Montevideo.- Luego de una corta y pálida campaña que no logró conmover a las multitudes, la derecha uruguaya se lanzó con el primer round de dos en la instancia para convocar a un plebiscito derogatorio de la ley que posibilita a privados el ingreso al negocio de la generación y distribución de energía eléctrica. Ni de un lado ni de otro se puso demasiado empeño por convencer al votante de una cosa o de otra. No hubieron debates televisivos ni bombardeo propagandístico, y los grandes medios de comunicación de masas poca relevancia le dieron al asunto. Fue así que tan sólo concurrieron a las urnas la mitad de los votantes necesarios para posibilitar un plebiscito definitivo sobre el tema. Para aclarar las cosas, hagamos un poco de historia. La historia de los plebiscitos por iniciativa popular en Uruguay se remontan al 22 de Junio de 1951, cuando los habitantes del Departamento de Montevideo lograron derogar por tal medio el aumento (importante para entonces) de $ 0.02 en las tarifas del transporte urbano. Por 28 años, este "Plebiscito del Vintén" (como fue conocido popularmente) navegó en solitario, integrándose por su rareza al anecdotario popular. Recién en 1989, los uruguayos tomarían nuevamente la iniciativa para tratar -esta vez infructuosamente- de derogar la pomposamente llamada "Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", más conocida como Ley de impunidad. En la ocasión, por un estrecho margen, los uruguayos decidieron que no habrían de investigarse ni castigarse los excesos cometidos por la policía y las Fuerzas Armadas durante la dictadura cívico-militar que asoló al país desde 1973 hasta 1984. Hasta ese momento, la Constitución de la República habilitaba la realización de plebiscitos de ese tipo, simplemente mediante la presentación de una cantidad de firmas equivalente al 25% de los votantes habilitados. Sin duda que para dificultar en el futuro cuestionamientos tan incómodos como el de marras, la derecha uruguaya (es decir, los partidos Colorado y Nacional o Blanco) modificaron las normativas. Desde ese entonces para derogar una ley votada en el parlamento se deberán presentar una cantidad de firmas que equivalga solamente al cinco por mil de los votantes habilitados, pero posteriormente se deberá efectuar una votación general no obligatoria en la que los impugnadores deberán lograr el 25% de las voluntades de los inscritos en el padrón electoral. Si ello no se alcanza en la primer instancia a los cuatro meses se volverá a repetir la votación. Recién entonces, y si se logra la cantidad necesaria de votos, se realizará el plebiscito definitivo con voto obligatorio. Este engorroso camino ya fue recorrido por el pueblo uruguayo en 1992. En esa ocasión los votos necesarios para impugnar la llamada "Ley de Privatizaciones" fueran alcanzados recién en la segunda vuelta, y en el plebiscito del 13 de diciembre de ese año un 72% de los uruguayos le dijo no al proyecto privatizador neoliberal. Otra vez de nuevo A seis años de aquella contundente expresión popular, la derecha uruguaya vuelve por sus fueros votando una ley que permita a los particulares participar en el jugoso negocio de la generación y transmisión de energía eléctrica, hasta ahora monopolizada por la estatal UTE (Usinas y Transmisiones Eléctricas). La neardenthaliana brutalidad del anterior gobierno del Partido Nacional presidido por Luis Lacalle (conocido entre sus íntimos como "La Gallega" por su tozudez), fue sustituida ahora por la sutileza cromagnónica del Partido Colorado, el que ha logrado aprobar una ley de neto cuño privatizador sin mencionar ni una sola vez la palabra "privatización" en su texto. El 72% de los uruguayos que en 1992 dijeron no a la privatización de las eficientes e incorruptas empresas estatales, ve este nuevo intento de la derecha vernácula de vender las joyas de la familia como una franca burla. Porque así como se insiste en el respeto a la voluntad popular cada vez que se pretende investigar sobre los delitos de lesa-humanidad cometidos por los dictadores entre 1973 y 1984, también se debería respetar la contundente voluntad no privatizadora del plebiscito de 1992. Paradojas Claro que en todo esto de las privatizaciones en Uruguay no deja de haber ciertas paradojas. Tomemos por ejemplo el caso de la agrupación política del Presidente Julio Sanguinetti, el Foro Batllista. Tras haber votado la privatizadora "Ley de Empresas Públicas" en el Parlamento en 1992, convocó a votar en su contra en el plebiscito que finalmente la derogó, e impulsa ahora esta nueva versión restringida. Más difícil de entender resulta la cosa si tomamos en cuenta que el propio nombre de su sector político invoca a don José Batlle, líder colorado que en los inicios del siglo estatizó y dinamizó los servicios públicos (energía, combustible, transporte, ferroviario, agua corriente, seguros, etcétera), poniéndolos al servicio de la población en desmedro del egoísta interés financiero particular. Sin duda que ello confluye a justificar el agudo dicho popular uruguayo que dice que "el batllismo es como la papa (patata): lo mejor lo tiene bajo tierra"... Mientras el Partido del Nuevo Espacio de Rafael Michelini siguió apostando a la indefinición (votó la ley privatizadora pero no convocó a defenderla por si las moscas), en la oposición también hubo contradicciones. En efecto, mientras a nivel nacional el Frente Amplio/Encuentro Progresista se manifiesta contrario a las privatizaciones, en su feudo del Departamento de Montevideo cede habitualmente sus funciones a empresas privadas. Se podría decir que mientras la coalición Blanqui-Colorada vende las joyas de la familia, los frenteamplistas sólo las alquilan... Así ha sucedido con la parquización del estacionamiento en el centro de la capital, con la recolección de residuos en la misma zona, con el mantenimiento de plazas y jardines en todo el departamento informático, etcétera. A pesar que el pasado año se frustró una iniciativa tendiente a la privatización del histórico Hotel Carrasco y su casino merced al voto en contrario del movimiento de Participación Popular (representante de la izquierda en la fuerza progresista del Frente Amplio), esté año se volverá a insistir en el tema mediante un acuerdo con los partidos de derecha. Del mismo modo y a pesar de la opinión contraria de las autoridades comunales de la zona y sus vecinos, en los próximos días se propondrá al legislativo comunal montevideano la cesión a particulares del también histórico "Hotel del Prado", un salón de fiesta ubicado en el más importante parque público montevideano. Como en los casos anteriores, está previsto que la derecha avale el proyecto. Razones Los analistas sostienen que la cantidad de votantes fue tan escasa porque los uruguayos dejamos todo para último momento. La posibilidad de una segunda votación en el mes de junio seguramente incidió al respecto. Por otro lado, la gente todavía no se desperezó de las vacaciones y aún aprovechó el soleado y cálido domingo para concurrir a las playas tras un verano lluvioso y frío. De todas manera, la razón principal del fracaso de este primer intento es seguramente la falta de información sobre el quid del asunto. Solucionar esa carencia será pues la tarea principal que tendrán los sindicatos y la oposición política durante los próximos meses. Si se logra convencer a la gente de la importancia de derogar esta ley privatizadora, seguramente en junio la historia será distinta.