Del Plan Colombia al Plan Patriota

En Colombia, desde la campaña presidencial de 1998, en que circula, en los medios académicos y políticos vinculados a la candidatura de Andrés Pastrana, el llamado Plan Marshall para Colombia, hasta el 5 de junio de 1999, en que se presenta un segundo documento al grupo consultivo del proceso de paz, pasando por el tercer documento conocido el 16 de septiembre de 1999, con ocasión del viaje de Pastrana a la ONU y la Casa Blanca presidida Clinton, hasta la cuarta versión, presentada a la audiencia europea y japonesa a inicios del 2000,[1] han pasado muchas aguas que han modificado de modo sustantivo el panorama internacional y regional andino. El proceso de paz fue frustrado, el 20 de febrero del 2002, por las presiones del Imperio y la intolerancia de una oligarquía excluyente que ha sido la progenitora de una violencia generalizada, paramilitar y narcotraficante, que ha demostrado que la democracia formal no es incompatible con la irracionalidad más brutal y extrema.

El tránsito posterior de Colombia por las políticas - electas y reelectas - del señor de la guerra, Alvaro Uribe Vélez, ha llevado a ese pueblo hermano a pagar un precio muy alto, de 23.6 billones de dólares en los primeros cuatro años de ese gobierno y se afirma que en el 2006 y lo que va del 2007, la guerra interna le cuesta a Colombia 18.9 millones de dólares diarios, del total de los cuales unos 4.700 millones de dólares es el gasto del gobierno de los EE.UU, cifra irrisoria si tomamos en cuenta la magnitud de los intereses que se defienden con el Plan Colombia: América Latina y el Caribe proporcionan a los EUA el 31 % del petróleo importado, más que el total proveniente de todos los países del medio oriente; el comercio anual de los EUA con América Latina y el Caribe llega a más de 360 mil millones de dólares, casi igual al comercio con la Unión Europea. Ese enorme gasto no ha servido para disminuir las hectáreas de cultivos ilícitos, como lo afirma el New York Times, y, en lo puramente militar, sin la intervención masiva de los ejércitos imperiales, solicitada a gritos y sin rubor por el propio Jefe de Estado colombiano, el Plan Patriota sólo ha servido para mostrar la fortaleza combativa de los grupos insurgentes y, simultáneamente, poner al desnudo lo que era un secreto a voces: la relación incestuosa entre el uribismo, el paramilitarismo sanguinario, autodescrito con la frialdad del asesino que se sabe impune por Salvatore Mancuso; y, los carteles del narcotráfico que resultan ser lobos de la misma camada. Mancuso, que aparece como el mafioso criollo al servicio del Imperio y la narcorepública, reveló el Acuerdo de San Francisco del Ralito, firmado en ese sitio de Colombia, el 23 de julio del 2001, por 11 congresistas y los Jefes Paramilitares Jorge 40, Diego Vecino, Don Berna y el propio Salvatore Mancuso. El detonante de la actual crisis que vive Colombia estalla cuando los organismos de justicia se ven obligados a ordenar la detención de siete diputados y la investigación de otros por graves indicios de vinculaciones con los más altos jefes del narcoparamilitarismo, entre ellos Alvaro Araujo, hermano de la Canciller María Consuelo Araujo, que tuvo que renunciar para aplacar el escándalo, el medio de los pedidos de la justicia para que se investigue también a su padre. Se sabe que son más de 60 las personalidades, diputados, alcaldes, concejales, vinculados a los partidos, movimientos y organizaciones que formaron parte de la coalición que apoyó la reelección de Uribe, cuyas campañas habrían sido financiadas por el narcoparamilitarismo al que utilizaron también para eliminar físicamente a rivales en el mejor estilo de una sociedad mafiosa.

