Esta semana los secundarios han vuelto de forma radicalizada a las calles, causando sorpresa en diversos medios de comunicación que aseguraban que el conflicto de mayo y junio pasado ya había sido superado. Es evidente que la instalación de la comisión asesora presidencial no ha significado de modo alguno que los motivos que llevaron a este verdadero estallido juvenil se hayan agotado. Al contrario, las graves deficiencias en la calidad y en la equidad de la educación corresponden a desafíos de marca mayor, que necesitan mucha voluntad política y la asignación de enormes recursos. Ambas variables todavía no entran en escena. Es esperable que los estudiantes secundarios muestren su desilusión respecto al lento y poco eficaz desarrollo de la comisión asesora presidencial y comiencen a exigir resultados. La magnitud de la crisis y la masividad de las manifestaciones constituyen elementos que deberían mover a esta instancia a acelerar sus debates y a profundizar su actividad en vistas de ofrecer a la ciudadanía una reforma profunda al sistema educacional actual. Casi desde que comenzó a funcionar la mesa asesora presidencial han circulado rumores sobre la posibilidad de que el “Bloque Social”, compuesto por los estudiantes, profesores y organizaciones sociales presentes en dicha instancia, se retire de este espacio. El Bloque Social ha desarrollado en este tiempo un interesante proceso de discusión tendiente a elaborar sus propuestas respecto al tipo de educación que necesita el país. Sería muy lamentable que este trabajo quede inconcluso y se difumine. Por otro lado, si el Bloque Social llega a retirarse de esta comisión será una nueva evidencia los límites estructurales que poseen todas las comisiones asesoras que se han instalado en este año. Como ya es evidente, ni la comisión Marcel, ni la comisión Boeninger han logrado impulsar los cambios que se esperaban de ellas. Sería muy lamentable que también la comisión de educación no alcance su objetivo. La raíz del desencanto y del fracaso de las comisiones presidenciales radica en la incapacidad estructural de estas instancias de resolver los temas que les competen. La constitución de 1980, desconfiada de la democracia, impide casi toda forma de participación social. El gobierno de Michelle Bachelet ha ofrecido a la ciudadanía una nueva actitud, de mayor apertura y una disposición más favorable a la participación. Sin embargo, este “buena voluntad” presidencial esta enmarcada en los límites estructurales del actual modelo. Por ello, las comisiones reflejan en su composición la sobre-representación de los sectores neoliberales. Y además no poseen la fuerza ni la capacidad de llevar a delante su propio programa. Chile necesita una verdadera revolución participativa, que devuelva a los ciudadanos la competencia y la capacidad de incidencia en sus propios asuntos. El extremado centralismo y presidencialismo de nuestro país se condice con los valores que deberían regir a cualquier república: delegación y dispersión del poder, balances y controles sociales a la gestión pública, pluralismo en la discusión y en la toma de decisiones. Nuestra institucionalidad, marcada por el sesgo de Pinochet, no termina de vaciarse de su sello despótico y autoritario. Por este motivo, seguir constituyendo comisiones que simulan la participación, solo constituye una medida de emergencia, que no logra dar respuesta a la crisis de fondo, que radica en los crónicas déficit democráticos de la Constitución de 1980. - Alvaro Ramis es Teólogo y ex presidente de la FEUC, miembro de Consejo Editorial de Crónica Digital. Fuente: Crónica Digital (Santiago de Chile) http://www.cronicadigital.cl