La urgencia por la reindustrialización

31/08/2014
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A pesar de la negación de algunos organismos económicos importantes como el Banco de la República, ya otros como la Andi, Fedesarrollo y el propio Gobierno han hecho un reconocimiento a la desindustrialización como una característica en el modelo de desarrollo, una consecuencia tras 30 años de implementación de medidas tendientes a dinamizar el comercio y la inversión extranjera directa, sin que ello implique ninguna contraprestación de las empresas transnacionales con el país. Igual podría decirse del sector rural, pero concentrémonos en la industria manufacturera, ya se analizará el campo en otro momento.
 
Productividad, competitividad e innovación son elementos esenciales sobre los cuales se han pretendido cimentar las políticas industriales para posibilitarles a todos los agentes un acceso a la tecnología, la ciencia y los instrumentos de promoción a partir de sus capacidades individuales; una horizontalidad de las políticas que ha terminado por inutilizarlas, o mejor, por facilitar el acceso a ellas de las grandes empresas, sean estas de carácter público, privado, con capitales nacionales, foráneos o mixtos.
 
Así, el gobierno ha creado un sinnúmero de instrumentos de política que lejos han estado de ser un cuerpo coherente; se trata de una serie de medidas de promociones industriales desde las políticas públicas, como acceso a créditos blandos, acuerdos de estabilidad jurídica o zonas francas que han terminado en el aprovechamiento de quienes poseen capacidades de inversión.
 
También el modelo productivo ha estado estructurado a partir de una cultura de lo individual, del asumir la empresa como el esfuerzo egoísta de quienes buscan el bien particular, en la creencia de que este es el camino hacia el bien común.  Esto sólo ha posibilitado el mantener una estructura de Mipymes desarticuladas, con poca capacidad de negociación y a expensas de las contrataciones con la gran empresa o con el comercio de grandes superficies. Es decir, una estrategia benéfica para quienes aprovechan todas las bondades del libre mercado, de la regulación neutral y sobre todo de la debilidad estructural de las Mipymes. A esto se ha sumado la competencia de las administraciones públicas municipales por atraer capital productivo que posibilite la generación de puestos de trabajo y la valorización de las tierras; con incentivos fiscales, ambientales y laborales, donde incluso el gobierno nacional ha contribuido con instrumentos dispersos y de fácil acceso pero para quienes tiene capacidad financiera y de gestión.
 
Las Mipymes, que son el 99% del tejido industrial del país, escasamente lo han logrado y los esquemas propuestos para generar aprendizajes colectivos, asociatividad o acuerdos para la competitividad han terminado solo en ideas, en lúcidas proposiciones que muy poco han beneficiado a quienes deberían ser receptores de las políticas: Las Mipymes convertidas en el soporte de un sistema que ha mostrado a todas luces ser empobrecedor. Adicionalmente, la precarización del trabajo como herramienta competitiva, ha dado como resultado unas relaciones sociales de producción donde el conservar el puesto de trabajo se convierte en una prioridad para los trabajadores, cediendo a cambio de ello derechos de protección, capacidad de negociación y obviamente ingresos.
 
Al asumir una política industrial de cara a la construcción de una nueva Colombia y del posconflicto se deberá tener presente que se trata de una decisión de reindustrializar el país, esto es, de generar consenso sobre las formas de promoción, sobre los sectores a impulsar y en especial sobre los instrumentos que conduzcan a un fortalecimiento de la estructura productiva. Para esto es necesario establecer una agenda de trabajo que entre otras cosas permita:
 
1. Fortalecer los sectores existentes con el fin de generarle condiciones de crecimiento, a través de potenciar las empresas, así como promover las asociaciones necesarias que contribuyan a complementaciones productivas. Es de anotar de 40 de los 60 subsectores de la industria manufacturera han perdido producción en los últimos 15 años, fortalecer los sectores implica así mismo trabajar en procura de defender y potenciar las vacaciones productivas de las regiones.
 
2. Identificar nuevos sectores estratégicos para posibilitar el crecimiento y expansión de la industria, así como la eliminación de características de dependencia, esto es de sectores que conduzcan a la producción de insumos y de bienes de capital.
 