En medio de este derrumbe institucional y de principios de la República, al que ha conducido el Presidente Uribe Vélez, el pueblo colombiano, desafiando el panorama desolador de una sociedad en donde toda forma de oposición civil o democrática ha sido cooptada, comprada o asesinada[2] ha decidido desafiar el miedo y construir, por sus propias rutas, del Polo Democrático Alternativo, que alcanzó el segundo lugar en las elecciones presidenciales de mayo del 2006, superando al Partido Liberal y rompiendo el viejo bipartidismo oligárquico, en un proceso de acumulación de fuerzas y construcción creativa que lo transforma en una real alternativa de poder.[3]

Los límites puestos por la guerra de Irak y los cambios en América Latina

Alvaro Uribe Vélez se ha quedado en una posición incómoda, como el único aliado firme de George Bush en América Latina, en medio de mundo que no puede ignorar la heroica resistencia del pueblo iraquí a una guerra de agresión criminal e injusta que, pese al enorme desbalance en términos militares y económicos, ha puesto plazos a la hora de la retirada del prepotente Imperio que creía que en su mundo unipolar nadie podría resistir y peor vencer. Mientras el Imperio se empantanó en Irak, pagando el precio, hasta 8 de abril del 2007, en vísperas del 4 aniversario del inicio de la invasión, de 3.280 muertos en sus tropas, y la derrota electoral de los gobiernos que enviaron tropas a esa guerra: José María Aznar de España y Silvio Berlusconi de Italia, ahora le llegó también la cuenta final a Bush que ha perdido el control de las dos Cámaras en el Congreso de su propio País, en medio de lo que parece ser una declinación irreversible del tradicional control e influencia política que han tenido las administraciones americanas en América Latina, hechos evidente sobre todo desde 1998 hasta la fecha, al triunfar o acercarse a la victoria candidatos de fuerzas sociales que han proclamado varios niveles de autonomía, independencia o franca oposición a los proyectos imperiales en Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Haití, México, Costa Rica.

La política internacional de Alvaro Uribe Vélez tiene que entenderse en este contexto, de una correlación de fuerzas regionales desfavorable a su proyecto esencial de militarización y regionalización del conflicto como única vía posible para intentar la derrota de la insurgencia colombiana representada en la actualidad por la FARC-EP y el ELN. De los países que limitan con Colombia es claro que Venezuela y Brasil no comparten los objetivos de Uribe y tienen otras prioridades en su agenda. El Perú de Allan García vive las secuelas del narco estado y la guerra sucia, implementada con un cinismo y salvajismo extremos, por Fujimori y Montesinos. Queda entonces el Ecuador, visto como un Estado en ruinas, sumido en una profunda crisis económica y social, fruto en buena parte del saqueo perpetrado por su propia burguesía financiera en lo que se considera el mayor atraco bancario de la historia republicana, con graves niveles de desinstitucionalización que abarcan a la administración de justicia y a sus aparatos armados, con su soberanía herida por la presencia de la Base Militar de Manta y la dolarización y en medio de las secuelas de las políticas neoliberales, impuestas por el FMI y otros organismos multilaterales, que destrozaron la economía, sumieron a nuestro pueblo en una ola de desempleo, hambre y pobreza y arrojaron, en menos de una década, a más de un millón y medio de ciudadanos a los suburbios de la emigración y la destrucción de cientos de miles de familias.

