El 10 de julio se hará una audiencia en la Corte Constitucional, en la que altos funcionarios del Gobierno deben informar sobre las órdenes de este tribunal para asegurar el goce efectivo de derechos de la población desplazada.

Esta audiencia hace parte del proceso de acción de tutela que provocó la sentencia T- 025 de enero del 2004, mediante la cual se declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional.

Desde entonces, se han emitido más de 50 autos, orientados a la superación de esta emergencia humanitaria. La Corte indaga: ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Cómo viven? ¿Qué pasó con las tierras y bienes? ¿Qué hace el Gobierno para atender y proteger esta población? ¿Qué pasa con las mujeres, indígenas, afros, niños y personas discapacitadas? ¿Cuánto invierte el Gobierno para desplazados? .Además, la Corte ordena, fija plazos y exige resultados.

La Corte cuestiona: Si la Fuerza Pública afirma que ejerce control sobre el 97 por ciento del territorio, ¿Por qué más de dos millones de personas se han visto obligadas a desplazarse en los últimos seis años, según datos del mismo Gobierno?. Por supuesto que esta audiencia ha provocado nerviosismo entre algunos de los ex asesores del Presidente. Y no sólo por la posibilidad de interponer sanciones, e incluso detenciones, a ministros y funcionarios de Acción Social que no acataron estas órdenes judiciales; es también porque la Corte pone en entredicho políticas que el Gobierno considera intocables.

La Corte ha recibido informes tanto del Gobierno como de la Comisión de Seguimiento a la Política sobre Desplazamiento y de organizaciones como Codhes, que reconocen entre 3 y 4,6 millones de personas víctimas de desplazamiento en medio del conflicto armado (Acción Social ha registrado 3'029.670 entre 1997 y el 2008 y Codhes, por su parte, estima que entre 1985 y el 2008 han sido desplazadas alrededor de 4'629.000 personas). Por lo menos, 385.000 familias perdieron o abandonaron 5,5 millones de hectáreas y este despojo y el lucro cesante que genera representan pérdidas por 42 billones de pesos; el 98 por ciento de los hogares desplazados incluidos en el Registro oficial sobrevive en condiciones de pobreza y el 82 por ciento subsiste por debajo de la línea de indigencia; el 53 por ciento corresponde a mujeres, muchas de ellas víctimas de violencia sexual y sólo un 2 por ciento de las familias desplazadas ha recibido completa la atención humanitaria de emergencia. Los mayores causantes del desplazamiento han sido grupos paramilitares (37 por ciento), guerrillas (Farc, 29,8 por ciento; Eln, 3 por ciento), bandas emergentes (1,6 por ciento) y Fuerza Pública (1 por ciento).

Es lamentable que en Colombia la política pública sobre desplazamiento forzado se construya por medio de órdenes judiciales más que por la voluntad política. Por la vía de la sentencia 025 se declaró el fracaso de las políticas de tierras y restitución de bienes, de vivienda, de generación de ingresos y se ha ordenado al Gobierno modificar las políticas de salud, educación y atención humanitaria.

Este Gobierno es fuerte cuando se trata de seguridad democrática, de asegurar la confianza inversionista y muy generoso cuando tiene que subsidiar bancos o empresas en tiempos de crisis, pero es muy débil para reparar a las víctimas del conflicto armado o para impulsar políticas sociales.

Cuando el asunto es con los más pobres o con las víctimas, no hay recursos. Incluso, prefieren la cárcel antes que cumplir con el Estado social de derecho. Este ejercicio debería servir para que el Gobierno, desde su responsabilidad; la sociedad civil, desde el compromiso; la comunidad internacional, desde la cooperación; y la academia, desde el conocimiento, propiciemos un debate constructivo, con argumentos y propuestas, para superar, por fin, esta crisis humanitaria.

Ahora bien, en este debate, ser políticamente incorrecto es una virtud de la inteligencia crítica que también se puede practicar con altura y sin odio, con ideas y no con señalamientos y calumnias.