-El ministro Ábalos y los sindicatos de vivienda de acuerdo en lo esencial: preservar el paraíso fiscal que sustenta el rentismo inmobiliario de la cepa hispana.

-Las prebendas a los propietarios causan un agujero fiscal de más de 10.000 millones anuales al Estado español.

-Un sistema fiscal profundamente injusto hace que las rentas del trabajo lleguen a pagar hasta un 1000% más de impuestos que un casero.

-Nacida al calor del franquismo, una clase rentista privilegiada de 3 millones y sus familias aseguran el bipartidismo y forman la mayoría silenciosa que sustenta la precaria paz social de cepa hispana.

Ya antes de la pandemia, los datos de desahucios por aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos suponían el 65% del total de desalojos registrados en las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial.

Hoy, con 4 millones de parados y miles de empresas en ERTE, el fin del Estado de Alarma va a suponer una escabechina para las familias que esperan la llegada de las sentencias judiciales para que abandonen sus viviendas ante la falta de pago o el fin de los contratos de alquiler.

En esta situación el mercado inmobiliario está congelado. En Barcelona y Catalunya las firmas de nuevos contratos se han reducido hasta un 20% por el miedo de los propietarios a no cobrar el alquiler, mientras una franja nada despreciable de los hogares y de los jóvenes, superior al 25%, ya no tiene perfil financiero ni para hipotecarse ni para alquilar. Pero aun así, la caída brutal de ingresos en los hogares no se refleja en los precios, que están en máximos históricos especialmente en las grandes ciudades. Los diferentes datos que hemos buscado indican que el peso de los salarios en el PIB nacional se ha reducido por debajo del 50% (ver bibliografía).

En ese marco, caída de ingresos de los hogares y precios máximos de la burbuja, se aprobó el Decreto-ley catalán de "moderación de rentas del alquiler" que legaliza la burbuja y salva el negocio de los propietarios inmobiliarios. Pero también la Ley del Derecho a la Vivienda, de la cual el runrún de los tabloides ya se ha encargado de rebajar las expectativas, que está en trámites en el Congreso de los Diputados, incluirá medidas sobre el mercado de alquiler. La ley catalana, recurrida por el PP en el Constitucional, se ha construido respetando los desorbitados precios máximos de burbuja (fianzas legales depositadas en la Agencia catalana de l'Habitatge). La española seguro será mucho más tímida.

En las ciudades, donde se concentra el grueso de los contratos de alquiler, las rentas han crecido exponencialmente, sobre todo respecto de los salarios, cuyo porcentaje en la renta nacional se reduce desde la crisis del 2007, lo que redunda en que la actual pandemia lance a decenas de miles de hogares a vivir de la beneficencia estatal con el dinero que llega gracias al Banco Central Europeo, cuyas compras masivas de deuda pública a la banca privada ponen al Gobierno y sus políticas en manos del poder financiero global.

Hay dos máximos históricos en la ciudad de Barcelona en el registro de las fianzas legales: 2008 (12,2€ el m2) y 2017 (13,6€ el m2) que se pueden extrapolar al conjunto del Estado español por esas épocas. Eso hace que hasta un ¡70%! de la renta familiar disponible de los centenares de miles de hogares que viven en alquiler se va a pagar un arrendamiento desbocado de la vivienda que no tiene parangón europeo, ni porcentual ni cualitativamente. Un 40% de los inquilinos de Viena pagan una media de 5,4€ el m2. Menos de la mitad de lo que paga un inquilino de Madrid o Barcelona.

España: El alquiler escaso y más caro que en los países europeos de más renta

El alquiler es escaso precisamente en las franjas de viviendas más asequibles, las más pequeñas, que a su vez concentran las que tienen más de 70 años y los peores índices de habitabilidad europeos. Una vergüenza posible debido a que el Estado español renunció desde la dictadura a construir un parque de vivienda pública de alquiler asequible. Y este exiguo lote ni siquiera creció en los 40 años de democracia porque «los partidos constitucionales» abrazaron el modelo económico de la dictadura, basado en el motor de crecimiento de la construcción inmobiliaria nacido al calor de las declaraciones del primer ministro de vivienda franquista José Luís Arrese: ¡ no queremos una España de proletarios sino de propietarios!

