En los programas iniciales de estabilización económica y ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, la compensación social tenía vida útil, es decir debería concluir una vez que las economías alcanzaran un rápido crecimiento económico y los niveles de pobreza disminuyeran. Ello no sucedió, ya que, en gran parte de los países latinoamericanos, el ritmo de crecimiento del PIB es bajo y la pobreza en vez de disminuir aumentó, o por lo menos mostró una rigidez estructural a la baja.
 

Los mismos programas de estabilización económica y ajuste estructural contribuyeron a que la pobreza, desempleo e inseguridad alimentara aumentaran, con sus políticas de contracción del gasto agregado, congelamiento de salarios, despido de trabajadores, privatización de empresas, aumentos de impuestos, devaluación y mayores costos de los servicios públicos, sumado a la concentración de la propiedad, menores recursos de crédito para los campesinos y liberalización del comercio agrícola a ultranza.
 

Honduras no fue ni es la excepción, ya que los programas de compensación social se institucionalizaron como políticas de Estado al observarse baja tasas de crecimiento del PIB y mayores niveles de pobreza y miseria. Estos programas iniciaron en 1992, y cumplirán 30 años en 2022. Han venido cambiado de colores políticos y denominación monetaria, abarcando a jefes de hogar, mujeres, adultos mayores y jóvenes, pero últimamente focalizados en aquellas familias en situación de pobreza extrema donde niños y niñas no tienen acceso a educación ni a los nutrientes necesarios para llevar una vida digna. Inicialmente eran fondos públicos o donaciones, hoy son prestamos que hay que pagar.
 

En el lenguaje de los funcionarios públicos que trabajan en instituciones de gobierno que entregan el bono compensatorio, con estos recursos se garantiza que los niños y niñas no abandonen las clases y asistan a centros de salud para atención básica, sobre todo por grados de desnutrición infantil que observan.
 

Un problema que ha sido manifiesto a través de todo este tiempo de ejecución de la compensación social al ajuste, es la falta de transparencia y corrupción explicada por la alta politización de las instituciones y entrega de los bonos. Son unidades que operan dentro de Casa de Gobierno o adscritas a ministerios o instituciones de protección o desarrollo social. Igual, hay denuncias de “filtración”, o sea que un número de personas que no son pobres resultan beneficiadas con la entrega de bonos, sea porque la focalización ha sido mala o hay interés del partido en el poder por favorecer a sus correligionarios.
 

Antes del Covid-19 y la presencia de fenómenos naturales como Eta e Iota, se evidenciaba que la compensación social no estaba teniendo los resultados esperados, por el alto ausentismo escolar, aumento de la pobreza y desnutrición, pero las cifras actuales dan cuenta de un problema mayor que dicha compensación está lejos de contribuir a solucionar, ó sea la magnitud del problema de la pobreza. Los datos de Instituto Nacional de Estadísticas (INE) muestran que la pobreza afecta a 73.6% de la población, de la cual un 53.7% son personas en extrema pobreza. Aunque la pobreza extrema sigue siendo mayormente rural, se observa un crecimiento de la pobreza urbana.
 

De qué sirve una baja inflación de 4.1 % en 2020 con estas cifras; más aún, con tasas de desempleo y subempleo altas. El argumento del gobierno que la estabilización económica es condición necesaria para obtener préstamos no es suficiente, ya que los recursos se evaporan en programas y proyectos mal diseñados con pocos impactos positivos en los niveles de empleo e ingresos de las familias, y mejoras sustanciales en satisfactores sociales como la vivienda, salud y educación. Hay muchos recursos destinados al fortalecimiento de la institucionalidad pública y gobernanza, cuando la práctica y evidencia muestran a un gobierno centralista, poco transparente y denunciado como corrupto. Es más, de que sirven los recursos de préstamos sin es para beneficio del capital y la contratación de empleos de mala calidad con salarios espurios.
 

Recién se ha hecho visible una mala práctica en el manejo de recursos orientados a la compensación social, que venía denunciándose por organizaciones de sociedad civil en años electoreros. Se trata de usar esos recursos para la compra de votos, o ejercer presión a la población para que voten por el candidato oficialista, caso contrario no tendrán acceso al bono compensatorio. Los organismos de crédito internacional conocen de esta práctica, pero guardan silencio para no comprometer las buenas relaciones con el gobierno y desvirtuar los logros alcanzados en materia de compensación social, especialmente aquellos publicados como la entrega de alimentos.
 

El Congreso de la República, mediante decreto N. PCM-218-2021 de octubre de 2021, aprobó un monto de 70 millones de dólares en concepto de pago a los beneficiarios del Bono Vida Mejor-Centenario, para ser entregado a las familias afectadas por Covid-19, Eta e Iota, a razón de 7,000 lempiras por persona, lo cual cubre a 234, 579 familias con impacto en 1.1 millón de personas. Estos recursos son en carácter de préstamos aprobados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), pero el decreto autoriza a la Secretaria de Finanzas (SEFIN) para que consiga la plata de recursos presupuestarios, la cual se repondrá una vez que los fondos de préstamo ingresen a las arcas del Estado.
 

A menos de un mes de celebrarse elecciones generales para elegir a las nuevas autoridades de gobierno, debió esperarse que tomarán posesión de sus cargos para realizar una transacción de este tipo. Varias organizaciones de sociedad civil exigen que este préstamo se congele, y que no se autorice por SEFIN el uso de recursos públicos y de otros programas sociales para cubrir este requerimiento político. Honduras necesita regular estas prácticas corruptas y clientelares, para no traficar con el hambre del pueblo.