La reiterada violación de los acuerdos sobre la Base de Manta

La precariedad del Estado de derecho y la degradación de la política nacional e internacional del Ecuador llegaron a su extremo cuando el gobierno de Yamil Mahuad y la Unión Demócrata Cristiana renegociaron la deuda externa a cambio de la entrega de la Base de Manta, por un período de 10 años, al gobierno de los Estados Unidos de América el 12 de noviembre de 1999. El pretexto de la entrega era el combate al narcotráfico. La firma complementaria del Acuerdo Operativo del 2 de junio del 2000 y los hechos posteriores han demostrado que la Base de Manta se convirtió en un Puesto de Operaciones Avanzadas, FOL, por sus siglas en inglés, que reemplazó y cumple el mismo papel asignado a la Base Howard en Panamá, por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de espionaje electrónico y monitoreo del sur de Colombia, en donde se supone están las principales bases operativas de los grupos insurgentes colombianos, y también de vigilancia de los barcos ecuatorianos que transportan supuestos migrantes ilegales. Sobre el papel de la Base de Manta en la guerra contrainsurgente colombiana el General® Oswaldo Jarrín, impulsor del Libro Blanco, desde su condición de Ministro de Defensa, escribió, poco antes de esa nominación, en el Diario “El Universo” de Guayaquil: “La información recolectada por medio de los reconocimientos aéreos y electrónicos de la Base de Manta, indiscutiblemente es utilizada para combatir tanto el narcotráfico como la subversión en la frontera ecuatoriana”.[4] Según informes oficiales, que se han difundido en los medios de comunicación, desde 1999 hasta enero del 2007 han sido detenidos por la Guardia Costera de los Estados Unidos, en “aguas territoriales” del Ecuador, 7.953 ciudadanos ecuatorianos. Algunos de los barcos detenidos fueron hundidos en nuestro propio mar territorial, según denuncias de los sobrevivientes que reposan en el Congreso Nacional del Ecuador. Escuché al Ministro Coordinador de la Seguridad Interna y Externa del Ecuador, Fernando Bustamante, en una entrevista televisiva que le hacía el periodista Gonzalo Ruíz, el sábado del 7 de abril del 2007, que no estaba seguro de la intervención de la Guardia Costera de los Estados Unidos en la captura de migrantes ecuatorianos. Al parecer la apretada agenda del Ministro le ha impedido verificar las denuncias, entrevistar a los denunciantes y revisar las declaraciones del contraalmirante Dennis Sirios, del Servicio de Guarda Costa de Estados Unidos de América, que testimonió, el 15 de agosto del 2005, ante el Subcomité sobre el Servicio de Guarda Costas de EE.UU. y Transporte Marítimo de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que: “Buques de Guarda Costas de EE.UU. patrullando en el este del Pacífico han experimentado un incremento significativo en el número de migrantes pasados a escondidas desde el ECUADOR a Centroamérica y México antes de intentar entrar en los EE.UU. ilegalmente por tierra”.[5]

A confesión de parte relevo de pruebas, podríamos decir, los que sabemos que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en el mejor estilo imperial, patrullan también como por su Mare Nostrum el Océano Pacífico territorial ecuatoriano.


La política de vecindad de Uribe se parece a la guerra

Para cubrir sus fracasos militares internos Alvaro Uribe ha usado tres mecanismos básicos:

Primero, su política de pacificación de los grupos paramilitares que, se salió del libreto, cuando algunos de los jefes paramilitares sospecharon de que su socio de andanzas podía traicionarlos y extraditarlos a las temidas cárceles del Imperio. En ese momento ardió Troya y sus llamas amenazaron a los propios funcionarios del Palacio de Nariño. El segundo mecanismo ha sido provocar a los vecinos en base a la política de guerra, seguramente aconsejada por los asesores israelitas y yanquis, de seguir a los adversarios “terroristas” hasta el lugar en que se encuentren. Para la mayor efectividad de esa política sirven también los acuerdos y convenios de cooperación militar y policial con los EUA que, casi siempre, terminan haciendo un lavado de cerebro a una buena parte de la oficialidad de nuestros aparatos armados. Es lo que ocurrió en el caso del secuestro y extradición fulminante del Comandante Simón Trinidad en Quito, efectuado con el visto bueno del Coronel Presidente Lucio Gutiérrez, como denunció luego el Coronel Patricio Acosta; y, lo que volvió a ocurrir - de modo insólito en la Caracas del Presidente Hugo Chávez - “con la colaboración de elementos policiales corruptos” que capturaron, secuestraron y llevaron a Colombia al denominado Canciller de las FARC-EP, Rodrigo Granda, asestando dos golpes importantes a la insurgencia.

En el caso venezolano, las provocaciones se pararon cuando el Vicepresidente Rangel afirmó que al primero que cruce la frontera lo recibiremos con plomo.

En el caso ecuatoriano no existe la misma determinación y, como decía el cubano universal José Martí: “Ni pueblos ni hombres respetan al que no se hace respetar”. Según el Diario “El Comercio” de Quito[6], sólo desde el 2006 hasta la fecha, los gobiernos de Palacio y Correa han enviado 11 notas de protesta al gobierno colombiano por graves incidentes causados en la frontera por fuerzas militares del Estado colombiano, el último de los cuales se habría perpetrado el pasado 22 de marzo en el sitio “El Bocano” de la provincia de Sucumbíos, en la que fue atacada una humilde vivienda y capturados dos ciudadanos ecuatorianos que luego aparecieron muertos en Puerto Asis, del lado colombiano. El gobierno de Uribe como siempre negó que se hubiera producido tal incursión y para cerrar el incidente dijo que uno de los capturados era colombiano y que ambos colaboraban con la guerrilla.