La Vivienda de Protección Oficial – VPO- creada en esa época fue el crisol de la sociedad de los propietarios, luego copiada en los 80 por los Reagan y las Thatcher. La vivienda de compra, como activo financiero y patrimonial, fue posible por el crédito hipotecario de la omnipotente banca española de las grandes familias, reducida hoy por cierto a los 4 grandes bancos del IBEX35, en comunión carnal con los grandes fondos de inversión de Wall Street, que conchabados con nuestros patrios banqueros, operan desde los paraísos fiscales en el jugoso mercado inmobiliario español.

El esfuerzo público para crear esa clase propietaria de varios millones de personas fue todo un éxito mundial del franquismo, y su continuidad en el constitucionalismo «democrático« representa una prueba fehaciente de la permanencia del bloque hegemónico de la piel de toro, a pesar de los cambios de la arquitectura institucional. Pero también es un éxito porque esa clase propietaria, profundamente reaccionaria, mantiene cautivos electoralmente a los partidos constitucionales y ha determinado la estabilidad política del bipartidismo con los apoyos autonómicos de CiU y PNV.

Es imposible calcular ese enorme esfuerzo inversor del Estado español para consolidar su particular sociedad de los propietarios en términos legislativos, judiciales, presupuestarios, en ayudas directas -de suelo urbanizable o subvenciones- o indirectas al sector inmobiliario y bancario para asegurar la construcción y financiación de viviendas. O las ayudas fiscales directas a la compra de vivienda -incluidas las segundas residencias que inundaron el suelo patrio de colonias de adosados- y las inestimables ayudas fiscales en el IRPF a los caseros desde hace tres décadas.

Sólo las ayudas fiscales en el IRPF a la compra – hoy eliminadas- en las recientes décadas han supuesto ya una inversión o pérdida patrimonial del Estado cercana a los 100.000 millones. A lo que habría que sumar las desgravaciones fiscales al alquiler y las exenciones fiscales de gastos que en 3 décadas podrían superar los 300.000 millones de euros entre el IPRF y el Impuesto de Sociedades. Y este cálculo no está hecho en base a lo perdido en recaudación sino por lo que se hubiera podido cobrar con un sistema fiscal justo que castigara a las rentas ociosas sobre las del trabajo, a lo que habría que sumar el fraude tolerado de los caseros en el IRPF, que antes del 2000 superaba el 75% -actualmente ha bajado a poco más del 40%- según fuentes del sindicato de Inspectores de Hacienda GHESTA.

El reciente estudio realizado por Miguel Artola, investigador del instituto Juan de la Cierva del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid, sobre la evolución de la desigualdad social en España, muestra, como explica eldiario.es, que las rentas del capital crecen al cuadriplicarse el peso del ladrillo, ya que las actividades inmobiliarias multiplican por cuatro su peso en las rentas del capital entre 1995 y 2018 (del 2% al 8% de la renta nacional). El investigador achaca al precio de la vivienda y, sobre todo, a los aumentos de más del 40% de los alquileres en las grandes ciudades el hecho que las rentas inmobiliarias ganen tal peso en las rentas del capital en las sociedades jurídicas.

El 70% de la acumulación de la riqueza en España desde 1950 está vinculada al sector inmobiliario

Pero un estudio anterior de Artola nos acerca aún más a nuestra tesis: La riqueza en España, 1900-2014: Un país de dos tierras (Wealth in Spain, 1900-2014: A Country of Two Lands). Tal exhaustivo trabajo concluía que más del 70% de la acumulación de la riqueza en España desde 1950 está vinculada al sector inmobiliario.

Nuestra tesis es por tanto que, en contra de lo que se dice, España sería uno de los países europeos que más ha gastado en vivienda en las últimas décadas, pero para crear una franja de población enriquecida y rentista que se distribuye en las rentas altas y medias, entre los diputados, los magistrados, militares y la Iglesia católica, entre las capas medias y altas de los funcionarios, entre directivos bancarios directamente implicados en las operaciones inmobiliarias y toda la estructura de agentes de la propiedad, entre las familias de clase trabajadora que en las mejores épocas de la segunda mitad de siglo supieron acumular con su esfuerzo y las herencias un patrimonio inmobiliario que por sí solo les permite vivir holgadamente con 10 o más viviendas alquiladas o jugando con las plusvalías inmobiliarias en las ventas. Tampoco debemos olvidar la pléyade de pequeños propietarios arrendadores – la mayoría de caseros españoles- que usan el alquiler como complemento de salarios menguantes. Una mayoría silenciosa que cimenta los pilares del régimen partidocrático con mando en plaza en el Estado español.

