Colombia

Violencia generalizada? ¿Conflicto armado vs los intereses particulares? ¿Consolidación de qué?

CODHES

13/03/2011

Opinión

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El proceso de “desmovilización de las AUC” que inició durante el primer período de Álvaro Uribe, sin un marco legal vigente y que culminó bajo la Ley 975/2005, trajo consigo varias realidades. Primero, grupos de paramilitares que en realidad no se desmovilizaron y que continúan delinquiendo desde las cárceles de Colombia y, algunos desde Estados Unidos a donde fueron extraditados, alejando cualquier posibilidad de cumplir los estándares internacionales de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No Repetición. Segundo, una cantidad mayor de grupos armados que después de la post-desmovilización, se rearmaron, se reorganizaron y se conformaron en la mayoría de casos, por jefes paramilitares, de segundo, tercer nivel o rasos que no se desmovilizaron y que vieron ante la ausencia de las AUC como organización paramilitar macro, la oportunidad de apropiarse de territorios de forma más atomizada a través del terror y de las formas de violencia empleada por sus antecesores.

Estos grupos fueron llamados por el Gobierno de Álvaro Uribe y por el actual, de forma equivocada “nuevas bandas criminales BACRIM o bandas emergentes”, nombres que esconden detrás del concepto de delincuencia común, las características propias de los grupos paramilitares. Estos grupos recrudecieron las prácticas de intimidación, tortura, reclutamiento forzado y el desplazamiento, en su tarea de controlar los territorios y asegurar corredores de narcotráfico, y de entrada y salida de armas, así como, la protección de la tierra en donde se llevan a cabo ó se llevarán a cabo negocios relacionados con la Minería, Agro-industria e Infraestructura promovidos de forma legal, por el Gobierno Santos y que se encuentran reflejados en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”. De esta manera, se está ayudando a legalizar el abandono y el despojo de estas tierras. En esta búsqueda se han realizado alianzas, entre los mismos grupos o incluso con sectores corruptos pertenecientes a las clases políticas, de las Fuerzas Militares y de la Policía en las distintas regiones del país. De acuerdo con Indepaz estos grupos tienen presencia en 314 municipios de 29 departamentos y el Distrito Capital, con un pie de fuerza de aproximadamente 6.000 hombres armados y entre 7.400 y 12.000 de redes de apoyo[1].

Estos grupos también se han insertado de manera contundente en las ciudades, a dónde en términos generales se ha trasladado la dinámica del conflicto armado, defendiendo los mismos intereses, corredores estratégicos para la entrada y salida de armas, narcotráfico y gestión de negocios de trata de personas. El narcomenudeo es la manera como logran consolidar su poderío en el territorio, a través del control de la población, específicamente niños/niñas y jóvenes que pierden los valores, debido al consumo de todo tipo de drogas y alucinógenos. De esta forma, intimidan a la población y generan hegemonías sociales, que se extienden en muchos casos a labores de inteligencia que cuentan con el auspicio de la fuerza pública, para cometer crímenes y amenazar a sectores de la sociedad civil como líderes y defensores de derechos humanos, periodistas y políticos de la oposición. Dentro de estos grupos de personas, están las víctimas, sus familiares y organizaciones de víctimas que intentan reclamar la restitución de sus tierras, los personeros y funcionarios locales que defienden los derechos humanos, y las personas que denuncian la corrupción de los manejos de los recursos públicos.

Los grupos postdesmovilizados durante el 2010 ocuparon el primer lugar como los “presuntos autores del desplazamiento forzado”

Tal y como lo informó CODHES en el Boletín 75, desde el 2008 se viene fortaleciendo grupos paramilitares que no se desmovilizaron, se consolidaron grupos de desmovilizados que siguieron realizando sus actividades criminales y se generalizó el reclutamiento de nuevos integrantes de estos grupos, que adoptaron nuevos nombres. El discurso oficial se refiere a bandas emergentes pero son en realidad nuevos grupos paramilitares que responden a un modelo coordinado y unificado de inteligencia, que practican el mismo modus operandi del paramilitarismo tradicional (relaciones con integrantes de la fuerza pública, control de partidos y movimientos políticos y simbiosis con el narcotráfico) que interfieren en la institucionalidad local y regional y que, además, aseguran y amplían poderosos intereses económicos.

De acuerdo con la Comisión de Seguimiento de la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado[2], el 31.3% de los grupos familiares inscritos en el RUPD señaló a los paramilitares como los presuntos autores del desplazamiento, el 26.7% a la guerrilla de las FARC, el 14.5% a un grupo guerrillero no identificado, el 8.6% a un grupo armado no identificado y el 10% a más de un grupo. Por otra parte, el 33.5% de los grupos familiares no registrados en el RUPD señaló a los grupos paramilitares como los autores del desplazamiento, seguido de la guerrilla de las FARC (22.9%), a un grupo guerrillero sin identificar (14.3%), aun grupo armado sin identificar (9%) y a más de un grupo (10%).

Las circunstancias de que se presentaron en las zonas de expulsión, reflejan el modus operandi de los autores de los desplazamientos. En el 85% se presentaron situaciones de violencia generalizada en los lugares donde vivían las víctimas. En el 76.1% retenes de control de acceso, en 75.3% enfrentamientos armados, el 57.9% confinamiento.

Adicionalmente, en el 27.3% de estos lugares se presentaron siembra de cultivos ilícitos, en el 23.9% transporte de comercio ilícitos, en el 10.8% megaproyectos, en el 8.6% compra masiva de tierra y en el 8.5% nuevas plantaciones[3].