Los Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional saben lo sensible que es la frontera norte para la seguridad global del Ecuador desde que se inició el Plan Colombia. En cierto modo los hechos objetivos nos permiten advertir que una fuerza parecida a la de los dioses griegos cerró el centenario conflicto territorial con el Perú, en 1998, sólo para abrir una nueva zona de tensión en la frontera con Colombia. Todo sitio limítrofe entre Estados es problemático, esa es una lección amarga en la historia de América Latina. En las fronteras concluyen los ámbitos de las soberanías, se cruzan las políticas nacionales, con sus fortalezas y debilidades, conviven, generalmente en armonía los pueblos de ambos lados de las fronteras, creando sus mercados locales y sus culturas, desde las que perciben que las decisiones de los gobiernos centrales, especialmente las migratorias, militares y de aduanas, sólo son un estorbo en su vida cotidiana.

La guerra interna de Colombia se inició, en la fase actual, en 1964, tiene por lo tanto 43 años. Las guerrillas colombianas, hoy transformadas en experimentados ejércitos irregulares, no han sido un problema para el Ecuador por la sencilla razón de que sus motivaciones y proyectos no incluyen la liberación de los países andinos, sudamericanos o latinoamericanos. “Nosotros consideramos que cada pueblo debe construir su propio destino, por eso las FARC-EP, bajo ninguna circunstancia, realiza operaciones militares fuera del territorio de Colombia” sostiene el Comandante Raúl Reyes. Los jefes militares ecuatorianos saben y lo han dicho muchas veces que el Ecuador limitada al norte con las FARC-EP y el ELN. Los incidentes más graves no han sido con ellos. Las acciones militares en nuestro territorio han sido diseñadas y ejecutadas, en los últimos años, por la oficialidad y las tropas de las Fuerzas Armadas de Colombia, con el asesoramiento de los EUA, en operativos destinados a perseguir a supuestos insurgentes colombianos que ingresan y/o actúan desde territorio ecuatoriano. Todos los expertos militares ecuatorianos que han estudiado el tema advierten que se trata de una política deliberada de provocación para implicarnos en el Plan Colombia. En la última conferencia de Ministros de Defensa del Continente, efectuada en Quito, se esclareció el dilema, cuando los Ministros de Estados Unidos de América y Colombia abogaron por la creación de una fuerza regional para la lucha contra el “terrorismo” que fue negada y derrotada por la firme posición en contra de varios Ministros, en especial los de Brasil y Venezuela.

La guerra química

El tercer mecanismo de presión y guerra del gobierno colombiano ha sido la fumigación aérea. El uso de esta arma de guerra se trata de justificar con el argumento de que es una operación extrema para quitar las bases de financiamiento de las FARC-EP. Veamos que dicen los insurgentes:

“Como parte de la ejecución del Plan Colombia y violando compromisos adquiridos con el gobierno del Ecuador, el Presidente Álvaro Uribe Vélez ha reactivado la fumigación con glifosato de la zona fronteriza entre las dos naciones, omitiendo el área restringida de 10 kilómetros que fue pactada entre los dos estados desde finales del año 2005.

Se trata de un acto unilateral y arbitrario que agrede la soberanía de la nación ecuatoriana y vulnera la dignidad de los pueblos de América Latina, en abierta rebeldía contra la dominación imperialista norteamericana.

Las criminales fumigaciones con glifosato de nuestra selva tropical y biodiversa, pretextando la erradicación de los cultivos de coca, montadas en la infamia de afirmar que estos cultivos pertenecen a la guerrilla, son una absurda estrategia del Plan Colombia financiada por la Casa Blanca para sustentar sus planes de dominación hegemónica sobre las naciones suramericanas y el saqueo de sus recursos naturales.