Así, no puede entenderse de otra manera toda la actividad procíclica de las administraciones públicas españolas en el sector inmobiliario que explican pormenorizadamente I. López y E. Rodríguez en Fin de Ciclo …… y que caracteriza la larga onda expansiva del capitalismo hispano (1959-2010) (*1). En su libro explican que los datos de Contabilidad Nacional del período 1995-2006 indican que en este período el 53,5% de los empleos generados se dirigieron al sector inmobiliario, con el consiguiente efecto arrastre sobre la economía. Incluso el papel de los Ayuntamientos ha sido crucial en un espacio público totalmente privatizado, porque la intervención de esas administraciones locales en las mejoras o las remodelaciones urbanísticas, de comunicación, grandes eventos, monumentos etc. acababan creando plusvalías que se añaden al valor de los activos inmobiliarios afectados y redundaban en las profusas cuentas de resultados de las grandes constructoras y en la pléyade de comisionistas que perpetran corruptelas de toda laya.

Por tanto, pensamos que la inversión del Estado español podría superar en las últimas décadas el billón de euros en crear esa sociedad de los propietarios, cuyos parámetros se definieron en la dictadura como la máquina perfecta de propulsión del crecimiento económico, llegando hasta nuestros días como un pacto no escrito de las élites nacionales, uno de cuyos exponentes más claros y duraderos políticamente ha sido «el tamayazo» en Madrid. Un país que se ufana en concentrar la riqueza en el patrimonio y en el ladrillo beneficiando a una clase rentista.

Además, la entrada en el euro supone un nuevo espaldarazo a ese modelo económico, con las políticas monetarias “expansivas” del Banco Central europeo que aceleran las inversiones de la banca privada y las titulizaciones de deuda en una de las ramas más rentables de su negocio que es el sector inmobiliario. Por ello, el golpe de Estado financiero que supone el Tratado de Maastricht insufla energía a la banca privada española internacionalizada con la capacidad ilimitada de crear dinero como deuda y lleva al mercado hipotecario y la sociedad de los propietarios española a récords planetarios. En esta época, España consigue el récord del 90,1% de los hogares españoles viviendo en una vivienda en propiedad, lo que reduce el mercado de alquiler tanto como para que nosotros hablemos de «burbuja del alquiler del 2007», basada en el achicamiento de la oferta, mientras paralelamente explotaba la hipotecaria. Basta mirar las cifras de la tabla anterior para ver como Barcelona tiene un pico de precio de los arrendamientos en 2008, para derrumbarse con la crisis hasta el 2016-17, años en los que una nueva burbuja supera en precios a la anterior en 1,4€ el m2, de 12,2 en 2008 a 13,6 en 2017.

Es la época de la digestión de la crisis inmobiliaria y bancaria española, que lanza a cerca de 800.000 hogares perdedores al mercado de alquiler tras la expropiación financiera de sus viviendas por los bancos (con la colaboración judicial y legislativa del Congreso) que, con transfondo de la Sareb o banco malo del PP (socializando pérdidas y privatizando beneficios) facilitan que se repartan el botín en los paraísos fiscales con los fondos internacionales de inversión europeos y especialmente de Wall Street.

El pacto de Estado entorno a la figura del rentista

La gran pregunta que hay que hacerse sería por tanto la siguiente: ¿por qué razón las supuestas sagradas leyes del mercado no funcionan en el inmobiliario? El compañero Pablo Carmona da una acertada explicación, que comparte casi todos los elementos con lo que defendemos aquí, respecto de cómo en un país empobrecido las rentas del alquiler suben -sobre todo en las viviendas más humildes ocupadas por las clases populares-:

Como hipótesis de partida, una afirmación, este proceso especulativo ha tenido como objetivo principal el mantener el poder adquisitivo de las rentas medias y altas de nuestro país. De telón de fondo estaría la imperiosa necesidad de mantener los valores y la rentabilidad del patrimonio inmobiliario de las clases rentista medias y altas, hecho fundacional de la economía política de nuestra democracia. Un pacto de Estado donde las oligarquías financieras y de gobierno saben que los activos inmobiliarios son un sustento central del conjunto de nuestro sistema, que pone en el centro a los no menos de 2,5 millones de personas que reciben algún tipo de renta de alquiler.

