“Las deudas malas merman el desarrollo al aumentar la corrupción e impunidad, pobreza y dependencia externa”

                                                                                                             Enrique Soto, economista

La historia del sobrendeudamiento externo de la economía y sociedad hondureña se repite. Este sobreendeudamiento llevó a la condonación de la deuda externa, pero a condición de reducir los niveles de pobreza existentes, lo cual no se logró.

Entre los principales problemas que enfrentará el próximo gobierno a partir de enero de 2022, destaca el alto peso de la deuda sobre el PIB que, según cifras oficiales, su monto ascendió a 14.655,3 millones de dólares en el primer trimestre de 2021, de los cuales 8.162,5 millones de dólares son deuda externa y 6.492,8 deuda interna (SEFIN: 2021); es decir, el porcentaje de deuda externa es de 55,6%. Para el gobierno la deuda total representa 59,6% del PIB (otras organizaciones como el FOSDEH hablan de 65%/PIB), y ha venido en aumento desde 2010, masificado con el Covid-19 y los fenómenos naturales de ETA e IOTA.

El aumento de la deuda externa no paró durante la vigencia de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (2000-2015), sin alcanzar los resultados esperados, pero hoy su monto conspira contra el logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que sustituyeron a los objetivos de desarrollo del milenio.

El servicio de la deuda externa también ha aumentado. Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH: septiembre 2021) destaca que en 2020 se pagaron más de 47.018,8 millones de lempiras (unos 1.951 millones de dólares al cambio promedio) por este concepto, cuando un año antes (2019) se destinaron 37.186,30 millones de lempiras (unos 1.543 millones de dólares al cambio promedio). La preocupación de la ciudadanía y organizaciones de sociedad civil que realizan análisis de coyuntura como el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH) y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICIEFI), es que gran parte de este endeudamiento ha servido para que funcionarios de gobierno, diputados y empresarios hagan negocios “chucos” con el dinero de los hondureños, sin que se castigue a los culpables.

En Honduras, y esto lo saben los organismos financieros internacionales, especialmente el Fondo Monetario Internacional (FMI), a mayor endeudamiento mayor corrupción e impunidad, lo que ha sido visible después del golpe de Estado (junio de 2009).

Los mecanismos y estrategias son varios. El primero es de tipo politico-idelogico. Parte de una tesis económica que relaciona la mayor inversión con crecimiento económico e inflación. En Honduras, como en la mayoría de los países latinoamericanos, hay poca capacidad de ahorro interno, por lo que urge fomentarla para estimular la inversión con mayores recursos externos (inversión extranjera, préstamos y bonos soberanos). El problema es que la productividad de la inversión es baja, y gran parte de los recursos externos contratados favorecen la corrupción y el endeudamiento improductivo, pero también honran deudas con Organismos Financieros Internacionales (OFIs), actuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) como guardián de los créditos otorgados.

Hay que reducir el déficit fiscal, despedir empleados públicos, aumentar tarifas, congelar sueldos y salarios y privatizar empresas públicas para liberar recursos para la inversión y acceder a fondos externos, dicen los técnicos del FMI, pero dicen muy poco sobre la mala gestión de estos recursos y los efectos negativos que las políticas económicas generan. Hacer obras públicas por el Estado con créditos externos no es mala política pública, lo malo es que se roben los recursos y ejecuten proyectos de poco impacto económico y social, en aras de ser fiel al discurso técnico-político de aumentar el empleo sin importar su calidad y género.

El segundo, quizá el de mayor data, es la ejecución de programas y proyectos con recursos externos administrados por funcionarios de gobierno ligados al partido en el poder, pero que no tienen la capacidad, experiencia y conocimiento técnico para ello. Nadie sabe si los objetivos y metas de estos programas y proyectos se cumplieron, o si los recursos se emplearon para lo que se estableció en los planes operativos y presupuestos; pero en caso de las evaluaciones realizadas, son pocos los funcionarios que saben de ello. La ausencia de una o varias instancias de la sociedad civil que acompañen estas evaluaciones es evidente, ya que la relación es entre la agencia financiera o cooperante con el gobierno, especialmente con el funcionario nombrado.

El tercero, son los programas de transferencias monetarias condicionadas (TMC), cuyos recursos, en un monto importante, se utilizan para financiar la campaña política del candidato oficial, diputados y alcaldes sin que exista una nota de protesta de los OFIs sobre esta práctica corrupta que data desde hace 30 años.

Un informe reciente sobre el peso de los préstamos internacionales en la campaña electoral 2021 (CESPAD; septiembre de 2021), da a entender que los nuevos contratos de préstamo aprobados por el Congreso de la República con votos limitados, sirven para tales propósitos, ya que es débil la supervisión y no hay información disponible sobre el uso de los mismos. Puede suceder que estos recursos se utilicen totalmente en este corto periodo electoral, sin que exista protesta de los diputados de oposición, ni de los funcionarios de los OFIs.