El mundo sabe que las FARC-EP ni cultivan ni comercializan estos productos, los cuales pertenecen a los campesinos pobres, desplazados por la violencia y la falta de oportunidades por parte de la clase dominante.[7]

El gobierno del Presidente Rafael Correa Delgado que empezó negándose a conceptuar como terroristas a los miembros de la insurgencia colombiana, como lo han hecho varios gobiernos y personalidades a nivel del continente y el mundo, salió al paso de la agresión con el anunció de una estrategia diplomática destinada a denunciar a la comunidad internacional la agresión de que es víctima en el Ecuador y la simultánea formación de una comisión cientifica bilateral que investigue el tema.

En este campo no hay nada que investigar ni descubrir a partir de las conclusiones inobjetables a las que han llegado científicos de diversas latitudes e instituciones del mundo. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América y la Organización Mundial de la Salud saben que los plaguicidas que contienen glifosatos son altamente tóxicos. Los glifosatos causan irritaciones dermatológicas y oculares; naúseas, mareos, problemas respiratorios, aumento de la presión sanguínea, reacciones alérgicas, pérdida de consciencia, dolores gastrointestinales, neumonía. Todos los habitantes de las regiones campesinas de Colombia y de la frontera norte ecuatoriana que han sido fumigadas con glifosatos han presentado esos síntomas. En el aspecto ambiental se ha comprobado que las fumigaciones con glifosato esterilizan los suelos de uno a tres años, contaminan las aguas superficiales y subterráneas, causan la muerte de los insectos y otros antrópodos beneficiosos, así como la de especies anfibias.

En la frontera entre Colombia y el Ecuador se está fumigando con un glifosato que tiene el nombre de Raundup, fabricado por la empresa Monsanto, el mismo que contiene el surfactante POEA (polyet-hoxy tallow amine que tiene dos funciones: aumentar la superficie de acción de la gota que cae en la hoja de una planta y hacer que en producto entre en una célula) que causa daño gastro intestinal y al sistema nervioso central, problemas respiratorios y destrucción de glóbulos rojos en humanos. POEA está contaminado con 1-4 dioxano, el cual ha causado cáncer en animales y daño a hígado y riñones en humanos. Pero lo más grave es que en Colombia se está fumigando con un glifosato que tiene una concentración 26 veces mayor que la usual, al que le agregan, además, el surfactante Cosmo – Flux 411 – F, el cual puede cuadrupicar la acción biológica del Roundup. La acción se vuelve criminal, perversa y violenta si tomamos en cuenta que las avionetas fumigan hasta doce veces un mismo campo. En enero de este año la mutinacional Monsanto fue condenada en Francia por publicidad engañosa sobre su producto Roundup, usado también en las fumigaciones que realizada Colombia en la frontera con el Ecuador y cuyo principal componente es el glifosato.

Un grupo de científicos franceses comprobó que el glifosato provoca el cáncer

Un grupo de científicos franceses investigó el tema desde 1998 y llegó a la conclusión, en el 2004, de que el glifosato formulado provoca las primeras etapas de cáncer. El profesor Roberto Bellé dirigió un grupo de cinco científicos de la Unidad Mar y Salud de la Estación Biológica de Roscoff (Bretaña) como parte de un Proyecto del Centro Nacional de Investigación Científica y la Universidad Pierre y Marie Curie que se publicó en el No. 82 de la Revista científica internacional Toxicological Sciences. Las conclusiones de la investigación las resume el científico en los siguientes términos:

“El glifosato formulado, lo que significa el Roundup tal como es vendido, activa lo que se llama el checkpoint (proteínas de control). Cada célula tiene dos checkpoint que se activan sólo cuando hay problemas en la división celular. Esa perturbación se debe a que interactúa con el ADN de las células y de esa manera es como funcionan los agentes cancerígenos.

Una vez activado el checkpoint hay tres posibilidades: la primera es que la célula repare el ADN; la segunda, que haga apoptosis o suicidio celular; y, la tercera, que ni se reparen ni se mueran porque el gen que se daña es uno de los que regula el checkpoint y es así como se inicia el proceso del cáncer. Si hay 10.00 células, 9.999 se mueren, pero si hay una que vive y tiene el ADN dañado, que corresponde al gen del checkpoint, y se divide, en media hora hay dos, que luego se convierten en 4, 8, 16.

