De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros 30 meses del gobierno de la 4T se abrieron más de 72 mil expedientes de investigación por homicidio doloso. En comparación, durante el mismo periodo de tiempo con Felipe Calderón se abrieron 30,572 y con Peña Nieto 41,979. (El Financiero, 02/07/2021).

¿Bastan estas cifras para asegurar que AMLO ha fracasado en materia de seguridad?

Si sólo nos guiáramos por los datos arriba mencionados sin ninguna clase de contextualización, sería difícil afirmar que se ha conseguido alguna clase de avance con la actual administración, que es justo lo que afirma la oposición. Sin embargo, los números sin interpretación también pueden servir para presentar verdades a medias amparados en su aparente frialdad.

Por lo anterior, resulta de primer orden destacar que cualquier análisis en materia de seguridad estará incompleto si no contempla las características y complejidades geopolíticas de México, siendo la frontera con Estados Unidos la mayor de ellas. Y es que no es poca cosa si consideramos que se trata no sólo del mayor mercado de drogas a nivel mundial, también de la primera potencia armamentista y financiera del orbe. Lo anterior impacta en las disputas por los centros de producción y las rutas de tránsito de estupefacientes, además de delitos asociados como tráfico de armas y lavado de dinero. Y a eso se debe sumar la enorme fragilidad de las instituciones del Estado mexicano altamente expuestas a la corrosión del neoliberalismo; más la crisis socioeconómica provocada por este modelo político y económico implementado en el país durante 36 años, cuyos resultados más obvios son la migración, el aumento del desempleo y la pobreza, hechos que generaron un caldo de cultivo ideal para el crecimiento de las actividades delincuenciales.

Finalmente, también es preciso considerar que las cifras de violencia que presenta México desde principios de este siglo son propios de países en conflicto interno, cuyo tiempo de estabilización y recuperación en ningún caso ha sido dos años, ni siquiera seis; en todos han sido lentos procesos que llevan décadas e implican la reestructuración institucional y amplia participación de todos los sectores sociales. Y aunque en México no se podría hablar de la existencia de un conflicto bélico tradicional pues no existen dos bandos en pugna (ni siquiera el propio Felipe Calderón lo asumió al después negar sus propias palabras), existen algunos otros analistas que sostienen que se trata de una guerra de baja intensidad la que se libra en nuestro territorio; tema que da para un análisis específico que no es objeto el presente trabajo.

No perdiendo de vista lo anterior, resulta fundamental entender que si bien es cierto que las actuales son las cifras más altas que ha tenido el país en su historia reciente, no se parte de ceros. El número de homicidios en México ha mantenido una inercia alcista constante desde 2007, pasando de 8,870 a 25,959 casos entre 2007 y 2012 con Felipe Calderón (en 2011 fue el punto más alto con 27,487); y de 22,585 a 36,356 entre 2013 y 2018 con Enrique Peña Nieto. En porcentajes, con Calderón el aumento fue del 293% y con Peña Nieto del 61%. (Animal Político, 09/12/2020).

En lo que respecta a la actual administración, de acuerdo a cifras del INEGI en 2019 se presentaron 36,661 casos y 36,579 en 2020, hechos que representan una variación del -0.01% en los primeros dos años de la actual administración. Es decir, en términos numéricos el mayor logro de la 4T sería haber frenado la tendencia alcista en el número de homicidios, aunque durante los primeros dos años el número de homicidios se estacionó en el punto más alto de Peña Nieto. Esto lo reconoció el propio mandatario cuando mencionó que su administración ha tenido dificultad para reducir el delito de homicidio, pero ha logrado contener su crecimiento y se han terminado las masacres perpetradas por las autoridades. (Proceso, 05/07/2021).

No obstante, numerosas voces han señalado los riesgos y límites de la actual estrategia de seguridad para lograr el compromiso de campaña del presidente López Obrador: pacificar al país al término de su sexenio. Si bien su diagnóstico resulta correcto al incorporar temas como pobreza, desigualdad y corrupción entre las variables responsables de la violencia, mismas que en el pasado no se mencionaban; además de dar nueva operatividad la Unidad de Inteligencia Financiera, espacio fundamental para rastrear y cortar los circuitos financieros de las actividades ilícitas; en el plano táctico – operativo sigue actuando bajo la misma lógica de sus predecesores: apostar al despliegue militar, sea mediante efectivos de la Sedena o Semar, o bien de la Guardia Nacional. Existe pues un abandono de las fuerzas de seguridad civiles sobre todo a nivel local, sin cuya participación prácticamente ninguna experiencia exitosa de recuperación ha podido llevarse a cabo. Tal y como lo señaló Norberto Emmerich en una entrevista que le realicé en julio de 2020: (la 4T)… debe hacer un uso estratégico, abierto y transparente de la fuerza pública, con menor énfasis en las fuerzas armadas (excepto para los grandes casos) y mayor importancia a las policías municipales, que deben estar dotadas de presupuesto, jerarquía institucional y sobre todo formación de calidad. Esto implica implementar el Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad para los Municipios de México, que no está siendo llevado adelante. La población deber sentirse custodiada y resguardada por la fuerza pública. (GlobalResearch, 03/07/2020).

En resumen, afirmar que la actual administración ha fracasado rotundamente en su estrategia de seguridad es más propio de la rivalidad política que de un análisis efectivo, pues los propios números sobre los cuales sustentan sus dichos pueden demostrar que no es así. Sin embargo, tampoco hay muchas razones para echar las campanas al vuelo pues el número de homicidios sigue siendo muy alto.

En realidad, la actual administración debe apostar como en muchos otros rubros a ser la que siente las bases de la futura recuperación, pero para ello aún existen muchas áreas de oportunidad, entre ellas la ineludible revisión del sistema judicial y de impartición de justicia, lejana en el horizonte bajo la nueva correlación de fuerzas en el Legislativo federal.