Resumen del informe sobre desplazamiento forzado, conflicto armado y derechos Humanos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), correspondiente al primer trimestre de 2008.

Según el sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos de CODHES, durante el primer trimestre de 2008, con ocasión al conflicto armado interno, fueron desplazadas 113.473 personas (recepción), 17.817 personas más con relación al primer trimestre de 2007 (191.313 personas aproximadamente), lo que representa un incremento del 18%. El país no registraba una cifra tal alta para un trimestre desde 1999.

¿Por qué hay más desplazados si hay seguridad democrática?

Seguridad democrática, confianza inversionista, transparencia y cohesión social, constituyen los referentes principales del estado comunitario que promueve el gobierno nacional desde 2002. En forma reiterada y unánime, los representantes del alto gobierno hacen alusión a la combinación estratégica de estas claves del desarrollo que garantizan el crecimiento económico, la democracia y la gobernabilidad.

La disminución de los asesinatos y masacres, la derrota estratégica de las guerrillas y la desmovilización paramilitar, harían parte de esa confianza inversionista nacional y extranjera y crean un clima de cohesión social en el que la población asume una identidad y unos objetivos comunes, gracias a la seguridad y tranquilidad que ofrece este modelo de Estado, que el gobierno prefiere no rotular en los sesgos ideológicos de izquierda o de derecha.

En estas circunstancias, no cabe la idea de que en Colombia hay un conflicto armado interno, que su degradación provoca víctimas civiles y que la mayoría de estas víctimas son personas desplazadas que por su número, precariedad de sus condiciones de vida e incapacidad del Estado para atenderlas, están en el centro de una grave y prolongada crisis humanitaria.

Tal vez por esta visión o quizás por la percepción de seguridad que existe en el país, es difícil creer que en Colombia todavía hay desplazados por el conflicto armado y, peor aún, que el número de personas obligadas a abandonar sus lugares de residencia o de trabajo por causas de violencia e inseguridad para su vida y su libertad, sigue creciendo.

País virtual y país real

Por eso se toma con sorpresa el informe más reciente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que otorga a Colombia el lamentable segundo lugar en el mundo por el número de desplazados internos y el tercer país de origen de solicitantes de refugio en el mundo.

La misma reacción puede causar el anuncio del Comité Internacional de la Cruz Roja, que da cuenta de un incremento hasta del 45% en el total de personas desplazadas y atendidas por ese organismo humanitario entre octubre y diciembre de 2007 y el primer trimestre de 2008. Otro tanto ocurre en el caso de la preocupación expresada por la Iglesia Católica por el aumento de personas que llegan a las oficinas de Pastoral Social y Movilidad Humana en busca de apoyo y refugio o el anuncio de Amnistía Internacional de que el desplazamiento sigue siendo el principal problema de derechos humanos en Colombia.

Esta realidad, que va más allá de las estadísticas y que refleja el drama humano de quienes padecen la tragedia del desplazamiento, el destierro y el despojo, motivó la sentencia de la Corte Constitucional en la que declaró, desde enero de 2004, la existencia de un estado de cosas inconstitucional, que cinco años después sigue sin resolverse.

Los propios funcionarios de Acción Social se ven en problemas para admitir en el registro oficial a la población desplazada, toda vez que los niveles de rechazo superan el 50% en el promedio nacional. Es decir, por cada persona registrada en el sistema oficial hay por lo menos otra que no es reconocida, según el criterio subjetivo y la lectura restringida del funcionario encargado.

Así, miles de personas desplazadas en 2007 y durante los primeros meses de 2008, que huyeron por causa de aspersiones aéreas o erradicación manual de cultivos de uso ilícito no fueron incluidas en el registro oficial, no obstante que la salida forzada se produjo en medio de enfrentamientos armados y operativos militares.

Otro tanto ha ocurrido con personas que señalan como presunto responsable de su desplazamiento a grupos paramilitares, dada la versión oficial de que este actor armado es “cosa del pasado” y que los llamados grupos de “nueva generación” son delincuentes comunes asociados al narcotráfico.