Para llegar al cáncer todavía faltan otros cambios, es necesario que una de ellas adquiera la propiedad de escapar del control de un factor externo a la célula. El proceso continúa, el tumor necesitará oxígeno y para eso va a atraer vasos sanguíneos y formar nuevos (angiogénesis) y entonces se formarán tumores en el resto del cuerpo”.

El científico afirma que cuando se fumiga en un jardín las microgotas pueden recorrer entre dos y tres kilómetros, si hay viento; en cambio, al enterarse de las fumigaciones aéreas en el sur de Colombia, dice que eso es una catástrofe. Se ha demostrado que hay arena del Sahara en el Polo Norte y un grano de arena es más grande y pesado que una migrogota. Las microgotas de pulverización son casi como el vapor de agua, que viaja simplemente con el movimiento de la tierra, como las nubes. Por lo cual concluye. Es una locura pulverizar con avión.[8]

A manera de conclusión

Desde que se firmaron los acuerdos sobre la Base de Manta en 1999 los sucesivos gobiernos y sus cancilleres abandonaron la política de defensa de la soberanía nacional que había sido un rasgo meritorio de algunos regímenes en el pasado. Yamil Mahuad, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio, con la honrosa excepción de Antonio Parra Gil, terminaron enredados por las determinaciones geopolíticas del Plan Colombia. En ese sentido el pueblo ecuatoriano recibió con esperanza y optimismo el vuelve la Patria de Rafael Correa y sus frontales decisiones de no calificar como terroristas a los miembros de las FARC-EP, de no renovar los acuerdos sobre la Base de Manta y de “poner en el tacho de la basura” el Tratado de Libre Comercio. Por desgracia, el 26 de noviembre del 2006 se ganó el gobierno y, por un error táctico, se entregó el Congreso Nacional a la derecha política, mientras la administración de justicia y el poder económico siguen intactos en manos de la vieja oligarquía y la partidocracia corrupta. En esas circunstancias, es posible entender que el Presidente Rafael Correa no puede abrir varios frentes simultáneos, en la política nacional e internacional, pero me parece que el área más sensible de las relaciones exteriores que, en las actuales circunstancias es Colombia, se muestra débil y a ratos ingenua. No sé por qué tengo la sensación de que cada vez que se nombra una Comisión para investigar un tema se lo sepulta. Ese es mi presentimiento en el caso de la crisis financiera y también esa es la lectura de los acuerdos de Managua sobre las fumigaciones. Ojalá me equivoque y la verdad y la justicia se impongan sobre los causantes del mayor atraco bancario de la historia republicana, pues en el 80 aniversario del Gabo sería macondiano que la única víctima de esa tragedia financiera sea Wilma Salgado por haber luchado contra la impunidad; y, en la política internacional se produzca el reencuentro pleno con los principios de soberanía, independencia y autodeterminación que deben ser siempre irreductibles e irrenunciables.

Quito, 10 de abril del 2007

[1] Ver Drogas, Terrorismo e Insurgencia, del Plan Colombia a la Cruzada Libertad Duradera , Quito, 2002, Ediciones “ La Tierra ”, p.p. 27-44.

[2] Alfredo Molano Bravo, el Plan Colombia y el conflicto armado.

[3] Ver documento “La nueva etapa de integración latinoamericana y caribeña”, XIII Encuentro del Foro de Sao Paulo, 11 al 16 de enero del 2007, p. 13.

[4] Cita realizada por Alexis Ponce del Grupo de Monitoreo de los Impactos del Plan Colombia, el 13 de marzo del 2006, en una entrevista en Radio “ La Luna ” de Quito.

[5] Ver http://www.hause.gov/transportation/cgmt/06-15-05memo.html)

[6] Diario “El Comercio” de Quito, viernes 6 de abril del 2007, p.p. 1-12.

[7] Declaración formulada por el Comandante Raúl Reyes, desde las montañas de Colombia, el 16 de diciembre del 2006.

[8] Diario “El Universo” de Guayaquil, domingo 25 de febrero del 2007, p. 9

- Manuel Salgado Tamayo, profesor de la Universidad Central del Ecuador, responsable de Relaciones Internacionales del Partido Socialista-Frente Amplio del Ecuador.