Militarización nacional y Ley Antiterrorista
Peligroso cóctel contra el movimiento social paraguayo
21/08/2013
- Opinión
El 2 de mayo del 2010, luego de 10 años de intento, el Gobierno norteamericano y el Partido Colorado observaban atónitos como un Presidente sin sustento partidario e identificado con el sector de izquierda, lograba promulgar la Ley Antiterrorista, que durante años intentaron implementar y que no lo consiguieron por presión y movilización social.
Como un regalo macabro a la clase trabajadora, el 2 de mayo del 2010, el presidente Fernando Lugo promulgaba y hacía obligatoria la ley 4024 “que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo”, un paso fundamental para la represión y mayor criminalización de la protesta social.
Lugo hizo lo que el Congreso Democrático del Pueblo en el 2002, con marchas, con unidad de acción evitó por medio de una movilización nacional. Durante noventa días las principales organizaciones sociales, urbanas y campesinas principalmente, paralizaron el país y lograron el retiro del Proyecto de la Ley Antiterrorista y la Ley 1615 o de Privatizaciones (Palau M, 2012)
La aprobación de esta Ley fue un paso fundamental dado por el Gobierno norteamericano dentro de su programa de Dominación de Espectro Completo (Ceceña, 2004) que prevé, entre otros, la dominación territorial, la creación de imaginarios colectivos, legislación disciplinadora de los movimientos sociales, represión, ya sea de manera directa (intervención estadounidense) o por medio de alianzas, como las planteadas actualmente con el “Nuevo Rumbo”.
Hablar de esta doctrina, nos lleva a señalar la necesidad de Estados Unidos de crear aliados locales que faciliten la implementación de políticas acordes con el sistema neoliberal imperante. En esta creación de aliados, multiplicación en otras, facilitan modificaciones legislativas, colaboración con cuerpos de seguridad (policiales y militares), y sistema judiciales de desregulación de los sistema de protección universales de la dignidad humana.
Es así que los aliados actuales (junto a los potenciales), pertenecen a distintos sectores, y algunos creyéndose por encima de estas políticas, caen en el juego, y colaboran con este sistema de dominación, como infantilmente lo hiciera el gobierno anterior, que se identificaba con el sector social, el cual se vio más directa y seriamente afectado por las políticas represivas implementadas y que tienen proyección a futuro.
En estos momentos, el Gobierno Cartes se encuentra en otra etapa más de este proceso de dominación, que es el de dar vía libre a las intervenciones militares, y establecer un estado de guerra permanente contra la población campesina.
El control del territorio es fundamental desde las lógicas de dominación y control social (Foucault, 2008), más aún en una sociedad como la paraguaya, donde la relación del campesino con su tierra, es una relación de vida, de producción de vida.
La modificación de la Ley 1337, para otorgar el poder total al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas en la disposición de las mismas, y asesorado por el General (SR) Bernardino Soto Estigarribia, ex alumno y docente de la Escuela de las Américas en la década de los ’80, más que grave es de alta peligrosidad.
Doctrina del shock
La creación de discursos de verdad (Foucault, 2000), en los cuales los sistemas hegemónicos se apoyan, necesita de la creación se sensaciones, de imaginarios, que puedan lograr ciertas cohesiones sociales y a la vez renunciamientos de derechos a favor del Hegemon.
Es así que se recurre a la creación de sensaciones de inseguridad, de crear en la sociedad niveles de miedo y temor, que lleven a la misma a solicitar de manera casi desesperada la utilización de la fuerza por parte del Estado.
Esta sensación de inseguridad en algunas ocasiones viene sin rostro, con lo cual el ciudadano común, cree que todos son potencialmente criminales, todos pueden hacerle daño, por lo cual es mejor invertir en armamento y policías, y disminuir -y justificar las mismas- en áreas de Salud, Educación, Reforma Agraria.
En otras se crea un enemigo común, se le da forma, nombre, aunque el mismo sea difícil de definir o identificar, fenómeno que ocurre con el denominado Ejército del Pueblo Paraguayo o EPP. Una supuesta guerrilla de origen campesino, que atenta contra la vida de toda persona humilde, asociando este último concepto con los agro-ganaderos, con los terratenientes y jefes de capangas[1], que en muchos casos asesinan campesinos.
El EPP como lo señala Ramón Fogel, no es una guerrilla, “sino un elemento funcional a los más ricos[2]”, a la derecha paraguaya y los latifundista. Con el EPP, la derecha paraguaya logra cotidianizar la palabra terrorismo dentro del común de la gente, volverlo un vocablo normal para expresar criminalidad.
Además con esta supuesta guerrilla se ha construido en el imaginario colectivo, la criminalidad potencial del campesino, el cual se encuentra directamente relacionada con el grado de pobreza y a la no tenencia de tierra.
Los medios de comunicación se han encargado de llevar adelante esta campaña, para lo cual han explotado la doctrina del shock con los últimos acontecimientos, como la muerte del ganadero Lindstron, y la de los 4 guardias de seguridad y un efectivo de la policía nacional.
Nadie puede negar la gravedad de la pérdida de vidas de compatriotas, de la muerte de personas, pero utilizar la misma para justificar una gran militarización social, represión a organizaciones campesinas, es una cosa muy distinta, ante la cual se debe estar alerta.
Disponibilidad militar y Ley Anti-Terrorista
Con el consenso logrado por Cartes con relación a la necesidad de la lucha frontal contra el EPP, se logra establecer lo que Foucault denomina como Discurso de Verdad (Foucault, 2000)
Las campañas mediáticas de los medios masivos de comunicación, en señalar la relación entre el grupo criminal del EPP con organizaciones campesinas, y estas a la vez con partidos políticos de izquierda, busca no solo criminalizar a estos sectores, sino terminar de una vez por todas con los sectores movilizados.
