EL COVID 19 desencadenó en el Perú procesos económicos y sociales que, previamente, eran impensables. Quedó expuesta la precariedad de infraestructura, equipamiento y personal en el sistema de salud, cuyo colapso amplificó el miedo y desesperanza desencadenados.  Asimismo, desnudó la naturaleza deleznable de los cimientos que sostenía el “modelo económico”, dando lugar a procesos de cierre de empresas y masivas pérdidas de puestos de trabajo. No faltó, no obstante, el pillaje por parte de grandes empresas que especularon con precios, especialmente de medicamentos, y se las arreglaron para que más del 70% del salvataje del Estado caiga en sus cuentas bancarias.

Este artículo intenta resumir sentimientos y convicciones de miles de peruanos que, más allá de la “reactivación económica” que promueve el gobierno de Vizcarra, ven una extraordinaria oportunidad para intentar cambiar el modelo imperante que, durante 25 años, ha venido prometiendo el “chorreo” que nunca llegó. Pero Vizcarra solo quiere volver a la “normalidad” previa a la pandemia, con lo que se configura un inequívoco gatopardismo, descartando un proceso reestructurador basado en el desarrollo del mercado interno y libre de privilegios para la gran empresa.

1. CAMBIO PARA UNA “NUEVA NORMALIDAD”

 “¡Cambiar el Modelo!” ha resultado una frase subversiva para quienes, convirtiendo en mito la “disciplina fiscal”[i], lo defienden incluso cuando sus cimientos económicos y sociales fueron removidos por el COVID 19 hasta dejarlo en situación de cuidados intensivos con el consiguiente drama social y humano que no tiene precedentes.   

Y, sin embargo, la demanda de un cambio de modelo parece un reguero de pólvora en amplios sectores de la ciudadanía nacional e internacional. Voces de expertos y organismos internacionales lo verbalizan ante la evidencia de que el modelo muestra “agotamiento”.  El salvataje de empresas, a diferencia de otras crisis, incluye procesos de nacionalización[ii] vetados por la primacía del mercado. Tal parece que el fantasma de Keynes, ronda los cielos del mundo.

En el Perú, quienes se beneficiaron con el “modelo”, aplauden el empeño “reactivador” del gobierno de Vizcarra, sabiendo que es un tributo al gatopardismo.  Por otro lado, una mayoría de la población demanda, cada vez con más fuerza, un “cambio de modelo” en tanto comprueban que, en lugar del prometido “chorreo”[iii], solo vino desigualdad y dramática debilidad estructural luego de 25 años de políticas neoliberales.

No sorprende, entonces, que el PBI peruano caerá entre -15% y -20% al final de 2020, según estimaciones locales, superiores al 12% estimado por el BM.  Esos pronósticos revelan que el modelo basado en la codicia y la especulación, el consumismo e individualismo, debería cambiar dando preferente lugar al desarrollo del mercado interno en el que conviven formas de economía social, solidaria y popular, generando condiciones de precios y ganancias compatibles con la justicia y solidaridad.   

En un contexto internacional adverso en el corto y mediano plazo derivado del COVID 19, con una caída del orden del -6% en el PBI mundial al final del 2020, nadie podría garantizar que el crecimiento, incluso a la usanza neoliberal, venga en los años siguientes a la fase (2020-2021) en que los indicadores comienzan a cambiar de signo. La mayoría de los pronósticos internacionales y locales, aconsejan “revisar y ajustar” el modelo de crecimiento que, previa a la pandemia, ya venía mostrando contradicciones insalvables a nivel global.

