Economía de “libre mercado”

En las Elecciones Generales del 11 de abril de 2021, Guillermo Lasso consiguió la adhesión de la mayor parte de los electores que votaron en la primera vuelta electoral por los candidatos Yaku Pérez del movimiento Pachakutik y Xavier Hervas, auspiciado por el Partido Izquierda Democrática (ID), con lo cual logró rebasar al candidato Andrés Arauz del movimiento “Unión por la Esperanza”, cuyos resultados finales fueron de 52,3 y 47,6%, respectivamente.

El presidente electo conquistó más del 32% de los votos adicionales de los que obtuvo en la primera vuelta electoral, en tanto que Arauz únicamente logró incrementar cerca del 15%. Lasso ganó holgadamente en 10 de las 11 provincias de la Sierra, en 5 de 6 provincias de la costa y Amazonía, en la región insular de Galápagos, así como en dos de las tres circunscripciones del exterior, donde obtuvieron altas votaciones Pachakutik y la ID en la primera vuelta.

Seguramente decenas de miles de electores se decantaron por las propuestas de Guillermo Lasso con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida puesto que ofreció salud gratuita y de calidad, seguridad social digna, educación diversa y de calidad, vivienda digna para todas las familias del Ecuador, crear 2 millones de empleos productivos, entre otras (Plan de Trabajo, 2020).

El triunfo del presidente de la República fue bien visto por los mercados financieros internacionales, organismos multilaterales y gobiernos de corte liberal que inmediatamente llamaron a felicitarle y ofrecer el apoyo político. El Riesgo País bajó significativamente. El 9 de abril, dos días antes de las elecciones, se ubicaba en 1.169 puntos y a fin de mes descendió a 764 puntos (BCE, 2021).

El Plan de Trabajo 2021-2025 de la alianza movimiento Creando Oportunidades (CREO)-Partido Social Cristiano (PSC), que presentaron al Consejo Nacional Electoral (CNE), propone como misión “Promover una economía de libre mercado y abierta al mundo, fiscalmente responsable para lograr un crecimiento sostenible y generar empleo, como la mejor forma de crear oportunidades para todos”.

La misión del Primer Mandatario es coherente con la propuesta de Friedrich Hayek, premio Nobel de Economía en 1974, quien “…era un célebre proponente del sistema de libre mercado y crítico de la planificación del Estado”. Se sugiere que sus puntos de vista inspiraron las reformas económicas de libre mercado emprendidas en 1980 por Margaret Thatcher y Ronald Reagan (Bishop, 2010).

El Plan de Trabajo de la alianza CREO-PSC en referencia al rol del Estado afirma lo siguiente:

“El crecimiento del Estado y el centralismo son los problemas de fondo. Controlar su funcionamiento es cada vez más difícil a medida que crece. Un Estado mínimo y robusto es lo ideal. Ocupado en garantizar el acceso a servicios básicos como educación, salud y vivienda a los realmente pobres. Así como seguridad y justicia. El Estado no está para quien tiene un trabajo y puede acceder a estos servicios”.

La visión que tiene el presidente Lasso también se alinea con la doctrina de Milton Friedman, quien predicaba que el Estado debe limitarse a actividades básicas de protección a los individuos de una sociedad, administrar justicia y establecer reglas generales de carácter económico y social para el convivir de los ciudadanos, así como preservar y reforzar una sociedad libre (Friedman, 1980).  La tesis fundamental del padre de la Escuela de Chicago era: a menor tamaño del Estado mayor bienestar de la población o viceversa. De acuerdo a esta premisa, promovía la libertad de comercio, económica y humana.

Liberalización comercial

Bajo la tesis de la ineficiencia de la intervención del Estado en la economía, los partidarios de políticas liberales promueven el modelo de “libre mercado”, ya que consideran que la “mano invisible” opera eficientemente en la asignación de recursos, lo que automáticamente genera el bienestar de la población. Únicamente aceptan la intervención del Estado para que funcione óptimamente el mercado, a través de desregulaciones y privatizaciones.

Al igual que el Fondo Monetario Internacional (FMI) fomentó la menor intervención del Estado en la economía, la Organización Mundial del Comercio (OMC) en los últimos decenios incentivó la reducción de barreras comerciales para promover su crecimiento, especialmente en países en desarrollo. Según la doctrina liberal, los beneficios del libre comercio se fundamentan en la teoría de la ventaja comparativa, por lo que cada país produce bienes en la que es comparativamente más eficiente.

