El conflicto colombiano, que lleva más de medio siglo sin resolverse, ha sido la principal causa de expulsión de población hacia diferentes zonas dentro de Colombia y hacia otros países de la región. El desplazamiento forzado se ha convertido en un camino nada fácil para quienes lo emprenden.

Justamente, el conflicto ha generado una serie de violaciones de derechos de la población colombiana de manera individual y colectiva: procesos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en las filas de los diferentes grupos armados; violaciones a mujeres; secuestros; cobro de “vacunas”, entre otros; se han convertido en parte de la cotidianeidad de millones de colombianos.

Todas estas son situaciones que restringen el ejercicio de los derechos ya que eliminan la libertad y generan temor fundado por la vida y la integridad de las personas.

Quienes han logrado traspasar las fronteras buscan seguridad, protección y un espacio donde ellos y quienes les acompañan puedan desarrollarse ejerciendo todos sus derechos, siempre con el sueño de volver a sus tierras y lugares de origen en una patria libre y digna. Lastimosamente, este sueño no puede cumplirse por la situación actual del conflicto que mantiene presentes las situaciones que los obligaron a salir.

Su llegada al Ecuador, luego de muchos días de camino y penurias les brinda una esperanza de paz, capaces de enfrentar sus problemas, de superar las situaciones traumáticas que tuvieron que vivir, llegan llenos de deseos de cooperar, de aportar a la comunidad que les acoge y de salir adelante juntos por un buen vivir.

El Ecuador, si bien es reconocido como el país de la región latinoamericana que más ha recibido y aceptado refugiados, se encuentra actualmente desbordado en su sistema de reconocimiento. Los datos estadísticos de la Dirección General de Refugiados y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señalan que 250.000 personas colombianas deberían recibir protección internacional, como víctimas de la situación que vive su país.

El sistema de reconocimiento ha recibido entre los años 2000 y 2007, 55.073 solicitudes de refugio, de las cuales han sido aceptadas 14.817. Las restantes, en su mayoría han sido negadas, dejando a los solicitantes sin posibilidades de retornar y obligados a engrosar las filas de la población inmigrante en situación irregular en el Ecuador.

La gran mayoría de la población en situación de refugio no ha solicitado ser reconocida en tal condición, quizás por desconocimiento o el miedo generado por la experiencia de haberse registrado y ser víctimas de persecución en Ecuador por parte de alguno de los actores del conflicto colombiano.

A pesar de su situación jurídica, buscan subsistir de alguna forma, vinculándose a trabajos mal pagados o en el comercio informal, peleando día a día por el pan que puedan llevarse a la boca, a una vivienda digna y siendo víctimas de un sistema que por la falta de un estatus migratorio regular les impide acceder a los servicios básicos, como educación y salud.

Se organizan y trabajan para buscar soluciones, contemplan también la situación de su comunidad, barrio y ciudad y encuentran espacios donde puedan ser escuchados y demandar la atención del Estado y de las autoridades y encontrar soluciones prontas.

La realidad de la población en situación de refugio es dura, sin embargo la luz de esperanza no desaparece de sus ojos y su capacidad de proponer y buscar soluciones se vuelve más aguda.

Es necesario reconocer que frente a la problemática social que se ha generado, el país se ha propuesto reformar su política migratoria y en especial la atención humanitaria que les corresponde a la población en situación de refugio. La sociedad civil ha brindado su aporte desde las distintas organizaciones de derechos humanos y de la Iglesia, quienes conjuntamente con las organizaciones sociales de esta población y de los familiares de los emigrantes, han logrado abrir espacios para la discusión y construcción de una política coherente con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Es necesario partir de una idea básica, un marco de política migratoria que reconozca la realidad y que se armonice con los estándares internacionales de derechos humanos permite el aprovechamiento máximo de las oportunidades que para el Ecuador significa recibir a los inmigrantes y especialmente a los refugiados. Toda persona genera un aporte a la sociedad y la regularización es el primer paso para reconocerlos como ciudadanos, capaces de ejercer sus derechos y definitivamente de cumplir con sus obligaciones.

Por ello, en el marco del Día Mundial del Refugiado, el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes quiere llamar la atención del Estado ecuatoriano a fin de construir políticas integrales respecto a los refugiados. Esto no sólo significa mejorar el proceso de reconocimiento, (que ha dado un paso importante con el Registro Ampliado que está poniendo en marcha la Dirección General de Refugiados), sino tomar en serio el mandato del Plan de Acción de México sobre Refugiados que impulsa a construir Ciudades y Fronteras Solidarias, generando políticas de inclusión social en las cuales se respeten los procesos interculturales y se incluya a la población local, que ya bastante tiene que soportar con la desatención histórica por parte del aparato estatal.


Testimonios de desplazados internos de Colombia recogidos por el Servicio Jesuita de Refugiados-Soacha.