2. UNA AGENDA ECONÓMICA CON REDISTRIBUCIÓN, ENFOQUE ÉTNICO, DE GÉNERO Y MEDIO AMBIENTAL.

1. Estado-Mercado, una nueva relación. La supremacía del mercado debe terminar. Es indispensable:

1. Establecer condiciones para recuperar un equilibrio entre las fuerzas del mercado y otras economías como la social, popular y solidaria, con un firme rol regulador del Estado[iv].
2. Regular el poder de la “mano invisible” que, blindada por la Constitución de 1993, se convirtió en el referente principal del diseño de políticas públicas.
3. Otorgar al Ejecutivo poderes específicos para salir de su condición de operador de la “mano invisible” animada por los poderes fácticos.  
4. Establecer nuevas relaciones de cooperación y complementariedad con el sector privado, terminando su condición patronal que, instituciones como la CONFIEP, exhiben a la fecha.
5. Regular la formación de monopolios y oligopolios, cuya posición de dominio, les permite manejar el mercado en función de sus utilidades y lejos del interés público.
6. Terminar con la “puerta giratoria” que ha convertido al Estado en una suerte de sucursal donde poderosas empresas y organismos empresariales destacan a sus cuadros profesionales y técnicos para intervenir en la decisión de políticas públicas.
7. Devolverle al Estado capacidad reguladora y promotora de otras economías con esencias cooperativas y solidarias.  Si para ello es necesario nacionalizar algunas actividades estratégicas, tendrá que hacerlo.
8. En ese contexto, la planificación debe volver a ser una herramienta de gestión pública en el corto, mediano y largo plazo, terminando con la formulación presupuestal sin horizontes de desarrollo.
9. El CEPLAN (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico) tendría que, con nuevas facultades y atribuciones, cobrar un rol protagónico en la formulación presupuestal de cara a objetivos de desarrollo nacional.

2. Fin del modelo primario exportador. El Perú es un país cuya bio diversidad es motivo de admiración internacional desde tiempos de la conquista. Pero, desde esos tiempos, el interés por los minerales se convirtió en el único gran objetivo de propios y extraños. El oro, la plata y el cobre[v], más otros metales de alto valor, convirtieron al país en uno dependiente de su venta en al mercando internacional. Vaya que nos fue bien, especialmente cuando China tenía tasas de crecimiento cercanas al 9%. Pero, con la llegada del COVID 19, incluso desde muchos meses antes, el mito del “crecimiento” exportando minerales, se desvanecía junto al derrumbe de los precios internacionales.

1. Es hora de abrir las compuertas para la diversificación de la base productiva del país a partir de sus potencialidades, fortaleciendo su oferta para el mercado interno y externo, sobre todo cuando el mundo demanda cada vez más manufactura. 
2. Aprovechar la oportunidad que ofrece la crisis del COVID 19, para cambiar de matriz productiva y energética. La “reactivación” que impulsa Vizcarra no calza con este objetivo donde subyace el desarrollo del mercado interno en todas sus dimensiones.
3. Reorientar la “apertura comercial” dando prioridad a la diversificación de la canasta exportadora para un mercado global que le sirva al desarrollo nacional. En sentido contrario, priorizar la importación de bienes y servicios que sirvan al desarrollo del mercado interno.
4. Acabar con el “dumping” que afectó la industria nacional y otros productos de exportación no tradicionales, estableciendo políticas de mediano y largo plazo distintas a las que, centradas en la minería, Vizcarra viene implementando.
5. Se requiere un manejo sostenible de la vasta biodiversidad tanto con fines alimentarios como medicinales, construyendo una red de abastecimiento y comercialización de productos locales con sus pares de Latino América.

3. Mercado Interno y globalización selectiva. Es decir, producir y comprar en el Perú impulsando y apoyando:

1. La pequeña y mediana agricultura, así como la agricultura familiar (papa, menestras, cereales andinos, frutas, aceites esenciales, etc.) cuya producción garantizaría el abastecimiento del mercado interno, con lo que se evitaría la importación de soya, trigo, leche, leche en polvo, entre otros. 
2. La Pesca Artesanal, dada su importante contribución a la canasta alimentaria.

Estas dos primeras actividades vinculadas a la soberanía y seguridad alimentaria[vi] que incluyen programas sociales.