3. Definir los riesgos sectoriales que van a ser asumidos socialmente, es decir,  se deben de especificar cuáles van a ser los apoyos en materia de financiamiento, producción o mercadeo, entre otros. De igual manera se deberán concretar las reglas y compromisos de entrada y de salida para ser partícipe de estos beneficios.
 
4. Lograr acuerdos con el Gobierno Nacional y con el Banco de la República, es decir con el CONPES, para posibilitar los instrumentos que contribuyan a dinamizar la industria. En otras palabras, hacer confluir las políticas fiscal, monetaria y cambiaria para colocarlas al servicio del fortalecimiento industrial.
 
5. Constituir a partir de la integración Estado – empresa y centros de investigación, además con la acción de los grupos asociativos conformados sectorialmente, programas de incubación de empresas dentro de los parques industriales existentes. Esta incubación puede tener en la generación de clúster o en la asociatividad empresarial oportunidades importantes para lograr innovaciones y mejoramientos productivos, así como el incremento en las capacidades industriales para atender los diferentes mercados.
 
6. Involucrar a la Empresas Transnacionales en la generación de nuevas dinámicas productivas y la activación de programas de transferencia a la industria local (incluidas las universidades y centros tecnológicos) como compromiso de provecho y permanencia de las condiciones jurídicas y tributarias asignadas.
 
7. El diseño de la política debe contribuir a la reducción y/o eliminación de asimetrías entre las regiones. Para ello se requerirá trabajar también en los siguientes puntos:
 
a. Un programa de infraestructura vial, puertos y aeropuertos que logre integrar con mayor eficiencia y eficacia el país y los mercados externos, los centros productivos, los puntos de comercialización y distribución.
 
b. El establecimiento de sistemas de transporte multimodales de pasajeros y mercancías que posibilite la reducción de costos de desplazamiento y transporte.
 
c. En acuerdos con el gobierno nacional y el sector privado impulsar las obras requeridas para garantizar una mayor competitividad de la infraestructura aeroportuaria y que se posibilite un mejor y mayor acceso terrestre (y multimodal) a otros mercados del ámbito nacional; a la par de una dirección expedita al litoral, a los puertos marítimos del país, tanto al atlántico como al pacífico.
 
d. En asocio gobierno – empresa – sector educativo, diseñar los programas de formación requeridos para soportar el crecimiento industrial y económico de las distintas regiones. Programas que desde la formación técnica, tecnológica y profesional posibiliten la formación del capital humano requerido en los territorios y en el mundo del trabajo.
 
e. Hacer pertinencia sobre los planes de ciencia, tecnología e innovación, permitiendo a las regiones participar de las oportunidades que desde allí se pudiesen generar, tanto en materia de emprendimientos, de investigación aplicada, como de formación científica y para el trabajo.
 
La reindustrialización del país debe convertirse en una prioridad de las políticas públicas. Se tendrá que insistir en una institucionalidad pertinente, por ello es absolutamente necesaria la creación de un ministerio de industria y desarrollo. El fortalecimiento de los sectores productivos deberá servir para estrechar los vínculos competitivos entre las regiones del País, con miras a potenciar los mercados internos y a trabajar en las relaciones con su mercado natural internacional, donde la UNASUR e incluso la Alianza del Pacífico pueden ser instancias importantes para dinamizar actividades productivas conjuntas, desde la integración regional.
 
El crecimiento y desarrollo en el país dependerá necesariamente de un sector manufacturero sólido, capaz de competir en los mercados internos pero también en otros escenarios mundiales. Una industria fuerte también debe de ser sinónimo de generación de empleo decente, de más y mejores puestos de trabajo que garanticen el derecho a una vida digna. Atrás debe de quedar la idea de una política horizontal que poco intervenga en las decisiones de la sociedad, por el contrario, lo que muestra la evidencia en los países más desarrollados es que son portadores de una política industrial con propósitos definidos, sociedades que confluyen a proteger su industria como condición de una mejor calidad de vida para sus gentes.
 
- Jaime Alberto Rendón Acevedo, Centro de Estudios en Desarrollo y Territorio, Universidad de La Salle
 
Edición N° 00414 – Semana del 29 de Agosto al 4 de Septiembre – 2014
 
https://www.alainet.org/de/node/102898
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