María Lucía:

María Lucía tiene nueve hijos, fue desplazada de la vereda El Porvenir, Caquetá en agosto del 2006. La guerrilla había dejado armamento en su casa y éste fue encontrado por el ejército, quien culpó a la familia, sobre todo al esposo de ser parte de las FARC. Uno de sus hijos fue reclutado forzosamente por este grupo armado. La familia entera decidió partir.

En su tierra tenían buen ganado, pero cuando volvieron por él, el ejército lo había vendido y los maltrataban diciendo que eran guerrilleros. La familia recibió el apoyo de helicóptero para salir de la región y se quedaron en un albergue.

En noviembre del 2007, el esposo de María Lucia decidió volver a su tierra pues no se sentía bien en la ciudad, no se había adaptado y deseaba regresar al campo, recuperar su tierra y hablar con unos vecinos de la comunidad quienes le debían algún dinero. Fue asesinado.

Alejandra:

Alejandra es profesora y tiene 4 hijos. Las FARC se querían llevar a su esposo, por lo que él decidió esconderse. Para extorsionarlo, se llevaron al mayor de sus hijos, que en ese entonces tenía 4 años. El padre emprendió el rescate de su hijo pero fue asesinado y el niño quedó secuestrado y su madre no supo más de él.

Ahora ella vive en Ciudadela Sucre y se volvió a casar. “Ellos” la buscaron, después de tres años, porque el niño había tenido un accidente en un enfrentamiento. Se había fracturado el cráneo con las llantas de un camión. El niño fue tratado en el hospital de Villavicencio, donde ella lo pudo acompañar, pero tan pronto le dieron de alta se lo llevaron otra vez. Un día ella recibió una llamada del “comandante” donde le decía que lo fuera a recoger pero las condiciones eran tan extrañas (el lugar de la cita) ella fue asesorada para que no asistiera pues podía ser una trampa.

En noviembre del 2007, ella recibió una llamada de su hijo. A escondidas, le repetía que la quería mucho. Cuando ella le preguntó dónde estaba se oyó un estruendo y el gritó “ya vienen!” y nunca más supo de él.

Alejandra puso una denuncia en la procuraduría y pidió seguridad. Ahora su hijo debe tener nueve años.

Patricia:

A los 8 años, el hijo de Carmen fue llevado con su padre, quien estaba vinculado con el grupo paramilitar, a las filas de Las Autodefensas Unidas de Colombia, en el bloque de Santa Marta. Toda la familia de su esposo mantenía relaciones estrechas con la organización. Ella de su trabajo le enviaba dinero hasta que un día se enteró que los habían separado.

Posteriormente, el padre mostró su arrepentimiento y se acogió a la legislación que protege a los desmovilizados, ley 975 de 2005. Tuvo que esconderse para salvar su vida.
Cuando su hijo cumplió los 16 años, “ellos” la buscaron para que ella fuera por su hijo, quien se había enfermado de paludismo. Carmen recibió apoyo de pasajes de la Iglesia y de la Cruz Roja, sin embargo no está registrada en ninguna de esas entidades por causas de seguridad.

Patricia y su hijo no viven juntos porque su comportamiento es demasiado agresivo, además de ser segregado por todos, señalado a causa de su pasado militante.

Este problema psicológico y social, no es el único al que se enfrenta ahora: ya de 18 años, el joven es buscado por la organización paramilitar ya que “ya está bien” reclamando que lo “devuelva” bajo la amenaza de llevarse a su otra hija, de 8 años, quien para ellos ya está apta. La llaman constantemente dándole indicaciones sobre los lugares por los que pasa.

Hace un mes y medio, Carmen y otras familias recibieron una llamada de “Acción Social” citándolas en la plaza de Soacha (municipio colindante con la ciudad de Bogotá). De ahí los transportaron hacia la zona de Altos de Casucá. Conforme subían, los que las llevaban cambiaban de actitud poniéndose violentos revelando su verdadera identidad “paras”. Los entraron a una casa donde finalmente les ofrecieron trabajo en Venezuela, donde les darían casa, en fin “todo”. Les notificaron que allá no debían preocuparse pues no hay enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares, por lo que no deberían ocultar su identidad y pertenencia a la organización. Las únicas respuestas que aceptaban ante la propuesta eran “sí” o lo vamos a pensar.

A Patricia siguieron llamándola de manera intermitente cada 8 días para amenazarla con el reclutamiento de su hija. Inclusive le ofrecen dinero por entregar sus hijos. Quiere refugio en la Guajira, donde se quedaría con los indios guajiros, porque, aunque estén cerca, según ella “los paras no se meten con ellos”.

Servicio Jesuita de Refugiados y Migrantes - Ecuador 

(SJRM– Ecuador)

 

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