En referencia a la apertura comercial el Plan de Trabajo sostiene:

“La apertura comercial permite a las naciones intercambiar ideas, servicios y productos con más personas a nivel mundial y generar nuevas oportunidades para sus habitantes… llevaremos a cabo una reforma profunda de los procedimientos relacionados al comercio exterior, que eliminará procesos burocráticos y homologará los reglamentos técnicos para las importaciones bajo estándares internacionales”.

De la propuesta se infiere que hay la firme intención de reducir drásticamente los aranceles y las normas no arancelarias para fomentar las importaciones de bienes y servicios que podría afectar a determinados sectores productivos como ensambladoras de vehículos, sector textil, construcción, entre otros.

La apertura de un país al mundo se mide relacionando las exportaciones e importaciones con el Producto Interno Bruto (PIB). Entre 2016 y 2019, la relación exportaciones/PIB de Ecuador en promedio fue de 21,5%, Colombia 15,3%, Brasil, 13,5%, Uruguay 22,1% y Perú 24,1% (Banco Mundial, 2021). Indicadores que evidencian una relativa apertura del País a los mercados internacionales. Algo análogo se produce con respecto a las importaciones.

La apertura comercial seguramente va a agudizar el tradicional déficit comercial que ha registrado el sector privado. Entre 2016 y 2020, la balanza comercial no petrolera registró un déficit de USD 13.377 millones que fueron compensados con la balanza comercial petrolera que registró un superávit de USD 18.251 millones que en su mayor parte genera el sector público (BCE, 2021).

El presidente Lasso en la campaña electoral se comprometió a duplicar la producción de petróleo, de 470.000 a 1 millón de barriles al día, para lo cual se requieren alrededor de USD 10.000 millones para inversiones. En el marco de la liberalización comercial, se trataría de impulsar una política orientada a fomentar las exportaciones, pero que tendría serios impactos ambientales.

En los últimos 49 años, la construcción de vías, exploración sísmica, perforación de pozos, explotación de crudo en la Región Amazónica causó la destrucción de biodiversidad y contaminación ambiental. En el trayecto del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), que recorre desde el norte de la región Amazónica hasta el Puerto de Esmeraldas, se han producido decenas de miles barriles de derrames de crudo que contaminaron ríos y afectaron a la salud de la población.

Ecuador: ¿un centro financiero mundial?

Con la finalidad de alcanzar una mayor competitividad del sistema financiero, con similares condiciones a las que tienen países con superior libertad financiera, el Plan de Trabajo del Presidente de la Función Ejecutiva propone:

“…fomentar la competencia, es decir, promover el arribo de la banca internacional al país. Esto solo será posible definiendo reglas de juego claras y acorde a las tendencias mundiales de regulación y control. Esto demandará una reforma a la normativa vigente… Estos cambios también son indispensables para aprovechar al máximo la dolarización. Ecuador puede y debe convertirse en un centro financiero mundial.”

Bajo el objetivo estratégico de convertir al sistema financiero nacional en un centro mundial tendría que realizarse reformas a la legislación financiera vigente orientadas a la desregulación. Los capitales migran a mercados que garantizan altas rentabilidades, mantengan un estricto sigilo de los titulares de cuentas o de empresas que depositan o invierten sus capitales y haya facilidades para repatriarlos cuando consideren oportunos.

En Ecuador están operativos 24 bancos privados. Entre abril de 2020 y al mismo mes de 2021, los activos de los bancos subieron de 43.719 a USD 48.254 millones, registrando un crecimiento de 10,4%. Los depósitos subieron de 32.919 a USD 37.450 millones, que representa una tasa positiva de 13,8%. Los ingresos aumentaron de 1.683 a USD 1.717 millones, que corresponde a un incremento de 2,0%. Y la utilidad neta bajó de 110 a USD 108 millones (ASOBANCA, 2021).

Los bancos Pichincha, Pacífico, Guayaquil y Produbanco en conjunto tienen activos por USD 30.594 millones, que corresponde el 63,4% del total de los activos del sistema bancario. La misma concentración generan los cuatro bancos respecto a cartera de crédito, depósitos, patrimonio y utilidades. La información evidencia que, a pesar de los devastadores efectos de la pandemia del COVI-19 que provocó en los diversos sectores de la economía, el sistema bancario mantuvo un débil crecimiento.

