No obstante las medidas cautelares otorgados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, defensores Tolupanes de la tribu San Francisco de Locomapa han sido otra vez blancos de amenazas.

 

El jueves, 27 de marzo del 2014, Selvin Matute se acercó a uno de los defensores y le avisó que si continuara escuchándolos haciendo denuncias en Radio Progreso, les sacarían de sus casas y les cortarían la lengua. Indicó que el aviso iba dirigido sobretodo para Consuelo Soto, Celso Alberto Cabrera, Olvin Enamorado y Sergio Ávila.

 

“Las amenazas continúan,” dijo Soto. “Nos han avisado de que si no cerramos la boca, ellos nos van a cerrar la boca.”

 

Selvin Matute fue identificado por testigos como uno de los dos autores materiales de los asesinatos de María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto Fúnez el 25 de agosto del 2013 en la comunidad San Francisco Campo, ubicada en el municipio de Yoro. Los hechos sangrientos acabaron con un plantón de 13 días que se realizó en el lugar para protestar la extracción de antimonio en el territorio de la tribu.

 

“Me da tanto pesar la compañera María Enriqueta Matute, que ella murió en su cocina,” dijo Soto. Soto había salido de la acción unos cinco minutos antes de que llegaron buscando a los líderes comunitarios para asesinarlos. Al no encontrarlos, mataron a Matute, una abuela de 71 años, y a Fúnez Medina y Soto Fúnez, por estar apoyando la protesta contra la minería. “Yo exijo justicia,” enfatizó.

 

El mismo 25 de agosto, debido al peligro que corrían por su liderazgo en la lucha, Soto, Cabrera, Enamorado, Firmo Matute, Ramón Matute, Wilibran Chirinos, Ojer Ávila y José María Pineda salieron de Locomapa.

 

El 19 de diciembre del 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para 18 habitantes de Locomapa y sus familiares, sumando 38 personas en total.

 

Después de seis meses en el exilio, siete de las ocho personas que habían salido de la región regresaron a sus comunidades el 22 de febrero del 2014. El gobierno hondureño ha integrado una comisión compuesta por varias instituciones estatales para cumplir con las medidas cautelares, pero los amenazados aseveran no haber visto resultados.

 

Los defensores denuncian que la orden de captura para los hechores no se ha ejecutado, y que su continuada presencia en la región provoca temor. Reconocen que los cuatro policías asignados a la región apenas hace poco recibieron una moto, pero aducen que la falta de recursos demuestra una falta de voluntad del Estado.

 

“Yo fui uno de los amenazados. Yo no salí. Yo aquí me quedé. Pero sí, tengo mis medidas cautelares,” dijo Sergio Ávila, presidente del Consejo Preventivo de la tribu. Señaló que la policía aún no ha llegado a su comunidad, Cabeza de Vaca número dos. Los cultivos de Ávila están a unos cuatro kilómetros de la comunidad. “Tenemos miedo, hasta salir a los trabajos,” apuntó.

 

No obstante las amenazas, sigue la lucha por defender el territorio indígena Tolupan de la minería, la tala del bosque y represas hidroeléctricas. “Esto es por defender nuestros recursos naturales,” dijo Consuelo Soto. Ella y los demás amenazados son también miembros de base del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

 

Los defensores Tolupanes de la tribu San Francisco de Locomapa exigen a las autoridades que cumplan con las medidas cautelares otorgados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también exigen que se ejecute con urgencia la captura de los asesinos para que respondan por la muerte de los indígenas.