Las estadísticas de la Encuesta Nacional de Verificación confirma lo revelado por CODHES en el Boletín 77 ¿Consolidación de qué? sobre la situación del desplazamiento forzado durante el 2010.

De acuerdo con CODHES, un total aproximado de 280.041 personas (alrededor de 56.000 hogares) fueron desplazadas en 2010 en Colombia por causa del conflicto armado y otras manifestaciones de violencia política y social.

El hecho más notorio es que el 32.7% de esta población, al menos 91.499 personas (18.300 hogares), proviene de las zonas en donde se desarrolla el “plan nacional de consolidación territorial”, un programa bandera del gobierno, concebido desde 2007 “con el propósito de cumplir con los objetivos de Consolidación de la política de Seguridad Democrática, mantener la confianza inversionista y avanzar en la política social efectiva”[4].

De los 100 municipios que presentaron mayor tasa de desplazamiento forzado en Colombia el año pasado, 44 están en zonas CCAI, las mismas en las que se presentaron seis desplazamientos masivos que afectaron a más de 2.684 personas.

Durante 2010, en 62 de los 86 municipios de las zonas CCAI seguían operando por lo menos 8 grupos paramilitares (entre antiguos, rearmados y nuevas estructuras), mientras que las FARC mantuvieron o reactivaron su presencia en 30 municipios y el ELN siguió actuando en otros 4. Estos grupos declararon la guerra contra las víctimas que se atreven a reclamar sus derechos y contra otras formas de liderazgo social en las regiones.

A este panorama de conflicto armado, violencia y despojo se agrega el interés de la inversión nacional e internacional por la actividad minera[5], que se desarrolla en por lo menos 21 municipios de las zonas CCAI: casi una tercera parte del territorio en proceso de consolidación (26%).

Son regiones en las que se adelanta explotación, exploración o exportación minera y en forma paralela persisten múltiples formas de violencia política y social y graves violaciones a los derechos humanos: Montelíbano (Zona CCAI Sur de Córdoba), Santa Marta (Sierra Nevada de Santa Marta), Anorí, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza (Bajo Cauca Antioqueño), San Jacinto (Montes de María), El Tambo, Santander de Quilichao, Guapi, López de Micay, Timbiquí, Balboa y El Tambo (Cauca), Istmina y Sipí (Chocó), Barbacoas y Samaniego (Nariño), Tibú (Catatumbo), Chaparral (Cordillera Central) y Buenaventura (Zona CCAI Buenaventura).

En seis de las 14 zonas CCAI hay cultivos importantes de palma. Es el caso de los municipios de San Onofre (ZonaMontes de María), Tibú (Zona Catatumbo), El Copey, Valledupar, Dibulla, Aracataca, Ciénaga, Fundación y Santa Marta (Zona Sierra Nevada de Santa Marta), Tumaco (Zona Nariño), Puerto Rico, San Juan de Arama y Vistahermosa (Zona Macarena) y Guapi (Zona Cauca), en los que persisten el desplazamiento forzado, la presencia de grupos armados y el modelo de desarrollo sustentado en grandes cultivos de palma.

Por último, es relevante la presencia de cultivos ilícitos en las zonas CCAI. Según el Sistema de Información de Monitoreo de Cultivos Ilícitos SIMCI, en 62 de los 86 municipios en zonas CCAI (es decir, en el 72.1% del total de las zonas de consolidación) fueron encontradas 32.445 hectáreas de cultivos ilícitos.

Uno de los objetivos estratégicos del plan de consolidación es la “eliminación del negocio de las drogas ilícitas en Colombia”. Las revelaciones del SIMCI indican que en 2010 las zonas CCAI concentraban el 48% del total nacional de cultivos ilícitos de todo el país, calculado en 68 mil hectáreas según la misma fuente.

En este sentido la realidad es otra y puede estar lejos de la superación de un conflicto armado que incluye a estos grupos post desmovilizados, a las guerrillas de las FARC y del ELN, los cuales hacen que día a día se incremente y se profundice la crisis humanitaria que vienen padeciendo millones de personas.

CODHES expone esta situación, con el convencimiento de que puede mantener su compromiso hacia el futuro: “apoyar en la búsqueda de las soluciones a partir del reconocimiento de los derechos de la población desplazada y de todas las víctimas del conflicto, promoviendo alternativas al despojo y la concentración de las tierras, haciendo de la dignidad algo más que un propósito lejano en temas como la vivienda, la generación de ingresos y la atención humanitaria de emergencia”.

Fuente: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)

http://www.codhes.org/

[1] Resumen del cuarto informe sobre grupos narcoparamilitares Primer semestre 2010. http://www.indepaz.org.co/

[2] Tercer informe de verificación sobre el cumplimiento de derechos de la población en situación de desplazamiento. Bogotá, diciembre de 2010.

[3]Ibíd.

[4]Directiva Presidencial 01 sobre Coordinación del gobierno nacional para llevar a cabo el Plan Nacional de Consolidación Territorial, expedida el 20 de marzo de 2009.

[5]Se refiere a minas de carbón, oro, plata, platino, ferroníquel, metales preciosos, materiales de construcción, caliza, arcilla, roca fosfórica y otros que se explotan, bien sea con importante inversión nacional o extranjera o de manera artesanal. En muchos casos esta explotación se hace de manera ilegal.

https://www.alainet.org/de/node/148273