El margen financiero, diferencia entre tasas activas y pasivas, es substancialmente elevado en el mercado nacional. Las tasas pasivas oscilan entre en 4 y 5%, en tanto que las activas superan el 16,0%. Las tasas de interés activas, abril de 2020, para el sector productivo empresarial era de 10,21%, productivo PYMES 11,83%, consumo ordinario 17,30%, inmobiliario 11,33%, microcrédito minorista 28,50%, microcrédito agrícola y ganadero 20, 97% (Ibídem).

El sistema financiero también incluye sociedades financieras, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, almacenes generales de depósitos, casas de cambio, compañías de titularización, emisoras y administradoras de tarjetas de crédito, entre otras.

El Plan de Trabajo, en el tema de la modernización, afirma: “… de acuerdo con el Índice de Libertad Financiera…Ecuador recibe una calificación de 40 sobre 100 en libertad financiera, considerándose un país reprimido en esta categoría…Mientras que otros países de América Latina como Chile, Colombia y Panamá son más competitivos y reportan mayor libertad en su mercado financiero.”

Panamá es considerado por varios países, incluido Ecuador y Unión Europea, como un “paraíso financiero”. Como revelaron los “Papeles de Panamá” el sistema financiero sirvió para evadir impuestos de corporaciones internacionales y dueños de grandes fortunas, lavar activos producto de la corrupción que se generan en varios países y presuntamente los originados en actividades ilícitas.

En el gobierno conservador de Sixto Durán Ballén, cuyo vicepresidente fue el Econ. Alberto Dahik, en 1994, aprobó la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero que desreguló las actividades del sector, dio luz verde a los créditos vinculados y facilitó obtener créditos del Estado. La nueva Ley promovió el florecimiento de instituciones bancarias y simultáneamente el crecimiento de las tasas de interés, tanto activas como pasivas, que llegaron a ubicarse hasta el 80%.

Entre 1994 y 1999, la desregulación financiera derivó en la quiebra de 28 instituciones financieras que estaban bajo el control de la Superintendencia de Bancos, como Continental, Progreso, Filanbanco, Previsora, Popular, Solbanco, Préstamos, Pacífico, Tungurahua, Azuay, Bancomex, Occidente, Los Andes, Unión y Crédito, Finagro, Financorp, entre otras.

En la administración del presidente Jamil Mahuad el Banco Central emitió gran cantidad de dinero inorgánico para el salvataje bancario que provocó una hiperinflación y pulverizó los sueldos y salarios de empleados y trabajadores y causó la mayor migración de ecuatorianos al exterior en la historia del País. En el clímax de la crisis económica, el gobierno de la Democracia Popular sepultó la moneda nacional y estableció el sistema de dolarización.

Fomentar la competencia en la seguridad social

El Plan de Trabajo, en el ámbito de la seguridad social, propone:

“Para alcanzar un sistema digno en el que podamos confiar y que nos permita acceder a una jubilación justa y acorde a nuestro esfuerzo de toda una vida de trabajo, necesitamos reformas normativas para que tanto el sistema de reparto como el de ahorro privado sean factibles y estén a elección de todos los ecuatorianos.”

La propuesta de institucionalizar el sistema de ahorro privado apunta a desmonopolizar el sistema de seguridad social contemplado en la Carta Política. El Art. 367, de la Constitución dispone: “El Sistema de Seguridad Social es público y universal, no podrá privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la población. La protección de las contingencias se hará efectiva a través del seguro universal obligatorio y de sus regímenes especiales.”

Los fondos de Salud, Cesantía, Riesgos de Trabajo, Seguro Social Campesino, Invalidez, Vejez y Muerte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) fueron debilitándose como consecuencia de la ampliación de las prestaciones de salud a determinados segmentos de la población, como los hijos de afiliados menores de edad, y sin el debido financiamiento.

En la administración del presidente Rafael Correa con el argumento de que el IESS tenía excedentes económicos se suspendió la contribución del 40% para el pago de pensiones a los jubilados. El relevante organismo de la Función Judicial, Corte Constitucional, resolvió que era inconstitucional la medida y restituyó la obligación del Estado de entregar los recursos económicos. Sin embargo, en 2020, el gobierno de Lenin Moreno tampoco cumplió con el pago de USD 1.300 millones.

Los efectos letales que causó la pandemia del coronavirus en la salud y la paralización de las actividades productivas que derivaron en el incremento exponencial del desempleo y, por tanto, dejaron de aportar más de 280.000 personas, hecho que agudizó aún más la iliquidez del IESS.