1. La promoción y apoyo a economías sociales como las cooperativas, bancos comunales en una clara apuesta por la pequeña y microempresa.
2. El ordenamiento del comercio ambulatorio, mercados, moto taxistas, emolientes, etc., que, junto a la micro y pequeña, involucran a más del 75% de la PEA en el país.
3. La micro, pequeña y mediana empresa como principales generadores de empleo formal y devolviéndoles la capacidad de atender la demanda interna de bienes de origen textil, metal mecánico, servicios, etc.
4. La inversión pública dirigida prioritariamente a proyectos de infraestructura y el Programa Trabaja Perú.  
5. Un especial tratamiento a los pueblos indígenas y comunidades campesinas donde el enfoque territorial y lo cultural adquieren relevancia.
6. Con masivos programas de asistencia técnica, crédito y sistemas de comercialización, evitando que sean víctimas de la intermediación instalada por los oligopolios que controlan los supermercados.
7. El fortalecimiento de mercados locales y regionales, aprovechando el potencial micro y meso económico que ofrece una mirada que promueva el desarrollo de cadenas y redes de micro, pequeñas y medianas empresas competitivas.

Para darle viabilidad a estas propuestas es indispensable que se cambie el patrón de asignación de los 60 mil millones de soles en el Programa “Reactiva Perú”. Es indispensable que el Estado defina políticas públicas claramente orientadas a apoyar la micro, pequeña y mediana empresa, lo que significa asignarle por lo menos 25 mil millones de soles de lo que se tiene programado en las dos etapas de Reactiva Perú.

4. Fin del sistema financiero especulativo. Para ello, el Estado deberá asumir un rol efectivo procurando:

1. El control y regulación de servicios financieros, especialmente los dirigidos para las micro y pequeña empresa, imponiendo sanciones e impuestos a las transacciones financieras y sancionan ando operaciones especulativas.
2. Establecer mecanismos legales para priorizar el financiamiento de la agricultura familiar y pesca artesanal vinculados al sistema de seguridad alimentaria nacional.
3. Facilitar la organización y puesta en marcha de sistemas financieros de apoyo directo desde el Estado a la micro, pequeña y mediana empresas, que permita romper la hegemonía de la banca comercial.
4. Promover la puesta en marcha de un sistema financiero plural (Banca comercial, cooperativas, bancos comunales, Juntas y/o panderos) vinculado a nuevos procesos de industrialización y la micro producción de bienes y servicios, cuyo financiamiento podría contar con Fondos Estatales de promoción, Fondos Mutuos y otros mecanismos de ahorros e inversión.
5. Elevando el nivel de bancarización digital que reduzca el uso del efectivo como principal forma de pago y evite aglomeraciones en las entidades bancarias.

5. Reforma tributaria y fin de privilegios.  En el Perú, el sistema tributario focalizó su atención en los que “menos tienen” con el sofisma de “ampliar la base tributaria”.  Esto debería cambiar:

1. Eliminando las exoneraciones tributarias a los que “más tienen” que alcanzan insultantes niveles de 5% del PBI.
2. Recuperando gigantescas deudas tributarias (4% del PBI) que fueron “judicializadas” por empresas como la Telefónica, Pluspetrol, Interbank y varias mineras.
3. Capitalizando deudas incobrables en favor del Estado en el marco de un enfoque nacional de desarrollo, acabando con procesos de salvataje de empresas con dineros de los ciudadanos.
4. Mediante una profunda reforma tributaria, de carácter progresivo, que ponga por encima de cualquier interés la justicia y la solidaridad donde “el que más tiene paga más y viceversa”. 
5. Estableciendo un impuesto permanente a las herencias, grandes fortunas, rentas financieras y sobreganancias de personas naturales y jurídicas, domiciliadas o no.
6. Acabando con la elusión y evasión que permite la compleja red y mecanismos de la organización empresarial vigente, tal como lo hacen el Grupo Romero, los Brescia, los Benavides, los Belmont, los Rodríguez Pastor, entre otros[vii].
7. Sancionar y detectar paraísos fiscales en donde “ocultan” ingentes cantidades de capital líquido los empresarios peruanos para evadir y eludir impuestos. Todas esas empresas deben declarar al Estado.
8. Descentralizar la tributación, recogiendo la propuesta por el REMURPE (Red de Municipalidades Urbanas y Rurales), para redistribuir los tributos del Estado en relación a las funciones y competencias de cada nivel de gobierno.
9.  Sancionando a las autoridades encargadas de velar por los intereses del país que, con actitudes complacientes o conductas cómplices, permitieron la evasión y elusión.

