En dos años y siete meses de gobierno, el presidente Jair Bolsonaro ha roto los pactos sociales de Brasil y, siguiendo el guión de la ultraderecha de otros países y con el respaldo de los militares, amenaza el legado político de 36 años de democracia.

Desde Estados Unidos señalan que la derecha global contra los derechos de nueva generación quedó en manos de la Administración de Bolsonaro, tras la salida de Donald Trump, que le dejó un manual no escrito de tácticas para erosionar la democracia, que quizá otros  han comenzado a replicar en la región, pero ninguno con el descaro y la determinación que han hecho del brasileño un abanderado mundial de la derecha.

Pero los medios desvían la atención hacia el tema electoral, aunque aún falta mucho tiempo hasta octubre de 2022. En entrevistas radiales realizadas el martes 20 de julio, tanto el actual presidente como el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva dejaron de lado la alternativa de que exista una tercera vía y aseguraron, cada uno a su manera, que la elección presidencial se resolverá entre ellos.

Algunos partidos aspiran a la presidencia, en particular el derechista Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), donde ya existen fuertes movimientos dentro de su interna, en los que se destaca el actual gobernador del estado de San Pablo, João Doria.

Mientras usted lee esta nota, seguramente la prensa en Brasil estará desmintiendo alguna información falsa o alguna media verdad dicha por el presidente y/o sus seguidores, mientras el gobierno estará preparando alguna ley, decreto u acto presidencial para cambiar las reglas del juego previstas en la Constitución. Brasil observa cómo el mandatario trabaja para imponer su plan de poder, que erosiona la democracia brasileña. Fue así en otros países gobernados por líderes extremistas.

El proyecto bolsonarista autoritario empezó a cuentagotas y se expandió en todos los sectores en los que opera el gobierno, con intimidación, abusos de poder, leyes nuevas que pasan inadvertidas para la sociedad, silenciar voces contrarias. La democracia ha sido tomada de asalto por un golpe que repercutirá durante generaciones.

Jair Bolsonaro no vive su mejor momento. Rechazado por la mitad de la población por cómo ha gestionado la pandemia, el mandatario se enfrenta desde mayo a protestas contra su gestión. Los sondeos ya mostraban que el apoyo a Bolsonaro caía poco antes de que las denuncias de corrupción por la compra de vacunas para la covid llegaran a los noticieros a finales de junio.

Si las elecciones fueran hoy, el expresidente Lula, candidato del Partido de los Trabajadores ,tendría 49% de los votos, frente al 23% a favor de Bolsonaro. Lula ganaría en primera vuelta. En una encuesta más reciente, realizada por el instituto Datafolha entre el 7 y el 8 de este mes, Lula figura con un 58% de apoyo a su candidatura presidencial frente al 31% de Bolsonaro.

Así como han ganado privilegios, los militares también viven el desgaste del poder al lado de Bolsonaro. Han prestado su imagen a un gobierno que pierde prestigio con los resultados de la pandemia, el alto desempleo y las denuncias de corrupción en la compra de vacunas contra la covid-19. Las investigaciones de la Comisión Parlamentaria empieza ahora a tocar a militares que ocupan u ocupaban cargos en el Ministerio de Sanidad.

Aunque el ímpetu golpista lo ha acompañado desde que llegó a la presidencia, su estrategia para debilitar las instituciones y mantenerse en el poder se hacen cada vez más evidentes a medida que su popularidad desciende y las elecciones de 2022 se acercan.

No cabe ninguna duda de que el estamento militar constituye la columna vertebral del gobierno de Bolsonaro. Hay por lo menos 10 mil militares usurpando cargos civiles;  6.157 de ellos distribuidos en direcciones, consejos de administración y gerencias de empresas estatales como Petrobras, la hidroeléctrica Itaipú, Correos y Eletrobras. De sus 22 ministerios, nueve están ocupados por militares en activo o en la reserva. Eran 10 hasta la caída en marzo del general Eduardo Pazuello del Ministerio de Sanidad.

“Las Fuerzas Armadas sirven a la vez como base político-electoral del Gobierno de Bolsonaro, pero también como instrumento para intimidar a la oposición. Bolsonaro intenta transmitir la idea de que puede utilizar la fuerza contra sus enemigos políticos, por muy falso que sea”, señaló  el politólogo Octavio Amorim Neto, de la Fundación Getúlio Vargas.