Las obligaciones del Estado con la Seguridad Social crecieron aceleradamente en los últimos años. Hasta marzo de 2021, la deuda del Estado ascendía a 15.901 millones, de los cuales 6.806 millones corresponden a deuda que no pagó el Estado y USD 9.095 millones a convenios y bonos que fue acordada tanto por el Gobierno como por el IESS. Si se incluyen los intereses, la deuda del Estado trepa a USD 16.444 millones (Primicias, 2021).

Dentro de las obligaciones del Estado, se incluyen USD 8.713 millones en bonos del Estado, es decir, que se le está inundado de papeles al IESS que podrían derivar en su desvalorización y convertirse en bonos basura. Además, hay que agregar la negligencia de las máximas autoridades para cobrar la deuda patronal que supera los USD 1.600 millones.

El principal deudor es el Estado y paradójicamente el delegado del Presidente de República preside el Directorio, quien, a su vez, designa a las más altas autoridades del IESS, por lo que la autonomía establecida en la Constitución en la práctica es relativa. A lo largo de los años, los sucesivos gobiernos dispusieron a discreción los recursos económicos de los afiliados, hechos que han llevado al borde del colapso financiero.

Si a la exorbitante deuda del Estado se agrega los reiterados casos de corrupción en que han estado envueltos los hospitales, se podría inferir que se estaría creando un ambiente favorable para constituir fondos privados de pensiones, similares a las Administras de Fondos de Pensiones (AFP) de Chile.

El presidente Guillermo Lasso ha reiterado que respeta las resoluciones de las otras funciones del Estado como la Función Judicial, por lo que es de esperarse que cumpla con la obligación de pagar la deuda del Estado con el IESS a fin de evitar una crisis de impredecibles consecuencias económicas y sociales.

Flexibilidad para la contratación laboral

El Plan de Trabajo, en el tema de la contratación laboral, manifiesta:

“El actual Código de Trabajo fue promulgado en noviembre de 1938, es decir, tiene más de 80 años. Las tasas habituales de desempleo, informalidad y subempleo en los últimos ochenta años dejan una clara enseñanza: la rigidez laboral no es el camino al éxito, sino al fracaso. No es casualidad que hoy Ecuador ocupe la posición 113 de 140 países del ranking del mercado laboral del Índice de Competitividad Global, elaborado por el Foro Económico Mundial”.

En el gobierno de Lenin Moreno se realizaron importantes reformas orientadas a la flexibilización laboral, pero el desempleo y subempleo crecieron sostenidamente. Además, el “Gobierno de todos”, liquidó varias empresas públicas y lanzó a la desocupación a miles de empleados y trabajadores del Estado.

El problema del mercado laboral se agudizó a raíz de la política de reducción de la inversión pública cuando, incluso, los propios organismos multilaterales como el FMI, BM y BID, recomendaban realizar inversiones estatales para generar fuentes de empleo y reactivar las economías.

El Plan de Trabajo de la alianza CREO-PSC propone reducir los gastos improductivos, entre ellos se prevé “…remover a la burocracia improductiva, a través de un reordenamiento del sector público”. De concretarse la propuesta se estaría contribuyendo aumentar aún más los niveles de desempleo y subempleo que actualmente registran niveles dramáticos.

El presidente Lasso con el objetivo de generar 2 millones de empleos productivos propone crear una Ley de Oportunidades Laborales, donde se va a flexibilizar aún más la contratación laboral. La aprobación de una nueva ley por sí sola no va a crear masivamente fuentes de empleo porque el problema es estructural.

En los últimos decenios, la economía nacional no creció a tasas superiores al 5% anual en forma sostenida, por eso cada año se amplía la brecha entre la demanda y la oferta de mano de obra, lo que determina el aumento acelerado del desempleo y subempleo. No se han implementado políticas económicas destinadas a diversificar el aparato productivo, a generar mayor valor agregado, en lo fundamental se sigue produciendo y exportando productos primarios.

Hay experiencias positivas en la industrialización del cacao, donde determinadas empresas han logrado posesionarse en nichos de mercados internacionales y han alcanzado premios por la calidad del chocolate. Igualmente, ciertas empresas han conseguido mejorar el cultivo del café y su procesamiento, con lo cual han podido ingresar a nuevos mercados y obtener reconocimientos. Estas experiencias deberían ser emuladas por otros sectores que producen bienes primarios.

Bibliografía:

Plan de Trabajo, 2021-2025, Guillermo Lasso Mendoza, presidente, y Alfredo Borrero Vega, vicepresidente. Alianza CREO-PSC. Por un Ecuador Justo. Próspero y Solidario.

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Bishop Matthew, 2010, The Economist, Economía de hoy, p. 163

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