6. Fin de la austeridad fiscal para los sectores sociales. El modelo neoliberal y su acatamiento a los dictados del FMI, no solo erosionó las estructuras del Estado dedicadas a prestar servicios esenciales, sino que promovió la privatización de sus principales sistemas: Salud, Seguridad Social, Educación y Saneamiento. Haber dejado al “libre juego de la oferta y la demanda” los servicios esenciales, ha traído como consecuencia la exclusión y marginación de grandes sectores de la población en materia de salud y educación de calidad. En consecuencia:

1. Es indispensable recuperar para la gestión pública los sistemas de salud, Seguridad Social, Educación y saneamiento.
2. Se hace necesario nacionalizar la producción de medicamentos a fin de evitar que estos productos se conviertan en mercancía bajo control de corporaciones empresariales que no tienen como prioridad la salud pública.
3. Suprimir la propiedad intelectual sobre vacunas y medicamentos esenciales[viii] y poner bajo un mando central el sistema de salud que destierre la lógica del negocio y lucro reconociendo la salud como un derecho humano fundamental.
4. Privilegiar, en el diseño de las políticas públicas, la inversión pública en salud, educación, sectores públicos críticos y energías limpias.
5. Destinar los recursos acumulados como ahorro fiscal, a potenciar el aparato económico productivo y no servir de “palanca” de reactivación de grandes empresas y conglomerados que no reditúan al interés nacional
6. Establecer un Ingreso Básico Universal, de carácter permanente, equivalente a una RMV para todas las personas mayores de 18 años que no tengan ningún tipo ingreso que le permita superar el problema del hambre y la exclusión.

7. La “informalidad”, estructura heredada.  Ni ángeles ni demonios, tampoco exclusividad de la micro y pequeña empresa, cuando las grandes empresas apelan a la informalidad para mejorar tasas de ganancia.  Entonces, estamos frente a un fenómeno que forma parte de la trama económica nacional construida a lo largo de nuestra historia y agudizada en el reciente período donde, tras 25 años de primacía del mercado neoliberal, el “crecimiento” y las políticas públicas consolidaron la informalidad.  Esa “economía informal”, estigmatizada por quienes la generaron, ocupa más del 75% de la PEA en las más diversas actividades económicas y sociales que el Estado abandonó que, convirtiendo el drama en tragedia, apenas representa el 15% del PBI nacional.

Esta situación adquiere esas dimensiones porque el edificio normativo que sustenta el predominio de la gran empresa y la Banca local, ha convertido en un objetivo imposible la “formalización” de millones de micro y pequeñas empresas, aunque para los “formalizadores” su único interés sea que paguen un tributo. No solo es cuestión de “costos laborales”, que las grandes empresas resuelven con “flexibilidad laboral” o cínicos escenarios de “suspensión perfecta”, sino las crecientes dificultades de sostenerse en el mercado ante competencias desleales como el dumping propiciado por el Estado a exigencia de los grandes importadores. Eso tiene que terminar y darle prioridad a la producción interna para el mercado interno y externo en una lógica clara de diversificación, desarrollo de cadenas y redes de micro, pequeñas y medianas empresas cuya productividad y competitividad debe ser apoyada por el estado en una primera fase de desarrollo.

