De dónde saldrán los recursos en la tercera vía?
06/07/2014
- Opinión
Los nuevos aires que el país intenta respirar, los propósitos de mayor democracia, inclusión, equidad y oportunidades para la sociedad, necesariamente implican recursos suficientes para atender los compromisos que el Estado deberá de asumir, después de esta “larga noche neoliberal” donde, por el contrario, las decisiones de reducción del Estado han marcado los derroteros de las políticas públicas y con ello la disminución de los gravámenes para el gran capital.
Y esto es relevante en tanto los ingresos del Estado se deben corresponder necesariamente con sus requerimientos. Recuérdese que buena parte del déficit fiscal de las últimas dos décadas se explica por la entrada en vigencia de los mandatos constitucionales, en especial por el fortalecimiento de los organismos de justicia, control y vigilancia. Esto ha hecho que el tema de una nueva reforma tributaria empiece a predominar en la agenda gubernamental como una obligación, ahora que pasadas las elecciones ya se puede hablar de temas un poco molestos.
La venta de Isagen ya ha demostrado que va siendo menos fácil vender ciertos activos del Estado, a no ser que se entre en la feria de ofertas que ya el país conoció en períodos pasados. Así que se tendrán que dinamizar otras alternativas, que por su naturaleza, seguramente no serán para nada del gusto de quienes ostentan el poder económico. Veamos algunas de ellas.
1. El gobierno Santos, con la pasada reforma tributaria, ya entró en la senda de revisar el tema de las exenciones. Esto deberá fortalecerse y profundizarse y para hacerlo el país tendrá necesariamente que tomar decisiones sobre las políticas de promoción a la producción, si mantener las garantías al gran capital, por el solo hecho de serlo, o definir algunas prioridades en términos de producción y comercialización, estableciendo estrategias precisas de nueva producción, expansión y acceso a mercados, tanto internos como externos. Es decir, se deberá decidir en torno a la tributación de las grandes empresas, pero también de las pequeñas, las medianas y las micro, unidades productivas que pocos caminos tienen para asegurarse las exenciones que si tienen las grandes.
2. Se debe reconocer el gran trabajo que ha hecho la DIAN y que le ha costado a su director tener que dejar el puesto. Las mafias al interior de la institución, pero también quienes desde afuera evaden, siguen haciendo que los “vivos” se apropien de recursos que o ya son públicos o que deberían de serlo. Si a esto se suman las posibilidades que desde la norma se siguen brindando para la elusión tributaria, muy seguramente el país se podría ahorrar los sacrificios que hace y de acá encontrar los recursos que requiere. Pero ya se ha demostrado que los dos temas, evasión más elusión, no son sencillos, se trata de estrategias de largo plazo, con funcionarios capaces de asumir las decisiones más drásticas y que deberán estar acompañados por la sociedad y por las instituciones del Estado, empezando por el Congreso mismo.
3. La estructura tributaria del país deberá revisarse a profundidad y permitir que ella contribuya a la equidad. Es clara la tentación de ampliar y aumentar el IVA, por su aparente fácil recaudo (aunque ya hemos visto su desviación hacia los bolsillos de los particulares) pero la modernización en la administración de impuestos conducirá a garantizar que quienes deban de pagar realmente lo hagan. La progresividad deberá pasar del enunciado y constituirse en una realidad, so pena que los tributos terminen minando las posibilidades de consumo de los trabajadores y acabando con aquella intencionalidad de fortalecer las clases medias.
4. El país tiene que reformar las estructuras tributarias diseñadas para las empresas mineras y de extracción, por ejemplo, no es justo que mientras la clase media deba soportar el pago de impuestos a través de consumo, este tipo de empresas puedan descontarse incluso los pagos que realizan por regalías. De nada sirve esto cuando la sociedad como un todo termina devolviendo los recursos de regalías permitiendo que se descuenten de renta.
5. Paralelamente se tendrá que volver en serio sobre los temas de estabilidad jurídica y exenciones para las grandes empresas, que aprovechando estas prerrogativas pueden llegar a tener tasas netas de impuestos de cero, e incluso con saldos a favor, en otras palabras terminamos por devolverles dinero.
6. Se deberá considerar el tema de salarios a los altos directivos a través de pagos directos de gastos como vivienda, vehículos, vacaciones, entre otras por parte de las empresas, rubros que para éstas son descontables y por los que las personas de altos salarios no pagan impuestos. Una doble forma de ultrajar el erario público, aunque permitida. Es decir, mientras la mayoría de los ciudadanos asumen sus obligaciones fiscales, los de más altos ingresos se pasan sus responsabilidades por la faja, lo peor de todo es que es legal e incluso bien visto, síntomas sin duda de la inequidad tributaria que caracteriza nuestro sistema.
7. Hay una tradición para nada favorable con el país y es el escaso pago de impuestos por la propiedad. Si se habla de la tierra o del cobro en áreas rurales es más complicado que en la parte urbana, aunque en estas no se evalúa diferente si la gente tiene su vivienda para vivir, o invertir, es decir, paga lo mismo quien tiene su casa y vive en ella que quienes tienen 10 una para vivir y nueve para negocio. Igual ocurre con la valorización o plusvalía, mientras el Estado debe realizar obras y garantizar la habitabilidad, cuando en la venta se realiza la ganancia por valorización son los particulares quienes terminan con ella.
Como se ve son temas que están lejos de pensar en el IVA a los tomates o a los huevos, tampoco de aumentar sus porcentajes o de poner a pagar impuestos a quienes hoy se encuentran exentos dados sus “bajos” ingresos por el trabajo. Ya suficientes años han pasado bajo la premisa aquella de que una reducción de impuestos a las grandes empresas, así como una disminución a los salarios reales, llevará a que generen más riqueza y empleos. Es cierto, han generado riqueza pero la concentran, que es la razón de nuestra inequidad e injusticia.
Los recursos para el postconflicto deberán salir de quienes deben pagar los impuestos, por fuera de exenciones y prebendas que la sociedad como conjunto no ha decidido y que obedecen a una lógica corrupta de apropiación de fondos públicos unas veces ilegales y otras legales. La construcción de un país diferente pasa por reconfigurar la ética y la moral pública, y nada mejor que ponernos de acuerdo para que desde la estructura tributaria se generen condiciones de equidad y justicia redistributiva.
Jaime Alberto Rendón Acevedo
Centro de Estudios en Desarrollo y Territorio, Universidad de La Salle
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 406
Semana del 4 al 10 de julio de 2014
Corporación Viva la Ciudadanía
https://www.alainet.org/de/node/86941
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