Ningún análisis sobre la cuestión de la vivienda puede obviar este acuerdo tácito de redistribución de dinero contante y sonante para estas familias rentistas. Beneficios para las clases medias y altas del país que se ejemplifican en dos grandes líneas de actuación pública. La primera, la de garantizar políticas de vivienda y urbanas que mantengan los precios elevados. El objetivo es proveer de rentas extraordinarias y de mayores cotas de bienestar a los sectores rentistas, entrando aquí un amplio abanico de rentas medias y altas. Y la segunda, un gran pacto fiscal que permite que este modelo rentista y especulativo —tan distribuido por el conjunto de la sociedad—, tenga cargas fiscales casi inexistentes.

.Así se explica que gobiernos de todo signo se nieguen en redondo a modificar esta realidad. También es la muestra de cómo las rentas más bajas y precarias —arrojadas al mercado del alquiler—, alimentan y sostienen los niveles de renta de estas clases propietarias. Esto hace que el aumento de rentas de alquiler se deban vincular también a condicionantes propios de las clases medias, como la pérdida de ingresos por vías salariales tras la crisis de 2008. Pero también como vía para sufragar con estas rentas extra los servicios privados de cuidado (residencias, seguros, cuidados personales) a los que no llega nuestro sistema de bienestar.

La dimensión de la clase rentista con intereses inmobiliarios

Si miramos el Resumen de las Memorias Estadísticas del 2004-16 del IRPF – Ministerio de Hacienda – vemos como desde el 2004 al 2016, última serie publicada, el número de declarantes ha ido subiendo hasta los 2,36 millones en 2016, personas físicas que han percibido algún tipo de renta de alquiler entre locales y viviendas. El Ministerio de hacienda no da datos concretos sobre el Impuesto de Sociedades.

 Resumen de las Memorias Estadísticas del 2004-16 del IRPF – Ministerio de Hacienda – Gobierno del Reino de España

Para el año 2016 se pueden afirmar las siguientes constataciones:

• hay 2.362.915 declaraciones de personas físicas que declaran percibir rentas de alquiler de locales y viviendas

• estas declaran percibir 18 mil millones de euros en rentas de las que se deducen 6,6 mil millones en gastos. El capítulo de gastos deducibles se ha triplicado con respecto al de ingresos. Con el fraude no reconocido la cifra de ingresos rentistas en España superaría los 30.000 millones anuales.

• sólo 1,6 millones de personas propietarias en sus declaraciones desgravan por vivienda el 60% que permite el artículo 23.2 de la Ley del IRPF.

• que el valor por el que no pagan impuestos por el alquiler cobrado es de 3,673 mil millones de euros

• que entre gastos deducibles y desgravaciones no pagan impuestos por más de 10.300 millones de euros lo que representa un 60% de lo percibido.

• con esos datos de las columnas en una década el Estado deja de ingresar impuestos por casi 100.000 millones de las prebendas a la propiedad.

De la tabla anterior también se pueden deducir las dimensiones de la clase rentista, que en un sentido amplio serían 2,36, o un mínimo 1,6 millones – computando sólo viviendas- de propietarios que hacen declaraciones de IRPF. Al montante anterior habría que añadir los miles de accionistas o propietarios de sociedades jurídicas de diversa índole que declaran las rentas del alquiler en el Impuesto de Sociedades, mientras que los beneficios tributan como rentas de capital invertido o dividendos. Los beneficiarios directos son también el conjunto de personas que viven en esos hogares, e indirectamente todos aquellos que son conscientes ideológicamente de cuál es la mano que les da de comer dentro del negocio inmobiliario, que tiene un amplio abanico de empleos, empresas, directivos, cargos intermedios, etc como hemos explicado.

A esa clase rentista, que calculamos a partir de los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, habría que añadir una cifra en torno a más del 40% de los que no declaran sus rentas y cobran en negro, por lo que la cifra podría llegar grosso modo hasta los 3,8 millones, partiendo del mínimo de 2,7 millones – sólo viviendas- de propietarios y sus familias. A todo ello habría que sumar los que sólo declaran como rentas del capital o acciones y todos los demás beneficiados directa o indirectamente.

Por todo lo anterior, nos atrevemos a afirmar que la dimensión de la clase rentista con intereses inmobiliarios, directa o indirectamente beneficiada en el suculento negocio, podría estar en torno a los 5 o más millones de personas. He aquí pues la fuerza social hegemónica que ha determinado el largo período de estabilidad del bipartidismo con apoyos autonómicos desde la Transición. Es una quinta parte de los votos emitidos en las elecciones generales del 2019, pero el porcentaje podría ser en realidad muy superior, ya que los ufanos rentistas no se pierden una elección que les permita cimentar sólidamente sus profusos privilegios.