8. Descentralización vs. desconcentración. La apuesta por el mercado interno, rompería la lógica centralista donde los discursos “descentralistas” no tuvieron un correlato real pese a que, con errores y dificultades, hubo experiencias e intentos de descentralizar la economía y la política en el Perú. Algunos de ellos, fueron muy promisorios, pero naufragaron con cada nuevo gobierno que decía tener la fórmula mágica para descentralizar el país mientras desmantelaba el previo proceso, sin importar sus avances. Esto ocurrió con la experiencia de descentralización que el fujimorismo echó por tierra en 1992. Por primera vez, aquel entonces, el Perú se aproximaba a una descentralización donde el poder político no estaba centralizado en Lima, el proceso presupuestal tenía un claro matiz regionalista y los territorios fueron espacios de desarrollo. Esta experiencia, trascendía largamente un básico proceso de desconcentración. El enfoque territorial, así como la delegación de atribuciones políticas, constituían niveles de avance no vistos en el Perú Republicano.  Por tanto, hay que recuperar lo mejor de la experiencia e ir hacia un proceso de descentralización que termine con la centralización limeña de la economía y la política.

9. Desarrollo urbano sostenible. El desborde popular y el caos fueron sinónimos de crecimiento desordenado de los centros urbanos que hoy, a nivel nacional, refleja la centralización económica y política, por un lado, y la centralización económica, por otro lado. Esta es la oportunidad de fortalecer un sistema de planeamiento urbano sostenible que, entre otros, racionalice los desplazamientos y la localización de la vivienda con servicios básicos debidamente implementados. Igualmente, se requiere el desarrollo de un servicio de transporte público urbano digno, con subsidio importante del Estado hasta un punto en que logre auto sostenimiento, ordenado y multimodal que sea gestionado con transparencia bajo un mando central, cuyos objetivos deberán incluir una gradual y sostenida reducción de la emisión de gases tóxicos, aglomeraciones y hacinamiento.

10. Revisión inmediata de los TLC y, de ser el caso, derogatoria.  Especialmente de aquellos que permitieron que nuestra economía se consolide como productora de materias primas y proveedora de países industrializados en condiciones desventajosas en nombre de la “apertura comercial”. Asimismo, permitió que el “dumping” debilite la industria nacional hasta niveles de precariedad empresarial que, entre otros, tuvieron que apelar a la informalidad para seguir subsistiendo. En esa lógica, la mayoría[ix] de los TLC firmados por el Perú terminaron poniendo en negativo nuestra balanza comercial y erosionando nuestros términos de intercambio. En ese orden de ideas, es necesaria la revisión y ajuste de los Tratados bilaterales de inversión y los acuerdos multilaterales como el TPP-11 que, por lo general, han sido diseñados pensando en perpetuar la primacía del sistema capitalista. En un escenario post pandemia, el mismo que será similar al de una reconstrucción nacional, el capital extranjero no puede tener el mismo trato que se otorga a los medianos y pequeños empresarios locales (tal como lo establecen algunos TLCs). 

11. Capítulo Económico de la Constitución de 1993. La propuesta de un “cambio de modelo” no será posible si, previamente o en simultáneo, no se logra un cambio de la Constitución de 1993, cuya esencia conceptual e ideológica constituye[x] un blindaje del actual modelo. El Régimen Económico de dicha constitución, consagra la vigencia y primacía del libre mercado (pese a que invoca la “Economía social de mercado”) y la práctica desaparición del rol regulador del Estado. Si se quiere un cambio como el que proponemos, será indispensable modificar todos aquellos aspectos referidos a la inversión, tributación, libre competencia, entre otros. Tenemos despropósitos sacralizados en una constitución con legitimidad cuestionada como los “contratos ley”, figura absurda que solo busca blindar los privilegios de una clase empresarial que no duda en incurrir en procesos de corrupción para acrecentar sus ganancias, dejando de manos atadas a un Estado que sólo renegocia contratos cuando estos son favorables a las grandes empresas y que incluso somete su soberanía a instituciones internacionales manejadas por poderes corporativos.

Lima, 09 de junio de 2020