo se produjo un - oculto a la opinión pública- súbito acuartelamiento de tropas y 30 oficiales en actividad se insubordinaron mientras el comandante de la segunda división del ejército más importante del país renunciaba intempestivamente. Un poco más acá, en 1993, el presidente Luis Lacalle, debió "enterrar las investigaciones que se venían haciendo sobre la desaparición en nuestro país del científico y ex-agente de la dictadura de Pinochet, Eugenio Berríos (la que luego se transformó en asesinato tras el hallazgo de su cadáver) dado que éstas implicaban a oficiales en actividad del ejército nacional. Como reconoció en ese entonces el canciller uruguayo Sergio Abreu al embajador chileno: "el presidente tuvo que doblar el pescuezo" ante la presión de los mandos militares. Hasta hoy el caso sigue sin resolverse. Pero tal vez lo más terrible de esta negativa presidencial a cumplir con lo que ordena la ley y pide un sector cada vez más amplio de la sociedad uruguaya sea lo que insinúa. Dice el documento que, de acceder a la petición de los familiares: "Abriría un período de incertidumbre y de desconcierto en el país cuyos efectos últimos serían imprevisibles". Traducido al castellano moderno, el presidente está diciendo que si se insiste en el tema, los militares podrían dar un nuevo golpe de Estado. Y agrega Sanguinetti muy suelto de cuerpo: "El proceso de pacificación nacional (...) requiere hoy el renunciamiento de quienes solicitan se reabran investigaciones ya realizadas (?) y se realicen nuevas cuyo efecto inevitable, sin duda será recrear situaciones de confrontación ya superadas". ?Las situaciones "ya superadas" se pueden recrear? ?No será que el problema es -precisamente- que no fueron superadas sino obviadas? El abogado Javier Miranda, hijo de un desaparecido y representante de los familiares, afirmó que la respuesta del presidente le causan vergüenza ajena y que más allá de las lógicas y previsibles discrepancias con la misma, el adefesio carece de valor legal pues en ninguna parte del mismo se hace referencia explícita al reclamo específico de los familiares y ni siquiera les fue remitida formalmente, sino que se enteraron de ella por la prensa. Por lo tanto, entiende que el recurso presentado en abril del año pasado sigue sin ser contestado y anuncia que se recurrirá al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para recusar lo que se entiende como una negativa ficha a investigar la cuestión. Del mismo modo, adelantó que se seguirá reclamando en los ámbitos internacionales pertinentes hasta recibir una respuesta decente.