Este gobierno invirtió el equivalente a 16.600 millones de dólares en privilegios a los militares, entre beneficios concedidos con la reforma de las pensiones de los militares —pueden jubilarse con el sueldo íntegro, al contrario que los civiles—; un aumento salarial del 13% (en los demás funcionarios públicos no supera el 8%), y la concesión de comisiones extraordinarias a los militares que forman parte de los consejos de administración de las empresas estatales.

No está incluído en este cálculo el cambio en la norma que permite que los militares retirados como Bolsonaro o sus ministros Walter Braga Netto (Defensa), Luiz Eduardo Ramos (Presidencia) y Augusto Heleno (Seguridad Institucional) cobren un sueldo superior al techo constitucional de 7.500 dólares. Asimismo, Bolsonaro extendió los beneficios a los policías militares de los 27 Estados de la federación, una base de apoyo natural del presidente, y que podrían jugar a su favor a pesar de los gobernadores, a quienes responden formalmente.

La pregunta es si todos estos beneficios que los militares y policías han conseguido del Gobierno se convertirán en apoyo en caso de que el presidente intente quedarse con el poder el año que viene. “Si ocurriera, las Fuerzas Armadas tendrían que tomar una decisión: si van a actuar dentro de la legalidad, rompiendo públicamente de una vez por todas con Bolsonaro, o no”, advierte Amorim Neto

Celso Amorim, exministro de Defensa y Relaciones Exteriores, señala que ningún comandante de las Fuerzas Armadas está de acuerdo con una intervención. “Es más bien una discusión entre algunos generales de la reserva. Por mucho que una buena parte de la tropa esté de acuerdo con las ideas del presidente, no irá en contra de lo que piensa el Alto Mando del Ejército. No se cruzará esa línea”, afirma.

Amorim, exministro de Lula y Dilma Rousseff, recuerda que cualquier golpe requiere apoyo internacional, algo que Brasil no tiene, especialmente con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.

El partido militar

Al actuar como una facción de un partido político que tiene el poder y dirige el país, los militares estuvieron sujetos a un mayor escrutinio público. Ocultos por el manto del falso moralismo, el falso profesionalismo y el falso legalismo de las Fuerzas Armadas, a lo largo de décadas los militares lograron consolidar en la sociedad brasileña la autoimagen de “bastiones puros, incorruptibles y competentes”.

Se consideran fundadores de la conciencia nacional y tutores de la Nación. Están convencidos de que les corresponde a ellos, y no a civiles “inmundos, corruptos e incompetentes”, la tarea de llevar a la Nación a cumplir su destino. Sin embargo, el conocimiento de los privilegios, la corrupción, el nepotismo y las desviaciones antirrepublicanas muestra que la realidad es bastante diferente, señala el analista Jefferson Miola. La sociedad finalmente está descubriendo la opulencia en los barracones financiados con fondos públicos.

Más del 85% del presupuesto del Ministerio de Defensa se utilizan para pagar salarios, jubilaciones y pensiones. Alrededor de 16 mil 740 millones 427 mil dólares del presupuesto nacional se transfieren cada año a la «familia militar», que está integrada por 805.000 miembros, entre soldados en activo [358 mil], reserva [189.000] y pensionados [257.000].

Para hacerse una idea de la magnitud de este valor, basta compararlo con el presupuesto del Sistema Único de Salud en 2021, de casi 28 mil millones de dólares para atender a 210 millones de brasileños. Pero el gobierno militar no se trata solo de corrupción. La masacre que ahora se acerca a las 530 mil vidas perdidas es un legado catastrófico que quedará grabado para siempre en la historia de Brasil.

La repulsión a la presencia de los militares en la política se amplifica cada vez más en las movilizaciones callejeras de Fora Bolsonaro. La interrupción de este proceso de desmantelamiento, corrupción y masacre es la mayor urgencia de este dramático período histórico.

Miola afirma que el primer paso hacia esto parece ser el juicio político a Bolsonaro, la pantalla que esconde detrás de ella a los responsables de la hecatombe nacional, los líderes políticos que conspiraron contra la democracia, amurallaron instituciones y partidistas de las Fuerzas Armadas, transformándolas en una facción política de extrema derecha.

* Investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)