Al disponerse la modificación de la ley 1337, se perderá control sobre las fuerzas armadas, y no se obtendrán informaciones que hagan relación a sus incursiones, para lo cual han instalado a la senadora Mirta Gusynsky como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, de manera a no propiciar ninguna investigación extrajudicial, debido a que el Ministerio Público, como lo ha demostrado Jalil Rachid, no tiene la más mínima intensión de investigar asesinatos de campesinos.
Con la disposición libre de las Fuerzas Armadas, y con la ambigua Ley Antiterrorista vigente desde el 2010, la potencialidad de reprimir se vuelve mucho más concreta.
La definición de terrorismo de la Ley 4024/10 conlleva una gran ambigüedad al manifestar :
Artículo 1°.- Terrorismo.
El que, con el fin de infundir o causar terror, obligar o coaccionar para realizar un
acto o abstenerse de hacerlo, a:
1. la población paraguaya o a la de un país extranjero;
2. los órganos constitucionales o sus miembros en el ejercicio de sus funciones; o,
3. una organización internacional o sus representantes;
Dentro de esta vaga definición, una ocupación pacífica de tierras por parte de una organización campesina, que busca el pronunciamiento del INDERT (Organismo Público) con respecto a las tierras puede ser considerada como terrorista.
Si a esto sumamos, que los campesinos suelen tener en sus manos palos o garrotes, foizas, escopetas para mariscada, entre otros, la potencialidad terrorista se proyecta a la enésima potencia.
Estos mismos campesinos, al ser encontrados en un camino comunal, vecinal por fuerzas públicas desplegadas en la zona, podrán ser asesinados impunemente, basados en la orden general de reprimir al EPP.
Lo peor de este panorama, no es solo la muerte de los campesinos o de personas inocentes, sino principalmente, que la acción podría ser justificada por la población en general, debido al establecimiento del discurso de verdad y al consenso que el mismo ha generado. En el mejor de los casos en que se reconozca un error, el mismo podrá considerarse como daño colateral, terminología militar utilizada para justificar la muerte de civiles.
El Nuevo Rumbo no solo ha encontrado gobernabilidad con mayoría colorada, sino también consenso social en cuanto a la represión, además el camino legal fue allanado por el Gobierno Lugo, con la promulgación de la Ley Antiterrorista.
Un cóctel extremadamente peligroso, donde el movimiento social paraguayo sigue golpeado por la inmovilidad causada por el sueño efímero de un gobierno que nunca fue de izquierdas, por un golpe de estado de la extrema derecha, y por los golpes a sus líderes intermedios que vienen siendo asesinados desde diciembre pasado (aunque ya se iniciara en Curuguaty).
La militarización del país y el consenso político de dar un cheque en blanco a Cartes en la lucha contra el EPP, es doblemente peligrosa cuando no hay contestación social.
La única forma de detener el avance y principalmente la instalación de la doctrina de Dominación de Espectro Completo en Paraguay, no va a ser por medio de los senadores del Frente Guazú o Avanza País, ni va a nacer de los partidos políticos que son miembros de los mismos, aunque tengan una responsabilidad en trabajar por detenerlo.
La única forma de hacer frente a lo que se viene, a lo que con fuerza nos está atacando, a esa narco-política, es a través de la movilización social, de la organización, donde muchos líderes sociales de “alto nivel”, deberán reconocer errores y pedir disculpas por el elevado nivel de desmovilización.
El movimiento social paraguayo deberá volver a sus raíces, a construir alianzas, a replantear estrategias, establecer prioridades, y principalmente, trabajar con las bases, donde deberá reforzar el proceso de formación política.
Es también para ello necesario, crear lazos de unidad con el movimiento latinoamericano, trabajar más de cerca con los distintos movimientos que vienen trabajando desde años la temática, y esto nos obliga a mejorar nuestros sistema de comunicación para fuera de Paraguay y dar a conocer lo que está ocurriendo.
El panorama no es el más alentador, pero el que utilicen todas sus estrategias para consolidar un sistema en base al miedo y el terror de la gente, es también una demostración de lo mucho que hemos avanzado, de lo mucho que hemos construido, y principalmente, de que nos tienen miedo.
Orlando Castillo Caballero
Abogado de Derechos Humanos, estudiante de maestría en la Freie Universität Berlin, objetor de conciencia y antimilitarista, miembro a título personal de la Campaña por la Desmilitarización de las Américas (CADA)
Fuentes
Ceceña, Ana Esther (2004) Estrategias de construcción de una hegemonía sin límites. En libro: Hegemonias y emancipaciones en el siglo XXI. Ana Esther Ceceña (comp.). CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina. 2004.
Foucault, Michel (2000), “Defender la Sociedad”, primera edición en español, editado por el Fondo de Cultura Económica de Argentina S.A, en Buenos Aires – Argentina
Faucault, Michel (2008), Seguridad, Territorio, Población, Curso de la Escuela de Paris, año 1977-1978, ediciones AKAL 2008, Madrid - España
Palau, Mariel (2012), “Los Movimientos Populares en Paraguay”, en CEPRID, 15 de marzo de 2012, visto en [http://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article1370]
[1] Denominación utilizada para señalar a los grupos paramilitares de seguridad que son contratados por los Hacendados para proteger sus tierras.
https://www.alainet.org/pt/node/78623
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