Honduras es uno de los pocos países donde los recursos de endeudamiento externo para la compensación social han aumentado, pero los niveles de pobreza, inseguridad alimentaria y desnutrición infantil también.

Un cuarto mecanismo es la aprobación de recursos para financiar programas y proyectos del sector privado, donde el gobierno (¿El Estado de Honduras?) aparece como socio o co/ejecutor.  Inicialmente se establece un monto de aporte por el gobierno al proyecto, pero resulta insuficiente y deben solicitarse recursos adicionales al Congreso de la República, que son aprobados en sesiones espurias (no presenciales) donde participan solo diputados del partido de gobierno y otros de la oposición que no dan la cara.

Hay que documentar a partir de enero de 2022, quiénes de estos diputados aprobaron este sobreendeudamiento. Un caso visible es la construcción del nuevo aeropuerto de Palmerola, donde se estima que el Congreso de la República aprobó recursos adicionales por más de 46 millones de dólares, que Juan Orlando Hernández (J0H) va a inaugurar el mes próximo, aunque las obras no hayan concluido.

Un quinto mecanismo ha sido la aprobación de la vía rápida de recursos para financiar los gastos Covid-19, siendo el más visible la compra de siete hospitales móviles, donde la Secretaría de Finanzas y el Banco Central de Honduras (BCH) autorizaron la compra bajo la modalidad de gasto “Flash”, o sea la vía superrápida.  “Los hospitales le costaron al Estado hondureño 47 millones de dólares que fueron pagados de contado y de ‘buena fe’, o sea sin garantías, por el director de Invest-H, Marco Bográn, y la ministra de Finanzas, Rocío Tábora. Ninguno de los dos sigue en el gobierno, pero ninguno responde por todas las irregularidades documentadas en la compra de estos hospitales. Contra Bográn, el Ministerio Público abrió una investigación y el 5 de octubre de 2020 emitió el primero de dos requerimientos fiscales, por dos delitos que según el nuevo código penal vigente son excarcelables y un juez decidió que Bográn se defienda en libertad” (Revista Expediente Publico, memoria histórica, 14 de enero de 2021).

Un sexto mecanismo es el aumento de presupuesto en aquellos sectores, rubros, partidas, instituciones, programas y proyectos, donde hay interés del gobierno, o de funcionarios que tienen negocios con el mismo Estado a través de terceros. La construcción del Centro Cívico Gubernamental costó al Estado de Honduras un poco más de 220 millones de dólares, ejecutados bajo la modalidad de una alianza público-privada entre Coalianza, Banco Lafise y la Empresa de Constructora GIA, comprometiéndose recursos de fondos de Institutos de Previsión Social. En 2022 subirá el presupuesto de la ENEE para pagar a las empresas generadoras de energía, IHSS, INVEST-H (que debería ser cancelada), programa de Servicios para Emprendedores en Honduras (que también debe ser cancelado por cercenar competencias de la Secretaría de Agricultura y de Economía), y Ministerios de Educación y Salud.

Finalmente, se ha puesto de moda el blindaje, o sea aprobación de leyes o reformas a leyes por el Congreso de la República para proteger a diputados o funcionarios de gobierno involucrados en actos de corrupción o denunciados como corruptos. Ello incluye reformas al código penal, la Ley del Ministerio Publico, Ley de Secretos, Ley del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Ley de Acceso a la Información Pública y Ley de Comisión de Banca y Seguros. A ello se agrega el interés de los diputados por controlar el trabajo de las Organizaciones de Sociedad Civil que denuncian actos de corrupción y la prohibición de la protesta pública, que puede ser penada con cárcel.

La candidata a la presidencia de la República por el partido Libertad y Refundación (LIBRE), Xiomara Castro, exige desde ya una auditoria internacional de la deuda externa e interna y una readecuación de la misma a las prioridades del desarrollo, lo cual debe apoyarse por los actores involucrados, incluyendo las organizaciones de la sociedad civil, gremios, academia y agencias de cooperación que están convencidas que Honduras no puede seguir con este modelo extractivo y de contratación y uso de recursos externos para financiar proyectos personales, corporativos, clientelismo político, negocios con narcotraficantes, lavado de activos o la corrupción de la institucionalidad pública y privada.

En esto, tal como lo han hecho países como México, se debe avanzar en la conformación de un Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM), con un amplio respaldo social e incluso político. Mucha de la deuda del Estado hondureño cabe en esta categoría, ya que ha sido utilizada contra los intereses del pueblo y beneficio de empresarios, corporación privada, diputados o funcionarios de gobierno que tienen la responsabilidad de salvaguardar los recursos del Estado que son de la población que paga los impuestos.