A pesar de estas restricciones, el gobierno admite en su registro un total de 2.500.962 personas (Acción Social, abril de 2008) desde 1999, de las cuales, alrededor de 1.410.935, el 56.4%, fueron desplazadas durante el período de la llamada “seguridad democrática” (2002-2008).

Radiografía de la crisis

Según el sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos de CODHES, durante el primer trimestre de 2008, con ocasión al conflicto armado interno, fueron desplazadas 113.473 personas (recepción), 17.817 personas más con relación al primer trimestre de 2007 (191.313 personas aproximadamente), lo que representa un incremento del 18%. El país no registraba una cifra tal alta para un trimestre desde 1999.

Esto significa que en los primeros tres meses del año un promedio de 1.256 personas por día fueron desplazadas en flujos migratorios forzados que llegaron a 510 municipios de 32 departamentos del país.

Los departamentos de mayor recepción de personas en situación de desplazamiento fueron: Antioquia (24.652 personas), Bogotá (20.630), Arauca (7.874) y Meta (7.660), Bolívar (4793), Cauca (4092), Valle del Cauca (3696), Córdoba (3633).

Alrededor de 27.216 personas se vieron obligadas a huir de sus lugares de origen de manera masiva en 28 eventos de éxodo. Esto quiere decir que del total de personas desplazadas un 24% salieron de forma masiva. Los Departamentos afectados por desplazamientos masivos fueron: Antioquia con 6 éxodos, Arauca 4, Chocó 3, Nariño 3, Córdoba 2, Cauca 3 y Guaviare, Meta, Huila, Putumayo, Tolima, Vichada y Cesar con un evento respectivamente.

Los hechos que provocaron el desplazamiento fueron principalmente las aspersiones aéreas de cultivos de uso ilícito en el marco de operativos militares, el reclutamiento forzado, la instalación de minas, la presencia de grupos paramilitares en 17 departamentos del país, los intensos combates entre el Ejército y la guerrilla de las Farc que incluyen bombardeos y uso de armas de efectos indiscriminado, así como los enfrentamientos entre las Farc y el Eln en algunas regiones del país.

Los Departamentos de mayor expulsión fueron: Vichada, Antioquia, Arauca, Córdoba, Chocó, Tolima, Caquetá, Magdalena, Valle del Cauca, Meta, Caldas y Nariño. Algunos de estos Departamentos coinciden con las principales zonas de recepción de población desplazada, esto indica que los principales Departamentos expulsores son a la vez receptores de la gran mayoría de personas víctimas del delito de desplazamiento forzado.

Para este período el departamento de Antioquia se constituyó como el departamento más afectado por los fenómenos de expulsión y recepción de población desplazada, debido a los éxodos provocados por fumigaciones indiscriminadas y erradicación manual de cultivos de coca, las amenazas directas de la guerrilla, asesinatos selectivos y el incremento de las acciones armadas intimidatorias por parte de las estructuras paramilitares y bandas de narcotraficantes.

Desplazados y perseguidos

En el primer trimestre del año 2008, se incrementaron en forma considerable las amenazas contra los líderes de población desplazada, en todo el territorio nacional, particularmente después de la marcha de las víctimas realizada el 6 de marzo.

Alrededor de 250 personas que participaron en la marcha nacional de desplazados que se realizó en el marco de esta movilización ciudadana, han sido amenazadas por grupos que se identifican como “águilas negras”. Esta situación provocó nuevos desplazamientos de, por lo menos, 30 líderes dentro y fuera del país.

La situación más grave se presentó en el norte del departamento del Valle del Cauca, en donde fue asesinado el 13 de mayo Cesar Julio Molina, líder de la población desplazada del municipio de Anserma Nuevo, y miembro de la Fundación Humanitaria Desplazados Nuevo Amanecer, una organización que agrupa a familias que intentan posesión en fincas adjudicadas por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER de las cuales están siendo expulsados, otra vez, por paramilitares y narcotraficantes.


Fuente: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)
http://www.codhes.org/