Pese al receso político algunos acontecimientos justifican un comentario. De entre varios, recojo dos que, además, pueden verse como teniendo una relación entre sí. Por un lado, los ecos dentro y fuera del país de las declaraciones del Ministro de Economía, Danilo Astori. No me refiero ahora a la materia de sus declaraciones (ya lo hice el lunes pasado contra el TLC, reivindicando la tradición antiimperialista de la izquierda) sino a la dinámica política y diplomática que generaron, a sus efectos sobre los partidos y sobre el curso de las preocupaciones colectivas. El otro comentario remite a la discusión acerca de la enseñanza de la historia del pasado inmediato. Las declaraciones de Astori generaron repercusiones en la prensa y en los gobiernos de Argentina y Brasil. Diplomáticos de los dos países se apresuraron a señalar que una línea de acción del gobierno uruguayo apuntada a un Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. contrariaba los acuerdos del MERCOSUR. No faltaron declaraciones de fuentes estadounidenses y hasta la metida de pata de un senador republicano que “confirmó” la noticia de un TLC con los EE.UU., pero luego reconoció que…se había equivocado de tratado. El Canciller Gargano explicó que las formulaciones del M. de Economía lo habían tomado de sorpresa y que el gobierno no estaba aplicado a un convenio como el anunciado. Agregó, acertadamente, que se remitía a las resoluciones sobre el asunto adoptadas en el IV Congreso Extraordinario del Frente Amplio de diciembre del 2003. De hecho, se produjo una confusión políticamente inconveniente para el gobierno pero, hasta ahora, no ha habido ninguna rectificación ni ningún reconocimiento de que esa situación exista. No será porque el asunto carezca de importancia. Mientras, sobre el punto estamos en un territorio de incertidumbres. Como es evidente, todo este embrollo se desenvolvió sin la más mínima intervención de ninguna organización partidaria ni de ningún colectivo político. Se gestó, exclusivamente, a través de las declaraciones públicas de un dirigente. Para una organización política como el Frente Amplio, -que pasó muchas horas, días y meses discutiendo la cuestión de cómo se relacionarían, una vez en el gobierno, los gobernantes con la sociedad, sus organizaciones y con los colectivos políticos-, el episodio deja el sabor amargo de la política del ‘hecho consumado’, esa que es pan de todos los días en los partidos burocráticos y caciquistas de derecha y las antípodas de lo que la izquierda ha declarado siempre que se proponía hacer cuando llegara al gobierno. En el país la inclinación centralista es muy fuerte. A ello contribuyen tendencias que vienen de lejos y otras más recientes. El ‘despegue’ de los órganos colectivos por parte de algunos dirigentes que hacen política de acuerdo a sus intereses y dejando de lado acuerdos adoptadas en instancias estatutarias legítimas, tiende a fortalecer los procesos de exclusión y apatía política en el conjunto de la sociedad, empezando por los propios adherentes a la fuerza política mayoritaria. El FA, que durante los últimos veinte años apeló al concurso de su militancia de base para actuar políticamente, está no solo obligado moralmente a crear espacios de participación democrática para sus adherentes, también lo está en función de la necesidad de una acumulación de fuerzas que haga posible la realización exitosa de su programa histórico. El debilitamiento de la acción política como FA nos priva de un factor de movilización democrática que para la izquierda resulta imprescindible. ¿Cómo impulsar, por ejemplo, una reforma del Estado y una mejora de la gestión si no es promoviendo una gran movilización cultural y política contra las inercias burocráticas, las mentalidades conservadoras y los sentimientos corporativos? Todo debilitamiento de lo público y lo colectivo es negativo para el gobierno. Si las decisiones y la información política se recluyen en los ámbitos de la administración, la capacidad de transformar la sociedad en un sentido progresista se debilita. * * * Mientras, empieza a desarrollarse un debate sobre la iniciativa de las autoridades de la ANEP acerca de la enseñanza de la historia inmediata. Bastó con el anuncio para que Julio Ma. Sanguinetti y varios dirigentes blancos se lanzaran al ataque. El ex presidente, que en 1972, como ministro de Bordaberry propuso la Ley General de Educación, la “más bárbara, atentatoria y salvaje ley represiva”, como la definirá el penalista Carlos Martínez Moreno, teme que el gobierno del FA impulse la existencia de una “historia oficial” para adoctrinar a los jóvenes alumnos. Las advertencias de Sanguinetti no tienen ningún asidero real ni remiten a ninguna propuesta oficial en ese sentido. En estos días han trascendido algunas propuestas del CODICEN sobre los medios para el abordaje de la historia de los últimos decenios: se elaboró, basándose en una historiografía seria y documentada, una guía de apoyo a los docentes y se sugiere, lo que ya es más discutible, la utilización de mecanismos didácticos como los ‘juegos de roles’. Trasladar a las nuevas generaciones una visión certera de la historia del pueblo uruguayo implica describir y explicar procesos económicos y sociales complejos, que no pueden ‘ser deducidos’ ni “dramatizados” a partir de unos pocos datos. Me refiero, por ejemplo, al agotamiento del neobatllismo y los cambios en el bloque en el poder que se produjeron con Pacheco con la instalación de un elenco ligado al gran capital (Jorge Peirano, Carlos Frick Davies, José Serrato, entre otros) que desplaza al viejo personal político (Vasconcellos, Alba Roballo, Z. Michelini) y a partir de ahí la aplicación de una política, que duró decenios, de empobrecimiento de los asalariados, en beneficio del capital. Una visión historiográfica muy apegada a los fenómenos de la publicidad política o de la anécdota ha tendido a desconocer o brindar muy escasa atención a una serie de cambios y realizaciones que se procesaron en el seno de las mayorías populares y que se condensaron primero en hechos masivos como, por ejemplo, el del paro general del 28 de junio de 1968, contra la congelación salarial o el del 13 de abril de 1972, contra la rebaja de los salarios impuesta por Bordaberry. Vale la pena preguntarse ¿qué cambió y porqué en la manera de pensar de cientos de miles de uruguayos? ¿Qué es lo que explica, -después de un siglo y medio de hegemonías electorales coloradas y blancas- que en las elecciones nacionales de noviembre de 1966 todavía los partidos tradicionales lograran entre los dos casi el 90% de los votos y toda la izquierda sumada no alcanzara el 10%? ¿Cómo se explica que una sociedad pacífica, la más pacífica de Latinoamérica desde hacía más de medio siglo, haya entrado en una movilización cada vez más intensa, más violenta y más masiva a partir de unos pocos meses después de aquellas elecciones? Poner de manifiesto esos, y otros, cambios en la sensibilidad y la conciencia política de las masas populares resulta fundamental para entender luego las resistencias democráticas a la dictadura, la huelga general de 1973, la sobreviviencia y el crecimiento de la izquierda pese a la represión y luego los pronunciamientos democráticos masivos que culminan el 31 de octubre pasado. Como guía no estaría mal preguntarse, en materia de historia inmediata ¿y el pueblo dónde estuvo? - Hugo Cores- PVP567- Frente Amplio, publicado en La República el lunes 16 de enero 2006