Esta es la fuerza electoral rentista que tiene parasitado el sistema electoral español, que permite que gobiernos de todo color se nieguen en redondo a modificar esa realidad y que las estrategias de los partidos constitucionales estén cautivas del modelo económico franquista desde hace casi medio siglo.

Desposesión de la riqueza patrimonial inmobiliaria y su redistribución entre las clases populares.

O cómo han convertido en un circo las leyes del derecho a la vivienda y regulación de rentas de alquiler

Todos los estudios recientes llegan a la conclusión de que en España han crecido las desigualdades hasta los niveles insoportables de pobreza que se palpan en las calles de nuestras ciudades. Si el 70% de la acumulación de la riqueza en España desde 1950 está vinculada al sector inmobiliario, esto ha sido posible también porque esa riqueza nunca ha sido gravada fiscalmente para su redistribución -como indica el artículo 47 de la Constitución de la Transición del franquismo y el preámbulo de la Ley de Arrendamientos Urbanos -LAU- sobre la función social de la vivienda-.

El pacto de Estado no escrito en torno a la figura del rentista ha sepultado las bonitas palabras constitucionales volviendo irrelevantes los Impuestos de Sucesiones o el del Patrimonio, o provocando que el Impuesto de Sociedades recaude sólo una octava parte de lo que se confisca a las rentas del trabajo en el IRPF, o que la las exenciones fiscales y las desgravaciones a la patronal del alquiler provoquen un agujero fiscal de más de 10.000 millones anualmente, teniendo además en cuenta que más del 40% de los alquileres no se declaran. Todo el cotarro está montado para que funcione como un win-win para esa clase rentista de la sociedad de los propietarios nacida al calor del franquismo.

Pero la desigualdad se vuelve ya insultante cuando se comparan las declaraciones de renta de un inquilino trabajador y su casero rentista en la web de la Agencia Tributaria y se descubre que el inquilino trabajador, por los mismos ingresos que su casero, paga hasta un 1000% más de impuestos. Así lo expusimos pormenorizadamente en un estudio anterior: los asalariados españoles pagan un 1000% más de fiscalidad que las rentas inmobiliarias de alquiler.

La clase rentista no solo parasita las estructuras del Estado, sino que lo configura, como hemos tratado de fundamentar en este texto, en su propio beneficio, por lo que no es de extrañar que el superministro Ábalos, cuyo partido es uno de los artífices de la Transición y de la Constitución, se oponga a la ridícula y bienintencionada regulación de alquileres que proponen los sindicatos de vivienda y Unidas Podemos.

Lo que resulta inverosímil es que Unidas -Podemos fíe a la regulación de precios con límites, fórmula ensayada y fracasada en otros países europeos, una tímida reducción de precios, camuflando de paso el debate acerca de la profunda desigualdad en torno al modelo económico de nuestro país, sustentado en que los alquileres desangren a los más pobres y en que las sufridas clases populares aporten el 75% de los ingresos del Estado. En román paladino, el Estado español confisca a los pobres para engrosar las ya de por sí repletas arcas de los que se “enriquecen mientras duermen”.

A pesar de la triste constatación anterior, la realidad es que lo importante es que los sindicatos de vivienda y el superministro Ábalos están de acuerdo en que si alguna cosa no se toca en el debate actual de la nueva Ley del Derecho la Vivienda es la profunda desigualdad causada por las exenciones y las colosales desgravaciones fiscales que figuran en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades a mayor gloria de las rentas del capital. Todos ellos tienen miedo a tocar los intereses de esa clase rentista y por eso ocultan los datos de la desigualdad social en España para que no sea el centro del debate y convertir este debate en un circo en torno a la regulación, para poner límites a las subidas de alquileres.

Igualmente causa pena observar cómo algunas de las organizaciones sociales como los sindicatos de vivienda o algunas pah, a las que los medios de comunicación les dan todos las cuotas de pantalla, han impuesto el discurso de «los fondos buitres» y «los especuladores«, una moralina que no resiste un análisis serio pero que nuevamente oculta las verdaderas fuerzas sociales en liza entre el derecho a la vivienda y la vivienda como patrimonio en nuestro país desde la guerra civil del 36.

Las clases populares necesitan ya una reducción sustancial de los alquileres y sacar al mercado ese stock ocioso de viviendas vacías que únicamente se pueden mantener porqué casi no tributan. Una revolución incruenta de esa naturaleza, aun sin salir de los marcos hoy legalmente establecidos, debería hacerse con unos parámetros del debate que aún están totalmente desdibujados en la opinión pública:

• Una ley de alquiler social obligatoria u opcional en el mercado libre (98% de los contratos de alquiler). Adaptar los alquileres a la renta disponible de los hogares arrendatarios. ¿Cómo?

• aplicando la norma Rebus Sic Stantivus, como ha hecho la Generalitat de Catalunya con los locales comerciales, pero a las viviendas.

• condicionando los gastos deducibles a contratos de alquiler social.

• generalizando las desgravaciones fiscales a todos los inquilinos en función de la renta disponible y el precio del alquiler.

• la generalización de las ayudas acabaría con el fraude oculto de los alquileres.

• Justificación:

1. Un arrendamiento es un negocio como cualquier otro. No puede tener especiales ventajas fiscales si no es por una razón social: alquiler social.

2. A no ser que el BCE dé presupuesto nuevo para vivienda social el estado español no tiene capacidad para un parque de viviendas públicas de alquiler asequibles en varias décadas para satisfacer las necesidades actuales.

3. Ergo las administraciones deben meter mano ya en el mercado libre y romper el espinazo de la clase propietaria y sus patrimonios.

Eliminar los gastos deducibles a los alquileres que se mantuvieran fuera de la ley.

Incrementar sobre los mismos la presión tributaria incremental hasta la confiscación o sinónimo que se quiera del 80 o 90% como en los mejores tiempos del siglo pasado en el tratamiento de las rentas ociosas.

Eliminar las desgravaciones fiscales al alquiler de viviendas incluidas las sociales.  Justificación:

¿Por qué razón las rentas del trabajo no podrían entonces tributar también con un 60% menos o cualquier otro negocio no tendrían los mismos derechos?

¿por qué tributan más los que trabajan que los que viven de rentas volviendo la sociedad a épocas que creíamos superadas de los nobles?

Impuestos muy gravosos a las viviendas sin empadronamiento o vacías y a la venta de viviendas que no sea para hogar principal.

Municipalización del suelo urbano sin indemnización. El suelo siempre ha estado ahí, no puede ser objeto de venta y más cuando en las grandes ciudades supone hasta el 75% del valor de los inmuebles.

El debate actual sobre la regulación para poner límites superiores a los alquileres es por tanto una cataplasma que no va a solucionar nada si no se rompe el espinazo a la sociedad de los propietarios y su poder social que configura de raíz todo el modelo económico español. La amplia base social de la sociedad de los propietarios -con todo el aparato mediático a su servicio- tiene como objetivo complicar la aprobación de la medida que mejor aseguraría una vivienda digna para todos: la expropiación de las viviendas vacías y ociosas para dar cabida a la necesidad imperiosa de garantizar el derecho a techo. Pero para ello necesitamos unas mayorías sociales dispuestas, organizadas y conscientes del reto para dar un revolcón a nuestro modelo social y desposeer – expropiar – a los que mandan. Posiblemente sería una revolución cruenta, y el franquismo tuvo muy presente que la mejor manera de evitar una nueva revolución como la del 36 y las expropiaciones de la guerra civil era asegurar la sociedad de los propietarios a partir del pistoletazo de salida del modelo desarrollista en 1959.

A pesar del tiempo transcurrido, el eslogan fundacional del sueño húmedo de la dictadura en pos de asegurar la paz social no ha cambiado ni un ápice: ¡No queremos una España de proletarios sino de propietarios!

Nota

1. I. López y E. Rodríguez, Fin de Ciclo. Financiarización, territorio y sociedad de los propietarios en la larga onda expansiva del capitalismo hispano (1959-2010). pag 429 y cita 24.

Información relacionada. Bibliografia.

• elpais.com, Los contratos de alquiler cayeron un 16,6% en 2020 y los precios bajaron muy ligeramente en Cataluña.

• eldiario.es, Las rentas del capital crecen al cuadriplicarse el peso del ladrillo, mientras sufren las del trabajo.

• cinco días, El peso de los salarios sobre el PIB cae a su nivel más bajo desde 1989.

 FUENTE: Asociación 500x20- El paraíso fiscal del alquiler: pilar maestro de la mayoría silenciosa que sustenta el Régimen del 78